Hace 40 años, Laguna del Tigre, ubicada al noroeste de Guatemala, en el municipio de San Andrés, en el departamento de Petén, se distinguía por sus áreas cubiertas por bosques. Es el parque nacional más grande de Guatemala y concentra la mayor cantidad de humedales de Mesoamérica, con casi 680 cuerpos de agua dulce. Está ubicado en la Reserva de la Biosfera Maya, que tiene una extensión de 21,602 km², de los que el parque nacional posee 3,378 km², siendo la Zona Núcleo más extensa de esa reserva, de acuerdo con Wildlife Consercation Society.
Además, es un área protegida con la categoría más estricta en la legislación del país y es reconocido como parte de la Convención Ramsar, el tratado global para la conservación de los humedales en el planeta. En su territorio se hallaban, según un informe de Conservation International, monos aulladores (Alouatta pigra), monos araña (Ateles geoffroyi), cocodrilos pantaneros (Crocodylus moreletii), jaguares (Panthera onca), tortugas blancas (Dermatemys mawii), y especies de flora como mangle rojo (Rhizophora mangle), pucté (Bucida buceras) y roble (Quercus oleoides). Asimismo, de acuerdo con las comunidades que lo habitan, era común ver tapires (Tapirus bairdii), venados de cola blanca (Odocoileus virginianus) y plantas como el escobo (Baccharis conferta) y el guano (Sabal gretheriae).
Sin embargo, hoy a la orilla de sus caminos se extiende un oleoducto, de casi 400 km, que atraviesa el territorio y acompaña el paisaje desde 1985. Alrededor, el bosque parece huir de este enorme tubo y los recursos hídricos, característicos de esta zona, según las comunidades y varios informes, están contaminados o simplemente ya no se aprecian como antes.
En las últimas cuatro décadas, según un informe del Observatorio de Industrias Extractivas de Guatemala (OIE), Laguna del Tigre ha perdido un 48 % de su cobertura boscosa. Además, desde 2019, según monitoreos ambientales del Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la zona no se considera un hábitat potencial para el tapir, salvo unos pocos remanentes de bosque, y los venados de cola blanca están cada vez más limitados a pequeñas zonas del parque.
Esa degradación ambiental, según OIE, se comenzó a dar de manera paralela a la explotación petrolera, que comenzó en 1985 con la compañía Basic Resources y luego pasó a manos de Perenco Guatemala Limited. Bajo el contrato 2-85, el gobierno le concedió cerca de 100 km² para realizar sus actividades. Esta zona, que pasó a conocerse como Campo Xan, tenía en su perímetro cerca de 55 pozos, una mini refinería, oleoductos, campamentos, un ferry y un Batallón de Infantería de Selva del Ejército de Guatemala.
La operación se extendió hasta el 12 de agosto del 2025. Durante estos 40 años, en la zona se producía cerca del 91 % del petróleo del país. En el tiempo de explotación, según la OIE, ambas compañías aprovecharon el inestable panorama político del país para extender su infraestructura petrolera sin un control ambiental y social vigilado. También, de acuerdo con las denuncias de medios de comunicación, organizaciones internacionales y la población civil, se beneficiaron de sus contactos e influencias políticas para saltar y cambiar la normativa de acuerdo con sus intereses.
680 cuerpos de agua dulce conforman el Parque Nacional Laguna del Tigre. Estación Biológica Las Guacamayas, dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre. Foto: WCS Mesoamérica / Claudia Novelo Alpuche.
A seis meses de la salida de Perenco del territorio, se desconoce el estado de conservación en el que se encuentran el parque nacional y el Campo Xan. Las comunidades aledañas al proyecto denuncian afectaciones a su salud por problemas en el agua y el aire que estarían relacionadas con malas prácticas ambientales.
El gobierno anunció un plan de recuperación del parque nacional, que incluye labores de mitigación, pero no un informe elaborado en el que se hable del desmantelamiento de la infraestructura. Las poblaciones manifiestan sentir miedo de ser desalojadas, puesto que el Estado no las reconoce como habitantes, sino como invasores. Además, el Ministerio de Energía y Minas analiza la posibilidad de que la explotación continúe. En Laguna del Tigre y Guatemala, nadie sabe bien cómo será la recuperación socioambiental de la zona. Hoy solo quedan las consecuencias de un proyecto mal ejecutado en sus inicios y en su operación.
Campo Xan, una historia de omisiones y contradicciones
Centroamérica no es una región petrolera. Sin embargo, en 1979, Guatemala inició estudios exploratorios en busca de yacimientos. Solo un año después, en medio del Parque Nacional Laguna del Tigre, se descubrió el más grande del país. La zona se denominó Xan, en honor al primer pozo que se perforó y, para 1985, luego de la aprobación de la Ley de Hidrocarburos, se concedió el permiso de explotación a Basic Resources Limited, con el contrato 2-85.
Paralelo a esto, en Guatemala empezaron una serie de cambios políticos y de legislación ambiental. Un año después de la llegada de Basic Resources se crea la Comisión Nacional del Medio Ambiente y se promulga la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. En esa oportunidad, se establecieron las normas de evaluación de impacto de las explotaciones, pero como la compañía ya había puesto en marcha sus operaciones, las autoridades no le exigieron la normatividad del momento para conocer el impacto que produciría y los planes para mitigar el efecto de sus actividades. Esa situación se mantuvo durante los 40 años de explotación petrolera.
Un ejemplo de esto se dio el 30 de enero de 1990, cuando la Reserva de la Biosfera Maya se declaró como área protegida y creó el Parque Nacional Laguna del Tigre, dándole la protección ambiental más estricta en la legislación de Guatemala. Ese mismo año, el territorio ingresó a la lista de humedales de la Convención de Ramsar, por su importancia ecológica para la vida en el planeta.
El decreto también designó la administración del parque nacional a instituciones académicas o del Estado. Paradójicamente, con la creación del parque nacional más grande de Guatemala no se contempló excluir la explotación petrolera que se adelantaba desde 1985. Pero, sí se declaró como ilegal la presencia de las comunidades que vivían en el territorio incluso antes de la llegada de la petrolera.
Así lo denuncia la OIE en su informe Petróleo en el Bosque Político: “Es paradójico que el modelo de conservación del Parque niegue la posibilidad de un manejo conjunto con las comunidades, mientras se le concedían permisos especiales a Basic Resources para continuar sus operaciones petroleras. […] Esto no pasó desapercibido a la empresa. Para poder solventar su situación, se acercaron al jefe de Estado, el General Óscar Humberto Mejía Víctores”.
Según el observatorio, con el apoyo de sus influencias políticas, la explotación petrolera mantuvo su presencia y aumentó su influencia con el desarrollo de una mini refinería y la perforación de más de 30 pozos, con sus respectivas plataformas y vías de acceso.
Parque Nacional Laguna del Tigre y Campo Xan. Mapa: OIE.
En 2002, Perenco, una empresa francesa, compró a Basic Resources, adquiriendo todos los contratos y la infraestructura del Campo Xan. En sus primeros ocho años, afirma la OIE, la compañía perforó quince pozos más y fortaleció los lazos políticos que había heredado del anterior operador. También, solicitaron la extensión de la concesión petrolera.
Según una denuncia y posterior condena contra Sergio Veliz Rizzo, a cargo de la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) en 2010, este modificó el segundo Plan Maestro del Parque Nacional, en el que se declaraban los 55 pozos y la infraestructura vial como una amenaza para Laguna del Tigre, favoreciendo a Perenco.
Asimismo, como lo denunció el medio Prensa Comunitaria, Perenco habría sobornado al exministro Alejandro Sinibaldi, para la creación del Fonpetrol, un fondo que pretendía gestionar los recursos que deja el petróleo en el país y que sería para descentralizar recursos que beneficiaría a políticos y a la compañía.
A pesar de las denuncias y los fallos que rodeaban la solicitud, Perenco logró la prórroga del contrato por 15 años más.
Meses después de la extensión del contrato, se agregaron acuerdos adicionales que sumaron aportes económicos al Estado. Además, Perenco donó tres millones de dólares para el establecimiento del Batallón de Infantería de Selva, que, según las comunidades, ha sido cuestionado por proteger más los intereses de la empresa, que por cuidar a Laguna del Tigre.
En sus últimos años de operación, las denuncias sobre el deterioro ambiental que presentaba el Campo Xan eran frecuentes. Las respuestas de la empresa, después de múltiples recursos presentados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), eran inconsistentes o con poca profundidad, de acuerdo con el mismo ministerio, lo que llevó a paralizar algunas de las operaciones mientras se brindaba la información correspondiente.
Según la OIE, para 2022, la producción de barriles solo equivalía a la mitad con respecto a los del 2020. De acuerdo con los datos del Ministerio de Energía y Minas, entre 2010 y 2021 Guatemala perdió USD 77.731.274 por el contrato 2-85.
“Aquí lo importante es entender cómo funcionaba la Ley de Hidrocarburos. En su momento se definieron los costos recuperables, que son una especie de reintegro a las empresas petroleras por los gastos de operación. En Guatemala incluía el 1% de operación de la casa matriz, es decir, Perenco Francia. Al final, esto hacía que mucha de la operación fuera una especie de subsidio. Lo otro es que todos los campos petroleros tienen un pico, en este caso fue en 2002. Entonces, cada vez le costaba más dinero al Estado de Guatemala que Perenco siguiera explotando el petróleo”, explica Guadalupe García Prado, coordinadora del Observatorio de Industrias Extractivas.
En el primer trimestre del 2024, el gobierno de Bernardo Arévalo confirmó que no prorrogaría el contrato de explotación petrolera. El 12 de agosto de 2025, Perenco salió del territorio. Tras su retirada, la empresa debía presentar un plan de cierre en el que se detallara el estado técnico, ambiental, social y financiero del proyecto, así como el costo y el tiempo que tardaría el desmantelamiento. Sin embargo, el documento se clasificó como confidencial, por lo que la opinión pública no conoce el estado del Parque Nacional Laguna del Tigre y aún no hay información clara al respecto.
¿Qué sucede en el Campo Xan y Laguna del Tigre?
Hace más de cuatro meses, el gobierno de Guatemala tomó posesión del área que ocupaba Perenco en Laguna del Tigre, a través de su Batallón de Infantería de Selva. El ejército comenzó a cuidar las instalaciones que dejó la compañía y sus zonas vecinas.
“Aquí había alrededor de 2000 elementos, y mandaron unos 4000 más, es decir que son cerca de 6000 elementos del ejército operando, aunque contradictoriamente es el área donde más tráfico de droga hay. Ellos siempre dicen que están resguardando las áreas protegidas y combatiendo la inseguridad”, dice Pedro Domingo*, comunitario de Laguna del Tigre.
En su informe, la OIE afirma: “observamos que la presencia de la petrolera fue permitida gracias a la relación de mutuo beneficio que sostuvo con el narcotráfico. Los caminos, el ferry y puntos de registro financiados por Perenco permitieron la entrada de ganado en el humedal. Las organizaciones criminales cambiaron la lógica de gobernanza del territorio, a modo que los entes administradores no pudieran intervenir”.
Para ello, enuncian el caso del exdiputado Manuel Barquín Durán, quien fue gobernador de Peten, abogado litigante de Basic Resources en su momento y luego de Perenco. En el territorio, según InSight Crime, Barquín está relacionado con acusaciones de utilizar los caminos de la petrolera para la entrada de la narco-ganadería. Una actividad común en el parque nacional desde hace 40 años, pero de la que no hay información clara.
Miembros del Batallón de Infantería de Selva durante la visita del presidente Bernardo Arévalo. Foto: Gobierno de Guatemala.
Tras la salida de Perenco, no hay una respuesta precisa sobre lo que sucederá con las instalaciones. El país no tiene una empresa petrolera nacional que se haga cargo, tampoco tiene las capacidades para crear una. Incluso el rumor que circula, de acuerdo con OIE, es que Pemex, empresa petrolera mexicana, los estaba asesorando, pero no se podía hacer cargo. También se acercaron compañías con el interés de continuar la explotación, pero no se ha llegado a acuerdos, y ninguna quiere realizar el desmantelamiento
El Ministerio de Energía y Minas ha declarado como emergencia la contratación de servicios petroleros para operar la concesión que dejó Perenco, una figura que permite acuerdos excepcionales y más rápidos. Estos no solo abarcan el Campo Xan, sino el oleoducto y la mini refinería, que todavía tienen plazos de explotación vigentes.
“Este es el vacío y la entrega irresponsable que se ha hecho. Perenco se ha lavado las manos diciendo que ellos entregaron todo bien. En esta parte, creo que hay una trampa, porque ellos hablan como si hubieran entregado un activo, cuando en realidad estamos viendo un pasivo ambiental, y un territorio con un vacío económico que ellos dejaron”, resalta García Prado.
Consejo de Redacción ha intentado comunicarse con la compañía para conocer su versión frente a las denuncias por el estado ambiental y los detalles del plan de cierre del Campo Xan, pero, al momento de publicación de este artículo, no hemos tenido respuesta.
En un debate para la Radio Francia Internacional (RFI), desarrollado la segunda semana de diciembre de 2025, la compañía envió una declaración sobre este tema, en la que manifiestan: “Perenco Guatemala ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales. Desde 2001, Perenco Guatemala desempeñó un papel importante en el desarrollo responsable de los recursos petroleros del país. Además, Perenco realizó una importante contribución social y económica al país”.
También, aseguran que “el Ministerio de Energía y Minas confirmó haber recibido todos los activos en óptimas condiciones operativas, adecuadamente asegurados, en condiciones ambientales adecuadas y sin afectación ambiental, después de tres auditorías in situ”. Hasta la publicación de este artículo, el ministerio no ha dado ninguna declaración al respecto.
Sin embargo, al consultar al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales por el balance ambiental tras los 40 años de operación del Campo Xan, sus respuestas plantearon un panorama muy diferente al que aseguró Perenco en su declaración para la radio francesa. El viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas, habló de usurpaciones que propiciaron la expansión de agricultura y ganadería, fragmentación de ecosistemas y una gran cantidad de pasivos ambientales.
Dentro del área de explotación han identificado “suelo con residuos de hidrocarburo, tanques, piletas y otros sistemas de contención de aguas residuales, que pudieran tener fugas, infraestructura dañada, como torres, tuberías y otras estructuras abandonadas que pudieran deteriorarse con el tiempo, generando riesgos de seguridad y potencial contaminación. Descargas de aguas residuales o líquidos contaminados que no fueron tratados adecuadamente y pudieran afectar la calidad del agua superficial y subterránea”, se lee en una declaración enviada por el Ministerio a Consejo de Redacción.
Frente a los planes de recuperación ambiental, se enuncia uno coordinado entre el MARN y CONAP, en donde el objetivo es recuperar los hábitats naturales del Parque Nacional Laguna del Tigre, pero no hay detalles sobre cómo se realizará. Solo se mencionan los diagnósticos que se deben hacer y los factores ambientales, biótico, hídrico, suelo, desechos sólidos y social, que se abordarán en las acciones.
Así, las comunidades, junto a las organizaciones ambientales, esperan una respuesta más precisa de lo que sigue y que se busquen soluciones para las problemáticas que los aquejan, como la contaminación del aire, el agua y la pérdida del ecosistema.
Entre las enfermedades y la omisión estatal
Laguna del Tigre está catalogada como zona núcleo, es decir, tiene la mayor cantidad de restricciones a la actividad humana para su protección. No se puede cazar, no se puede talar, no se pueden construir edificaciones de ninguna clase y tampoco está permitido que las personas la habiten. Sin embargo, cuando se creó la ley de áreas protegidas ya había comunidades viviendo dentro de la zona, aunque la población aumentó con la apertura de vías, lo que derivó en un crecimiento sin control que trajo ganadería y venta de tierras ilegales que afectaron a los primeros pobladores.
“Cuando entró la compañía petrolera, abrieron una carretera empedrada por donde entraban camiones a extraer el crudo y lo trasladaban a una refinería fuera del área. Fue en esos años donde se empezó a poblar con mayor rapidez. Y esto lo cuento, para que se entienda la situación, y que nosotros siempre hemos tenido que soportar estas problemáticas que se derivan de la explotación del petróleo”, explica Pedro Domingo*, comunitario, quien ha vivido sus más de 40 años en Laguna del Tigre.
Las problemáticas de las que habla Pedro están relacionadas con temas de salud, educación, deterioro del ambiente, seguridad y presiones de desalojo. En Laguna del Tigre habitan más de 37 comunidades. Las condiciones en las que viven son precarias y para tener acceso al agua la mayoría de ellas hicieron pozos artesanales. A veces para llegar a ellos deben caminar 200 metros y en algunos casos hasta uno o dos kilómetros.
Las enfermedades respiratorias, los casos de cáncer y los abortos son las afecciones más recurrentes en la comunidad, de acuerdo con Pedro y las denuncias que llegan a la OIE. Y a pesar de esta incidencia, no existen estudios del Ministerio de Salud ni de la compañía que profundicen en sus causas. La empresa financiaba una clínica que debía atender al personal y a los integrantes de las comunidades, pero, según Pedro, los médicos iban una vez cada año.
“Hace poco una niña de 9 años de una comunidad que acaba de ser desalojada, estaba sufriendo un problema de erupciones en la piel, le daban fiebres, vómitos y estuvo casi un año así, que también es algo que pasa muy frecuente acá, y pues se determinó que sí estaba relacionado con contaminación, pero nunca se establece qué tipo de contaminación”, resalta Pedro.
Las pocas investigaciones que se han realizado muestran un ecosistema que se deteriora y que tiene consecuencias directas en contra de la fauna, flora y las poblaciones humanas. En 2003, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología publicó una investigación sobre la calidad del agua en Laguna del Tigre. Allí se indica que la mayoría de lagunas del parque tienen características eutróficas y mesotróficas, es decir, aguas contaminadas por la actividad humana, con bajo oxígeno y que ponen en riesgo la vida acuática. La investigación afirma que “debido al crecimiento de la población humana asentada en la Biosfera Maya, y a las actividades de exploración y explotación petrolera, la integridad ecológica del parque se ve amenazada, principalmente el recurso acuático”.
Algo similar sucede con la calidad del aire. En 2011, la consultora ambiental Geoambiente, contratada por Perenco para desarrollar un informe que solicitaba el MERN para continuar las operaciones, reportó en el entorno de sus instalaciones la presencia del ácido sulfhídrico, un gas que a altas concentraciones puede causar la muerte. Además, según reportes de Collectif Guatemala, una asociación sin ánimo de lucro de Francia, para ese mismo año las personas que vivían cerca de las operaciones petroleras experimentaban problemas respiratorios, de la vista, dolores de cabeza y náuseas debido a la contaminación del aire.
El oleoducto se extiende por casi 400 km, un elemento que acompaña los caminos del parque. Foto: OIE.
Otro de los inconvenientes que atraviesan las comunidades es la narco ganadería. Desde hace 40 años, la entrada de ganado al parque nacional se convirtió en algo natural. Según el informe de la OIE, las organizaciones criminales tomaron el control de la zona para que los entes administrativos no pudieran hacer nada. Así se instalaron puntos de control y se usó la violencia para obtener grandes extensiones de terreno.
“Muchas personas creen que los comunitarios somos los que deterioramos el ecosistema, pero nuestra principal actividad es la siembra de maíz y frijol. Unos pocos tienen cinco o diez vacas. La ganadería extensiva no la realizamos nosotros, sino personas ajenas al territorio. También es importante aclarar que sí hay personas que se dedican puramente a vender tierra, pero no son personas comunitarias, sino que son gente que de alguna forma están conectadas con personas del poder”, resalta Pedro Domingo.
Las presiones para que abandonen el territorio también han sido una problemática común, que incluso se han agudizado desde que Perenco abandonó las instalaciones. Para Pedro Domingo y los comunitarios, el lenguaje que se utiliza desde el gobierno, que los cataloga como invasores y no como habitantes del parque, los criminaliza y piden que se hable con claridad para evitar que la violencia aumente en la región.
“Ellos contratan personas que hacen campañas de comunicación en las que se maquilla lo que hablan. Por ejemplo, en el área han ocurrido muchos aterrizajes de aviones que traen drogas y terminan diciendo “los de Laguna del Tigre son narcotraficantes”. Durante el conflicto interno mataban a un campesino porque era guerrillero, y ahora pueden utilizar ese concepto para cometer masacres en el área. De hecho, hay casos de campesinos asesinados por el ejército, pero nadie dice nada, solo que mataron a un invasor o un destructor de la naturaleza”, denuncia Pedro.
Desde que el ejército controla la zona, la comunidad ha manifestado diferentes presiones. Una de las más recientes denuncias que llegó a la OIE es que el ferry, operado ahora por el batallón, se les dificulta utilizarlo para atravesar el río por los horarios poco comunes en los que lo usan los soldados. También denuncian que no les están dejando transportar los útiles escolares. Estas acciones ponen en duda el futuro de los habitantes de Laguna del Tigre. Su mayor miedo es sufrir una mayor represión por parte de los soldados y que la explotación petrolera regrese a la zona.
Cuando se le preguntó al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales sobre lo que sucederá con las comunidades del parque nacional y las denuncias respecto al trato de los campesinos, respondieron que era un tema que compete al CONAP. Consultamos a esta entidad, pero hasta el momento de la publicación del artículo no se ha obtenido una respuesta.
Un bosque sin árboles y de papel
En 2020, una investigación de la Universidad de Texas destacó que la deforestación en la Reserva de la Biosfera Maya se debía principalmente a la crianza ilegal de ganado. Además, consideró como relevante el papel de las comunidades para la protección de los ecosistemas de área, ya que se halló que las zonas en propiedad de los habitantes estaban mejor conservadas que las administradas por Perenco y otros agentes del territorio.
“Yo diría que el 80 % de lo que es la Laguna del Tigre está deteriorado. Los paisajes no son los mismos de hace 50 años. Son totalmente distintos. Sin embargo, hay muchas áreas que protegemos los de las comunidades y son las que se mantienen hasta hoy. Hemos sido catalogadas como destructoras, pero no es así, hemos mantenido sistemas de protección propios sin la colaboración del Estado. Una muestra de que si el Estado contribuyera se podrían tener mejores condiciones”, resalta Pedro Domingo.
Según el MARN, de 8,192 hectáreas de bosque que tenía el Campo Xan en 1986, se pasó a 1,884 hectáreas en 2024, es decir un 77 % de cobertura boscosa destruida. La OIE expone otra estimación: desde el descubrimiento del yacimiento petrolero, se pasó de 79 % a 31 % de cobertura vegetal, una pérdida de 48 % en casi 40 años.
“Nosotros en el informe hablamos del bosque político, es decir, un bosque en papel. En teoría, el Parque Nacional Laguna del Tigre debería ser un área designada para bosque según las leyes ambientales, pues es de conservación estricta. Por eso mismo rechazan la presencia humana. Pero, realmente ya no hay bosque. Solo es un bosque de papel, que en la práctica el bosque ha sido desplazado”, dice Guadalupe García Prado.
En 40 años de explotación petrolera, el Campo Xan perdió un 48 % de su cobertura vegetal según la OIE. Foto: Google Earth.
Una visión regional
Guatemala es el único país de Centroamérica que produce petróleo, pero no significa que los demás no tengan procesos de exploración. Según Carolina Sánchez Naranjo, coordinadora de la red del Gran Caribe Libre de Fósiles, Panamá está recibiendo presiones, por parte de empresas colombianas, para que realice exploraciones. Costa Rica tiene una moratoria hasta 2050, pero cualquier presidente la puede quitar, y Nicaragua estuvo casi 4 años en exploraciones. “Por su parte, Honduras tiene un contrato donde se realizan exploraciones hace unos años, pero hay muy poca transparencia sobre lo que sucede. Asimismo, Belice estuvo con la idea de realizar exploraciones en el mar, pero por medio de un referendo se aprobó una moratoria”.
Además, agrega Sánchez Naranjo: “hay una cosa muy importante por entender y es que la industria petrolera se movía más por tierra. Ahora la expansión es en el mar, entonces la presión sobre Centroamérica y el Caribe está especialmente en la exploración offshore. Y el caso guatemalteco nos muestra precisamente lo que no hay que hacer y lo más lamentable es que no sabe suficiente sobre la situación de Guatemala en nuestros países”.
Otro de los puntos que resaltan en la región es la falta de experiencia de los países centroamericanos en este mercado. Lo que los lleva a aceptar contratos o expansiones sin conocer realmente los riesgos, de acuerdo con lo expresado por la coordinadora de la red del Gran Caribe Libre de Fósiles. El caso guatemalteco es el reflejo de lo que puede seguir sucediendo en la región. Según los datos de la OIE, el Estado no tiene la capacidad para realizar un desmantelamiento de la infraestructura petrolera, y de acuerdo con el medio Plaza Pública, Perenco, entre 2010 y 2023, “pagó al Estado 713,6 millones de dólares en regalías, pero el Estado le devolvió 900,1 millones de dólares por los gastos de la empresa para la explotación”.
“En Guatemala uno de los problemas más grandes es justamente cómo se han manejado esos contratos. Por cada dólar que ganaban invertían 1,21. En realidad no hubo ganancias. Entonces, traer estas discusiones a los panoramas de otros países es muy importante, en especial cuando vemos las amenazas latentes, porque siempre que se discute sobre si se hace exploración o no, se trae el ejemplo de Noruega y Guyana, pero no se habla del caso de Guatemala”, dice Sánchez Naranjo.