El acuerdo de paz del Teatro Colón -firmado entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc- cumple tres años. Aunque existen diferentes mediciones de su impacto, todas ellas coinciden en la notoria disminución del número de muertos, heridos y secuestrados por causa del conflicto armado interno. También está documentada la evidente reducción de los hostigamientos y ataques a la infraestructura del país. Persisten en el campo político discusiones enconadas sobre el tipo de juzgamiento de los ex combatientes, su participación en política, sus relaciones con el narcotráfico y su real voluntad de reparar a las víctimas. Además, hay serias preocupaciones entre los desmovilizados, en las comunidades de las zonas más afectadas por la confrontación y en los observadores y cooperantes internacionales por la implementación de los acuerdos y por el número creciente de asesinatos de líderes sociales y ex integrantes de las Farc.
El panorama se agrava por la agudización del conflicto en varias zonas (Catatumbo, Cauca, Nariño, Bajo Cauca, sur de Córdoba y sur de Bolívar) con la presencia de grupos armados -en su mayoría disidentes-, la expansión del ELN y de un autodenominado reducto del EPL (Los Pelusos) además de la ya conocida existencia de bandas criminales, que a veces cooperan y otras veces combaten entre sí por las rentas ilegales. Ese contexto de pos-acuerdo, reconfiguración de las dinámicas del conflicto y aparición de nuevos y viejos actores armados, se suma a recientes cuestionamientos al proceder de la fuerza pública en algunas operaciones. Los casos del asesinato del desmovilizado Dimar Torres, de la muerte aún no aclarada del indígena Flower Trompeta, las revelaciones de The New York Times sobre las exigencias numéricas de resultados a las Fuerzas Militares y el bombardeo que dejó varios menores muertos –reclutados por una grupo residual- han tenido impacto en la opinión nacional. Hay preguntas frecuentes y pertinentes sobre lo que está permitido hacer al Estado colombiano en un conflicto que no termina y sobre las normas del DIH que aplican a los grupos armados. Todo ello ocurre en medio de una creciente radicalización política, una difícil gobernabilidad y las consecuencias palpables de la masiva migración venezolana. Ese es el telón de fondo de un país que arrastra viejos desafíos humanitarios, enfrenta unos nuevos y comparte unos más con países vecinos. Todo ello hace aún más urgente conocer y aplicar estrictamente el Derecho Internacional Humanitario como una manera de contribuir reducir el impacto de la violencia y a cerrar ciclos de confrontación armada.
CdR como parte del proyecto para capacitar a cientos de comunicadores y periodistas a través del Curso virtual para periodistas que cubren conflicto y paz en Colombia y en alianza con el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional presenta en este especial cuatro miradas periodísticas -con acento regional- sobre realidades que el país enfrenta para superar la guerra o, al menos, para que no nos sea indiferente.
