En Toribío, Cauca, serán cuatro veredas las afectadas con esta medida de la Fiscalía. CEO anunció que entraría el 2 de julio a las veredas para socializar con los campesinos e indígenas, en su mayoría Nasas, cómo se llevaría acabo la desconexión de conexiones ilegales que roban energía para los cultivos de marihuana.
El pasado 14 de junio, CEO – empresa privada que hace parte del holding de empresas Promigas, uno de los grupos empresariales más grandes de Colombia cuyo mayor accionista es Luis Carlos Sarmiento Angulo – envió un oficio a los cuatro alcaldes en el que se les informaba los puntos de desconexión. El documento generó preocupación porque en un apartado dice: “de no ser posible el ingreso a estos sectores, nos veremos en la obligación de realizar la maniobra de desconexión total del circuito”. Dicha medida afectaría a miles de usuarios.
Laura Soto nos contó cómo obtuvo dicho documento: “El documento de la empresa CEO lo obtuve por dos vías, primero me comuniqué con los cuatro alcaldes del norte del Cauca y uno de ellos me lo envío directamente. Luego, para corroborar esa información, me comuniqué con la delegada de comunicaciones de la empresa CEO y fue ella la que me compartió los cuatro documentos enviados a los alcaldes, así como el oficio que recibió CEO de parte de la Fiscalía. Este último documento también lo obtuve con fuentes directas de esta entidad”. Además, añade un consejo valioso para el ejercicio periodístico: “En este punto es clave decir que es muy importante comunicarse con los directos implicados en las historias y tratar de buscar las pruebas por diferentes caminos para no depender de una sola fuente”.
La posible bomba social
A Toribío se llega tras dos horas y media de camino desde Cali por vías pavimentadas, pero con muchos tramos derrumbados y notable falta de mantenimiento. Preparándose para las desconexiones, los 63 presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) se reunieron con el alcalde indígena Alcibiades Escué y el secretario de Gobierno, Mauricio Casso Ascué en el municipio.
En la junta se decidieron cuatro acciones para evitar una crisis social que desencadenara en la desconexión total afectando a 23 veredas y cerca de 10 mil personas, según dijo el Alcalde Escué. La primera acción es enviar un oficio a la Defensoría, Procuraduría, Fiscalía y a CEO advirtiendo que la suspensión del servicio en general afectaría a colegios, hospitales y comercios ajenos al cultivo de marihuana. La segunda es que las JAC hablen con los que roban energía para que dejen de hacerlo, se conecten y paguen lo que corresponde. La tercera es acompañar a la empresa CEO a realizar las desconexiones para evitar alteraciones de orden público, y la cuarta es proponerle a CEO una ruta o plan de acción para que cumplan acuerdos que ya tenían con las JAC: mejorar la calidad del servicio, evitar suspender por cinco horas o más como suele ocurrir y conectar a las familias que aún no cuentan con el servicio de luz.
Las acciones dieron fruto pues CEO decidió correr el corte al 2 de julio, estaba previsto para el 25 de junio. Sin embargo, el riesgo de que haya problemas aún está latente, sobre todo porque los afectados pueden negarse a la desconexión, por los intereses de los intermediarios entre los carteles y los cultivadores y por las disidencias del frente sexto de las FARC que se lucran con un “impuesto” al cultivador.
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Con la presencia de grupos ilegales en la zona, Laura Soto recomienda: “para hacer estas investigaciones en zonas rurales y con presencia de grupos armados es clave ingresar con gente de la región, hacer contactos previos con líderes sociales y autoridades locales reconocidas. Ellos son los que te “blindan” en cierto grado frente a los armados y también ayudan a que los habitantes confíen en el periodista lo que, sin duda, es muy importante para entender las realidades en terreno. En mi caso, hice el contacto con gente de la Administración y también con líderes sociales. Ellos fueron mi punto de entrada y a partir de ahí es más fácil hacer nuevos contactos”.
Además, por temas de respeto, Laura afirma que “en esos contextos también es clave dejar claro a los entrevistados si quieren que su nombre o su rostro aparezca en el producto periodístico, en caso de que no, hay que respetar el acuerdo por seguridad de ellos”.
El matrimonio entre la marihuana y la energía
En las noches, las montañas se cubren de puntos amarillos que se asemejan a la navidad; son bombillos iluminando los cultivos. Según explicó José, campesino con 500 matas de marihuana, la relación entre la energía y la marihuana se da en dos partes; la primera es el crecimiento. La planta necesita 18 horas de luz para crecer, sobre todo las semillas que no son nativas, por eso en las noches hay que prender bombillos por 6 o 7 horas para “engañar a la planta para que siga creciendo”; sin tanta luz la planta crece poco y se “enmoña”, dando menos “moños”.
La segunda etapa es el secado, después de cuatro meses que dura el proceso de crecimiento, la planta se arranca de raíz y se seca con calor; esto se logra de forma tradicional, poniendo resistencias (alambres metálicos que se conectan directamente a los postes de energía o a los transformadores), en el piso de un cuarto cerrado en madera y de techo de plástico. Las resistencias transforman la energía eléctrica en calor secando a la planta en un promedio de tres días. Los “secaderos” son los que más consumen energía, incluso superan la capacidad de los transformadores, los queman, dejando sin energía a veredas completas. CEO suele hacer largos cortes de luz para disminuir las pérdidas que causan estas conexiones ilegales.
La inutilidad
El tratamiento del Gobierno con la marihuana ha sido diferente al de la coca, mientras en el primero tiene un enfoque medicinal, la segunda tiene un enfoque de sustitución de tierras. en Toribío hay tres cooperativas: Caucannabis, Asoaiccam y Asociación Paz y Progreso. En este contexto, la medida no se entiende como una solución contundente al narcotráfico; aún sin la energía eléctrica que acelera la producción, los campesinos pueden optar por otras técnicas en el secado como estufas de gas o carbón, además, la medida podría generar escasez del producto, aumento del precio, más ganancia para unos pocos, pero no acabaría el negocio.
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Laura comenta una reflexión sobre su investigación: “Ir a terreno y mostrar cómo se organizan las comunidades frente a los cortes de luz, cómo funcionan los cultivos de marihuana, para qué necesitan la energía, permite comprender la magnitud del problema, las diferentes aristas, ver que no es blanco y negro, que las soluciones al narcotráfico no son tan fáciles o tan útiles como las plantean autoridades como la Fiscalía”.
La periodista dijo que hay un problema estructural, los campesinos no se dedican a otros cultivos porque no compiten con la rentabilidad de la marihuana. Una libra tiene un valor de 20 mil pesos en promedio, “así sea que baje la libra a 12 mil, sigue siendo plata que la gente sabe que va a recibir a la fija”. Además, la marihuana es propicia para las condiciones de Toribío, en 300 metros cuadrados pueden cultivar 300 matas y el clima es ideal para que crezcan (18 a 24 grados centígrados)
Finalmente, Laura Soto deja una conclusión importante: “Visibilizar estas situaciones en medios regionales es importante porque muchas veces los medios a nivel nacional se quedan en las declaraciones, en la noticia inmediata, pero somos los medios regionales los que tenemos la capacidad de ir a terreno a ver las implicaciones de las noticias, de ver las consecuencias, de ir más allá de las declaraciones y esto ayuda a entender mejor los hechos tanto para otros periodistas, para tomadores de decisiones como funcionarios y lectores”.