En Colombia el conflicto armado se ha desarrollado en territorios muy ricos por sus recursos hídricos, por sus tierras fértiles y por ser puntos estratégicos para el desarrollo de capitales privados. Eso fue lo que sucedió en la región de los Montes de María desde mediados de los años 90. En Carmen de Bolívar proliferaron los cultivos de teca, en San Onofre se concentró la extracción de materiales para la construcción, y en María La Baja se instauró el monocultivo de palma africana para la producción de aceite y biocombustibles. Esto sucedió al tiempo que las comunidades observaban cómo algunos empresarios y terratenientes acaparaban sus tierras fértiles para el desarrollo de proyectos agroindustriales y ganaderos.
Al mismo tiempo, la guerra se fue tomando los territorios que los campesinos trabajaban de sol a sol para el desarrollo y la permanencia digna en este territorio. En el año 1987 llegaron miembros del frente 37 de las Farc a establecerse en la zona para ejercer control territorial y conseguir recursos económicos a través de delitos como la extorsión, el robo de ganado y el paso de la cocaína que iba desde el centro del país por el río Magdalena, atravesando los Montes de María para llegar al golfo de Morrosquillo, en el municipio de San Onofre, rumbo a Estados Unidos.
Con el apoyo de varias asociaciones de seguridad privada, llamadas Convivir -apoyadas por ganaderos y dirigentes políticos de la región-, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incursionaron en la región en los años 90, con asesinatos selectivos de campesinos y líderes comunales, y más adelante con masacres, como las de San Isidro y Caracolí, corregimientos del Carmen de Bolívar, en 1999. Luego, vendrían enfrentamientos entre las Farc y las AUC que dejaron en medio del fuego cruzado a estas comunidades. Su objetivo: desterrar a las Farc y controlar el territorio.
El Carmen de Bolívar fue uno de los municipios que sufrió con mayor intensidad el conflicto en esta zona durante esta etapa. Los constantes enfrentamientos entre las Farc, las AUC, el Ejército Nacional y la Infantería de Marina dejaron como resultado más de 70.000 personas desplazadas, 19 masacres, una tasa de homicidios superior a las del promedio nacional en el año 2000 y buena parte del territorio contaminada con minas antipersonal. El poder militar empleado por los grupos al margen de la ley y las fuerzas armadas del Estado hicieron de este municipio uno de los más violentos entre 1997 y 2009.
Hablamos con Gloria Castrillón, periodista de la investigación, para conocer más detalles de su desarrollo:
1. El comienzo de la nota habla sobre la historia de la región de los Montes de María: sobre la incursión de los terratenientes con los cultivos de aceite de palma, la presencia de las FARC, las AUC y el Ejército. Sin duda esto es necesario para abrir un espectro temporal en la mente del espectador pero, ¿Cómo se obtiene este tipo de información histórica? ¿Si un periodista joven quiere realizar una nota así, a qué organizaciones, medios, archivos, entre otros, podría acercarse?
Este tipo de información se puede obtener de varias maneras. En primer lugar, la memoria de los pobladores. Estas personas saben bien cuándo llegaron los despojadores y qué cultivos se impusieron después. Pero en capítulos tan dolorosos como el conflicto en los Montes de María, ya hay suficiente documentación para revisar, como informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, investigaciones muy serias de universidades públicas y privadas y sentencias judiciales que dan cuenta de lo que sucedió. Obviamente los archivos de prensa son un apoyo interesante. Lo importante es que el periodista sea riguroso en el contraste de la información. No puede quedarse con una sola fuente, hacer una investigación previa ayuda mucho a documentarse, tener datos, fechas y episodios que luego puede contrastar con la población y con otro tipo de organizaciones de la sociedad civil, que como en el caso de Montes de María, se han dedicado a construir la memoria de lo sucedido. Lo rico de este tipo de trabajos periodísticos es tener muchas voces que ayuden a construir el relato más completo posible.
Foto extraída de la investigación.
Son las 6 de la mañana. Don Mario*, un campesino de más de 70 años, que toda su vida ha vivido en las faldas del cerro La Cansona, en lo más alto de los Montes de María, sostiene una totuma llena de maíz mientras las gallinas se le acercan. En el fogón de la cocina se prepara un café para apaciguar el frío de la montaña. Está solo en su parcela donde cultiva aguacate, ñame, maíz y tiene sus animales de corral. Le dicen El resistente, porque a pesar de todos los embates de la violencia ha permanecido en la zona.
Su casa está a 45 minutos en carro de la cabecera municipal del Carmen de Bolívar, centro urbano entre los departamentos de Sucre, Atlántico y Bolívar, considerado como el centro de los Montes de María. Desde allí ha sido testigo mudo de los desmanes ocasionados por todos los actores armados, que se asentaron por varias décadas en la región. Recuerda como si fuera ayer la primera incursión armada en su comunidad.
“Ese día sábado (28 de octubre de 1994) previo al día de elecciones, el Ejército venía a brindar seguridad al corregimiento de La Cansona y la guerrilla le preparó una emboscada; pero ahí no murieron ejército ni campesinos, se enlutó la región porque a los difuntos todos los conocíamos, eran de comunidades vecinas, fueron cuatro. Murió el inspector del corregimiento de Macayepo, unos eran de la Sierra de Venado y otros vivían en Guamanga”, dice mientras la brisa fresca le acaricia el rostro y observa la zona baja del municipio de María La Baja. Texto extraído de la investigación.
2. Don Mario es la personificación de todos los pobladores de Los Montes de María que han sido testigos de la violencia en su región. ¿Qué tan necesario consideras este tipo de relatos y entrevistas en una investigación periodística?
Es clave tener las voces de quienes sufrieron directamente la afectación. En este caso, aunque los nombres de las personas fueron cambiados por seguridad, el periodista hizo un recorrido por la zona y fue capaz de recoger de viva voz los recuerdos de los pobladores, de los maestros y maestras y también de los aquellos adultos que siendo niños vivieron esos momentos tan difíciles cuando sus vecinos, amigos o familiares eran reclutados por uno u otro grupo armado. Ellos dan detalles que a veces las investigaciones académicas no hacen evidentes porque suelen ser un poco fríos. Además de darles al relato detalles que solo ellos pueden dar, le da credibilidad a la historia.
El poblado está renaciendo. Los que huyeron despavoridos por el horror de la violencia se asentaron en su mayoría en el casco urbano de Carmen de Bolívar, Cartagena, Barranquilla y Sincelejo. Los relatos de los pobladores coinciden en que estas veredas se desplazaron casi en su totalidad. Según el informe de la Universidad de Los Andes titulado ‘Geografías de la violencia en el Carmen de Bolívar 1990-2010’, “las acciones de violencia hicieron que el Carmen de Bolívar fuera el municipio número uno de desplazamiento por expulsión a nivel nacional, entre 1997 y 2009, con más de 71 000 desplazados”. El pico más alto se presentó en el año 2000 y coincide con el alto número de masacres y homicidios en ese año.
La Cansona hoy es diferente a la de aquellos años. Persiste una fuerte presencia de militares en la zona. Se ven los rostros de soldados jóvenes, en guardia constante y la desconfianza en sus miradas. La espesa niebla deja ver una gigante ceiba antigua que se contonea entre la vegetación local. Solo hay que caminar unos pocos metros para precisar su robusto cuerpo lleno de fisuras ocasionadas por las ráfagas de fusiles, que sin pudor alguno tallaron los grupos armados en su corteza. La ceiba ha presenciado la violencia en la zona.
Unos metros más adelante está el camino que antes llevaba a la escuela. Hoy está ocupado por militares y garitas de vigilancia. Ya no se puede ver el centro educativo. Nadie se puede acercar a él. Los habitantes cuentan, entre dientes, cómo la escuela se convirtió en una trinchera militar y luego, en 2007, en un puesto de operaciones, perteneciente al Batallón de Comando y Apoyo de la Infantería de Marina número 1 con sede en Corozal, Sucre.
“Ya en las horas de la tarde vimos bajar una cantidad de militares, no podíamos distinguir quienes eran. Solo vimos que subieron hasta la escuela y colgaron sus hamacas. Los meses y los años han ido pasando y siguen ahí. A veces, en algunos eventos gubernamentales se ha preguntado por esa situación y nadie da respuestas concretas. Solo dicen que es una base militar y que esto ayuda a la seguridad de la región”, dice doña María, una habitante de la zona que, como todos, prefiere que le cambiemos su identidad. Texto extraído de la investigación.
3. Muchas veces, cuando se investiga sobre el conflicto armado colombiano, suele dejarse a un lado las prioridades de los niños como el derecho a la educación. En este caso, ¿Por qué se priorizó a los niños en esta investigación?
Justamente por eso, porque las afectaciones que produce el conflicto armado son tan arrasadoras que no permiten ver los casos particulares. Se suele ver a la población afectada como un todo, como una masa uniforme, en la que resaltan casi siempre los mismos hechos victimizantes: despojo, desplazamiento forzado, asesinato, pero quedan invisibles otros como la violencia sexual, la desaparición forzada y, en este caso, la vulneración a los derechos de los niños y niñas.