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Indígenas de Nariño, a la espera de la JEP

Uno de los pueblos más afectados por el conflicto armado colombiano, han sido las comunidades indígenas. Aunque el papel principal de la JEP en el posconflicto es la unión de los excombatientes con la sociedad civil, las comunidades indígenas tienen su propia justicia. Esta investigación es el resultado del taller ‘DDHH en el posconflicto colombiano’ realizada por Lady Vásquez Cuaspa, Leidy Guancha, Lady Viviana Guerrero Ponce e Iván Tobar. Hablamos con Lady Vásquez sobre su trabajo.

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Indígenas de Nariño, a la espera de la JEP
Agosto 20 de 2020

La firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón significó un respiro para las comunidades indígenas en el sur del país. Ellas, acostumbradas a vivir rodeadas de grupos armados al margen de la ley, vieron en este pacto histórico la oportunidad para avanzar hacia la tranquilidad en sus territorios.

Sin embargo, tras unos años de la firma y con un proceso de reincorporación truncado, por el cambio de Gobierno y por la agrupación de nuevos entes ilegales como las disidencias de las Farc, las esperanzas de los pueblos Awá, Pastos y Quillasingas, se van diluyendo. A esto se le suma que, los líderes de las comunidades también están esperando la llegada de los magistrados de la JEP para armonizar sus normas con las de la Justicia Especial Indígena.

Los Awá, reflexivos

El reclamo por una mayor pedagogía por parte de los Awá se debe a que fueron destacados en el Acuerdo de Paz como una etnia que debía atenderse de manera urgente. Además, están referenciados en el Artículo 004 de 2009 de la Corte Constitucional, mediante el cual se exige la protección de los pueblos indígenas en riesgo de exterminio.

“Los derechos fundamentales individuales y colectivos del pueblo Awá están sujetos a violaciones de naturaleza ‘permanente, sistemática y generalizada’, derivadas de infracciones constantes del Derecho Internacional Humanitario por todos los actores enfrentados en el conflicto armado colombiano”, se lee en el documento de la Corte.

Las comunidades Awá en Nariño están agrupadas en dos organizaciones: la Unidad del Pueblo Awá (UNIPA) y el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI), cuyos 49 resguardos están diseminados en los municipios de Cumbal, Santa Cruz de Guachaves, Mallama, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán, Tumaco e Ipiales.

Tuvimosla oportunidad de conversar con Lady Vásquez sobre los detalles de esta pieza periodística:

En tu nota describes muy bien la organización de las comunidades indígenas, ¿Cómo obtuviste esa información sobre el funcionamiento interno de estas comunidades?

El arsenal investigativo que tuvimos posibilitó obtener la información y que no fuera tan difícil acceder a ella. Cada uno de nosotros acompañamos a las organizaciones, por ejemplo yo he acompañado a la comunidad Awá Unipa desde la Consejería de Comunicación hace 4 años, aproximadamente, eso me ha permitido obtener la confianza de los líderes para poder acceder a esta información.

Desde la Consejería de Comunicación optamos, principalmente, por temas de seguridad hasta hacer un enfoque con todos los temas que tienen que ver con la cultura. Sin embargo, en este caso, cuando tuvimos la oportunidad de hacer esta investigación para el especial de Consejo de Redacción, nos involucramos más con el tema de la organización.

Los awá 1
Fiestas de la luna, pueblo Quillasinga del Encano. Fotos por: Iván Tobar

Para Yuri Acosta, asesora de la Consejería Mayor de la UNIPA, la falta de socialización de las normas de la JEP se debe a que la promulgación de la reglamentación es muy reciente, “apenas están construyendo protocolos de relacionamiento que tienen que pasar por una mesa de concertación nacional. Todo lo que afecte a los pueblos indígenas tiene que pasar por consulta previa”.

Esa concertación debe hacerse sobre dos aspectos significativos: los delitos perpetrados por la guerrilla de las Farc y la Fuerza Pública contra los indígenas, y la situación de los nativos que pertenecieron al grupo subversivo y están retornando a sus comunidades de origen.

Con respecto a la victimización, el 10 de julio de este año la JEP abrió el Caso 002, mediante el cual se pretenden conocer los hechos victimizantes ocurridos en los municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco perpetrados por las Farc y la Fuerza Pública. entre 1990 y 2016. En ellos desplazamiento forzado, desaparición forzada, secuestro, violencia sexual y de género, y minas antipersonales.

La poca claridad que se tiene sobre cómo tratar a los desmovilizados ha generado discusiones internas en los cabildos. Acosta cuenta que hace un año las autoridades indígenas reunidas en asamblea plantearon que aquellos que se incorporaron a las Farc deberían ser expulsados de las comunidades.

“Varios gobernadores se opusieron, por lo que eso no es una medida definitiva; sin embargo, una decisión que han tomado los consejeros es que hay que fortalecer la justicia indígena Awá antes de asumir los casos”, explica la consejera, pero ese asunto tiene una dificultad: “hasta el momento no se tiene la infraestructura ni la capacidad para juzgar ese tipo de casos, porque no hay unos protocolos de relacionamiento entre justicias y cada caso es diferente”.

"Cuando los desmovilizados de las Farc llegan a nuestro territorio, cada autoridad debe mirar cómo los recibe y cómo enfrenta esta situación”, dice, y reitera que “no ha habido garantías del gobierno nacional ni de las instituciones para apoyarlos”.

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¿Cómo fue el trabajo de reportería con estas comunidades?

Quien propició todo ese espacio fue Consejo de Redacción, si bien nosotros tenemos un acercamiento con Lady Guerrero pues las dos trabajamos con el mismo pueblo, no conocíamos a los otros dos compañeros y, en un taller que se realizó en Tumaco, nos conocimos todo el equipo. Días antes a la presentación de la propuesta de reportaje, nosotros hablamos sobre la relación de la JEP en los diferentes escenarios y cómo se estaba dando el proceso de conocimiento en los pueblos indígenas sobre la justicia de la JEP.

Es un trabajo colaborativo, nosotros somos un equipo de 4 periodistas en territorios. Cada uno hizo el trabajo de reportería en los escenarios donde se desarrolló la investigación. Los periodistas son Lady Guancho, quien hizo la reportería en el resguardo de El Cumbal con el pueblo de Los Pastos, Iván Tobar desarrolló la investigación con los indígenas Quillasingas en el Encano, mi compañera Lady Guerrero que trabajó con el pueblo Awá Camawari y en parte realizó la investigación con el pueblo Awá Unipa. Así documentamos la información de los cuatro pueblos que son los más grandes en el departamento.

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Fiestas de la luna, pueblo Quillasinga del Encano. Fotos por: Iván Tobar

Expectativa de los Pastos

La armonización de la JEP y la Justicia Especial Indígena también preocupa a las autoridades del pueblo de los Pastos, la mayor comunidad nativa de Nariño, que se asienta en los municipios de Aldana, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Guachucal, Ipiales, Mallama, Potosí, Santacruz y Túquerres.

Sus inquietudes tienen que ver también en cómo recibir a los reincorporados de las Farc que regresan a su territorio, su comunidad y su familia, e integrarlos a su vida cotidiana y productiva, teniendo claro que debe haber un proceso de justicia.

Para analizar el tema y buscar soluciones, las autoridades del resguardo Mayasquer, en el municipio de Cumbal, han convocado por lo menos 15 asambleas en este año. En la última de ellas, celebrada el pasado 21 de septiembre, se aprobó la aplicación de una encuesta a 130 reincorporados, pero solo 25 aceptaron hacerla, lo que obligó a postergarla para el próximo año, a la espera de lograr un mejor acuerdo. Uno de los aspectos que los divide es, justamente, la aplicación de normas de justicia transicional. Las autoridades nativas aseguran que harán respetar sus decisiones, siguiendo sus usos y costumbres

Al ser una zona que aún sigue en peligro por la presencia de las disidencias de las FARC, ¿qué precauciones de seguridad tomaste para realizar tu trabajo?

En el territorio de Los Pastos o de los Quillasingas no es riesgoso, como ellos ya enfrentaron ese problema hace un tiempo, ahora sus comunidades viven más tranquilas. En el pueblo Awá la situación es muy diferente, cuando se firma el acuerdo de paz, las personas de este pueblo estaban muy esperanzadas a que este proceso les diera un cambio de vida y les devolviera la tranquilidad en su territorio, sin embargo, tras la llegada del Presidente Duque todo el conflicto armado se intensificó.

Ya no son solo las FARC o el ELN, ahora son las disidencias de las FARC que han empezado a hacer muchos grupos armados ilegales dificultando la negociación de los líderes indígenas pues ya no se sabe quién está al mando. En el momento en que hicimos el reportaje, había 13 grupos armados en territorio: disidencias de las FARC, ELN, paramilitares. En el momento en que nos acercamos a hacer el reportaje fue difícil porque la gente teme. Por ejemplo, muchos gobernadores no sabían qué es la JEP y cómo se aplica a este contexto.

Nosotros procuramos no ir hasta la vereda donde está el gobernador para hacerle la entrevista porque esto nos pone en evidencia. Aprovechamos las asambleas de los gobernadores en las que abordaban otros temas, que si bien se hacían en territorio no eran en territorios aislados, por ejemplo, se realizaban en la Unidad Administrativa que queda en un resguardo con acceso a la vía. Llegábamos al resguardo y podíamos hacer la entrevista en un escenario en el que se estaba hablando de otros temas. Permanecíamos ahí 3 o 4 días realizando entrevistas. Lo que no es recomendable es entrar a territorio porque nada más la entrada te significa 2 días de trayecto entrando y 2 días de trayecto saliendo, eso es un problema porque los actores armados están muy pendientes de cuáles personas ingresan y cuáles no son del territorio.

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La JEP, en camino

“Necesitamos dialogar”, reconoce la magistrada Belkis Izquierdo, quien integra la comisión étnica de la JEP, y acepta que hace falta más pedagogía para que las comunidades en el país, “sobre todo las más periféricas”, entiendan todo este sistema de justicia.

“En el reglamento interno de la JEP está planteada la necesidad de generar estrategias de coordinación interjuridisccional con la Justicia Especial Indígena, lo que implica llegar a los territorios y reconocer que existen unos mecanismos de justicia en cada uno de los pueblos”, explica la magistrada, quien proviene del pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Un primer diálogo, presidido por ella, se dio en Pasto el pasado 14 de noviembre con 32 representantes de resguardos y cabildos Awá, durante la instalación de la diligencia de coordinación interjurisdiccional, que tenía como objetivo socializar las tareas que adelantará la JEP en desarrollo del Caso 002 y construir un ambiente de mutua colaboración.

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¿Qué consejos nos darías para realizar entrevistas tanto a indígenas como a magistrados de la JEP?

Para las personas que no están dentro de la organización de las comunidades indígenas, lo primero que les recomendamos es que se acerquen a los profesionales de la Consejería de Comunicación, ellos son los que permiten el intercambio de información, entre otros consejeros y los líderes de las comunidades. Es una fortaleza que las organizaciones estén tan bien estructuradas que en la mayoría de organizaciones que yo conozco, hay una Consejería de Comunicación. Esa es la primera entrada para que un periodista pueda acercarse a esos temas.

Con respecto al acceso con los magistrados de la JEP, nosotros tenemos un contacto y quien nos ayuda con ese contacto son los consejeros, ellos son los que están más cercanos a las entidades institucionales. Realmente, los magistrados son muy prestos a este tipo de reportajes a pesar de su limitado tiempo. También siento que tener el respaldo de Consejo de Redacción es muy importante. Los periodistas en Nariño somos muy agradecidos por lo que ha hecho CdR en el territorio porque, en primer lugar, permite la descentralización de la información y, de alguna manera, ha permitido que entre los periodistas de Nariño creemos redes que se han venido tejiendo hace aproximadamente 2 años, desde cuando iniciamos el proceso de capacitación.

¿Cómo fue tu experiencia en trabajar con CdR en el taller de DDHH en el posconflicto colombiano?

Consejo de Redacción ha sido un gran respaldo tanto en lo que significa tener una organización que respalde al periodista cuando se hace un reportaje en el territorio y, a la vez, en términos de formación. Ese fue el primer reportaje, en este momento vamos a realizar otro reportaje con el apoyo de CdR. Esto nos ha permitido crear redes y entender los contextos de las diferentes organizaciones indígenas y de las comunidades afrodescendientes. También queremos agradecer a Ginna Morelo y Juan Diego Restrepo quienes nos ayudaron revisando nuestro trabajo de reportería.

Conoce la investigación completa aquí

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