Esta investigación narra el exterminio que están viviendo los líderes sociales en todo el país, los impactos en sus familiares, amigos y comunidad, además compara y analiza datos estatales como no oficiales. Tuvimos la oportunidad de hablar con Jessica Villamil sobre su investigación.
Con el asesinato de líderes sociales, vuelve el temor
Hablar con un líder social, en ciertas regiones del país, es casi una labor de espionaje: son necesarios los nombres en clave, los mensajes cifrados… Evitar sitios públicos. El silencio se convierte en ley y romper esa regla establecida por mera intuición para sobrevivir puede acelerar el paso a la muerte.
En Tibú y El Tarra, en Norte de Santander, donde 18 líderes comunales fueron asesinados en los últimos cinco años, hubo acercamiento con personas de la zona durante más de dos meses para entender cómo vive una comunidad sin sus líderes, acechada por el terror impuesto por Peluzos (Ejército para la Liberación Popular) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en medio de sus disputas por los corredores del narcotráfico.
Pero al intentar concretar hora y día de la cita para desarrollar la investigación de El País y CONNECTAS, plataforma periodística para las Américas, los mensajes de WhatsApp se quedaron en visto. Una semana después la muerte habló: Frederman Quintero, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Kilómetro 48, de El Tarra, y ocho hombres más que lo acompañaban fueron masacrados en un billar del centro de la población ante la mirada de los vecinos.
María del Carmen Moreno era presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Rico, en Arauquita. En sus doce años de labor social llevó redes de energía, de acueducto y logró que se construyera un puente vehicular. Sus cuatro hijos, seis meses después, todavía lloran su muerte.
El terror en el Valle del Cauca es intermitente. Este departamento en cinco años fue testigo silencioso del asesinato de 32 de sus líderes sociales. El caso más reciente es el de Libardo Moreno, presidente de la Junta de Acción Comunal de Las Pilas, en zona rural de Jamundí. Han pasado dos meses desde que lo mataron a disparos y ni su esposa, ni sus hijos, ni sus amigos se atreven a contestar los mensajes que se envían a través de conocidos.
Incluso Lina Tabares, líder defensora de Derechos Humanos e integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio La Pradera en ese municipio, dice que la familia de Libardo jamás se volvió a ver. No se sabe nada de ellos y tampoco de los proyectos que impulsaba este líder para mejorar el servicio de acueducto en su vereda y que en últimas -dicen-, terminó llevándolo a la muerte.
¿Cómo lograste contactar a las familias de los líderes sociales asesinados?
La mayoría de las personas que contacté eran familiares de líderes de las Juntas de Acción Comunal que habían sido asesinados. El primer paso fue ubicar las JAC en esos municipios, en esas veredas y a través de ellas ubicamos a las familias. Fue un poco difícil por el tema de la seguridad, después del asesinato los familiares tenían mucho miedo de figurar. Fue un trabajo de 3 meses para empezar a tener contacto con los familiares.
Hablar con los familiares de los Líderes Sociales asesinados debe ser de una manera delicada, ¿Cómo conservar el tacto con el familiar de la víctima sin dejar de hacer las preguntas precisas para la investigación?
Este tema del asesinato de líderes es muy sensible para mí. Cada caso lo tomé con mucho respeto y casi que sintiendo que esas personas eran familiares, amigos, muy cercanos.
Al llegar a esos hogares simplemente traté de usar la empatía, hacer sentir a esas familias que su dolor también era mío y así cada uno fue contando detalles casi sin necesidad de parecer que yo estaba escudriñando en sus vidas.
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El papel de las JAC
La Junta de Acción Comunal del barrio El Limonar 1, del corregimiento San Antonio del Prado, en Medellín, ha sido blanco de ataques de bandas criminales y de quienes controlan la corrupción. Tres de sus últimos presidentes fueron asesinados por denunciar manejos irregulares del presupuesto participativo que sirve para desarrollar proyectos sociales.
Guillermo estuvo solo dos meses en la Presidencia de la Junta. Antes había ayudado en las labores de tesorería. Una noche de octubre de 2015, después de una fiesta en la caseta comunal, un hombre le cortó el cuello. Y aunque su muerte no aparece entre las cifras oficiales suministradas por la Fiscalía General de la Nación a las que tuvimos acceso, en 2016 un boletín de su oficina de prensa informó que un reguetonero y su esposa habían sido condenados por el homicidio que obedeció a una deuda que Arias tenía por una presentación artística”.
En ese año también mataron a Viviana Agudelo con siete balazos al salir de una reunión de la Junta. Ella fomentaba el deporte en ese corregimiento cuna del paramilitarismo en Antioquia, pero ni Antonio ni su acompañante se atreven a hablar de esa historia. César Mendoza, de la Fundación Sumapaz, que lleva el conteo de los líderes asesinados en ese departamento, se despoja de temores y recuerda que Viviana denunció que la corrupción se estaba apoderando del manejo del presupuesto participativo, que “en las comunas de Medellín alcanza hasta los 10.000 millones de pesos para ejecutar en un año” y que los grupos armados pretenden coger ese dinero.
Los directivos de organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que a los líderes no solo los persiguen por trabajar por la paz, sino por cumplir justamente las tareas propias de su cargo: mejorar las condiciones de su sector, dirimir conflictos, jalonar obras para el desarrollo de sus comunidades.
Luis Fernando Gil Luján tenía 27 años cuando fue asesinado. Se encargaba de los procesos culturales en la Junta de Acción Comunal del barrio La Castilla, de Medellín. Sus amigos dicen que el pecado fue tratar de arrebatarle al narcotráfico los niños que estaban cayendo en ese mundo de las drogas.
Al hacer el trabajo de campo en estos municipios, ¿sentiste que tu vida y la de tu equipo corría peligro? Si fue así, ¿Qué acciones de seguridad tomaste para poder realizar las entrevistas?
Las zonas que visitamos son de alto riesgo. Sí corrimos peligro en la zona rural de Medellín, específicamente en el corregimiento San Antonio de Prado. Allí estuvimos con varios líderes haciendo recorridos, hablando sobre los casos de los líderes asesinados y, cuando íbamos a salir de la zona, fuimos amedrentados por un hombre que se identificó como un miembro de las Autodefensas Gaitanistas. Nos pidió que nos fuéramos, que no regresaramos nunca más y que no sabíamos con quién nos estábamos metiendo.
Hicimos un trabajo largo de acercamiento con esas comunidades, ya teníamos a varias personas referencias como periodistas locales, líderes actuales, presidentes de las JAC; ellos nos acompañaron hacer los recorridos. En todo el proceso estuve en compañía de un fotógrafo viajando por varios municipios y departamentos del país.
Luego de la amenaza, ¿Tuviste acompañamiento de alguna fuerza estatal para salir de la zona?
Nosotros habíamos terminado de trabajar con los líderes y decidimos irnos solos al hotel. Íbamos bajando en un carro por la única vía de acceso al corregimiento, faltando poco para llegar al Medellín, un tipo en una moto nos cerró justo cuando yo le estaba señalando al fotógrafo una casa con un letrero de las Autodefensas Gaitanistas en una de sus paredes, creímos que era un ladrón porque intentó arrebatarle la cámara. Nos empezó a decir qué queríamos, a quién le estábamos haciendo fotos, que si queríamos meternos en problemas, que no sabíamos quién era quien. En ese recorrido nos acompañó un primo que vive en Medellín, él paró el carro y empezó hablar con el sujeto para calmarlo, mi compañero le dijo que borraba las fotos y efectivamente las borró. No supe cómo nos dejó ir, yo estaba muy nerviosa. La moto estaba frente al carro y no podíamos avanzar, luego el señor se calmó y quitó la moto de la vía. Llegamos al hotel. Llamé al jefe de Connectas quien se encargaba de nuestra seguridad, nos recomendó que dejáramos el carro guardado, que tomáramos caminos distintos para llegar a la casa. Cambiamos la hora de viaje para regresar a Cali.
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El enredo de las cifras
¿Cuántos líderes sociales han matado en Colombia? Ninguna de las instituciones del Estado se pone de acuerdo. Así lo dejó claro la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en el debate de control político del 5 de septiembre en el Congreso de la República. Allí también dijo que no existe unidad en la caracterización de los líderes y que solo en algunas entidades se aplica la definición de Naciones Unidas como punto de partida para iniciar las investigaciones.
Entonces, casi todos hacen conteos desde desde 2016 cuando se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc, acuerdo que se dejó sentada la necesidad de proteger a estas personas. La Defensoría del Pueblo tiene hasta el 31 de julio pasado 333 asesinatos. La Fiscalía General de la Nación, los Ministerios del Interior y de Defensa, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección, fijaron para sus reportes 178 crímenes. ¿Por qué la disparidad de las cifras y qué ocurrió de 2016 hacia atrás?
Como lo dijo la Ministra del Interior e insiste el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, la definición parte de la descripción que hizo Naciones Unidas en 2002 de los líderes sociales: “Son defensores de los derechos humanos quienes trabajan en la defensa y vigencia de los principios democráticos y la paz; quienes defienden los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los niños, de los indígenas, de las minorías, de otros grupos, incluyendo líderes y representantes de organizaciones sociales, campesinas, etc”. A partir de allí se crearon 20 categorías de líderes, entre ellos, comunal, comunitario, de tierras, campesino, de mujeres, afrodescendiente, indígena, sindical, ambiental, social, entre otros.
El País, Early y CONNECTAS, plataforma periodística para las Américas, tomaron como referencia los datos de la Fiscalía General desde 2012 hasta diciembre de 2017. Las cifras con datos específicos y actualizadas a este año no nos fueron entregadas por la Institución, pese a que en julio pasado publicaron un informe conjunto con la Policía Nacional, la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia y la Unidad Nacional de Protección en la que indican que 30 personas fueron asesinadas en lo que va del año por su actividad relacionada con el liderazgo.
En los reportes que sí obtuvimos, se encontró un total de 357 líderes asesinados. De ellos, el 81,2% eran hombres; el 13,7 % eran mujeres y el 5 % eran reconocidos como integrantes de la comunidad LGTBI.
Pese a que la Fiscalía asegura que tienen identificados 20 tipos de líderes en país, en las cuentas entregadas a este diario figuran 25 grupos. De ellos, el 39 % eran comunales. En una segunda y amplia proporción, están los indígenas, con 23 %. Después están los campesinos, los sindicalistas… Ni qué hablar de lo que muestran las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. De los 357 asesinatos 250 están en etapa de indagación, es decir, no se ha investigado ni el 70 % de los homicidios. No importa si el crimen ocurrió el primero de enero de 2012.
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Para los estudiantes, un tema un poco desconocido es el Periodismo de Datos. ¿Qué reflexiones les podrías dejar a los estudiantes luego de haber analizado los datos de asesinatos a líderes Sociales?
Sobre líderes sociales se ha dicho mucho, se dice todos los días. Pero era necesario conocer en realidad la dimensión del asesinato de esta población. Y eso fue lo que hicimos a través del análisis de datos.
Empezar a mirar cuándo y dónde empezaron a suceder los crímenes, quiénes era los mas vulnerables. Y para mí, una cifra que fue realmente triste y esclarecedora es que la Fiscalía General de la Nación, pese a todo lo que dice en medios de comunicación, ha hecho muy poco para dar con los responsables de los asesinatos.
«El 70% de los 357 casos estudiados por nosotros no habían sido investigados. Casos, incluso, que ocurrieron en 2012».
Eres finalista del Premio ¡Investiga! 2019, ¿Qué expectativas tienes de tu exposición en el XII Encuentro de Periodismo de Investigación?
Para mí lo más importante de la exposición es tener la posibilidad de seguir visibilizando los casos, la situación que enfrentan los líderes sociales en el país, mostrar el daño que genera un asesinato en el territorio. Cómo se enquista el miedo y cómo se pierden, con esas muertes, el último bastión de la legalidad.