Son las cinco y media de la mañana, en medio de un terreno estéril lleno de rocas y un cementerio. El cielo sigue oscuro y no hay luna que alumbre. El silencio es profundo, cualquier ruido de un caminante retumbaría como un eco. De pronto, unos camiones con luces encendidas se aproximan en la penumbra. Van serpenteando por la carretera de trocha que atraviesa el valle interandino en esta zona del sur del Perú luego de un recorrido de cerca de 18 horas con unas 15 toneladas de oro cada uno, valorizadas en cerca de 28 mil dólares.
Los cargamentos salieron en la mañana desde los socavones de la zona minera de Secocha, en la provincia de Camaná, en Arequipa, surcaron el valle costero de Ocoña y enrumbaron en la oscuridad con dirección al norte por la carretera Panamericana Sur para ingresar al día siguiente por el valle de Jaquí y Yauca hacia las alturas de Arequipa, en la frontera con la región andina Ayacucho. Llegaron al promediar las 5 y 40 de la mañana a la planta de procesamiento de la cuarta empresa exportadora de oro del Perú: Minera Laytaruma, un Goliat disfrazado de David, que extrae oro del mineral que compra a diversos operadores considerados como pequeños mineros, que lindan entre la ilegalidad y la formalidad, como es el caso de Secocha, el centro minero artesanal más importante de Arequipa, como pudo registrar Convoca.pe con tomas aéreas desde un drone, fotografías y vídeos.
Entre el convoy del cargamento que ingresó esa mañana del último 17 de mayo a la planta de Laytaruma, destaca un camión de cabina roja con placa VBJ 740. Trasladaba unos 300 sacos de mineral de oro con 50 kilos cada uno; 15 toneladas aproximadamente. Su carga salió de Posco Mishky, una zona en Secocha donde el 74% de los mineros tienen el permiso suspendido, según la base de datos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Edwin Apfata Vargas figura como el propietario del camión en la Superintedencia Nacional de Registros Públicos.
César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, explica que un minero suspendido del Reinfo no tiene permitido operar y puede ser considerado como ilegal. Continuar trabajando bajo suspensión puede llevar a su exclusión definitiva del registro.
EXCLUSIVO. Imágenes áreas tomadas desde un drone, fotografías y vídeos de seguimiento revelan cómo estos cargamentos de oro de Secocha, en Arequipa, llegan a la planta de beneficio Laytaruma, en el distrito de Sancos, en Ayacucho. Vídeos e imágnes de reportería: Roberth Orihuela y Milagros Salazar/Convoca.pe.
Convoca.pe identificó que Laytaruma reportó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) una producción de oro de 15.62 toneladas entre 2018 y 2023, sin embargo, en ese mismo periodo de tiempo exportó 155.5 toneladas, lo que equivale a un desbalance de casi 140 toneladas, valorizadas en más de US $ 782 millones.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) sancionó en tres ocasiones a esta empresa. Dos por faltas graves como no aplicar procedimientos para detectar operaciones inusuales y sospechosas, y no registrar sus operaciones conforme a las leyes.
Aún así, la compañía sigue posicionada en el top de exportadores de oro. Mientras que al mismo tiempo está registrada como una empresa de la pequeña minería, lo que le permite no ser fiscalizada por las autoridades del gobierno nacional y acogerse al deficiente control del Gobierno Regional de Ayacucho. Las autoridades de esta institución confirmaron a Convoca.pe que no han supervisado las labores de Laytaruma en los últimos dos años.
De los socavones a las plantas
La actividad en Secocha es frenética. El centro poblado se ubica en la desembocadura de una gran torrentera y a lado del río Ocoña, uno de los más grandes del sur peruano. Lo que antes era un pueblo agrícola, hoy es el epicentro de la minería artesanal informal e ilegal en la región Arequipa. Pasó de poco más de 6 mil habitantes en 2007 a casi 25 mil para el 2023.
Desde el registro histórico de Google Earth se pueden ver imágenes de cómo en 2004 había unas 40 casas que rodeaban la pequeña plaza, pero en menos de cinco años aparecieron cientos y con el transcurso de los años la población sigue creciendo en esta zona del distrito de Mariano Nicolas Valcárcel.
El hambre de oro pudo más que la cobertura de las necesidades básicas. Las familias se abastecen de agua potable con camiones cisterna. Al no haber desagües, los desechos discurren por las vías sin asfalto generando un lodazal pistelente. “Son desagües de lo que lavan, de las duchas y de orines”, cuentan los pobladores. En las casas solo hay silos. Las aguas residuales recorren todo Secocha desde las zonas más altas próximas a las áreas de explotación minera hasta la parte más baja donde se ubica la plaza principal del pueblo con un monumento al hombre minero que mira paradójicamente a una calle llamada Salud.
Por estas vías rudimentarias también discurren los relaves que los mineros desechan luego de procesar oro con técnicas artesanales como el “quimbalete”: un gran molino de piedra que pulveriza las rocas para luego mezclar esa masa con agua y mercurio para extraer el oro. De acuerdo con un estudio realizado, en 2020, por el ingeniero Rolando Quispe Aquino en 2020, la presencia de mercurio en el polvo de las calles de Secocha es de hasta doce veces más que los niveles que señalan los Estándares de Calidad Ambiental para suelos del Ministerio del Ambiente.
En este pueblo minero, cada cinco minutos en promedio baja una camioneta 4×4 cargada con sacos de mineral y de vez en cuando un camión. Al ser calles tan estrechas, sin pavimento y con lodo, es común ver atascos, porque mientras unos vehículos suben con dirección a las minas, otros bajan cargados de mineral o con obreros sobre las carrocerías.
Pero en medio del desorden, la extracción y el comercio del oro avanzan como un engranaje bien aceitado. A las 12:16 de la mañana del jueves 16 de mayo un camión cargado de mineral, con placa VAJ 883, sale de una de las zonas de extracción minera de Posco Mishky, ubicada en uno de los cerros, en medio de la torrentera de Secocha. Hay tráfico, unas camionetas están subiendo y otros vehículos estacionados impiden el paso. Luego de unos minutos de espera el camión avanza por las calles estrechas hasta llegar a una estación de combustible, donde otro camión cargado de mineral le da el alcance. Tras unos minutos ambos siguen su camino con dirección a Urasqui, la capital del distrito de Mariano Nicolas Valcárcel.
A las 12:47 de la tarde el camión llega a la estación de carga en Urasqui construida por los mineros de Secocha, un área donde se estacionan alrededor de 30 camiones de gran tonelaje para esperar la carga que llega en camiones medianos, como el VAJ 883, y camionetas 4×4. Poco a poco los obreros van traspasando la carga de los vehículos pequeños a los más grandes que luego se encargan de trasladar el cargamento a diversas plantas de procesamiento de oro del sur del Perú.
El proceso de trasbordo del mineral es largo y toma casi toda una mañana o una tarde. La carga del camión VAJ 883, del otro camión que lo acompañaba y de camionetas que llegaron después a Urasqui es trasladada a un tráiler imponente de placa VBJ 740. Tiene cabina roja y carrocería blanca, y al igual que el vehículo de placa VAJ 883, en registros públicos aparece como propietario Edwin Apfata Vargas.
Al promediar las 7 y 30 de la noche del 16 de mayo, el tráiler rojo de placa VBJ 740 por fin parte de Urasqui acompañado por cuatro camiones que también llevan mineral. Su primera parada es Ocoña, en el cruce con la carretera Panamericana Sur, adonde el conductor se detiene para cenar.
Tras cerca de una hora de receso, el camión avanza con dirección al norte, a Chala. Cada dos o tres horas, el chofer del tráiler rojo y sus compañeros se detienen por unos minutos. Charlan, bromean y siguen la ruta. Así lo hacen en Atico y Chala, dos distritos arequipeños de la provincia de Caravelí. Los conductores han elegido no estacionarse para no dormir en el camino ante posibles asaltos. En Urasqui, mientras aguardan el trasbordo del mineral, es común escucharlos contar los robos y riesgos que enfrentan en la ruta al llevar miles de dólares en cargamento.
Casi a las 2 de la mañana el convoy sale de Chala y sigue hacia el distrito de Yauca. En el kilómetro 560 de la Panamericana Sur se desvía hacia el noreste hasta llegar a Jaquí después de dos horas. En el camino aparecen los primeros carteles que advierten el destino final. Avanzan por la trocha hasta llegar al distrito de Sancos, en la región Ayacucho, a pocos metros de un cementerio. En la penumbra, al promediar las 5 y 45 de la mañana del 17 de mayo último, el tráiler rojo ingresa a la planta de procesamiento de Laytaruma, la cuarta exportadora de oro más importante del Perú. El cargamento llega después de casi 18 horas de haber salido de Secocha, el epicentro de la minería artesanal, informal e ilegal de la región Arequipa, como lo demuestra el registro de fotografías y vídeos de nuestro equipo periodístico.
Goliat disfrazado de David
Laytaruma es una empresa familiar creada en julio de 1990 por los hermanos Néstor, Alfonso, Luis Alberto y José García García, junto con Elsa Makawa y Augusto Paredes, con un capital de 175 soles (US $ 47 al tipo de cambio actual). De acuerdo con el registro de Plantas de Beneficio del Ministerio de Energía y Minas, la empresa obtuvo permiso para procesar oro en 1996, con una capacidad instalada de 80 toneladas por día. Hoy, oficialmente ha expandido sus operaciones para procesar hasta las 340 toneladas por día; un poco menos del límite máximo para ser considerada pequeña minería.
Como parte de la serie investigativa ‘Dorada opacidad: mecanismos sobre el tráfico del oro latinoamericano’, Convoca.pe analizó la producción y exportación de oro en Perú, entre 2013 y 2023, y detectó que existen más de 3 mil toneladas exportadas a diversos países de origen desconocido si se compara con la cantidad declarada como producción.
Realizamos el mismo análisis para la minería a pequeña escala en la que oficialmente se encuentra Minera Laytaruma y encontramos que estos productores reportaron una producción de 99,73 toneladas con una exportación mucho mayor que llegó a 361,46 toneladas con destino a Estados Unidos, India, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Canadá, entre otros países, en el periodo 2013-2023.
En esos mismos años, Laytaruma exportó 275,97 toneladas de oro, valorizadas en más de 1.545 millones de dólares, según cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Hasta 2019, esta exportación tuvo como principal comprador a Suiza, adonde se enviaron 195,70 toneladas. Tras el escándalo del caso Metalor, en el que se denunciaba que esta refinería suiza compraba oro a mineros ilegales en Perú, el comercio se detuvo. A partir de entonces, Laytaruma comenzó a exportar a Estados Unidos (62,37 toneladas), Turquía (15,82 toneladas) y Emiratos Árabes Unidos (2,08 toneladas).
Laytaruma es tan importante en el comercio aurífero que su exportación declarada ante Sunat representa el 75% de todas exportaciones de oro de las empresas de la denominada pequeña minería entre 2013 y 2023.
La compañía peruana de los hermanos García aparece en el cuarto puesto del ranking de las exportadoras de oro más poderosas del país, junto a tres transnacionales de la gran minería: Compañía Minera Ares, propiedad de la británica Hochschild Mining; Minera Boroo Misquichilca, propiedad de la estadounidense Barrick Gold Corporation; y Minera Yanacocha, de la Compañía de Minas Buenaventura y capitales extranjeros. Laytaruma supera en exportaciones a otras empresas influyentes como Minera Buenaventura, Minsur y Aruntani.
Sin embargo, Laytaruma solo ha reportado producción a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas entre 2018 y 2023. De acuerdo a estos datos, sólo produjo 15,62 toneladas en total, mientras que exportó 155,55 toneladas en ese mismo periodo. Un desbalance de 140 toneladas que equivalen a más de 782 millones de dólares.
El gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes Campos, está convencido de que la diferencia entre producción y exportación de las compañías que se dedican al negocio del oro proviene de la minería ilegal.
“El 44% del oro que producimos tiene origen ilegal”, señala. Mientras que Fernando Gonzales, especialista de la misma institución, advierte que el mineral de oro que proviene de operaciones ilegales se mezcla con el oro legal durante la cadena de suministro debido a la falta de control de las autoridades. “En ese momento ya es muy difícil identificar qué es legal o qué es ilegal porque ya son un solo producto”, advierte.
Para este reportaje, nos comunicamos telefónicamente a lo largo de tres semanas con las oficinas de Laytaruma. Primero, nos dieron el teléfono de la asesora legal Paola Arce, quien no confirmó la entrevista. Tras insistir, nos prometieron que informarían a los representantes de la empresa para que se comuniquen con nosotros, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Cargamentos en el paraíso del descontrol
¿Cómo una empresa como Laytaruma que tiene capacidad para procesar solo 340 toneladas de mineral al día puede exportar mucho más oro de lo que declara? Convoca.pe registró más de 30 camiones con cargamento en un solo día con destino a las instalaciones de la planta de procesamiento de esta compañía, lo que en un cálculo modesto representa cerca de 650 toneladas si se considera un cargamento de 20 toneladas de mineral por cada camión.
Nuestro equipo periodístico armó una base de datos con la placa de los vehículos registrados para identificar a los dueños y la procedencia del cargamento. Esto nos permitió concluir cómo el mineral llega a la planta de Laytaruma desde diversas zonas del país, principalmente de Arequipa, la tercera región con más producción de oro reportada ante el Minem, pero también de Puno y de Pataz, provincia norteña de La Libertad con gran presencia de minería ilegal.
Laytaruma, al ser registrada como pequeño productor minero, debe de ser fiscalizada por el gobierno regional de Ayacucho y no por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que supervisa a la gran y mediana minería desde el gobierno central, de acuerdo a la legislación actual. Esto genera una gran ventaja a la compañía para realizar operaciones en medio de un territorio alejado sin control de las autoridades.
Sabino Estrada, quien fue director de Energía y Minas en el Gobierno Regional de Ayacucho hasta la primera semana de junio de 2024, aseguró a Convoca.pe que no hicieron ninguna fiscalización a Laytaruma en los dos últimos años. El presidente de la Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional de Ayacucho, Edward Huachaca, señaló que no se supervisó las operaciones de la empresa debido su lejanía con Huamanga, donde se encuentran las oficinas de la autoridades. Para llegar desde esa ciudad ayacuchana hasta la planta de Laytaruma hay que iniciar un viaje en vehículo de 12 horas como mínimo.
El gerente regional de Energía y Minas en Arequipa, Iván Prado, aseguró que durante muchos años hubo confusión sobre qué gobierno regional debía fiscalizarla debido a que la planta de beneficio se encuentra en el límite de Arequipa y Ayacucho. Esta ausencia de control ha permitido que la empresa siga operando bajo el paraguas de pequeño productor mientras exporta toneladas de oro como un gigante alimentado por el mineral explotado por cientos de personas de diversas regiones del Perú.
Pero Laytaruma no actúa sola, sabe cómo obtener información de primera mano para proteger su negocio millonario. Durante el gobierno de Ollanta Humala, cuando Daniel Urresti actuó como alto comisionado de Fiscalización de la Minería (2013 – 2014), hubo un intento de fiscalizar a la empresa porque las autoridades recibieron información de que Laytaruma compraba minerales sin un origen legal comprobable.
La información se filtró y el operativo se vino abajo. La empresa recurrió a acciones legales para frenar la supervisión alegando “abuso de autoridad”, según fuentes de Convoca.pe que conocieron de cerca esta situación.
Laytaruma ha dejado claro en papeles cómo sortear el control de las autoridades. En otra ocasión, representantes de la empresa se opusieron al proyecto de Ley N° 3478/1013-PE, enviado por el Ejecutivo al Congreso de la República el 9 de mayo de 2014, que proponía, precisamente, mayor fiscalización para las plantas de beneficio de la pequeña minería.
La iniciativa planteaba que toda planta de beneficio de la pequeña minería y minería artesanal, esté «obligada a verificar el origen de las sustancias minerales», y que los organismos de fiscalización ambiental, de seguridad y control laboral puedan inmovilizar, decomisar bienes y paralizar a las plantas que incumplan las normas, que atenten contra el medio ambiente o que no brinden condiciones mínimas a sus trabajadores.
De inmediato, José Zegarra Freund, actual gerente general de Laytaruma; y Alfonzo Arias Huánuco, actual gerente general de Exploraciones Andinas (empresa establecida por los fundadores de Laytaruma), saltaron de sus asientos y enviaron opiniones al Congreso rechazando la propuesta. De hecho, en la Memoria del Período Legislativo 2013 – 2014, figura entre los oficios y pedidos ciudadanos una carta a nombre de la propia Minera Laytaruma que formula la “oposición a debate y aprobación de Proyecto de Ley N° 03478-2013-PE”, de la empresa, y pide que se “disponga su archivamiento».
La iniciativa no prosperó y se quedó traspapelada en la Comisión de Energía y Minas.
Las otras concesiones mineras
Laytaruma también es considerado pequeño productor minero porque no tiene registrada más de 5 mil hectáreas en concesiones mineras. Esto le permite, de acuerdo con la Ley de Regalía Minera, no pagarle al Estado al menos 1% de sus utilidades a partir de los 60 millones de dólares de ingresos debido a que los llamados pequeños productores mineros están excluidos de este aporte.
La ley que crea el Impuesto Especial a la Minería también regula otra contribución que va del 2% al 8.4 % de las utilidades mineras, pero Laytaruma tampoco lo paga debido a que los pequeños productores mineros no están obligados a hacerlo.
Laytaruma no posee minas tituladas a su nombre, pero sí tiene vínculos directos con seis compañías que cuentan con siete concesiones que fueron establecidas por sus principales fundadores, de acuerdo con diversos documentos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos que fueron analizados por Convoca.pe. Las concesiones no cuentan aún con producción declarada pero acumulan más de mil 900 hectáreas, según la base de datos del Ministerio de Energía y Minas.
La principal empresa es Exploraciones Andinas, fundada en los años 90 por Luis Alberto, José, Alfonso Valmore y Jesús Ignacio García García, que comenzó con 20 mil soles de capital en 2011 y alcanzó los 4 millones de soles en 2016. La compañía tiene las minas San Antonia, Ashka y Tatiana 40, que suman 900 hectáreas concesionadas en Puquio, Lucanas (Ayacucho).
Le siguen Inversiones Oqueta, fundada el 16 de mayo de 2013 por los mismos empresarios, y cuenta con la mina Pullo Perú 2010, de 200 hectáreas, en Parinacochas, Ayacucho; Minera Abundancia SAC, establecida el 27 de octubre de 2009, con la mina Huilacro de 429,01 hectáreas, en Caylloma, Arequipa; y Exploraciones Porvenir SAC, fundada el 19 de diciembre de 2013, con la mina Huinllo Carrizal, de 400 hectáreas en Caravelí, Arequipa. Todas están ubicadas estratégicamente en provincias o localidades que pertenecen a las regiones límitrofes donde opera la planta de beneficio de Laytaruma.
Los hermanos García también fundaron las empresas Minerales Sur Andinos, el 3 de mayo de 2005, y Minera Molles SAC, creada el 28 de octubre de 2009. Sin embargo, estas no registran concesiones.
Laytaruma es una próspera empresa minera que tiene la habilidad de fabricar millones sin control y usar las normas para beneficio de su negocio.
El exgerente regional de Medio Ambiente de Arequipa y especialista en temas ambientales, Benigno Sanz Sanz, señala que los mineros mantienen su modus operandi debido a la nula capacidad de fiscalización de las autoridades regionales: no pueden sancionar a ningún minero o empresa que se dedique a la pequeña minería porque no han implementado el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), que implica la tipificación y cuantificación de las sanciones.
“No tienen la capacidad sancionadora, es decir que se señale el delito ambiental que se comete y una multa pecuniaria. De esa forma se podría garantizar que las empresas reparen el daño. De igual forma, pasaría en la cadena de producción y comercialización del oro”, añade.
Sanz señala que conseguir una trazabilidad del oro es utópico. “Dentro de la formalización minera se exigía a los mineros que saquen su Registro Único de Contribuyente (RUC), como primer paso para ser fiscalizados por la Sunat. Pero solo sirve para cobrar impuestos cuando se emite una factura. Sin embargo, en estos centros de minería informal e ilegal vemos muchos locales que compran oro de manera ilegal. Hay un lavado de oro y de impuestos increíbles, con facturas falsas. No veo cercana una forma de pararlo”, apunta mientras los cargamentos de mineral rumbo a Laytaruma no se detienen.
Actualización del reportaje: Lunes, 1 de julo de 2024.