Dayana Villamizar, a sus 24 años, es madre, hija, esposa, cabeza de su comunidad y migrante. Llegó a Colombia y especialmente a la región del Catatumbo en 2016, acompañada de su hija de un año, su madre y una prima, y empezó a descubrir habilidades hasta entonces inexploradas que le han permitido ser reconocida por los habitantes del asentamiento humano ‘10 de marzo’, en Tibú, como promotora de iniciativas ante la Alcaldía y entidades de cooperación.
Tibú es el municipio del departamento de Norte de Santander que comparte la mayor extensión de zona limítrofe con Venezuela. Está ubicado en la región del Catatumbo, a 158 Km de la capital departamental, Cúcuta, y cuenta con una población de 58 721 habitantes, según proyecciones oficiales del 2020[1]. El 36.6 % de la población reside en su zona urbana y el 47.4 % son mujeres. Estas cifras, sin embargo, no incluyen a los 5 656 migrantes y retornados[2], como Dayana, que se instalaron durante los últimos años en asentamientos humanos cercanos a la zona urbana, lugares en donde se establecen viviendas y refugios informales. Estas cifras son estimativos nacionales, pero realmente no existe un dato unificado debido al ingreso de población por pasos informales.
“Soy gestora comunitaria, trato de articular y poder sustentar a todas esas familias migrantes que pasaron por situaciones iguales a las mías, porque nosotros cuando llegamos aquí llegamos desde cero”, explica Dayana, sentada en la entrada de su casa, construida en madera, con techos de zinc y pisos en tierra, como muchas otras de la comunidad que la acogió tras su llegada.
El asentamiento cumplió tres años el 10 de marzo de 2021. Dayana calcula que alberga a 480 familias con cerca de 3000 personas, entre las que se encuentran mujeres embarazadas, niños, adultos mayores y madres cabeza de hogar, organizados en siete manzanas. Como asentamiento no han accedido a servicios públicos como alcantarillado, por lo que sus habitantes instalaron tuberías y construyeron tanques para el manejo de excretas. Tampoco cuentan con agua potable y, por ello, buscan abastecerse de piletas.
Dayana cuenta que su proceso no ha sido fácil. Así como encontró personas que la motivaron para trabajar con la comunidad y reconocieron su aporte social, otras pusieron en riesgo su seguridad y su vida, al punto de ser citada por grupos al margen de la ley para presentar descargos. “Empecé a recibir llamadas de amenazas donde me tenía que retirar de ser líder, tenía que salir de mi casa, de mi ranchito, que, si no renunciaba, me iban a matar y, después, como no quise hacer caso, empezaron a llamar a mis compañeras que, si no dejaban de trabajar conmigo, ellas también iban a ser declaradas objetivo militar. Las amenazas empezaron a partir del mes de abril del año pasado y hasta el sol de hoy todavía siguen”, afirma.
Dayana muestra las evidencias de estas amenazas, entre las que se encuentran capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp y audios intimidantes, pero prefirió no realizar una denuncia formal por la peligrosa situación en el territorio.
Estas amenazas reflejan la complejidad de una región que ha vivido en medio del conflicto colombiano, y donde la violencia se ha normalizado. El Instituto Kroc destaca en su IV informe de seguimiento al acuerdo de paz, que en la zona coexisten grupos armados al margen de la ley, entre los que se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), guerrillas, grupos paramilitares, además de miembros del Clan del Golfo y bandas criminales que buscan imponerse por medio de la fuerza para recuperar territorio y rutas de narcotráfico. Comunidades como la de Dayana se ven afectadas por esta situación.
Ella encontró en ‘10 de marzo’ a su coequipera Chely Ramos. Son dos mujeres que comparten mucho más que sus experiencias en Tibú. Algunos rasgos de sus vidas son similares: las dos son hijas de padres colombianos, tibuyanos en el caso de Dayana y costeños en el de Chely. Ambas nacieron en Venezuela, crecieron en Caracas y llegaron a Tibú por cuenta de la crisis en ese país. También comparten su sentido del trabajo social, que les ha permitido dar forma a la asociación ‘Mujeres guerreras de Dios’, que agrupa a doce mujeres migrantes (nacidas en Venezuela) y retornadas (colombianas de nacimiento que migraron a Venezuela y volvieron a Colombia), y abre sus puertas a mujeres colombianas que viven en el asentamiento para ayudarse entre todas y crecer en medio de la diversidad.
Las mujeres de la asociación buscan aportar al desarrollo de la región. “A veces nos buscan para que apoyemos a mujeres en veredas, para capacitarlas y contarles cómo trabajamos. Aunque no estamos constituidas, ya se conoce lo que hemos hecho por el asentamiento para que agarre valor”, dice Chely, quién actualmente es la vicepresidenta del asentamiento.
Chely ha sido el apoyo de Dayana, aun en los momentos de mayor temor. “Me uní con ella y éramos las dos contra el mundo, a mí también me llamaron y me amenazaron y me dijeron que si seguía trabajando con ella era objetivo militar, eso fue fuerte, no sabía qué hacer, si continuar o salirme, pero yo dije ‘nosotras no estamos haciendo nada malo, continuamos, bendito sea Dios’ y nos hemos venido conociendo con distintas ONG y organizaciones donde hemos podido traer a la comunidad varias ayudas”, explica.
Las historias de Dayana y Chely reflejan otras miradas de la migración, mujeres que enfrentaron crisis económicas en sus ciudades de origen y buscan nuevas oportunidades en una región en la que, a pesar del conflicto, esperan apoyar a quienes, como ellas, también están empezando de nuevo. Dayana, Chely y otras integrantes de la asociación ‘Mujeres guerreras de Dios’ compartieron sus historias en la cápsula ‘10 de marzo: una muestra del liderazgo de mujeres migrantes y retornadas en el Catatumbo’.
Catatumbo o la casa del trueno
Tibú es uno de los ocho municipios de la región del Catatumbo que fueron seleccionados para la implementación del acuerdo de paz, firmado entre el gobierno colombiano y las Farc el 24 de noviembre de 2016, buscando poner en marcha una hoja de ruta para recuperar las regiones más afectadas por el conflicto. El Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) del Catatumbo también incluye a Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata y Teorama.
Estos municipios representan el 42 % de la extensión del departamento de Norte de Santander, con 9.116 Km2 y una población de 144 103 habitantes, lo que equivale al 10.5 % de la departamental, según el estimativo realizado por RedConcerto a partir de cifras del Departamento Nacional de Planeación DNP. Quienes viven en esta región son conocidos como catatumberos y muchos no dudan en asegurar que tienen una identidad propia, que son hombres y mujeres fuertes que mantienen su herencia como habitantes de la casa del trueno, como se describe frecuentemente a esta zona por el fenómeno natural de los relámpagos del Catatumbo.
Históricamente, la región enfrentó la falta de inversión pública en sectores estratégicos como salud, educación, infraestructura vial y de servicios públicos, además de la pérdida de legitimidad y de confianza en el Estado, aspectos reconocidos por el gobierno colombiano en el acuerdo de paz. Adicional a todo lo anterior, presenta índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por encima del promedio nacional de 14.13 %. Tibú, si bien no es el municipio más afectado de la región, tiene un índice de 46.17 %, según mediciones oficiales de 2018[3].
A eso se suma que la huella del conflicto armado entre grupos armados al margen de la ley como Farc, ELN y EPL con el Ejército durante los últimos 50 años sigue presente en el imaginario colectivo. Es una realidad que muchos migrantes y retornados no dimensionan antes de su llegada. Dayana lo vivió: “Cuando dije en Cúcuta que iba para Tibú, todo el mundo decía que Tibú es peligroso, que no puedes salir y que matan a la gente, muchas cosas que me decían. Con miedo y zozobra, yo agarré mi bolso, mi maleta y mi niña, y llegué a Tibú a emprender, y me ha ido bien”.
Incluso son comunes los controles impuestos por grupos armados al margen de la ley. Un estudio de la ONG Human Rights Watch de 2019 explica que grupos armados regulan el acceso de venezolanos a zonas del Catatumbo y les exigen a los migrantes que presenten una “recomendación” de un colombiano si la persona quiere permanecer y trabajar en el municipio[4], como mecanismo de presión e intimidación, donde el colombiano respalda, incluso con su vida, la conducta del migrante. Para Mario Zambrano Miranda, director de ‘Cúcuta, ¿cómo vamos?’, “muchos no saben a qué se enfrentan, los migrantes que están dispuestos a trabajar en actividades agrícolas necesitan de un permiso, una carta del jefe X de uno de los grupos armados, donde piden a un colombiano que sea el “padrino” y, si esa persona comete un error, entonces asume la responsabilidad, y la responsabilidad es matar a la persona o matar al padrino”.
El problema de las estadísticas
A Dayana le ha ido bien, como ella misma asegura, pero otros migrantes venezolanos no han tenido tanta suerte. Uno de los problemas principales de la región, que dificulta la labor estatal y la entrega de ayudas a los migrantes, es que no hay certeza sobre las estadísticas y las entidades oficiales presentan datos que no coinciden los unos con los otros.
Las cifras sobre migrantes y retornados entregadas por entidades oficiales no concuerdan, el informe Refugiado y Migrante Plan de Respuesta 2020 RMRP[5] asegura que hay más de 2.6 millones de venezolanos en Colombia y destaca a la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) como uno de los principales recursos para el registro oficial, mientras el reporte de Migración Colombia 2020, citado por el Estatuto de Protección para Migrantes Venezolanos, destaca la presencia de 1 729 000 migrantes Venezolanos, donde más de 966 000 (56 %) se encuentran en condición irregular. Dayana lo comprobó: “Llegamos por la terminal, por San Antonio, no teníamos pasaporte, entré con mi cédula acompañada de mi hija y mi prima, porque mi mamá sí es colombiana”, dice.
El Triage Poblacional, realizado por el Departamento Nacional de Planeación[6], estima que en el Catatumbo hay 8933 migrantes provenientes de Venezuela, del total de 1 488 373 registrado a nivel nacional para zonas PDET. Estas cifras ubican a la región como la tercera con mayor incidencia de la migración, superada por la Sierra Nevada del Perijá (110 475) y Arauca (15 924).
Las autoridades regionales reconocen las dificultades para identificar y caracterizar a la población migrante y retornada. En especial, porque muchos ingresan por puntos informales (trochas) que no son tenidos en cuenta por el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos que realiza Migración Colombia, la entidad gubernamental encargada del tema.
Víctor Bautista Olarte, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de la Gobernación de Norte de Santander, reconoce cómo estas dinámicas fronterizas afectan las cifras a pesar de los esfuerzos de las entidades oficiales. “Realmente no sabemos más allá de la cifra de 197 000 migrantes venezolanos que tiene el departamento. En algunos casos puede haber bajado por los efectos de la crisis económica provocada por el COVID-19 y las restricciones que ha tenido el sector informal laboral”, dice.
El apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha permitido realizar otras estimaciones, pero falta compilar las cifras para establecer una radiografía migratoria a partir de los datos de cooperación.
En medio de la dispersión de información, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha realizado sus propios análisis. En 2019 estimó que 25 000 venezolanos viven en zonas urbanas de El Catatumbo, especialmente en los municipios de Tibú, El Tarra, Convención, Sardinata, Ocaña y Abrego. Y agregó que, “las mujeres, niños y niñas migrantes en esta región viven en condiciones precarias o hacinamiento”[7].
Discriminación y violencia de género
Dayana también explica que una de las situaciones que ha experimentado en su estadía en el Catatumbo es la estigmatización. Es un problema común: el 66 % de las personas que participaron en la encuesta de percepción ciudadana ‘Cúcuta, ¿cómo vamos?’ en 2018[8] definieron la migración como una amenaza. Además, solo el 37 % indicó que le recomendaría al Estado brindar una atención básica de albergue y alimentos a los migrantes, y una cifra incluso menor pidió que se les prestara atención en salud y educación. El 20 % defendió que el Estado no hiciera nada.
Varias de las integrantes de la asociación ‘Mujeres guerreras de Dios’ han vivido esa estigmatización. María Alexandra Durango Vila, actual secretaria de la organización y quien completa cinco años en Tibú, menciona que “sabemos que denigran mucho a la persona venezolana por algunos casos que han sucedido de personas que vienen con malas intenciones, nosotras tratamos de apoyar a las personas a las que en muchas partes le dan la espalda por ser migrantes”.
Además, en muchos casos la discriminación hacia las mujeres migrantes y retornadas se asocia al trabajo sexual y las convierte en víctimas de violencia sexual. María Claudia Linares, experta en memoria histórica y construcción de paz, destaca que “al tratarse de mujeres jóvenes, los mayores riesgos están ligados a violencia sexual, estructural y económica, que les excluye de oportunidades para la generación de ingresos de manera digna y les condena a la pauperización o la muerte, además de la violencia cultural, que las coloca en una posición de dependencia y minusvalía”.
Muchas también son víctimas de violencia basada en género. Aunque no se cuenta con cifras para el Catatumbo, el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander (OAGNS) ha identificado desde su plataforma 723 casos de violencia de género, que corresponden en un alto porcentaje a mujeres migrantes, quienes enfrentan problemas físicos, psicológicos, sexuales y económicos, marginalización y exclusión. “Muchas mujeres migrantes son víctimas de violencia obstétrica, niñas de 14 años han quedado embarazadas durante la pandemia y es posible que haya configuración de violaciones,” puntualiza Gabriela Chacón, codirectora de OAGNS[9].
Las integrantes de la asociación ‘Mujeres guerreras de Dios’, la organización que fundaron Dayana, Chely y María Alexandra, buscan sobreponerse a la falta de oportunidades y a las barreras para su autonomía económica. Muchas trabajan en el sector informal, ya sea en servicio doméstico, cuidado de niños, ventas de comida o ropa, y arreglo de celulares. Ellas se han convertido en puente para acercar la oferta de apoyo de cooperación internacional para migrantes y retornados.
Sin embargo, ellas no son las únicas que tratan de cambiar la situación regional para las mujeres migrantes. La investigadora colombiana Solka Agudelo, quien vivió muchos años en Venezuela, destaca la existencia de “redes de solidaridad” entre las mujeres de la región. Muchas más transforman las comunidades que las acogieron desde su propio proyecto de vida. Este es el caso de Shelcy García, una joven que demuestra que la transformación social empieza por descubrir qué puede aportar y asumirlo.
Shelcy ve en la participación juvenil la oportunidad de dar a conocer otra cara del Catatumbo. Por eso hace parte de un colectivo que le apuesta a la producción de contenidos comunicativos en el municipio de Sardinata, un espacio que fortalece las capacidades de los jóvenes. “Considero que somos clave en una sociedad y como jóvenes migrantes tenemos la oportunidad de dar a conocer las cosas bonitas que hay en el Catatumbo, hay personas increíbles y lugares maravillosos”, dice.
En el colectivo, Shelcy comparte sus intereses con otras jóvenes retornadas. “Cuando conoces a otra persona que atraviesa tu misma situación de una vez te interesas en saber cómo está”, dice. Ella busca continuar su proyecto de vida desde la universidad, donde estudiará Comunicación Social, para aportar como joven a la transformación social del Catatumbo.
Un fenómeno sin nacionalidad
Aunque existe una amplia normatividad en Colombia frente a migración, entre la que se destaca el Estatuto de Protección para Migrantes Venezolanos y, anteriormente, el ‘Conpes 3950: Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela’[10], que define mecanismos para “fortalecer la gestión del desarrollo, integración fronteriza y soberanía nacional, reducir las brechas socioeconómicas de las zonas de frontera con el resto del país, promover condiciones que permitan el crecimiento sostenible de las regiones de frontera, integrar los territorios fronterizos entre sí con la nación y países vecinos y fortalecer la identidad, cosmovisión y organización social y política”, a la fecha no se ha generado una atención con enfoque de género.
Según Mario Zambrano, director de la plataforma ‘Cúcuta, ¿cómo vamos?’[11], “al Conpes le faltan dientes, no tiene enfoque de género, ni recursos, ni una visión de largo plazo, se mira como un gasto social y no como una oportunidad de inversión. Lo otro es que a pesar de que el Estado tiene la intención, ha trasladado la responsabilidad a la cooperación internacional, pero la participación de la administración pública es limitada”.
Por su parte, la experta en construcción de paz María Claudia Linares hace énfasis en que “este es un asunto de humanidad, de nuestra sobrevivencia y desarrollo como especie. Reconocer el rol, los aportes y potencialidades de las mujeres, las otras, de otro lado, de otra condición, es reconocernos a nosotras, en ellas. El enfoque de género es la herramienta de diseño de política que facilita este acercamiento”.
Hasta el momento, el asentamiento ‘10 de marzo’ no ha recibido apoyo directo del Estado. Desde su rol como presidenta, Dayana ha logrado canalizar asistencia humanitaria de entidades de cooperación internacional, garantizando el acceso a control prenatal, exámenes, medicamentos y kits a mujeres migrantes en gestación, y una donación de Médicos Sin Fronteras que incluyó la entrega de filtros de agua, recipientes de 60 litros y kits de limpieza para cada casa.
Esta situación se repite en otros municipios. Ante las limitaciones propias de los recursos públicos para atención humanitaria, las mujeres migrantes y retornadas han sido apoyadas por algunas de las 57 organizaciones internacionales y de cooperación con presencia en El Catatumbo, que acompañan la respuesta migratoria y hacen parte del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM),[12] articulando la asistencia humanitaria de emergencia y generando reportes a nivel internacional.
La Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional de la Gobernación insiste en abordar la respuesta institucional ante la migración como un fenómeno que no tiene nacionalidad. “La mejor forma de gestionar la crisis migratoria es no colocándole banderas a la asistencia, muchos de los cooperantes están concentrados en zonas marginadas donde hay población colombiana, retornada y migrantes llevando atención en salud, asistencia humanitaria y caracterización de población menor vulnerable para que entre en el sistema escolar”, asegura Bautista.
Las entidades oficiales, agrupadas en el Puesto de Mando Unificado (PMU) Frontera, buscaron durante 2020 aumentar su presencia en la región. “Sabíamos que la migración se iba a desbordar sobre las zonas rurales y esas esponjas de las zonas de cultivo de uso ilícito iban a absorber al flujo migratorio”, afirma. “Trabajamos una caracterización de la región y profundizamos en la situación de Tibú especialmente en las zonas rurales”.
Mujeres retornadas
A pesar de estos avances, en la región aún se debe trabajar en la atención especial para mujeres migrantes y retornadas. “Es indispensable que toda acción, medida, programa o política de atención humanitaria a población migrante o retornada, incluya el enfoque de género y de interseccionalidad, como herramienta que permite identificar esas necesidades, capacidades e intereses diferenciados para una respuesta social y estatal integral y efectiva”, destaca María Claudia Linares.
Hasta ahora se ha dado un primer paso: lograr que el tema sea reconocido. Sin embargo, aún está distante el momento en el que Dayana, Chely, María Alexandra y Shelcy cuenten con una atención orientada a mujeres.
Esto lo sabe Rosalba Restrepo Rodríguez, la mamá de Dayana y quien apoya la preparación de los alimentos cuando la asociación se reúne. Ella reconoce la importancia de las labores de cuidado realizadas por las mujeres y recuerda cómo, durante el periodo de amenazas contra su hija, la acogió nuevamente en su hogar. “Yo la apoyé mucho con todos estos problemas, ella siempre contó con su mamá, la traje para acá para que pudiera dormir y no le fuera a pasar nada en su casa”, dice.
Rosalba nació en Tibú, migró a Venezuela ante los efectos del conflicto en el Catatumbo y retornó a su municipio después de 28 años; como ella, miles de colombianas están regresando a sus municipios de origen.
La investigadora Solka Agudelo retoma estas historias[13]. “Nuestra legislación reconoce el desplazamiento forzado como un fenómeno interno; el desplazamiento forzado transfronterizo no existe y la mayoría no tienen un reconocimiento por parte de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas”.
Como la situación no se reconoce, tampoco existe un censo. “Hay cifras desde la academia que hablan de más de 5000 personas que cruzaron desde El Catatumbo hacia Venezuela entre 1999 y 2003 ante la violencia en la región y actualmente muchas están retornando”, asegura, recordando los rostros de cientos de mujeres víctimas retornadas con las que compartió durante varios meses.
La asociación ‘Mujeres guerreras de Dios’ cuenta con víctimas retornadas. Su trabajo ha permitido apoyar a mujeres en su misma condición, quienes en muchas oportunidades prefieren presentar documentos venezolanos para acceder a asistencia humanitaria ante las dificultades para apoyo estatal y actualmente forman parte de los asentamientos como ‘10 de marzo’. “Se conocen casos de mujeres víctimas retornadas que están en la informalidad o han sido víctimas de redes de trata de personas o de prostitución; pero muchas otras se han organizado y desarrollan labores artísticas y de narración oral como parte de la necesidad de contar sus historias”, concluye Solka.
Frente al tema, María Claudia Linares insiste en la necesidad de acompañar al Gobierno nacional en la inclusión de la población retornada víctima del conflicto armado en la reglamentación y en el desarrollo de programas y medidas que reconozcan sus particularidades y aporten a su protección y desarrollo humano.
Esta situación no ha sido abordada desde el Estado en Norte de Santander, pero varios sectores de la población empiezan a hacerlo visible. “Yo creo que es importante visibilizar a las mujeres víctimas en situación de retorno que son las más olvidadas dentro de las olvidadas”, afirma Solka.
Las historias de vida de Dayana, Chely, María Alexandra, Rosalba en Tibú y Shelcy en Sardinata y los aportes de Solka desde la investigación confirman que más que tratarse de migrantes, retornadas o colombianas, ellas son mujeres que quieren transformar realidades en una región en donde la migración empieza a ser vista como una oportunidad para acompañar a las mujeres en su propósito de empezar de nuevo.
Conozca un poco más sobre estas experiencias en la cápsula Mujeres que asumen la migración y el retorno.
Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR), la Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), como parte del proyecto ‘Pistas para narrar e investigar la migración’. Las opiniones presentadas en este artículo no reflejan la postura de estas organizaciones.
[1] Ficha de caracterización territorial TerriData elaborada por el Departamento Nacional de Planeación DNP. https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/54810
[2] Triage poblacional realizado por el Departamento Nacional de Planeación DNP sobre las regiones priorizadas para la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. https://triagepoblacional.com.co/PDET/MPV/2018
[3] Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 2018. Censo DANE. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
[4] «La guerra en el Catatumbo», https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/colombia0819sp_web_0.pdf
[5] Eduardo Stein, «RMRP 2020 – Plan de Respuesta Para Refugiados y Migrantes de Venezuela (mayo 2020) – Revisión – Colombia», ReliefWeb, 9 de julio de 2020, https://reliefweb.int/report/colombia/rmrp-2020-plan-de-respuesta-para-refugiados-y-migrantes-de-venezuela-mayo-2020
[6] «Triage Poblacional», https://triagepoblacional.com.co/PDET/MPV/2018.
[7] «La guerra en el Catatumbo».
[8] «Cúcuta, ¿cómo vamos?». https://www.cccucuta.org.co/media/PDF_COmunicaciones/cucutacomovamos.pdf. pp. 54.
[9] Boletín 2 Observatorio de Asuntos de Género Norte de Santander https://www.oagnds.org/boletin-no2/ Informe conjunto con Observatorio Dinámicas Territoriales y de Frontera. https://772db612-a045-426c-bc86-06e0c7f17d2f.filesusr.com/ugd/c4bb01_b0a5d8a033e84f6fb2e6c4f4d3a4d8f6.pdf?fbclid=IwAR2uH5qh7LJC4TmxzISYu690MBZD3cohRnty17Z60rUoiEfpNLmDLrLDlCs
[10] «Documento Conpes: Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela», Cancillería, 27 de noviembre de 2018, https://www.cancilleria.gov.co/documento-conpes-estrategia-atencion-migracion-venezuela.
[11] Alianza entre la Cámara de Comercio de Cúcuta, Universidad Libre, Diario La Opinión y Fundación Corona que hace parte de la red nacional de ‘Ciudades, ¿cómo vamos?’
[12] Agrupa los organismos internacionales y de cooperación que adelantan acciones en las regiones con mayor impacto del fenómeno migratorio en Colombia. https://reliefweb.int/organization/gifmm
[13] ¿A dónde van? Relatos transfronterizos. Investigación apoyada por la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la Agencia Alemana de Cooperación GIZ y el Comité Permanente de Derechos Humanos CPDH. Capítulo Norte de Santander. Septiembre de 2020.