Son las 11:30 de la mañana del miércoles 5 de septiembre de 2018. Cerca de 900 estudiantes del megacolegio Denzil Escolar de Riohacha en La Guajira, al norte de Colombia, salen de sus salones de clases directo al comedor escolar a recibir el almuerzo que ofrece el gobierno a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Es un menú casero y balanceado. Básicamente arroz, lenteja, carne y tomate. El salón de eventos se vuelve comedor y los primeros en ser atendidos son los menores entre seis y ocho años de los primeros cursos de primaria. Entre su algarabía, los niños esperan los platos de comida en sus sillas.
“Todos los días es un menú diferente, pero siempre incluye todos los grupos de alimentos, proteínas, frutas, verduras y cereales”, aclara la coordinadora del Programa de Alimentación Escolar en el plantel educativo, Lily del Carmen Cabrera Brito. Ella es también la coordinadora de Convivencia y resalta que el servicio mejoró mucho este año porque fue asumido por el Plan Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, en el contexto de la intervención que el gobierno de Juan Manuel Santos planteó desde febrero de 2017 para los servicios de educación, salud, y agua potable en el departamento de La Guajira.
Le aclaro que el tomate que se comieron los niños y jóvenes del Denzil Escolar de Riohacha, hace parte de los 800 kilos de verdura que el PMA le está comprando a los excombatientes de las FARC que están asentados en la granja Nueva Colombia, situada en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación que se creó en la vereda Pondores, del corregimiento de Conejo, en el municipio de Fonseca. Y que ahora son 220 integrantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en desarrollo de proyectos productivos en la tardía empresa de implementación del proceso de paz de 2016.
A su gesto de asombro, añade uno de aprobación y comenta: “Me parece una gran idea, porque cambiaron sus armas por los cultivos, y además tienen cómo subsistir y sostener a sus familias”. Diomedes Antonio Ordoñez de La Cruz es el único rector que ha tenido el megacolegio Denzil Escolar desde su fundación hace 20 años. Tampoco sabía de dónde venía el tomate de los almuerzos, pero aclara que las cuatro sedes de la institución suman 3.500 niños y jóvenes que reciben esa ración en su alimentación cotidiana. Y luego agrega analítico: “el agro se ha olvidado de este país. Me parece bien que los excombatientes hagan uso de las tierras productivas”.
El PMA llegó a La Guajira en julio de 2017 para operar el Programa de Alimentación Escolar. Su representante en Colombia es Deborah Hines, quien recalca que “el propósito de la organización es dinamizar la economía de la región, brindar asistencia técnica a pequeños productores agrícolas y apoyar al gobierno de Colombia en sus esfuerzos por construir un futuro sostenible y en paz”. Revela que a la granja Nueva Colombia también le compran 5.000 unidades de banano semanales para incluir en la alimentación de 40.000 niños y niñas de 13 de los 15 municipios del departamento.
Deborah Hines insiste que el Programa de Alimentación Escolar a cargo de PMA en La Guajira se basa en el impulso de la economía local para garantizar ingresos entre los grupos más vulnerables al hambre y la pobreza: las familias rurales. Su comentario resalta lo que es importante, la estadística que señala que del primero de enero a finales de octubre de 2018, han fallecido por desnutrición o causas asociadas a esta tragedia e irresponsabilidad social en La Guajira, unos 39 menores. En los dos últimos años, la cifra llega a 127 niños y niñas fallecidos, en su mayoría indígenas wayuu.
La tierra fértil del posconflicto
El tomate y el banano que diariamente llega a los colegios guajiros se cultivan en las tierras fértiles de Conejo, donde la economía principal de sus 2.000 habitantes, es la ganadería y la agricultura. En la región se cultiva también café, plátano, yuca, guineo, malanga, maíz y árboles frutales. Las cosechas se venden principalmente en el mercado local de Fonseca y en los vecinos municipios de Distracción y Barrancas. En el proyecto se desarrolla la granja Nueva Colombia del ETCR de Pondores, trabajan unidos 30 excombatientes de las FARC y 12 personas de la comunidad que diversifican su producción.
Wilfran Martínez Rodríguez es representante legal de la Cooperativa Multiactiva para la paz de Colombia, COOMPAZCOL, que apoya este y otros proyectos productivos en Pondores. Primero aclara que son 25 hectáreas en las que cosechan tomate, plátano, pimentón, y algunos experimentos para sembrar fríjol, yuca y maíz. “Se hace para fortalecer la granja y vincular más personas”, expresa desde el presente que construye porque no le gusta hablar del pasado, fueron 19 años alejado de la vida civil. Es indígena kankuamo, de las estribaciones de la Sierra Nevada, en el Cesar, y allá hizo parte del frente 59.
Este excombatiente ha tenido capacitación permanente del Sena y el PMA, que además le han aportado insumos y semillas. Todo hace parte de uno de los proyectos financiados a través del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto en Colombia. “Un ejemplo de iniciativa exitosa y resultados concretos de miembros del ETCR en La Guajira para la reincorporación de sus excombatientes”, como lo vaticinó la representante especial adjunta de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, Jessica Faieta, durante la inauguración de la granja Nueva Colombia en mayo de 2018.
En el informe anual del Fondo Multidonante correspondiente a 2017, quedó registrado que se aprobaron 25 nuevos proyectos y que se recibieron contribuciones por US$25.8 millones. “Nada de estos proyectos habría sido posible sin el apoyo financiero y técnico de los donantes del Fondo, gracias a los cuales se movilizaron durante los dos primeros años, US$80.5 millones”, concluye el documento. Son los caminos oficiales en los que existe la convicción de que las cosas se hacen bien, aunque se reconozca también que todo va muy lento.
Costuras que han sanado heridas
La transformación de las vidas de los excombatientes de las FARC en el ETCR de Pondores en La Guajira, se evidencia otro proyecto productivo que se consolida: la fábrica de confecciones Fariana, uno de los 37 emprendimientos priorizados de todo el país, en el que se desarrolla con eficacia una coordinación tripartita entre FARC, gobierno a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Agencia de Renovación Social y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Mujeres como Dalis María Cujía cumplen su sueño de diseñar y coser prendas de vestir.
Paradójicamente, Dalis María Cujía llegó a Conejo desplazada en 2005 por las FARC. “Me vine de San Juan del Cesar para acá, porque un comandante de la guerrilla me dijo que se quería llevar mis hijos, porque el grandecito ya podía coger un fusil y el menor se podía entrenar”, refiere y luego destaca que nunca pensó que en Conejo se iba a volver a encontrar con el mismo hombre. Cuando los excombatientes llegaron en diciembre de 2016, frente a frente volvió a enfrentarse con el jefe guerrillero que la sacó corriendo de su tierra.
“Lo vi en la vía, luego llegó al lado de mi casa y hablamos. Le dije que por su culpa me había ido del pueblo. Él contestó que eso había quedado en el pasado y que nunca había pensado en llevarse a mis hijos porque la guerra se acabó”. Ese encuentro bastó para que Dalis María Cujía soltara el miedo. “Después lo perdoné porque ahora sé que ellos cometieron errores, pero son colombianos, dejaron sus armas, y soy testigo de que cambiaron sus vidas”, puntualiza mientras cuenta que por eso acudió a la convocatoria que hizo el Sena de un curso de costura para los excombatientes.
En agosto de 2018, junto a otras 15 personas entre excombatientes, sus familiares y miembros de la comunidad de Conejo, Dalis María Cujía cursó todo el aprendizaje impartido para el manejo de 20 máquinas de coser, entre planas, fileteadoras, botonadoras u ojaladoras, y ahora es una de sus operarias y gestoras principales. El proyecto fue calificado por la Misión de Observación de la ONU como de “impacto rápido”, con aporte de financiación sueco, en el contexto de enfoque diferencial del Departamento de Asuntos Políticos de la misma organización mundial.
Con el economato del ETCR de Pondores en plena actividad, el experimentado sastre de las FARC, Diosenel Criado, impartió algunas clases con las máquinas de coser clandestinas que en los días de la confrontación utilizaron para confeccionar camuflados, carpas, equipos de guerra, sudaderas, hamacas, gorras y hasta sombreros. Las mismas máquinas que tenían que esconder y mover a prisa en mulas cuando sentían a los militares en el monte. Diosenel sí le complace hablar de los tiempos de la guerra, primero en el frente 41 en el Cesar y luego en el frente 59 en territorio guajiro.
“Los primeros tres años fui militar y luego pasé a la sastrería porque ya traía ese conocimiento”. Cuenta que los tiempos de Uribe, cada dos o tres meses había que mover la fábrica de confecciones. “Ya en la era Santos estuvimos más estables, aunque cuando en la mesa de La Habana las cosas se ponían patas arriba, era otra vez a moverse. Cuando ya dijeron que había paz, recogimos todo para entrar a la legalidad”, resume su posición. Ahora, con maquinaria nueva, junto a su esposa Janeidis Martínez, de quien se enamoró en una fábrica clandestina, quiere demostrar sus condiciones de sastre.
Diosenel Criado asegura fue él quien diseñó y cosió el atuendo que lució el jefe del Secretariado de las FARC y negociador en La Habana, Iván Márquez, durante la inauguración de los diálogos de paz con el gobierno Santos en Oslo (Noruega) en octubre de 2012. Y que además le confeccionó muchas de sus camisas y pantalones. “Es exigente, le gustan las prendas bien elaboradas, por eso las hacía yo mismo”. Enfatiza que las máquinas que donaron las Naciones Unidas son sofisticadas, pero en los días de la guerra también aprendió a hacer mantenimiento a las suyas y sabe cómo funcionan todas.
Además de las prendas que ya se venden, el tiempo alcanza para hacer dobladillos y arreglar camisas y pantalones de los soldados y policías que hacen parte de los esquemas de seguridad de la ETCR de Pondores. “Hasta las carpas donde se alojan han sido cosidas”, recalca el sastre exguerrillero, que califica todo como parte de los actos de reconciliación que solo se han podido dar gracias a la firma del proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Como lo especificó la jefa de la Oficina Regional de la Misión de la ONU, Anna Pont, el día de la entrega de las máquinas, escuchando al sastre se explica porque puede ser “un esfuerzo sobresaliente con enfoque diferencial”.
Incumplimientos y esperanzas
El sábado 4 de agosto, en la institución educativa de Conejo, se dieron cita líderes, víctimas, excombatientes y campesinos, para evaluar el año de convivencia democrática en la vereda Pondores. La entrega de armas se hizo justamente en el Espacio Territorial de Reincorporación en el mismo sitio el 15 de agosto de 2017. Por eso, los líderes de las comunidades Las Bendiciones, Quebrachal, Confuso, Trigo, El Puy, Haticoviejo, Puyalito y Cardonalito también acudieron. Y la primera conclusión de unos y otros es el incumplimiento de los acuerdos o al menos los atrasos claros en la implementación de la paz.
“Aunque resaltamos la labor negociadora del gobierno que firmó un proceso de paz, que permitió traer paz a estas tierras, se debe invertir mucho más en proyectos productivos de formación e inversión en el campo, porque las comunidades siguen sin vías, colegios o puestos de salud”, abrió el debate Andrea Cabrera, de las comunidades de la región. Yileides Gámez Rosado, representante de la Asociación de Usuarios Campesinos, respaldó su reclamo y pidió condiciones para cerrar las brechas sociales y atender las necesidades de la gente.
Richarli, excombatiente de las FARC con autoridad en el ETCR de Pondores, fue claro en advertir que la guerrilla ha cumplido con lo que pactó, pero el gobierno ha traicionado su palabra. “Resaltamos el apoyo solidario de organizaciones como ONU, FAO, Sena, Pastoral Social, la comunidad sueca, alemana y noruega, entre otras, pero tenemos incertidumbre, por ejemplo, respecto al proyecto de construcción de 350 viviendas para excombatientes de La Guajira y el Cesar, que debe desarrollar al gobierno a través de la autoconstrucción, pero que creemos aplazó porque entró en el centralismo y las leguleyadas”.
El balance de la Agencia de Renovación del Territorio es que en Conejo se han ejecutado varios proyectos, como el mejoramiento de la planta física del puesto de salud, con una inversión de $18.662.885 y el mantenimiento de cinco kilómetros de vía entre la población y las veredas Las Bendiciones y Puerto López, donde se invirtieron $158.698.701. Igualmente, que se han desarrollado iniciativas como la vía entre las veredas Pondores, Granadillal y Lourdes, que costó $64.718.889, así como la vía a Las Marimondas por valor de $149.819.242.
Esas obras fueron ejecutadas por el PNUD y la fundación Génesis, aunque hacen parte de las estrategias de la Agencia de Renovación del Territorio y no están incluidas en el Plan de Desarrollo Territorial de la administración local. En octubre de 2017, en cumplimiento de lo establecido en el punto primero del Acuerdo Final de La Habana sobre Reforma Rural Integral, cuyo compromiso central es la transformación estructural del campo colombiano, los programas con enfoque territorial de las comunidades de La Paz (Cesar) y Fonseca (La Guajira), aspiran a beneficiar apenas a unas 1.500 personas.
Conejo, referente nacional de paz
El corregimiento de Conejo está situado a unos 14 kilómetros de la cabecera municipal de Fonseca y a hora y media de Riohacha. Según la Fundación Paz y Reconciliación, el frente 59 de las FARC, conocido como Resistencia Guajira, tuvo activa presencia en la zona. Su propósito fue unir el potencial de resistencia de los wayuu, wiwa, negros y mestizos. Tuvo mucha influencia en Barrancas, El Molino, Riohacha, San Juan del Cesar, Urumita, Villanueva, Albania, Dibulla, Distracción, Fonseca, La Jagua del Pilar y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Su último comandante fue Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias ‘Leonardo Guerra’, quien tuvo a su cargo unos 300 hombres. La zona rural de Fonseca siempre fue territorio clave por estar rodeado por la serranía del Perijá y la frontera con Venezuela. El 18 de febrero de 2016, el corregimiento de Conejo, situado a escasos kilómetros de Fonseca, salió del anonimato. La cúpula de las FARC, junto a unos 500 hombres armados, se dio cita en el lugar para realizar un acto público de sensibilización sobre el proceso de paz de La Habana.
Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Jesús Santrich y Joaquín Gómez llegaron en un helicóptero negro. Delegaciones del Magdalena, Cesar, Bolívar, Córdoba y Sucre llegaron en por lo menos 20 buses. Aunque desde las seis de la mañana quedó habilitada la tarima, son sonido y auditorio de sillas, en la medida en que fueron interviniendo los representantes de las comunidades campesinas, el lugar se fue llenando. Mucha gente apareció con banderas blancas o de Colombia, en señal de apoyo al proceso de paz. A unos dos kilómetros de distancia se mantuvieron los miembros del Ejército.
“No se movieron de su sitio, tampoco requisaron a nadie ni preguntaron para dónde íbamos”, comentó un morador de Conejo. A pesar de lo sorpresivo, hubo buena organización y se alcanzaron a desarrollar presentaciones folclóricas, grupos musicales y hasta una Eucaristía. Pero mientras en La Guajira el hecho no pasó de asunto novedoso, a nivel nacional, y especialmente en Bogotá, el suceso causó revuelo. Se habló de Conejo sin conocerlo. Nadie agregó a su reporte que allí se celebra un festival del café o que se hacen concursos de piquería, muestras artesanales y muchos otros actos de integración familiar y paz.
En septiembre de 2018, el nombre de Conejo, que había sido estigmatizado como una población que permitía congregaciones de la guerrilla, volvió a ser noticia nacional porque su Biblioteca Pública Rural recibió del Ministerio de Cultura, un reconocimiento especial en el marco del Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Samper Ortega. Según el jurado que le otorgó el galardón en 2014, esta biblioteca se destaca por el trabajo que hacen sus jóvenes en actividades de lectura y escritura a través de la recuperación de la tradición vallenata como expresión cultural de identidad”.
En esa misma localidad de La Guajira, hoy reconocida “por sus expresiones culturales en un entorno en el que históricamente vivió la violencia armada”, desde hace dos años representa uno de los puntos geográficos en los que se formalizó el reagrupamiento territorial de los excombatientes de la guerrilla. Pero ni siquiera esta condición le ha permitido a Conejo alejarse de los focos del escándalo mediático. Durante las festividades del fin de año en 2016, el mismo año de la firma de la paz, al ritmo de los vallenatos de Diomedes Díaz, los exguerrilleros celebraron hasta el amanecer del primero de enero.
En vez de celebración en sí misma, el hecho se volvió escándalo porque verificadores de la ONU se sumaron al baile. Hasta la propia ONU terminó calificando lo sucedido como inapropiado. En contraste, para Benedicto González, integrante de las FARC, fue la demostración de que la paz había llegado. “Hicimos buñuelos, natilla y una comida para la noche. Todo con gran entusiasmo porque era nuestro último fin de año como organización armada y esperábamos que el siguiente seríamos tratados como ciudadanos en ejercicio, como dice el acuerdo de paz”, observó el exjefe guerrillero.
En medio de su celebración llegaron los miembros de la ONU, como lo hacían cotidianamente desde que se establecieron en el punto de reagrupamiento temporal. “Ellos estaban cumpliendo su labor de veedores y, en un gesto espontáneo, las guerrilleras los tomaron de la mano para bailar un disco. Aceptaron porque se contagiaron de la alegría que sienten las personas en cualquier parte del mundo cuando se acaba un año y se le da la bienvenida a otro”, agregó Benedicto González al advertir que los medios de comunicación le dieron otra presentación inadecuada que provocó el escándalo.
De igual manera, en febrero de 2017, unos 220 hombres y mujeres de las FARC bajaron de la zona de reagrupamiento hacia el Punto Transitorio de Normalización en Pondores, y aunque lo hicieron con sentimientos de temor y nostalgia, también hubo manifestaciones de alegría. En esa ocasión los acompañó el comandante y jefe negociador en La Habana, Iván Márquez. A su llegada a Pondores, el jefe guerrillero expresó: “Este es el comienzo de la gran marcha de la esperanza del pueblo colombiano”. Una vez más acudieron los medios de comunicación para registrar el suceso sin mayor contexto sobre su significado.
En agosto de 2017, Conejo volvió a ser protagonista. Ese día se entregaron los últimos dos contenedores con armas de las FARC, y en esta ocasión el presidente Juan Manuel Santos acudió a Pondores. “Comienza ahora la construcción de un nuevo país”, fue su saludo a los asistentes. Los miembros de las FARC lo escucharon con banderas blancas y rostros esperanzadores. “Fue una labor titánica que se logró en tiempo record, solo ocho meses después de la firma del acuerdo y a pesar de todos los atrasos y demoras que hubo en los puntos transitorios”, puntualizó el entonces Jefe del Estado.
Continúa la esperanza
A pesar de la desesperación de las comunidades de Conejo, que no ven las realidades prometidas y constatan la insatisfacción de los excombatientes respecto al futuro de los diálogos, la implementación de los acuerdos en Pondores ha sido considerada como relativamente exitosa. “En este territorio no hay disidencias, no hay hostigamientos o asesinatos de excombatientes, ni presencia de rentas ilícitas en torno a los dos Espacios Transitorios de Capacitación y Reintegración”, es el comentario de Luis Fernando Trejos Rosero, profesor investigador de la Universidad UnCaribe.
“Pero se necesita el concurso de las administraciones locales y las gobernaciones para implementar políticas públicas que concreten la convivencia y la reconciliación, y que adicionalmente lleven oferta institucional a los territorios afectados por la violencia directa. En pocas palabras, voluntad política para construir la paz en los territorios rurales. Eso sí, casi nadie duda de los beneficios de la paz. El fin de las acciones armadas ha abierto el territorio nacional”, agrega Trejos Rosero que resalta como las comunidades han podido quitarse de encima el estigma de habitar en zonas rojas.
“Ya no se pagan extorsiones ni se vive con miedo. Por primera vez están siendo consultados sobre sus necesidades e incluidos en la planeación básica de sus territorios”, insiste Trejos, quien destaca la apertura hacia la oferta institucional. “La construcción de la paz es un hecho complejo. La guerra genera una crítica interacción entre actores territoriales, se generan costumbres que no se superan de un día para otro, fueron más de 50 años de conflicto armado y es normal la desconfianza, pero es una carrera de largo aliento en que la voluntad de paz resultará determinante”.
Lo respalda Wilfran Martínez, representante legal de la Cooperativa Multiactiva para la Paz de Colombia (COOMPAZCOL), que intervino en el Primer Encuentro Departamental del Sector Solidario, convocado por la cooperativa Confiamos. Es un aliciente para los excombatientes que se siga apostando en la comunidad de Conejo, y que la cooperación internacional sea uno de los soportes de este esfuerzo desde el Espacio Territorial de Pondores. La zona debe ser un referente de paz y de productividad territorial.
También refuerza esta esperanza el espaldarazo que les dio el presidente de la república Iván Duque, quien visitó el ETCR de Pondores, donde dijo que “vamos a cumplirles a los que genuinamente están realizando su proceso de reincorporación con verdad y no repetición. En esta tierra no hay enemigos de la paz, porque todos los colombianos queremos trabajar por la construcción de la paz”.
“Mi presencia aquí es para que la incertidumbre desaparezca, porque yo solamente sé obrar con la palabra y cumpliendo la Constitución y la ley, y lo que pueden recibir todas esas personas que están apostándole a esa reincorporación es que el Estado colombiano va a cumplir”, agregó.