La implementación del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc no ha sido la más efectiva y las comunidades que por décadas han estado inmersas en la guerra, hoy continúan en el abandono, con el agravante de que su seguridad se sigue vulnerando; desplazamientos constantes de sus territorios, amenazas, asesinatos, violación de sus derechos y atropellos que los hacen desconfiar cada vez más de esa paz prometida por el Estado.
En agosto de este año, la Policía Nacional publicó el último informe sobre homicidios en el país registrados el primer semestre de 2019 y que llegan a la cifra de 6.107 personas asesinadas Y aunque las cifras muestran una pequeña reducción en comparación con el 2018, en los territorios continúa la alarma y preocupación.
“Con esa última cifra dada por la Policía, implica un decrecimiento del 2% en comparación con los primeros 6 meses de 2018, pero un aumento del 6% en comparación con el año 2017”, dice la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en un análisis actualizado que envía a este medio para la elaboración de este artículo.
Según los datos de la Policía, Antioquia tuvo 1.004 homicidios entre enero y junio del 2019. La subregión más afectada es el Valle de Aburrá con 432 homicidios, le siguen Bajo Cauca y Urabá con 150 y 89, respectivamente. Desde 2017, cuando se da la firma el Acuerdo de Paz, a nivel nacional se focalizaron unos territorios para dar cumplimiento a lo pactado. Por lo que están los municipios donde se implementan Planes de Desarrollo con Enfoque territorial (PDET) y el Plan Nacional Integral de Sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito (PNIS).
Según el análisis de la la FIP, en los 170 municipios que fueron seleccionados para tener PDET, comparando los primeros seis meses de cada año, en 2017 se cometieron 1.229 homicidios, en 2018 la cifra aumentó a 1.583 y en el primer semestre de este año se registraron 1.558. Y en los territorios PNIS, en los mismos periodos, en 2017 asesinaron a 459 personas, en 2018 las muertes aumentaron a 612, y entre enero y junio de este año el saldo fue de 528 homicidios.
A la par de esas muertes violentas, en 2017 iniciaron las Pequeñas Obras de Infraestructura Comunitaria (PIC), en cinco de los trece municipios priorizados con los PDET para las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño: Anorí, Remedios, Ituango, Briceño y Cáceres, y aunque estas obras hayan impactado a las comunidades, por el sólo hecho de ser las primeras que los campesinos ven en sus veredas, no han logrado ser las más eficientes para pacificarlos; por el contrario, crece la disputa entre grupos armados por el control de las economías ilegales y del territorio. (Leer más en: En Antioquia, comunidades esperan las inversiones del posconflicto).
Esas subregiones son grandes cultivadoras de hoja de coca, subsisten de la minería de manera legal e ilegal, se presenta el tráfico y comercio de armas y hay enfrentamientos entre grupos armados, por lo que son inseguras para sus habitantes y sobre todo para líderes sociales, políticos y comunales. El mes pasado la Misión de Observación Electoral (MOE) publicó un informe sobre violencia política ocurrida entre el 27 de octubre de 2018 y el 27 de julio de 2019 en todo el país.
“Hemos identificado que el 44% de los hechos de violencia política han ocurrido en los municipios priorizados con los PDET a nivel nacional. Los líderes sociales y comunales que trabajan en proyectos de sustitución de cultivos, de restitución de tierras, en las mesas de víctimas, por la defensa del medio ambiente, entre otras causas que defienden, se han visto afectados, puesto que sus territorios siguen siendo ocupados por actores ilegales que impide garantías para ejercer su liderazgo y su participación en política”, dijo Ángela Gómez, investigadora del observatorio político y electoral de la MOE.
La investigadora afirma que “la violencia política se concentra en la subregión del Bajo Cauca, con seis (33,3%) hechos registrados por la MOE, le sigue la subregión del Urabá, Norte y Medellín, cada uno con tres hechos (16,7%)”. Y agrega que la principal razón es el abandono estatal donde este sólo ha aumentado la Fuerza Pública “para atacar los grupos armados al margen de la ley, sin que eso implique una presencia fuerte del Estado. La población está en medio del conflicto y de los intereses económicos de los grupos armados, mientras que el acceso a los derechos como ciudadanos continúa siendo precario”.
En los siguientes gráficos se comparan los primeros semestres de los años 2017, 2018 y 2019 con los homicidios ocurridos en los trece municipios PDET de Antioquia, donde las cifras siguen siendo altas, preocupando a algunas organizaciones sociales de la ciudad de Medellín y del departamento que iniciaron una Caravana humanitaria por Valdivia, Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres y Caucasia el pasado domingo y que termina el próximo miércoles.
Elaboración propia con datos de la Policía Nacional.
Elaboración propia con datos de la Policía Nacional.
El Bajo Cauca sigue sin inversión social
Cáceres fue el único municipio de la subregión Bajo Cauca donde se hicieron PIC y los homicidios aumentaron en este primer semestre del año en comparación con el primer semestre de los dos años anteriores. En 2017 fueron 11 los homicidios, en 2018 ocurrieron 27 y en 2019 llegaron a su pico máximo, con 45, según el informe de la Policía.
El resto de los municipios de esta subregión (Tarazá, Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza) fueron priorizados con los PDET por ser zona donde la confrontación armada se ha vivido durante décadas, donde más se cultiva hoja de coca y se trabaja la minería, el despojo de tierra ha causado miles de desplazamientos y hay alrededor de 87 mil víctimas del conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas.
Aún así la violencia se mantiene, como en El Bagre, donde el temor ronda las calles y hasta los menos implicados pueden toparse con la muerte. Es el caso del médico de 22 años de edad que fue asesinado el 10 de mayo de este año y que dejó a todo el sector de la salud afectado porque más de la mitad de médicos renunciaron por temor a que les ocurriera lo mismo.
“Aquí en El Bagre las cosas no están bien. En el corregimiento de Puerto Claver se están enfrentando grupos armados y la Policía erradicando coca, quemando dragas, además el Alcalde está en la cárcel, entonces el PNIS no se aprobó y de los PDET no hemos tenido noticia. El 22 de septiembre vamos a hacer un foro con los candidatos para comprometerlos con los Acuerdos de Paz que son nuestra última esperanza”, asegura un miembro de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras del Guamocó (Aheramigua), que tiene presencia en los municipios del Bajo Cauca.
Movilización en el 2014 en el corregimiento Puerto López, El Bagre, rechazando la violencia ejercida por grupos armados. Imagen de Bibiana Ramírez.
En Cáceres, el 3 de junio fueron asesinadas cuatro personas en el corregimiento El Guarumo. En Tarazá, en lo corrido de este mes, fueron asesinados un pastor evangélico, un indígena y un soldado. “En La Caucana se ha incrementado la violencia, los asesinatos y la guerra; en este último mes nos han matado seis personas en el casco urbano, e incluso mataron un comandante del Clan del Golfo”, afirma Héctor Monsalve, líder en el corregimiento La Caucana.
Además asegura que no se han iniciado las PIC que estaban previstas para mayo. “No se ha iniciado nada de las obras PIC. Con el PNIS se hizo una primera fase donde cerca de 2 mil familias se acogieron al Plan pero el problema es que no han implementado el primer proyecto productivo de manutención alimentaria, no han montado proyectos de ciclo corto y ciclo largo. Los doce millones de pesos entregados por cuotas cada tres meses ya se los gastaron, se los bebieron, los consumieron en alimentos, lo que sea; en este momento están sin plata, sin cultivos y sin programas alternativos que les permitan echarse a la boca una cucharada de comida. En Tarazá la gente está aguantando hambre”.
Violencia contra líderes sociales y políticos
Cuando se acercan elecciones populares en el país, los candidatos también se han visto afectados por amenazas, atentados o asesinatos, sobre todo en municipios de alto riesgo o que se declaran en oposición. “Desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 27 de julio de 2019 la MOE ha reportado 18 hechos de violencia política contra líderes políticos, sociales y comunales en Antioquia. Los más afectados son los líderes comunales, con ocho hechos (44,4%), 6 de ellos asesinatos”, aclara Ángela Gómez.
En el informe publicado por la MOE se muestra el caso de Ituango donde fueron amenazados nueve candidatos para las elecciones de este año. Al respecto, Ángela Gómez afirma que “tuvimos conocimientos de unas amenazas que fueron hechas a través de un panfleto, este iba dirigido a precandidatos de distintos partidos políticos. Sin embargo, no tenemos conocimiento de los nombres de los precandidatos ni si estos finalmente se inscribieron para participar en las próximas elecciones”.
Panorámica de Ituango. Imagen de Bibiana Ramírez.
En 14 de las 16 regiones PDET a nivel nacional se han presentado agresiones de violencia política, es decir, que va dirigida a quienes desempeñan un liderazgo social en el territorio y a quienes aspiran a cargos de elección popular o son dirigentes de partidos, colectividades o movimientos políticos.
En las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, que son PDET se han presentado cuatro amenazas, un atentado y cinco asesinatos, según resultados de la investigación de la MOE, donde la información es recopilada a través del seguimiento detallado de noticias en medios de comunicación y reportes de organizaciones sociales y políticas internacionales, nacionales, regionales y locales.
Y entre el 27 de julio y el 15 de agosto de este año, periodo en el que se han formalizado las candidaturas, la MOE ha registrado nueve hechos de violencia contra candidatos a alcaldías y concejos, lo que demuestra que el panorama de violencia en lo que falta para las elecciones puede empeorar.
“La violencia política es utilizada por actores armados en los municipios para persuadir a los candidatos de que retiren su candidatura, por medio de amenazas, o hechos letales (atentados y asesinatos). Igualmente, en el día electoral, cuando se dan resultados estrechos o presuntas irregularidades, algunas campañas hacen uso de disturbios para demostrar su descontento”, asegura la investigadora de la MOE.
Nordeste en constante zozobra
Segovia es el único municipio PDET donde los índices de homicidios se mantuvieron con 19 casos en el primer semestre de 2018 y 2019. Pero agosto empieza con noticias oscuras porque en la madrugada del 14, en el casco urbano de Segovia, fueron asesinadas cuatro personas de una misma familia, dejando dos menores de edad heridos, entre ellos un niño de catorce meses, informado por la Policía.
En Remedios pasó de 16 casos en entre enero y junio de 2018 a 11 casos en el 2019. Sin embargo esta disminución de asesinatos no se refleja en el estado de alerta en que se mantienen las comunidades campesinas.
La Corporación de Acción Humanitaria por la Paz y la Convivencia en el Nordeste Antioqueño (Cahucopana), ha venido denunciando, desde 2004, los ataques a la población civil por parte de diferentes grupos armados, legales e ilegales. Y han advertido sobre el aumento de la violencia después de la firma del Acuerdo de Paz, con el ingreso de otras estructuras armadas al territorio después de la salida de las Farc.
La última denuncia fue hecha el 21 de julio de este año informando sobre un allanamiento que hizo el Ejército Nacional en un establecimiento público acompañado de dos hombres encapuchados que tomaban fotos y videos “a pesar de no llevar ninguna orden ni autorización para ello; tampoco portaban en un lugar visible sus apellidos”.
Y entre junio y agosto la misma Corporación alertó sobre el asesinato de varias personas en las veredas, donde en dos días se conocieron tres casos, entre ellos una mujer transgénero de 26 años, en el corregimiento de Carrizal, en el cual hay un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de excombatientes de Farc y donde hay constante presencia de Policía y Ejército.
Corregimiento Carrizal, Remedios, Antioquia. Imagen de Bibiana Ramírez.
“Después de la dejación de armas de las Farc se incrementaron en las veredas, de una forma agresiva los asesinatos, quemas de viviendas de la población civil, presencia de hombres vestidos de negro, encapuchados, presencia de paramilitares en la región, consumo y tráfico de sustancias psicoactivas en los jóvenes, un sinnúmero de fenómenos que antes no pasaban”, asegura Carlos Morales, líder de Cahucopana.
En Remedios también se hicieron obras PDET, pero según Morales, estas no se han reflejado en el territorio como tal: “Las obras son contadas, hay una placa polideportiva, un parque infantil y unas placa huellas. Es claro que el Estado colombiano en cabeza del señor Duque no tiene voluntad política para sacar los Acuerdos de paz adelante y por eso decimos que es un acuerdo fallido para los territorios”.
Aún así, con el aumento de la violencia, los líderes sociales no desfallecen en la búsqueda de mejores condiciones de vida en sus territorios. Por ello, el próximo 9 de septiembre realizarán la segunda Velatón por la Paz, en el Bajo Cauca. “Se está programando precisamente porque la violencia nos tiene abrumados y queremos que se respete la vida. No queremos más mentiras en la prensa y la televisión mostrando los avances del Acuerdo de Paz cuando en los territorios solo estamos viendo muerte”, afirma Héctor Monsalve y extiende la invitación para que esta se realice en todos los municipios afectados por la violencia.
Este reportaje es el resultado del proyecto periodístico colaborativo ‘Los números del posconflicto’, que pretende abrir los datos y sumar a la construcción de una agenda de seguimiento sobre los dineros para la paz en Colombia. Iniciativa de Consejo de Redacción y VerdadAbierta.com en alianza con seis medios colombianos. Visita el medio aliado Agencia Prensa Rural.