Con un tono de voz distante y una sonrisa tímida que se desdibuja cuando para de hablar, Eberardo Restrepo no vacila en reconocer cuánto le pesa haber arrancado sus cultivos de coca.
A sus 37 años, casi todos ellos dedicados a labrar la tierra, este hombre rubio, alto y delgado, con pinta de gringo pero oriundo de Putumayo, dice que “la coca es lo mejor. Si no hay plata para la coca, no hay plata para nada y si uno no trabaja con la coca, entonces no trabaja en nada”.
Al escucharlo, es notorio que lo alberga una mezcla de desesperanza, frustración y rabia, al recordar que su esposa, sin avisarle, ingresó al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), mientras él estaba trabajando en Tumaco, Nariño, de donde huyó despavorido a causa de la violencia. Cuando llegó a su tierra, para seguir trabajando con coca, encontró su hectárea vacía.
“Lo que pasa es que la coca da más que cualquier producto que uno se ponga a vender. Yo mismo he tenido que salir a botar las cosechas de plátano en el río porque nadie me las compra. Entonces, dígame, ¿a qué más se dedica uno?”, dice apesadumbrado, con la mirada gacha.
Testimonios como este suelen repetirse una y otra vez entre los habitantes de la vereda La Carmelita, ubicada en el municipio de Puerto Asís, del Medio Putumayo, colindante con Ecuador, lugar en donde arrancó, el 27 de febrero de 2017, el Plan Piloto del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) en el departamento, que se supone sería un buen ejemplo, en pequeña escala, de lo que debería hacerse en toda la región.
El plan piloto se inició allí debido a que en ese territorio estaba ubicada la Zona Veredal Transitoria de Normalización del Putumayo (áreas de ubicación temporal de la guerrilla de las Farc hasta la dejación de armas).
Sin embargo, a medida que avanzaba la implementación del PNIS, fueron desapareciendo las esperanzas de esta comunidad de hacer un tránsito de la ilegalidad a la vida legal.
“Yo no quería inscribirme en el programa, pero como tocaba, ni modo”, refunfuña airado Eberardo, mientras observa el pastizal de una finca vecina.
Pero él no es el único que muestra frustración en sus palabras. Otras 456 familias que hacen parte del plan piloto aún esperan, en la vereda, los 36 millones de pesos que el Gobierno le prometió a cada familia.
“Este estómago tiene ganitas de comer”
Esa misma sensación de rabia, pero albergada en un espíritu menos impetuoso, la experimenta Marcos Milton Yela, un amable campesino de 67 años que, aunque asegura estar cansado de cultivar la tierra, trabaja en ella para poder sobrevivir.
Es delgado y tiene la cara muy arrugada, las manos cansadas y sus dedos largos, su espalda siempre encorvada, como quien lleva a cuestas el peso de sus años; su paso es lento al andar. Aunque su voz es un hilo delgado, casi imperceptible, puede ser lo suficientemente firme cuando de contar su situación se trata.
“Esto es duro porque no están cumpliendo con lo que nos prometieron. Por ejemplo, nos dijeron que nos iban a dar una huerta alimentaria y otras cosas, pero eso no nos lo han dado todavía. De pronto llegará, quién sabe, pero este estómago tiene ganitas de comer”, dice mientras se frota su delgado abdomen.
La primera meta: erradicar 50 mil hectáreas
Se creía que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que nació del Punto 4 del Acuerdo Final de la Habana firmado entre las Farc y el Gobierno, titulado ‘Solución al Problema de las Drogas Ilícitas’, aportaría soluciones para la erradicación voluntaria de 50 mil hectáreas de sembradíos ilegales durante el primer año de su implementación en 52 de los 1.101 municipios que tiene el país.
Estas 50 mil hectáreas corresponden al 29% de las sembradas con coca en el país a diciembre de 2017 según el Simci. Y al 23% de los sembradíos ilegales, conforme a las cifras de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca a la misma fecha. Lo demás sería erradicado de manera forzosa.
El corazón de esta iniciativa apunta a que, a cambio de subsidios y soluciones integrales en infraestructura, salud, educación y otros sectores, las familias que devengan su sustento del cultivo de coca se comprometan a erradicarla y a abandonar esta actividad ilícita.
Según lo establecido en el Acuerdo de Paz, la implementación de este programa se haría a través de acuerdos entre la comunidad, el gobierno y las antiguas Farc. Dentro de los compromisos que adquirieron las familias que se acogieron al programa están: no resembrar cultivos ilícitos, no participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de estos y no cultivar ni involucrarse en labores asociadas a esa actividad ilegal.
El plan abarca proyectos de obras de infraestructura social de ejecución rápida, sostenibilidad y recuperación ambiental, formalización de la propiedad, desarrollo social, servicios públicos, seguridad, entre otros, con cronogramas, metas e indicadores de cumplimiento para las zonas que erradiquen.
En Putumayo, coca como para 35.865 canchas de fútbol
Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a diciembre de 2017 había 171.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia. La cifra difiere de la divulgada por la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, que asegura que para la misma fecha había 209.000 hectáreas sembradas.
La UNODC es la oficina encargada de hacer la verificación en terreno de las hectáreas de coca erradicadas en Colombia.
En Putumayo viven 358.896 personas, la mitad de ellas en la zona rural. El 18% de la población es indígena, que habitan en 75 resguardos, el 5% negra, mulata o afrocolombiana.
En sus 24.885 kilómetros cuadrados (2’488.500 hectáreas) hay dos millones de hectáreas de bosque seco y, según el Simci, había sembradas 29.589 hectáreas de coca, una cifra equivalente a tener 35.865 canchas de fútbol profesional sembradas con ese cultivo ilícito. De esas 29.589, solo 9.978 están vinculadas al programa de erradicación voluntaria (a 20 de agosto de 2018, según el Simci). Es decir, solo el 33 por ciento del total del departamento, que es el segundo productor de la hoja, después de Nariño.
De estas, 6.288 hectáreas habían sido detectadas como erradicadas a la misma fecha.
En total, hay 20.526 familias vinculadas al programa de sustitución voluntaria en Putumayo, según la UNODC (a 20 de agosto de 2018); y, de acuerdo con cálculos del PNIS, habría otras 20.000 familias, aproximadamente, que no están vinculadas al programa en el mismo departamento, es decir, el 50 %.
El programa establece que cada familia que erradique sus cultivos de coca y genere proyectos productivos recibirá 36 millones en un plazo de dos años.
Hasta ahí todo iba bien. En la letra, el Preacuerdo Regional, firmado el 18 de febrero de 2017 en Puerto Asís por el Gobierno Nacional, la Gobernación del Putumayo, las alcaldías de nueve municipios y representantes de las comunidades, prometía beneficiar con proyectos productivos a las familias de esos municipios, inscritas al PNIS durante el primer año de implementación, algo que, en la práctica, al menos en el Plan Piloto desarrollado en La Carmelita, nunca se cumplió.
Así lo relata Ever de Jesús Cano, uno de los primeros beneficiarios del programa en La Carmelita. Ingresó dentro del primer grupo de 112 personas, quienes por vivir dentro de los 1.400 kilómetros a la redonda del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de exguerrilleros en esta vereda, tuvieron un trato diferente.
Los campesinos cumplen pero el Gobierno no
De acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la verificación hecha por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito establece que “al finalizar la administración de Juan Manuel Santos (el 7 de agosto de 2018) se erradicaron voluntariamente 26.219 hectáreas, el 56% de la meta definida, lo que equivale al 14% de los cultivos de coca que hay en Colombia”.
Mientras los campesinos erradicaron ese 56 por ciento, el gobierno se atrasó en sus compromisos. De acuerdo con un informe del Instituto Kroc -que hace el proceso de monitoreo y verificación a la implementación del Acuerdo Final con las Farc-, a mayo de 2018, el Gobierno solo había cumplido en su totalidad una de las 21 disposiciones del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Otras 16 estaban en curso y cuatro ni siquiera habían iniciado su implementación.
“Aunque se ha avanzado en el levantamiento de los cultivos de coca, el otorgamiento de subsidios y el inicio de nuevos cultivos, la estrategia a largo plazo contemplada en los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) aún está en una etapa temprana del proceso”, concluye el informe.
El 60.7% sin asistencia técnica
Uno de los principales rezagos del PNIS ha sido justamente la poca llegada de programas de asistencia técnica para que las familias que levantaron sus cultivos produzcan nuevos alimentos.
Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), a 20 de agosto de 2018, el 60.7% de los 52 municipios inscritos al PNIS en el país que están recibiendo el pago de subsidios, aún no cuentan con asistencia técnica.
Un ejemplo crudo de este panorama sucede en La Carmelita, donde a pesar de contar con el operador que prestará el servicio de asistencia técnica (la Unión Temporal conformada por Ecotransvías y Agropal, dos empresas comunitarias), aún no se ha podido avanzar en el proceso, debido al retraso en el pago de $1’800.000 de seguridad alimentaria (autosostenimiento), que debía hacerse dentro del primer año del programa.
“Por ahora, lo que hacemos es asesorar a las familias. Nosotros sí hemos visto el cumplimiento en los campesinos (que se acogieron al programa), quienes a este momento están en cero – coca. La dificultad ha venido por el tema del incumplimiento de los proyectos productivos, porque se pensaba que se pagaría de la mano con el incentivo mensual, pero el pago del primer año ya se acabó y nada que llega lo otro”, explicó Jesús Antonio Toro, representante de Ecotransvías.
Los rezagos empañan los buenos comienzos
Un buen ejemplo de que la sustitución implica un encuentro de voluntades entre los campesinos y el gobierno fue lo que ocurrió en el departamento del Guaviare (ubicado en el centro oriente colombiano), en donde tres meses antes de que se lanzara formalmente el PNIS, ya se tenía firmado el acuerdo colectivo para comenzar con el programa.
En este departamento se vieron beneficiadas 5.344 familias, que manifestaron tener influencia sobre 6.096 hectáreas sembradas con coca, cerca del 90% de lo reportado por el Simci a diciembre de 2017, cuando el Guaviare tenía 6.838 hectáreas de uso ilegal.
El buen arranque que tuvo este departamento no solo permitió que los pagos a las familias avanzaran más rápido que en otras zonas del país, sino que es la razón por la que a marzo de 2018 en el Guaviare ya se hubiera erradicado la mitad de las hectáreas sembradas con coca: En total, 3.868 verificadas por la UNODC.
Aunque en un principio, el entonces Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, dijo que lo ocurrido en esta región era una “graduación” en materia de sustitución, en el departamento comenzó a hacerse evidente el retraso en cuanto a la asistencia técnica, justo el mismo inconveniente que han tenido las familias en el Putumayo.
“Ha sido más fácil que crezca la mafia”
Desde el escritorio de su modesta oficina, ubicada en Puerto Asís, Yuri Quintero, diputada del departamento y quien ha representado activamente a las comunidades en temas de sustitución, reitera con firmeza que lo ocurrido en La Carmelita es un “espejo muy doloroso” que sirvió para llenar de incertidumbre a los beneficiarios frente al futuro del programa en la región.
“La gente que ve eso dice: Nosotros tenemos voluntad de sustituir porque somos conscientes de que hay un tema de ilegalidad de por medio, estamos cansados de la guerra, estamos cansados de que nos persigan. Pero si no nos cumplen, nosotros de qué vamos a vivir, porque lastimosamente la mafia sí llega al patio de la casa a comprar el producto, mientras el Gobierno no cumple con lo que tiene que cumplir”, asegura con preocupación.
De pequeña estatura, Quintero ha luchado por sus comunidades con corazón de gigante. Es aguerrida, y desde los 14 años se ha dedicado a elevar la voz por quienes no pueden hacerlo, por todos aquellos que, como ella, han sufrido en carne propia los horrores de la guerra y del olvido estatal.
Por eso, no teme en señalar, enfáticamente, que las grandes fallas del programa provienen del Gobierno Nacional, al no poder poner en marcha, y con celeridad, los proyectos productivos, que considera el motor del PNIS.
“Ha sido más fácil que crezca nuevamente la mafia en los territorios, ha sido más fácil que aparezcan de nuevo los grupos insurgentes de todos los estilos, a que el gobierno cumpla con la gente. Y es esa timidez para cumplir la que facilita las cosas a quienes sí están tras lo ilícito y se las facilita también a los que no confían en el programa”, dice sin mucha esperanza.
Ejemplo de lo que no se debe hacer
Para Aldemar Yandar, delegado de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) en Putumayo, lo ocurrido en el Plan Piloto en La Carmelita, en lugar de ser una muestra positiva del éxito del PNIS, es un ejemplo de todo lo que no se debe hacer.
Confiesa que el error surgió desde la misma creación del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ubicado en La Carmelita, pues luego de situarlo, el Gobierno Nacional se percató de la presencia de coca en el área y, por pretender avanzar rápidamente, hizo un acuerdo apresurado.
“Lo que ocurrió allí es que no había nada por escrito, entonces cuando se percató (el gobierno) de que había coca en la zona, se reunieron las 10 veredas pero no se hizo un protocolo, no había una ruta y, por el afán de mostrar cifras, terminó metiéndose gente que no debía estar inscrita”, asegura Yandar.
Además, enfatiza en que la comunidad ha tenido parte de culpa en el retraso de la implementación, pues incluso la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) tiene documentados casos en los que las personas falsificaron las escrituras que confirman la titularidad de las tierras, para acceder a los beneficios.
“Uno entiende que a la gente, cuando le dicen que son 36 millones, entonces piensan que con eso pueden hacer algo, y bueno, si al final los invierten sería maravilloso, pero lo que vemos es que solamente vienen y cobran pero no quieren cumplir ni asistir a las capacitaciones de asistencia técnica. Entonces, muchos proyectos fracasan por la gente y no por el proyecto en sí”, dice el funcionario.
“Las Farc pusieron las trabas”
Miguel Ortega, Coordinador regional del PNIS en Putumayo, dice que el retraso en el Plan Piloto se debió, además de la falta de una ruta para la implementación del programa, a que la concertación para contratar el operador de la asistencia técnica fue tan prolongada.
“Con la firma del acuerdo de La Carmelita, la asistencia técnica iba a entrar de una y los que pusieron trabas fueron los de las Farc. Ahí sí tenemos que ser muy claros, porque está bien la discusión, está bien la concertación, pero eso tiene una serie de consecuencias en los territorios que a veces ellos no miden”, indica Ortega.
El Coordinador regional del PNIS en Putumayo añade que, aunque ya se tienen seleccionadas las organizaciones que operarían la asistencia en los demás municipios, se espera a que la UNODC firme los memorandos de acuerdo para cerrar el proceso.
Es por desconfianza: Farc
Luis Alberto Albán, más conocido como Marco León Calarcá, representante a la Cámara por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, explicó que el verdadero factor que ha afectado el proceso de paz en todo el país y que “ha estado presente, aunque no quedó escrito, pero todos lo conocemos, es la desconfianza”.
Y es que, para el congresista, que aseguró no conocer de cerca cuáles fueron las causas de los retrasos que tuvo la fase inicial del Plan Piloto en La Carmelita, las razones que llevaron a que el desarrollo de los protocolos del PNIS sufrieran tantas trabas allí, son las múltiples suspicacias de la guerrilla hacia el gobierno y sus instituciones, y viceversa.
“La desconfianza de lado y lado es el producto lógico de 50 años de guerra. Es lo que hace que en un principio las cosas sean más difíciles, porque significa plasmar acuerdos desconfiando de si las cosas van a ser así o no, si de pronto nos cumplen o de pronto no, y la verdad es que la experiencia que hemos tenido, desafortunadamente, en lo general, es que ha habido falta de voluntad política para avanzar en la construcción del Acuerdo, su implementación y su puesta en práctica”, dijo Calarcá.
Para el exguerrillero, además de la falta de confianza, la inexperiencia también se ha convertido en un elemento que en ocasiones ha jugado en contra del Proceso. “Es un tema que no sabemos cómo se hace, entonces debemos ir adquiriendo la experiencia al caminar y La Carmelita, que fue el primero, se convirtió en el catálogo de las cosas que no se debían hacer; pero afortunadamente, yo lo veo de manera positiva, se toman como equivocaciones que se deben corregir y no insistir en ellas”, añadió.
¿Cuál es la paz que habrá?
Julio Alberto Muñoz llegó a Putumayo desde La Cumbre, Valle, hace 35 años. Su primer destino fue la vereda La Cordialidad, a la que llegó en pleno auge de los sembradíos ilícitos en el departamento. Tiempo después se cansó de ese trabajo y buscó volver a su tierra, pero cuando quiso hacerlo conoció a una caucana de la que se enamoró y organizó con ella su hogar, tuvo tres hijos y esa fue la razón para quedarse viviendo para siempre en estas tierras.
Cuando se le pregunta si le costó mucho dejar de sembrar coca, sonríe y le brillan los ojos. Piensa por un momento y luego responde sin palabras, con su mirada, como dando a entender que nadie alcanza a dimensionar la profundidad de esa pregunta y, por ende, la de su respuesta.
Ingresó al programa y recibió el pago de los 12 millones de pesos que, asegura, le llegaron cumplidos. Sin embargo, las herramientas que solicitó para iniciar su proyecto productivo hasta ahora no se las han entregado, por lo que tuvo que buscar otras formas de sustento para él, su esposa y su hijo menor.
“Con esa plata (los 12 millones) yo arreglé mi casita y compré una moto que ahora me sirve para ganarme unos pesos como ‘mototaxista’. También compré unas vaquitas y sembré aguacate, mandarina y naranja, pero todo eso es para consumo de nosotros, porque es muy poco lo que realmente se vende”, comenta sonriendo.
Aunque no está seguro de si volvería a sembrar coca, pues eso le implicaría radicarse en otro lugar, no lo piensa cuando debe expresar sus serias dudas frente al PNIS.
¿Usted cree que el programa de sustitución va a funcionar en el departamento?
Sonríe de nuevo. “Puede que sí funcione”, y encoge sus hombros en señal de no estar tan convencido de lo que acaba de decir, porque el tema de la paz es complicado. “Hace unos días Santos (en ese momento presidente de Colombia) dijo en televisión: ‘ahí les dejo su paz’ (estalla en carcajadas), pero yo le pregunto a usted: si el gobierno nos incumple con esto del programa ¿cuál es la paz que va a haber?”.
En medio de la zozobra
Una densa y cálida brisa, que se entremezcla con la mirada aturdida y expectante de los habitantes del municipio de San Miguel, ubicado a cuatro horas de Mocoa, la capital de Putumayo, corre suave mientras se siente en el ambiente la zozobra que reina entre los moradores de este paraje fronterizo con Ecuador.
Con mucho temor y pocas palabras, a duras penas dan sus nombres y uno que otro detalle de sus vidas, pues son muchas las amenazas de muerte que van y vienen contra líderes sociales y habitantes de esta zona que, por su cercanía a la frontera, se ha convertido en una ruta clave para los grupos armados ilegales que viven del negocio del narcotráfico.
El llanto sorpresivo de una de sus habitantes, beneficiaria del PNIS, cuando intentaba explicar su recelo para conceder una entrevista, es la muestra más fiel del temor que sobrecoge a las 17 familias cultivadoras inscritas al programa en la vereda Santa Marta, jurisdicción de San Miguel. Como ella, los beneficiarios aceptaron participar en él por considerarlo como “una oportunidad de cambio”, asumiendo con ello los riesgos que vendrían.
“Yo escucho las noticias de los líderes que nos matan y recuerdo a mis dos hermanos, porque a ellos también me los mataron por la violencia”, dice mientras se seca las lágrimas.
Tráfico de armas, narcotráfico y contrabando
Según el General Yuber Armando Aranguren Rodríguez, comandante de la Brigada 27 de Selva del departamento, los problemas de seguridad relacionados con tráfico de insumos y de armas, contrabando y narcotráfico se acentúan en los municipios de Orito, Valle del Guamuez, Puerto Leguízamo y San Miguel (bajo Putumayo), debido a su cercanía con la línea que divide a Colombia de Ecuador.
En estas zonas tienen presencia los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), que no se acogieron al proceso de paz y permanecen en armas y dedicados al narcotráfico.
Para el General Aranguren, aunque las alertas tempranas siguen en todo el departamento, “la situación de seguridad ha mejorado exponencialmente con respecto a la que se tenía antes de la firma del Acuerdo”.
El coronel Edinson Mosquera Archila, comandante operativo de convivencia y seguridad ciudadana del Putumayo, explica que la cabeza de uno de estos GAOR (el del frente Primero) es alias Rodrigo Cadete, quien a su vez tiene subcomisiones en la región, una de ellas bajo el mando de Miguel Durán. Mosquera agrega que en el departamento también tiene presencia otra estructura criminal, dedicada exclusivamente al narcotráfico, denominada La Constru.
Estas organizaciones delincuenciales son las que se disputan el territorio en el que anteriormente operaban los frentes 32, 48 y 49 de las Farc.
Han asesinado a 10 defensores
Wilmar Madroñero, vocero de Derechos Humanos de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales (MEROS), informa que hasta el momento, en Putumayo se tiene documentada la muerte de 10 defensores de derechos humanos.
“Este panorama nos deja ver que la fuerza pública no ha hecho el papel que tiene que hacer. Hoy tenemos que decir que implementar el punto 4 del Acuerdo en los territorios, para nosotros los dirigentes, se ha convertido en un riesgo muy alto”, asegura.
Por esa misma línea, Javier Rosero Pai, asesor de paz del departamento, dice que ese despacho ya tiene conocimiento de “al menos 20 líderes del PNIS amenazados en Putumayo”.
Uno de los casos fue el asesinato de José Osvaldo Taquez, líder social de la vereda El Remolino, en Orito, la noche del viernes 20 de julio de 2018, quien después de salir de una reunión fue baleado por desconocidos cuando se dirigía a su vivienda.
Aunque hasta ahora, los hechos son materia de investigación, el alcalde del municipio, Manuel Eduardo Ocoró Carabalí, manifiesta que la situación alertó sobre la problemática de seguridad que, según él, se presenta en mayor escala en las veredas más alejadas del casco urbano, algunas de las cuales incluso no cuentan con presencia de fuerza pública permanente.
“Le hemos pedido al gobierno que haga ese blindaje y aunque sabemos que no pueden ponerle un policía a cada ciudadano, se ha solicitado la implementación de la ruta y que el Ejército pueda entrar a ocupar esos lugares, porque la delincuencia común aprovechó esa ausencia para posesionarse y sembrar terror, y que la ley del más fuerte impere en esos sitios”, indica el mandatario.
Ocoró señala que también hay personas, que no fueron acogidas por el programa de erradicación, que ejercen presión e incluso amenazan a las comunidades que sí quedaron inscritas en el PNIS en el municipio de Orito, y confirma que se tiene registro de amenazas contra cuatro líderes sociales que impulsan la sustitución voluntaria de cultivos.
Según la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI), los problemas de orden público, principalmente en los municipios de San Miguel y Valle del Guamuez (bajo Putumayo), han afectado la labor de verificación de la UNODC.
Debido a que la problemática de seguridad se ha venido agravando no sólo en Putumayo, sino en todo el territorio nacional, el Presidente Iván Duque reunió al Sistema de Alertas Tempranas, del que hacen parte la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, los Ministerios de Defensa y del Interior, las Fuerzas Militares y de Policía, la Consejería Presidencial de Seguridad Nacional y la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, entre otras entidades, para que entre todos se formule una política pública que enfrente el problema de las amenazas y los atentados a los líderes sociales en el país.
Un contrasentido de la fuerza pública
La intervención acalorada de una líder social de la zona de reserva La Perla Amazónica, en medio de una reunión del Consejo Municipal de Planeación Participativa (CMPP), instancia que promueve el avance del PNIS en cada municipio, concentró la atención de todos los asistentes.
La mujer, que pidió fuera reservado su nombre por seguridad, puso en evidencia que su comunidad había sido víctima de una situación que levantó una oleada de temor y desconfianza contra quienes, se supone, velarían por su seguridad y el avance del programa de sustitución.
La denuncia indica que miembros del Ejército habrían irrumpido bruscamente en la zona para incitar a sus habitantes a no inscribirse en el PNIS, al tiempo que denigraban con toda suerte de improperios, contra el programa.
Frente a esto, el General Aranguren, comandante de la Brigada 27 de Selva del departamento, reconoció que un caso de esta naturaleza se dio en el municipio de Puerto Guzmán, en donde un teniente fue denunciado por la comunidad a través de un video. Pero también reveló que la reacción de su comando fue inmediata: “Ese teniente duró 24 horas en el área y fue relegado inmediatamente. Gracias a Dios recibimos la información para poder actuar, porque uno no tiene el control de los 7.800 (soldados) y no falta uno, dos, tres o cuatro que no hayan comprendido el espíritu del Plan Horus, que es ayudar a la comunidad y sacarla de este negocio ilícito”.
Aunque habitantes de distintos municipios afirman que también en sus localidades se han presentado situaciones similares, el General Aranguren niega esta versión y afirma que hasta el momento solo se ha recibido la denuncia oficial del caso mencionado.
Seguirán los pactos pero habrá fumigación
Aunque los dineros y los programas no han llegado del todo a las regiones, existen las apropiaciones presupuestales para hacerlo. Para las vigencias de 2017 y 2018 están apropiados, a nivel nacional, $966.152’658.520. Y para el 2019, el gobierno anterior dejó previstos $1.386.378’932.864.
Esto quiere decir que, si el gobierno no determina lo contrario, el dinero está disponible y que, para los campesinos de Putumayo sigue viva la esperanza de que se cumpla con una buena parte de lo pactado.
El presidente Duque anunció que se cumplirán los acuerdos de erradicación voluntaria que ya están suscritos, pero que en adelante “la sustitución y la erradicación son obligatorias con inversión social y desarrollo productivo”. Adicionalmente, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha sido muy claro en que “se acabó la erradicación voluntaria y se volverá obligatoria”, reviviendo el tema de la fumigación con glifosato, solo que, probablemente, esta vez se hará en los cultivos grandes, empleando drones, entre otras herramientas.
Los campesinos están alarmados. Para Yule Anzueta, su vocero en la Mesa Regional de Organizaciones Sociales de Putumayo (MEROS), la decisión del Gobierno de retomar las fumigaciones en el departamento representa un retroceso que ocasionará una “distorsión social muy grande”.
“Aquí nos va a volver a pasar como en el Plan Colombia: Cuando comiencen a erradicar nos vamos a dar cuenta de que los proyectos productivos a largo plazo de los campesinos del PNIS van a ser fumigados junto con las demás hectáreas de coca. Ese es un problema social muy grande”, dice el vocero.
Como la discusión sobre el uso de aspersión aérea volvió a ser un tema de agenda nacional, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en su más reciente informe de seguimiento a la implementación del programa, advirtió al Gobierno Nacional que “la interrupción abrupta del PNIS, o cambios no concertados en sus principales componentes, podrían jugar en su contra, activando la resiembra y generando movilizaciones sociales que configuren un entorno hostil para la política de drogas”.
La falta de unanimidad y claridad frente al discurso de la sustitución voluntaria y forzosa por parte del Gobierno, advierte el informe, “ha generado incertidumbre en las poblaciones que hacen parte del PNIS, que aguardan con expectativa —y también temor—, las decisiones que tome la nueva administración”.
Perspectiva esperanzadora
El desarrollo del PNIS se dibuja con distintos matices a lo largo y ancho del territorio nacional y de la misma manera ha sido en el departamento de Putumayo.
En la tranquilidad de su finca, Raúl Lemos abraza la esperanza de que pronto llegue su próximo pago. Dice que ahora tiene muchas más razones para soñar con una vida diferente a la que vivió cuando sembraba coca, pues aunque siempre intentó invertir en cultivos distintos, no fue sino hasta que recibió los beneficios del PNIS que pudo materializar este sueño.
Lemos piensa que podrá conservar la tranquilidad, sembrando piña y chontaduro. Este campesino trata de evadir la idea de que el programa no continuará y, al contrario, prefiere creer que el gobierno cumplirá su palabra, aferrándose a su gran sueño: “Yo tengo fe de que a la coca no vuelvo”.
Las realidades de cada familia en particular son distintas, pues no a todas les ha tocado la misma suerte. Algunas, las que vivían únicamente de lo que producía su cultivo de coca, son las más afectadas, pues esperan que haber arrancado su sustento valga la pena y les brinde un futuro abrazado a la legalidad. Otras cuantas, las que contaban con algún otro ingreso, ya están viendo un resultado que poco a poco las acerca a una estabilidad económica en una actividad lícita.
Aunque sean muchas las diferencias entre ellas, hay una coincidencia que une a las familias beneficiarias del PNIS: todas esperan a que Gobierno Nacional cumpla con su palabra de brindarles una oportunidad de abandonar la ilegalidad para siempre, a quienes han vivido en una fracción de Colombia que se quedó atrás debido a la guerra.
El tiempo es un factor muy importante. Entre más se demore el Gobierno en cumplirles a quienes erradicaron sus cultivos, más se acercará el fracaso del plan de sustitución de cultivos.
La confianza es otro de los factores que abrazan hoy algunos campesinos, pero esta se va minando en la medida en que no llegan las ayudas técnicas y los dineros para los proyectos que cambiarán la historia de esas familias.
Aunque el gobierno Duque ha sido claro en que continuará con el PNIS, el fantasma de la erradicación hace crecer el temor en el Putumayo.
El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos aún tiene oportunidad para ser un caso de éxito. Pero todo depende del cumplimiento estatal, de la paciencia de las familias que ya erradicaron, de la acción de las que hasta ahora lo están haciendo y de la seguridad que todas ellas tengan de que los proyectos productivos se harán realidad.