Sin embargo, según información de prensa, la disponibilidad de esas vacunas pactadas cambió: el 6 de abril la expectativa era recibir 7 634 400 dosis durante todo el cuarto mes del año; luego, el 16, el Gobierno confirmó que llegarán solo 3 612 000; y hasta el 19 solo habían llegado 1 602 140.
Documentos de reserva nacional
Ante las solicitudes para acceder a detalles de los contratos firmados por el Estado colombiano con los proveedores de este insumo, información que por ley debería ser pública, la respuesta oficial es que no se pueden entregar datos sobre los convenios, contratos, cantidades ni condiciones de las vacunas por la existencia de acuerdos de confidencialidad.
Durante su intervención diaria por la televisión nacional el 12 de enero último, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, aseguró que infringir esos acuerdos podría hacer que se corte el suministro de vacunas hacia el país y eso hace que el tema pueda ser considerado como “una amenaza a la seguridad de la salud pública y del país”.
Así, el funcionario justificó que se trata de información reservada. Con el mismo argumento, las autoridades han rechazado —hasta hoy— las decenas de solicitudes de organizaciones de la sociedad civil, abogados y periodistas que piden al Gobierno cumplir con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, sancionada en 2014 (Ley 1712).
De acuerdo con la legislación, si el Estado argumenta que se trata de información reservada o clasificada, debería existir una versión pública de esos contratos. Pero no se encuentra disponible ni lo uno ni lo otro.
Escasez de vacunas y de datos
El primer documento oficial sobre vacunas y dinero para la compra fue una resolución de septiembre de 2020, emitida por el Ministerio de Hacienda. Allí se anunció un giro por más de 391 000 millones de pesos (unos 110 millones de dólares ) con destino a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), encargada de manejar la emergencia. Estos fondos estaban destinados a que el país pudiera comprar vacunas a través del mecanismo Covax. El anuncio no fue más extenso que eso: un monto y un objetivo. No habla de cantidades exactas de dosis ni fechas para cumplir ese objetivo.
La Resolución justifica, desde el punto de vista legal, la transferencia de los fondos. El movimiento de dinero queda enmarcado en el Estado de emergencia económica y social, declarado por el Gobierno en el inicio de la pandemia (el 17 de marzo de 2020). Explica además la Resolución que el dinero proviene del FOME, que es como se le conoce al Fondo de Mitigación de Emergencia, también creado en ese estado de excepción, pero apenas cuatro días después de la declaratoria de emergencia: el 21 de marzo de 2020.
Ese y gran parte de los movimientos presupuestales del Gobierno colombiano en medio de la pandemia están sustentados en esos dos pasos administrativos: los recursos del FOME y la declaratoria de emergencia (que es un mecanismo de la Constitución para darle al Gobierno que la invoque atribuciones especiales y la posibilidad de expedir decretos con fuerza de ley; existen tres escenarios, según la Constitución: guerra exterior, conmoción interna y emergencia).
El 25 de noviembre de 2020 se expidió la segunda resolución que hasta ahora es la que más información tiene sobre precios, incluso discriminándolos por unidad de compra. El documento oficial autoriza la compra de 10 millones de dosis de vacunas del laboratorio Pfizer a 12 dólares cada una. El monto en pesos colombianos autorizado para esa transacción es superior a los 437 mil millones de pesos (unos 124 millones de dólares).
Pero no hay más detalles. Lo siguiente es una orden de pago que dispone la transferencia al Ministerio de Salud de 50 000 dosis de Pfizer, compradas a $42 492 cada una (US12). Las órdenes internacionales de compra no aparecen y el secreto que se mantiene es un propósito que, incluso, quedó consignado en un documento: “Los participantes se obligan conjuntamente (sic) a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada toda la información referente a la ejecución del presente convenio (…)”.
Resolución 2327, 25 de noviembre de 2020. Documento que autoriza la compra de 10 millones de dosis de vacunas del laboratorio Pfizer a 12 dólares cada una. Fuente: Ministerio de Hacienda.
La siguiente Resolución es del 27 de enero de 2021. Allí se mencionan los laboratorios con los que se firmaron contratos y los montos totales en cada caso, pero no se informa el número de dosis que se conseguirán con ese dinero. Según la Resolución 0209, Colombia destina más de 312 000 millones de pesos (uno 90 millones de dólares) para compras de vacunas del laboratorio Janssen; y más de 159 000 millones de pesos (uno 45 millones de dólares) para compras del laboratorio Sinovac.
Y la última resolución conocida a la fecha es del 23 de marzo de 2021, la 0635, que tiene el mismo esquema de las anteriores: la justificación legal y luego una orden de desembolso a la UNGRD. Más de 450 000 millones de pesos (unos 128 millones de dólares) para comprar la vacuna Sinovac. No dice cuántas vacunas serán compradas con ese dinero.
Hasta hoy son solo esas las resoluciones disponibles que, vistas en conjunto, no incluyen el número de dosis que es posible comprar con el total del dinero desembolsado, que, sumadas las cuatro resoluciones, equivale a un total de 497 millones de dólares. Tampoco incluyen todos los laboratorios que Colombia ha contratado para su plan de inmunización.
Así, es imposible verificar cómo avanza la compra de las 66.5 millones de dosis ya anunciadas por el Gobierno nacional.
Lo que sí calcula el Gobierno en un aparte del Plan Nacional de Vacunación es que vacunar a cada colombiano costará 21 dólares. De acuerdo con las cifras de las previsiones de compras divulgadas por el propio Ejecutivo, la idea es vacunar a 27.7 millones de personas (para alcanzar la inmunidad del rebaño). A 21 dólares cada persona, se requeriría una inversión de más de 582 millones de dólares.
Si se suman los montos calculados en las cuatro resoluciones conocidas (497 millones de dólares, aproximadamente), aparentemente ya fue desembolsado más del 75 % del presupuesto previsto para vacunas, aunque se ha divulgado de manera muy escasa cuántas dosis se podrían comprar con ese dinero.
Por eso, por ahora, es difícil determinar si las vacunas que compra Colombia corresponden a compras directas o fueron hechas a través de intermediarios; si existen comisiones, primas de éxito o distintas figuras en medio de la fuerte competencia mundial, de todas las naciones, por llenar sus refrigeradores de dosis contra el COVID-19.
Este artículo fue escrito en el marco de la alianza ‘Vigila la Pandemia’, que investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el COVID-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela); y cuenta con la participación de elDiarioAR (Argentina); y el diario La Prensa (Panamá).
