En 2017 una noticia sacudió la salud del departamento de Guainía. El 11 de septiembre el periódico El Tiempo tituló: ‘En Guainía, la gente tiene 60 veces más mercurio que el permitido’. Según el artículo, un estudio realizado en 2015 por la Secretaría de Salud departamental evidenció que algunas de las 202 personas a las que les tomaron muestras de cabello y sangre “tenían entre 60 y 109 veces más mercurio en su cuerpo que el exigido por organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
El profesor Jesús Olivero Verbel, para la época coordinador del doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena, le dijo en aquel entonces al diario mencionado: “Guainía está en una situación deplorable en materia de mercurio”, y afirmó que muchas de las personas analizadas en el estudio necesitaban una “intervención clínica inmediata”. En ese informe periodístico el profesor Olivero también dijo creer “que Guainía sería el lugar más contaminado por mercurio del país —aunque hacen falta más estudios—, seguido por el Amazonas y el sur de Bolívar”.
Por los ríos de Guainía circulan embarcaciones de carga y de pasajeros. Las curiaras son canoas tradicionales en las comunidades indígenas, útiles para actividades como la pesca. Foto: Edwin Suárez Narvá.
Del estudio, que data de hace siete años, no tiene conocimiento el área de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud departamental, entidad de la Gobernación que se encarga de abordar los temas relacionados con la afectación de la salud de las personas por la contaminación con mercurio. Así se lo confirmó Yady González a El Morichal. Ella es una ingeniera química integrante del equipo de Salud Ambiental, y en 2018 lideró el ‘Informe de estudios realizados en relación con la exposición a mercurio’ del Ministerio de Salud (valga aclarar que en este informe tampoco aparece el estudio citado por El Tiempo).
Sin embargo, eso no significa que el mercurio, una sustancia tóxica utilizada durante décadas en la extracción ilegal de oro en la región, no sea una amenaza silenciosa que se cierne sobre ríos, peces y comunidades indígenas del departamento de Guainía. “Lo que hemos identificado desde el sector salud es que tenemos antecedentes de uso del mercurio en la minería desde hace aproximadamente 40 años”, dice la ingeniera González.
El departamento tiene vocación minera. De acuerdo con el Catastro Minero Colombiano, en la actualidad existen 20 títulos en ejecución para la extracción de minerales de oro y sus concentrados en Guainía. Pero, según Heiner Pinto Guerrero, profesional especializado de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA), sus poseedores técnicamente no pueden trabajar porque no tienen licencias ambientales. En los últimos dos años la Corporación no ha logrado solicitudes al respecto, y no hay ninguna en trámite hoy por hoy. Por otra parte, en la Alcaldía de Inírida (capital del departamento del Guainía), hasta el 30 de abril de 2024 había 992 personas inscritas como mineros de subsistencia (barequeros), cada uno de ellos con permiso de extraer y comercializar hasta 420 gramos de oro al año.
Por el puerto de Inírida entran y salen las personas que llegan de las diferentes comunidades de la región. Foto: Edwin Suárez Narváez.
Una acción que impulsó la minería en el departamento fue el Proyecto Minero del Guainía, ejecutado en 1987 por Ecopetrol con el fin de evaluar “el potencial de unos yacimientos auríferos” localizados en la región sur del departamento. Sin embargo, dice Leonardo Ladino, un antropólogo indígena y exdiputado (2013-2019), el Proyecto quedó “en el olvido” y sin ningún beneficio para las comunidades. Después de eso “comenzaron a predominar en la región las iniciativas mineras de carácter informal”, explica Esteban Rozo en un artículo académico publicado en 2022 para la Revista Colombiana de Antropología.
El proyecto gubernamental, entonces, permitió que la minería ilegal e informal se convirtiera con los años en un renglón importante de la economía del departamento. La actividad es a cielo abierto y por medio de aluviones. Se practica con mayor intensidad desde hace por lo menos tres décadas y media.
Balsas construidas con dos canoas metálicas de grandes proporciones y con una enramada encima, en las que trabajan hasta ocho personas, en su mayoría hombres, y que recorren los principales ríos que serpentean a lo largo y ancho de los 72.238 kilómetros cuadrados del departamento. Estas, a diferencia de las dragas que operan en otras regiones mineras del país, son máquinas con menor “productividad, calado y capacidad de remoción de material”, se lee en un documento publicado en 2019 por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi.
En su estudio, el Sinchi también explica que el trabajo principal recae sobre el buzo, la persona que desciende al fondo del río en busca de un oro invisible. Mientras respira a través de una manguera instalada en un compresor, dirige con sus manos otra manguera de hasta ocho pulgadas que succiona los sedimentos. Los sedimentos llegan a la balsa donde hay unos tapetes que se lavan en un recipiente con agua. Posteriormente al recipiente se le agrega mercurio con el fin de comenzar el proceso de separación del metal precioso de la tierra. En el agua que sobra pueden quedar residuos de mercurio y, según el Sinchi, este se vierte, en muchas oportunidades, de forma directa al río. Sin embargo, mineros entrevistados para este reportaje aseguraron que todo ese material que sobra se guarda en una botella y se entierra a cien metros de la orilla del río.
Zeze Amaya Perea, un geólogo guainiano que lleva años estudiando la minería en el departamento, explica que el mercurio se utiliza porque el oro se encuentra en partículas muy finas y porque las balsas artesanales no tienen tecnología que prescinda del metal contaminante para separar el oro totalmente de los sedimentos. Según la investigación del Sinchi se pueden utilizar hasta “dos kilogramos de mercurio por kilo de oro final producido”.
El mercurio es un metal de apariencia plateada y brillante. Debido a su alta densidad sus gotas tienden a formar esferas pequeñas y perfectamente redondas cuando se vacía sobre una superficie plana. Su ciclo de contaminación empieza cuando el agua contaminada con el metal regresa al río. Así este llega al fondo de los afluentes. En esos lugares los peces lo ingieren y luego terminan en el plato de los habitantes de la región. Pero las formas de contaminación no paran allí. Como el mercurio y el oro forman una amalgama, para desintegrarlos es necesario quemarlos a altas temperaturas en la retorta. La volatilidad del mercurio favorece que este se evapore con facilidad. El oro se queda en el recipiente y el mercurio se difumina en el aire. Esos vapores son altamente contaminantes y su inhalación hace parte de las principales formas de intoxicación crónica en los mineros, explica la ingeniera González.
Así es una de las balsas mineras que recorren los ríos de Guainía. El buzo es la persona que mayores riesgos corre durante la extracción de oro. Cortesía del periódico El Morichal.
La Organización Mundial de la Salud dice que “la inhalación de vapor de mercurio puede causar efectos nocivos en los sistemas nervioso, digestivo e inmunológico, en los pulmones y los riñones, y puede ser mortal”.
Según el documento del Sinchi se estima que, para 1994, las balsas mineras en el departamento de Guainía llegaron a utilizar hasta 50 kilogramos de mercurio al mes. Pedro Valentín Garrido, un mayor indígena que va a cumplir 80 años de vida en 2024, oriundo de Zamuro, una comunidad del río Inírida, y quien durante muchos años fue minero, dice que, hace más de 30 años, se alcanzaron a contar hasta 1.200 balsas en ese afluente.
En la actualidad no se tiene certeza de cuántas balsas están extrayendo oro en los ríos del departamento. “Yo no puedo decirle que tenemos un censo específico, pero sí puede haber por lo menos 40 dragas”, dice desde Puerto Carreño, a través de una videollamada, el brigadier general Adolfo Hernández, comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquia. Unas cifras similares maneja la Corporación CDA, la cual le expresó a El Espectador que Guainía pasó de tener 30 balsas en 2020 trabajando en los tres principales ríos del territorio, a contar con cerca de 35 balsas, hacia finales de 2023, solo en el río Guainía.
Inírida se conecta con las comunidades rurales a través de los ríos Inírida, Guaviare y Atabapo. Foto: Edwin Suárez Narváez.
De esta forma, décadas de trabajo minero han dejado un rastro de contaminación en Guainía que persiste en el tiempo y que pone en riesgo el delicado equilibrio de los ecosistemas de la región y la salud de sus habitantes. “Los rezagos que tenemos por la afectación o la exposición a mercurio no son solamente de hoy, de ayer, de hace una semana o de hace un año; son un acumulado de todos los años que se ha usado de manera indiscriminada en el territorio”, dice la ingeniera química de la Secretaría de Salud de Guainía.
Lo más preocupante es que el mercurio no es biodegradable: “puede durar cientos y miles de años en el ambiente porque no desaparece, simplemente se va moviendo”, asegura la profesional de Salud Ambiental.
Impactos de la contaminación por mercurio
Con una extensión similar a las de Suiza y Bélgica juntas, Guainía es el quinto departamento más grande del país. La totalidad de su territorio hace parte de la Reserva Forestal de la Amazonía. Cuenta con el Humedal Ramsar de la Estrella Fluvial de Inírida y la Reserva Nacional Natural Puinawai. El 98 % del área departamental corresponde a 28 resguardos indígenas, entre los que predominan las etnias puinave y curripaco. Sin embargo, solo los 10.925 kilómetros cuadrados que tiene la Reserva Puinawai y los 2.529 (en la parte de Guainía) de la Estrella Fluvial se encuentran blindados contra el extractivismo, porque, de acuerdo con la Ley 685 de 2001, está rotundamente prohibido realizar cualquier tipo de minería en estos lugares.
Desde la Secretaría de Salud aseguran que, entre los años 2000 y 2021, se han identificado al menos ocho estudios relacionados con la contaminación por mercurio en el departamento, los cuales confirman los estragos de la minería. Estas investigaciones evidencian, dice la ingeniera química González, que en el transcurso de los años “se mantienen esos valores altos (de mercurio en los humanos) frente a las concentraciones que son tomadas como referencia internacional de valores permisivos”.
Uno de los análisis más recientes sobre la afectación de mercurio en los locales fue realizado en 2019 por la Secretaría de Salud de Guainía. En esa oportunidad se analizaron muestras de cabello, sangre y orina de 500 personas de las comunidades de los tres principales ríos del departamento: Atabapo, Inírida y Guainía.
Como conclusión, el 67 % de las personas analizadas tenía un mayor nivel de mercurio en la sangre que el permitido; y, en el caso de la muestra de orina, la media se mantuvo en 14,616 µg/L (microgramo/litro), un nivel normal porque lo recomendado es estar por debajo de 25 µg/L (según la OMS), pero se llegaron a presentar casos individuales de personas con niveles de hasta 64,8 µg/L.
Los ríos son la única alternativa de movilidad para las comunidades indígenas del Guainía. Foto: Edwin Suárez Narváez.
Frente a las muestras en el cabello, la Secretaría de Salud encontró que el valor más alto presentado fue de 77,6 µg/g (microgramo/gramo), sobre una mediana de 12 µg/g, entre las 500 personas examinadas. Según el Ministerio de Salud de Colombia, el nivel de referencia para este tipo de muestras es de 5 µg/g.
Una persona se expone al mercurio por tres vías: inhalación, contacto o consumo. En las dos primeras opciones, cuando el metal se respira o se toca, el ser humano queda expuesto al mercurio elemental o metálico. Frente a la exposición por ingesta, esta se da cuando se consumen alimentos contaminados, como los peces: así se adquiere el metilmercurio, el cual puede afectar el sistema nervioso central.
Otro estudio realizado recientemente estuvo destinado a conocer los impactos ambientales de la explotación ilegal de oro en los ríos de Guainía. Fue liderado en 2021 por la CDA y se enfocó en tomar muestras de mercurio en peces, plantas y sedimentos.
Según Pinto Guerrero, el profesional especializado de la Corporación, las zonas más alejadas del departamento son las que presentan los mayores niveles de mercurio en sedimentos. Coinciden también con las áreas a las que menos acceso tienen las autoridades militares y ambientales, como el río Guainía, ubicado en el sur del territorio. Las muestras más altas reportaron hasta 124 mg/Kg, con un promedio de 3,576 mg/Kg. En el río Inírida el reporte más alto fue cercano a los 47 mg/Kg, con una media de 2,063 mg/Kg. Los sedimentos del Atabapo también están contaminados: el nivel más alto de mercurio fue de 13,266 mg/Kg, con un promedio de 1,247 mg/Kg.
Una investigación del Sinchi sobre la presencia de mercurio en agua, sedimentos y peces en la Amazonía, precisa que “en Colombia no existe una norma que regule las concentraciones de mercurio en sedimentos de agua dulce”, pero en países como Estados Unidos y Canadá el valor máximo permitido no supera los 0,15 mg/Kg Hg y 0,094 mg/Kg, respectivamente.
Pese a los esfuerzos de las autoridades por determinar la contaminación por mercurio en el ecosistema, los datos son incipientes y contradictorios. Mientras que la CDA reporta la mayor presencia de mercurio en sedimentos en el río Guainía, la Secretaría de Salud los encontró en el río Atabapo, seguido del Inírida y, en tercer lugar, el Guainía.
Desde la Secretaría de Salud aseguran que han socializado con las comunidades del departamento los resultados encontrados en 2019, para así concientizar sobre el impacto del mercurio en el ecosistema y en la salud humana.
El pescado es la base de la alimentación de las comunidades del departamento de Guainía. Foto: Edwin Suárez Narváez.
“El mensaje primordial es que reconozcan qué es el mercurio, en qué consiste. La idea es darles la información no tan técnica a ellos. Que identifiquen la sintomatología: tembladera, encías rojas o afectaciones respiratorias”, dice Sergio Rodríguez, coordinador del área de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud departamental. También le recomiendan a la ciudadanía evitar el consumo de peces como el bagre, una de las especies que mayores niveles de mercurio reporta en los estudios realizados a través de los años.
Como el departamento de Guainía no cuenta con un profesional especialista en toxicología en propiedad para que atienda de manera oportuna a las personas más afectadas por la exposición a mercurio (cuando se requiere, se hace a través de telemedicina), la Secretaría de Salud ha capacitado al personal médico disponible para que pueda detectar los síntomas. Sin embargo, el panorama es más complejo en la zona rural, donde los puestos de salud son atendidos casi siempre por auxiliares de enfermería que en la mayoría de los casos no han aprendido los elementos necesarios para desarrollar su trabajo.
El estudio realizado por la Corporación reveló que la actividad minera que provoca la contaminación es producto de la falta de empleo, oportunidades y acceso a servicios básicos en las comunidades. Por eso, la CDA decidió implementar con las comunidades objeto de la investigación un Plan de Reconversión Sociolaboral a diez años, en el que también están involucradas la Gobernación de Guainía, la Alcaldía de Inírida y el Sena. El proyecto, que comenzó en 2023, se enfoca en tres ejes: desarrollo del talento humano, producción sostenible y mejora del transporte y conectividad regional.
“El plan iría hasta 2033”, dice Heiner Pinto Guerrero, el profesional especializado de la CDA. “La idea es ver, al final, que efectivamente las comunidades hayan hecho un cambio en cuanto a sus actividades económicas; que haya una disminución de la minería en los territorios”.
Sin embargo, algunas de las comunidades más alejadas, dice Pinto Guerrero, ubicadas en los ríos Guainía e Isana, le dijeron no al proyecto de la corporación ambiental. Estas comunidades ven en la minería una alternativa socioeconómica.
La minería, el mercurio y las comunidades: una relación tóxica
En la cuenca media del río Inírida existe una comunidad indígena del resguardo Remanso-Chorrobocón que tiene una población de 754 habitantes. Allí, según dicen los lugareños, el 70 % de las familias depende económicamente de la actividad minera. Ellos aportan mano de obra o abastecen con productos alimenticios a las balsas que extraen el oro. Se trata de Chorrobocón, comunidad ubicada a 73 kilómetros de la ciudad de Inírida.
Un rápido en el río Inírida. Por las dificultades de navegación solo circulan embarcaciones de pequeña o mediana envergadura. Para pasar los rápidos se deben arrastrar los botes por la piedra en trayectos de hasta 60 metros. Foto: Edwin Suárez Narváez.
“La base fundamental de la economía está encajada en la minería”, dice, sentado en la sala de su casa, ubicada junto a la cancha de fútbol de la comunidad, Camilo Flórez, un habitante de Chorrobocón, el encargado de operar la granja solar que genera electricidad para la comunidad. Según Luis Camelo Moyano, capitán de Chorrobocón, un minero se puede ganar en promedio tres millones y medio de pesos al mes, dinero que le permite sostener a su familia en un departamento donde el costo de vida es más alto que en otras partes del país. En las comunidades más alejadas solo un galón de gasolina vale en promedio $ 50.000 (USD 12,6 —de acuerdo con la tasa representativa del mercado del 12 junio, fecha en que se hizo la reportería, un dólar se cotizaba a $ 3.960—), mientras que en urbes como Bogotá cuesta alrededor de $ 16.000.
Tampoco se puede desconocer que la minería ilegal beneficia a los grupos armados ilegales que extorsionan a los mineros. Según el comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquia, el frente Acasio Medina de las disidencias de las Farc y el frente José Daniel Pérez Carrero del ELN que comanda Álex Bonito, son algunas de las bandas criminales que obtienen rentas ilícitas del negocio del oro en el departamento.
Como la extracción ilegal aurífera lleva años practicándose en el territorio, todos los actores involucrados se han ido adaptando a su sistema socioeconómico. Los habitantes de Chorrobocón recuerdan que las balsas llegaron al resguardo hace casi 40 años de la mano de mineros brasileños conocidos como garimpeiros. Se familiarizaron tanto con la actividad que ahora no solo es la principal fuente de trabajo, sino que ya muchos tienen sus propias balsas. En los últimos diez años “los que han ejercido la minería somos nosotros, la misma comunidad”, dice Camelo Moyano.
El puerto es uno de los puntos más dinámicos de la ciudad. Aquí arriban las embarcaciones de carga y pasajeros. Foto: Edwin Suárez Narváez.
Un habitante de la comunidad, propietario de una balsa, quien habló para este reportaje con el compromiso de no mencionar su nombre, asegura que en los alrededores del resguardo trabajan cerca de ocho balsas, cuatro de ellas pertenecen a personas de la comunidad.
Eso confirma que para Chorrobocón y muchas comunidades del departamento del Guainía la minería es una alternativa económica que se ve con buenos ojos. “Llevamos por ahí unos siete, ocho años tratando de legalizar la extracción de oro”, explica el capitán Camelo. “Estamos en esta lucha, un poco lento, pero ahí vamos. Este año, con la ayuda de Dios, sé que vamos a lograr cumplir todos los requisitos que el gobierno exige”, dice.
Otro dato que corrobora el interés por la minería en Chorrobocón son los 54 mineros de subsistencia inscritos este año ante la Alcaldía de Inírida para realizar barequeo en la comunidad. Sin embargo, esta práctica no es rentable porque, como lo explicó el geólogo Amaya Perea, por el tamaño de las partículas es casi imposible separar el oro de manera artesanal.
Como cada barequero tiene derecho a comercializar hasta 420 gramos de oro al año —los mineros artesanales de subsistencia no están obligados a demostrar los métodos a través de los cuales sacan el metal precioso cuando renuevan su certificado—, es bastante probable que el oro que al final comercializan sea producto de la extracción con las balsas. Anualmente, solo los mineros de subsistencia de Chorrobocón tendrían la posibilidad de blanquear 22,68 kilos, una cantidad similar a la que producen tres balsas, teniendo en cuenta que cada año una balsa puede llegar a producir entre ocho y doce kilogramos de oro.
En el municipio de Inírida los 992 barequeros inscritos ante la Alcaldía (contando también los de Chorrobocón) podrían insertar 416,6 kilos de oro en el mercado legal nacional. Es decir, se podría justificar la producción de al menos 34 de esas máquinas ilegales. A inicios de mayo de este año, el gramo de oro en Inírida se compraba, en promedio, a $ 248.000 (aproximadamente USD 62,6), es decir, un kilogramo tenía un valor de $ 248 millones (alrededor de USD 62.626).
La comunidad de Chorrobocón está ubicada a casi 130 kilómetros de distancia de la ciudad de Inírida, aguas arriba por el río Inírida. Foto: Edwin Suárez Narváez.
Los mineros de Chorrobocón reconocen el uso del mercurio en la actividad diaria que realizan. Lo adquieren en el mercado local ilegal por $ 1.200.000 el kilo. El capitán de la comunidad dice que a través de la guardia indígena controlan que la manipulación del mercurio no se haga en el río o cerca del mismo. Debe hacerse en tierra firme, a 100 metros de la orilla, para evitar accidentes. El destino final de los residuos que desechan es un hoyo en la tierra.
Sin embargo, dice la ingeniera química de la Secretaría de Salud, “esa no es la forma correcta de tratar esos residuos de mercurio”, porque se corre el riesgo de que, a través de la escorrentía, “esos depósitos de mercurio puedan terminar finalmente en el agua o incluso en la biota en un proceso de transferencia del mercurio a las plantas”.
El capitán Camelo Moyano asegura que no han recibido información sobre las afectaciones del metal líquido en los humanos, y que lo poco que saben al respecto se debe al voz a voz de la gente. “Dicen que el bagre tiene mucha contaminación en el cuerpo, igual que el bocachico. Nosotros el bagre y el bocachico lo comemos normalmente. No le tenemos miedo a comerlo. Igual, no hemos visto ningún efecto de mercurio en ninguna persona”, sostiene.
El dueño de la balsa, habitante de Chorrobocón, enfatiza en que todos los días las familias comen pescado porque es la base proteínica de los pobladores de la región. “Estamos normal. Los bebés, todos los años, nacen normal”, asegura.
Si un habitante de Chorrobocón sospechara estar afectado por mercurio y quisiera ir al médico, esto sería casi imposible. En la comunidad hay un puesto de salud con un auxiliar de enfermería que a veces no tiene un solo medicamento para recetar. Como si fuera poco, un centro médico que proyectaba contar con medicina general y otros servicios está abandonado hace siete años porque su construcción nunca se terminó (el que sí terminó condenado por corrupción fue el gobernador que contrató la obra). El hospital más cercano está en la ciudad de Inírida y, como no hay línea de transporte fluvial, una embarcación particular puede llegar a gastar más de un millón de pesos en combustible para ir y volver a la comunidad.
El fracaso de la lucha contra la minería ilegal
El uso del mercurio en la minería es ilegal en el país desde 2019, año en el que entró en vigencia el Convenio de Minamata. Entre 2016 y abril de 2024 la Fuerza Naval del Oriente reportó haber incautado 83,3 kilogramos de mercurio en diferentes operativos. A precio de hoy ese metal líquido estaría avaluado en $ 100 millones (USD 25.252 —de acuerdo con la tasa representativa del mercado del 12 junio, fecha en que se hizo la reportería; un dólar se cotizaba a $ 3.960—).
En el mismo periodo, esa unidad militar de la Armada Nacional incautó 74 balsas mineras en los ríos del departamento de Guainía. La mayoría de ellas fueron destruidas de manera controlada, un método cuestionado porque también contamina los afluentes con residuos de aceite y gases que pueden ser tóxicos. Pinto, el profesional especializado de la CDA, reconoce que no se sabe cuál es el verdadero impacto en los ecosistemas por la destrucción de esas máquinas con dinamita.
Barcazas en la población de Amanavén (Vichada), ubicada sobre el río Guaviare, justo al frente de San Fernando de Atabapo (Venezuela). Foto: Edwin Suárez Narváez.
La incautación y destrucción de las balsas no ha logrado detener la actividad minera en el departamento. Javier Gutiérrez Camico, perteneciente a la etnia curripaco y representante legal del Consejo Indígena Multiétnico del Territorio Ancestral de los ríos Atabapo e Inírida, quien se opone rotundamente a la extracción de minerales, dice que la solución no es solo dinamitar las balsas porque los propietarios afectados consiguen rápidamente una nueva máquina. Y el ciclo se repite de manera indefinida.
Según el geólogo Amaya Perea, quien además fue fundador y actual investigador del Grupo de Estudios en Geología Económica y Mineralogía Aplicada (GEGEMA) de la Universidad Nacional, lo que se debe hacer en el departamento es generar políticas que permitan el ordenamiento del territorio alrededor de la vida, el agua y los recursos naturales disponibles. De esa manera, crear oportunidades para los habitantes de Guainía. “Un reordenamiento que permita la coexistencia de actividades como el turismo, la producción agropecuaria y la minería. Pero que se hagan de manera responsable”, dice.
Los habitantes de Chorrobocón creen que el turismo o los bonos de carbono pueden ser una alternativa a la minería, o incluso su complemento. El mejor ejemplo lo tienen en la comunidad de Remanso (que pertenece a su mismo resguardo), ubicada junto a los cerros de Mavicure. En 2015, el Sena los capacitó en turismo comunitario y hoy son quienes reciben y guían a los turistas que visitan los monolitos más famosos de Colombia.
Los cerros de Mavicure son el principal atractivo del departamento. Están ubicados a 67 kilómetros de la ciudad de Inírida. Foto: Edwin Suárez Narváez.
Para incentivar y promover el turismo en Chorrobocón es necesaria la ayuda de los mandatarios regionales a fin de mejorar los servicios que requieren los visitantes. Pero, aunque dicen haber tocado la puerta de los políticos del territorio, no han tenido respuesta. “Estamos solos. Casi no hay acompañamiento de los gobiernos locales”, denuncia el habitante de la comunidad cuyo nombre está en reserva.
El geólogo Amaya Perea considera que legalizar la minería serviría para implementar tecnologías que prescindan del mercurio y que generen un menor impacto ambiental. Sin embargo, dice que “el concepto de desarrollo sostenible no existe en la selva amazónica; todas las actividades pesan, afectan el medio ambiente. Hasta el turismo en exceso afecta. Hasta las actividades más sostenibles generan impacto ambiental”.
La solución al problema de la contaminación por mercurio en Guainía es un desafío complejo que requiere un abordaje integral y coordinado por los actores involucrados. Pero, sobre todo, se requiere voluntad política para generar los cambios que el territorio necesita. Solo así se podrá mitigar el impacto de esa amenaza silenciosa que le quita el brillo a una región rica en cultura y biodiversidad: la tierra de muchas aguas.