La única vez que Eudaldo dejó sola su ambulancia, en contra de su voluntad, fue cuando dos hombres armados lo obligaron a subirse a un motor canoa, selva adentro. El 14 de junio de 2024, sobre las aguas del río Magdalena, en el Sur de Bolívar, él respondió con lágrimas a la orden de asesinarlo si se resistía al destino de un secuestro. Así lo vio la gente del pueblo por última vez.
A todo el que le pregunta por su hermano, Johana le contesta que era conductor de una ambulancia fluvial; que desde hace 26 años corría en las aguas para ganarles tiempo a las urgencias de las comunidades a las que solo llega la misión médica; que no tenía enemigos, pero sí una familia que lo espera en casa; que no tienen dinero para un rescate; que por favor lo devuelvan con vida.
Su hermana recuerda que eran las seis de la tarde y Eudaldo estaba sin almorzar. Dejó servido en casa un mondongo con arroz, tajadas y ensalada de aguacate que ella había cocinado especialmente para calmar el antojo de su compadre, como le decía de cariño. Cuenta que ni siquiera alcanzó a probar el guiso que le preparó desde temprano porque justo a la hora del almuerzo le pidieron que llevara a un herido al hospital de Gamarra, Cesar. De regreso, cuando estaba amarrando la ambulancia en el Puerto de Cerro Burgos, lo encañonaron y se lo llevaron.
Carlos*, conductor de ambulancia en un departamento al norte del país, también fue víctima de un secuestro. Recuerda que corría el año 2023 cuando lo llamaron para recoger a un herido de gravedad, que había sido golpeado por un toro en una vereda lejana y necesitaba atención médica. Por teléfono, un hombre le daba instrucciones del camino hasta que entró en una trocha sin salida y ese sujeto le reveló la verdad: “Me dijo que no había ningún enfermo, que ellos eran de un grupo armado y que eso era un secuestro”, cuenta.
Les pidieron que apagaran todos los celulares excepto el de él. “Nos sacaban información y esa información la utilizaban para sacarle plata a la familia de la doctora, de la enfermera y de mi persona”, recuerda Carlos. Se trató de un secuestro extorsivo por parte de un grupo armado que logró cobrar más de tres millones de pesos a la familia de la doctora, la cual consignó de inmediato. Al hospital también le pidieron 30 millones de pesos por su liberación, pero no consignaron. La familia de Carlos no alcanzó a realizar la transferencia, y la enfermera se negó a entregar los números de teléfono de sus padres por su avanzada edad. Tras más de cuatro horas retenidos, tropas del Ejército que patrullaban la zona los rescataron.
Paula* vio cómo ejecutaban a una de sus pacientes a bordo de la ambulancia en que la transportaban hacia el casco urbano de un municipio de Antioquia.
Cuenta que iban con una mujer joven, herida de gravedad con varios disparos en su abdomen. Era 2021. La acompañaba su madre, quien también vio a los hombres armados que detuvieron la ambulancia 15 minutos después de haber salido para el pueblo. En un paraje, cerca al río, le dispararon al carro. Paula se tiró por la ventana y alcanzó a ver cómo le dispararon varias veces a la mujer herida, incluso por encima de su madre. A todos les dijeron no contar lo que vieron.
Para ella, una enfermera de profesión que desde hace más de 23 años presta sus servicios en una comunidad del Bajo Cauca antioqueño, la violencia de actores armados contra la misión médica es “el pan de cada día. Nos dicen que no podemos sacar ningún paciente o herido del conflicto por carretera. Tenemos que esperar que sea sacado por vía aérea”. Y esa advertencia de los grupos armados va acompañada de instrucciones precisas para la misión médica. Les dicen que van a respetar la vida del paciente siempre y cuando esté dentro del centro de salud, pero si lo sacan, “les va a tocar vivir una experiencia maluca” a los médicos y enfermeros: ver cómo se llevan al herido o ver cómo lo asesinan delante de ellos.
Algunas sedes de la misión médica están ubicadas en zonas apartadas del país y se convierten en el único servicio de salud para las comunidades. Foto: CICR.
Un drama en medio del conflicto
En Colombia, la asistencia en salud ha sido blanco de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH): los equipos enfrentan amenazas, agresiones físicas, muertes, violencia sexual, secuestros. A partir de datos oficiales, un reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señala que, en los primeros cinco meses de 2024, se registraron 73 ataques en 18 departamentos del país contra la asistencia en salud en el contexto del conflicto armado.
Durante 2023 se presentaron nueve homicidios, la cifra más alta registrada en los últimos cinco años. En algunos territorios, todo el personal de salud se ha visto obligado a dejar de trabajar o abandonar las zonas, lo que se traduce en la privación total de la atención para las comunidades apartadas.
Los departamentos más afectados en 2024 fueron Cauca, Caquetá, Arauca, Antioquia y Chocó. En estos territorios hay presencia del Clan del Golfo, ELN y disidencias de las FARC. Por ejemplo, en el departamento de Antioquia se recibieron denuncias de amenazas, agresiones y asesinatos por parte de grupos armados
Fuentes que prefieren no revelar su identidad por motivos de seguridad relataron que en territorios del Cauca algunos médicos han dejado de prestar el servicio por miedo y otros ni siquiera quieren hacer su año rural en esas zonas.
“Este año [2024] llevamos 11 infracciones contra la misión médica realizadas por actores armados [en Cauca]. En los municipios con más casos está Belalcázar, Toribío, Argelia, Santander, Suárez, Miranda, Silvia y Corinto”, explica un integrante del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de ese departamento.
Según datos de la Fiscalía, desde 1995 hasta 2024 se han registrado 1.349 denuncias de ataques a las misiones médicas. El año en que más se han reportado casos (249 en total) fue 2021, cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. Para entonces, ya se vislumbraba con más claridad el asentamiento de las disidencias en los territorios donde al Estado le ha costado llegar.
Los resultados de las denuncias van a paso lento. El 77 % está en etapa de indagación; solo el 4 %, en fases avanzadas de investigación. Los niveles de impunidad y las dificultades en la justicia traducen otro problema para las misiones médicas.
Esos números, además, podrían ser mayores, pues se estima que existe un subregistro que nace del miedo a posibles represalias en contra del personal de salud. “Creen que de pronto el actor [armado] se va a dar cuenta”, señala una persona que hace parte de la misión médica de Antioquia, pero que no revela su identidad por cuestiones de seguridad en la zona en la que trabaja.
Uno de los llamados a responder por la seguridad del personal de salud que se encuentre en riesgo es la Unidad Nacional de Protección. Según esa entidad, hasta el 20 de octubre de 2024, se habían recibido 13 solicitudes de evaluación de riesgo. En cinco de esos casos se asignó un funcionario encargado de evaluar las medidas de protección necesarias según el contexto y el nivel de riesgo de los involucrados.
La misión médica realiza brigadas de salud en comunidades que tienen dificultades para desplazarse y recibir atención en los centros urbanos. Foto: CICR.
Los impactos humanitarios
En Chocó, las comunidades no pueden enfermarse después de las cinco de la tarde. A partir de esa hora nadie, ni siquiera la misión médica, puede movilizarse por los ríos o las calles debido a los toques de queda impuestos por los actores armados, en este caso por las disputas entre el Frente de Guerra Occidental del ELN y el Clan del Golfo. Los confinamientos, las amenazas y los constantes enfrentamientos en zonas del Medio San Juan, Sipí, Nóvita y el litoral del San Juan, dejan a la población en la mitad. “Se ha vuelto casi que un modus vivendi el hecho de que entre cinco y seis de la tarde (cuando inicia la restricción de los grupos armados) no se puede presentar ninguna movilidad sobre los ríos”, explica el párroco de Quibdó, Jorge Zapata.
En otra región del país lejos del Chocó, María* también ha sufrido los efectos colaterales de los ataques a las misiones médicas. Todavía se estremece cuando recuerda a su madre muriendo en sus brazos en medio de la carretera que lleva al casco urbano de Puerto López, Antioquia. En su comunidad es extraña la presencia de ambulancias y cuando aparecen, la violencia las expulsa. Por eso, cuando su mamá se enfermó, no hubo quién la asistiera.
María explica que, por las condiciones de seguridad, a Puerto López muchos médicos llegan, pero se van, piden cambio de plaza o renuncian. Las únicas que quedan al frente son las enfermeras del pueblo. En vista de los tantos casos de muertes o enfermedades graves que se presentan en esas comunidades, María lanza un mensaje de urgencia que se mezcla con su propia frustración: “Nuestro territorio también es Colombia. Aquí hay seres humanos que necesitan apoyo del Estado. La salud es primordial en cualquier parte del mundo”.
A raíz de los ataques a la misión médica, Beatriz Karotkki, coordinadora de la unidad de salud del CICR en Colombia, explica que las comunidades se ven obligadas a trasladarse hasta el centro de salud más próximo para acceder a estos servicios, si es que pueden. En este punto, decir que la salud de la gente se deteriora con más rapidez en las zonas más afectadas por los conflictos armados es casi una obviedad. “Ya es muy difícil llegar a las comunidades, sobre todo las que están lejos. Pero si encima este servicio se bloquea durante mucho tiempo, eso genera toda una serie de impactos”, detalla Karotkki.
Médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, conductores de ambulancias y personal de salud en general representan una línea de vida que se resiste ante la violencia. Su vocación, a veces es mucho más fuerte que el miedo y, mientras tratan de defender su juramento vocacional por la defensa de la vida, los grupos armados, al parecer, los ponen como otro de sus blancos de ataque.
Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR).
*Los nombres de las personas fueron cambiados para proteger su seguridad.