Los awá, como muchos de los pueblos indígenas de Colombia, se vieron obligados a adaptarse y subsistir de la hoja de coca. A pesar de nunca haberse establecido propiamente como agricultores, pues su población era seminómada y dedicada a la caza y la recolección, la oleada de desplazamiento que ocasionaron a principio de siglo los paramilitares, las fumigaciones y el Plan Colombia desde el departamento del Putumayo hacia el occidente de Nariño, fue vinculándolos a las complejas economías de la coca.
Nariño es el departamento del país con mayor extensión sembrada con coca, con 45.735 hectáreas, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), de las cuales 12.065 ha se encuentran en Tumaco.
Después de más de una década de fumigaciones, erradicaciones forzadas y militarización de sus territorios en una guerra que no es suya, los awá vienen buscando mecanismos para que las familias de su pueblo que viven de la coca puedan pasarse voluntariamente a sembrar otro tipo de cultivo y salir por fin del círculo vicioso de la llamada “guerra contra las drogas”.
Sin embargo, decidieron no vincularse al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) dispuesto en los acuerdos de paz firmados por la antigua guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, puesto que no ven que se haya respetado su derecho a la consulta previa ni ajustado la iniciativa a su cosmovisión como pueblo originario.
No obstante, según denuncian sus autoridades tradicionales, lo decisivo para tomar distancia ha sido ver que, luego de más de un año de implementación del PNIS en la costa Pacífico de Nariño, a las comunidades vecinas y a sus territorios el Gobierno no les estaba cumpliendo lo acordado y continuaba con las erradicaciones forzosas, por lo cual consideran que no hay garantías para ellos.
¿Quiénes son los awá?
En su lengua, el awapit, los awá se definen como gente de montaña. Después de siglos de defender su territorio de incas, españoles, criollos, colonos, Fuerza Pública y grupos al margen de la Ley, se mantienen en varias zonas de la actual frontera entre Colombia y Ecuador, especialmente en los departamentos de Putumayo y Nariño, donde la selva del piedemonte costero y la cuenca del río Telembí concentran la mayor parte de su población de cerca de 30.000 personas que comparten unos 22.000 km2 por los que vienen luchando desde que el Estado empezó a reconocer sus resguardos y autoridades tradicionales con la Constitución de 1991.
Se definen como un pueblo tranquilo que, en medio de las dificultades, ha tratado de preservar su territorio como un lugar para el desarrollo del pensamiento, para trabajar y disfrutar, pero esto no ha sido fácil: el despojo de sus tierras, la presencia de grupos armados, la minería y los cultivos de palma que se han ido implantando allí ya no les permiten pescar, cazar ni cultivar plantas medicinales en la selva, según sus costumbres.
La población awá ha tenido que sufrir los rigores del desplazamiento, por lo que sus tradiciones hoy se encuentran en alto riesgo de desaparecer, al punto que la Corte Constitucional los ha incluido en la lista de pueblos en peligro de extinción étnica.
Al respecto, Jairo Javier Bisbicús, fiscal de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), asegura en tono nostálgico que:
[Esto se origina en] los distintos intereses que hay en el territorio, un territorio que se ha convertido en campo de batalla, un territorio que ha servido para todos los grupos armados como corredores estratégicos para mover el narcotráfico, para el tema de la minería […] todo esto ha costado muertos de nuestros compañeros, desapariciones, un sinnúmero de víctimas, un sinnúmero de niños huérfanos.
Víctimas indígenas
Los crímenes contra los awá son casi incontables y, en algunos casos, de extrema gravedad.
Tal vez el más recordado sea la masacre de Tortugaña Telembí [Insertar enlace a PDF con pronunciamiento de Unipa], cometida por la Columna Móvil ‘Daniel Aldana’ de las antiguas FARC el 4 de febrero de 2009 y que espera sea tratada en el Caso 002 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
No obstante, también la Fuerza Pública, los paramilitares de distintas denominaciones y el crimen organizado han dejado víctimas por todo el territorio de este pueblo indígena que, tras la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016, cuenta 26 asesinatos, 64 amenazas y más de 800 personas desplazadas.
Por esta razón, la Unipa ha venido construyendo su “Camino de protección propia” como parte del Plan Integral de Reparación Colectiva que el Estado está obligado a implementar en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional y en el marco los programas de seguridad y protección contemplados en el capítulo étnico del acuerdo de paz. Se trata de un programa de fortalecimiento para la guardia indígena destinado a la protección de sus líderes y comunidades que se inició en 2017 con un contrato por $300’000.000 entre la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Unipa.
Sin embargo, estas medidas no son suficientes para resolver la grave situación que viven las comunidades indígenas en las zonas cocaleras del occidente de Nariño, toda vez que desde el inicio del gobierno del presidente Iván Duque Márquez más de 5 líderes de la Unipa han sido asesinados en estos territorios por los grupos armados que han venido tomándose el lugar que antes ocupaban las FARC para hacerse con el control, entre otras cosas, del negocio de la coca.
Además, hoy no se sabe si podrá continuar la ruta de protección mencionada, que se desarrolló principalmente en los resguardos del municipio de Barbacoas, pues el nuevo Ejecutivo no le ha dado continuidad a la financiación de esta iniciativa.
¿Por qué no hacer parte del PNIS?
De acuerdo con un informe del Observatorio de Drogas de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), a final de 2016 la extensión de cultivos de coca en territorios indígenas de Nariño constituía 4.174 hectáreas, asunto especialmente agudo hacia el Pacífico y el piedemonte andino, justamente donde viven la mayoría de los awá.
Según Henry Marín, consejero de Organización y Territorio de la Unipa, muchos indígenas han recurrido a la hoja de coca para sobrevivir en medio de la presión de las armas y la pobreza: “cada familia solo cultiva un poco, apenas para sobrevivir de lo que le vende a los grupos armados”.
Esto los ha hecho mucho más vulnerables a la violencia y el desplazamiento, generando una situación que se ha vuelto particularmente riesgosa después de que diversos grupos armados empezaran a disputarse el territorio que controlaban las antiguas FARC en Nariño, especialmente en el municipio de Tumaco donde más de 12 grupos armados amenazan a los 16 resguardos de este pueblo originario.
La falta de confianza en las instituciones es la primera razón que manifiestan las comunidades para no pertenecer hoy al PNIS, creado mediante el Decreto Ley 896 de 2017 como herramienta de gestión para la sustitución de cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana.
No es para menos: en el pasado la gestión del Estado frente a las necesidades de las comunidades indígenas en Nariño ha sido, cuando menos, escasa y es poco lo cumplido de lo que se ha pactado en las mesas de negociación surgidas de las mingas y protestas, así como de lo definido en el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional en materia de saneamiento ambiental, vías, comunicaciones y salud, entre otros asuntos, para evitar la desaparición de los awá como pueblo.
A todo esto se suma que, de acuerdo con Unipa, desde la puesta en marcha del PNIS en sus territorios no solo se han aumentado las agresiones de los grupos armados contra las comunidades sino que se ha incumplido a las comunidades campesinas y afrodescendientes vecinas a sus resguardos. Según cuenta Henry Marín, las familias vinculadas al PNIS en estos territorios no fueron informadas adecuadamente sobre el propósito del programa y terminaron sometidas a que, en algunos casos, la Fuerza Pública arrancará la coca:
La primera fase, era la firma de la carta de intención y luego, cuando ya firman esos acuerdos, el Gobierno manda la erradicación forzosa. Los cultivadores de coca no sabían que la cosa era de sustitución voluntaria
[…] Nosotros, como organización Unipa, no nos acogimos al programa y enviamos una solicitud al Gobierno, o a la institución encargada de esta sustitución voluntaria, donde se decía que para nosotros tiene que entrar primero la socialización del programa dentro de los resguardos indígenas y dentro de esa socialización íbamos creando una ruta como indígenas, para mirar a ver cómo era que queríamos la sustitución voluntaria.
Incertidumbre
Los programas de sustitución voluntaria, tal como se plantearon en el acuerdo de paz, suponen un apoyo para la generación de oportunidades para las familias cultivadoras y recolectoras, de forma que puedan tener alternativas económicas que permitan la reactivación de municipios como Tumaco, Barbacoas o Ricaurte, donde se concentra la mayor población awá y, al mismo tiempo, donde más expuestos a riesgos se encuentran por la presión de los grupos armados que se lucran del negocio de la coca.
Sin duda, de acuerdo con Daniel Ramírez, coordinador departamental del PNIS en Nariño, el reto de implementar el punto cuarto de los acuerdos de La Habana en este departamento es grande:
Lo más importante es ofrecer alternativas económicas a las familias que derivan sus ingresos de esos cultivos ilícitos. Si la estrategia no se plantea con ese objetivo fundamental, efectivamente podemos seguir en un círculo vicioso de erradicación forzosa y resiembra por parte de las comunidades, porque […] se trata de una opción de vida, de una forma de generación de ingresos.
Así, al menos como se preveía, las familias vinculadas al PNIS en Nariño se han comprometido a eliminar voluntaria y concertadamente la coca, y el Estado a llevar a cabo un proceso que partía de asambleas con los cultivadores y recolectores para la construcción de los Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (Pisda) que aseguraran el éxito de la iniciativa y se integraran con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que se adelantan tanto en la zona de Pacífico y Frontera Nariñense como en la región del Alto Patía. Adicionalmente, las instituciones encargadas del PNIS debían entregar un apoyo económico de corto y mediano plazo que hiciera posible a las familias cocaleras llevar a cabo esta transición.
Ver el PDF: Decreto 896 de 2017
Respecto a la participación de las comunidades en este proceso, Daniel Ramírez asegura que:
Desde el marco del proceso de implementación, nosotros tenemos muy clara la real voluntad de las comunidades con terminar definitivamente con esta actividad ilícita porque están cansadas de la guerra, porque están cansadas de la violencia, porque saben que, en últimas, la coca lo único que les ha traído ha sido pobreza, miedo y desplazamiento.
Volviendo a los aportes que el Estado debe hacer a cada familia cocalera, estos ascienden a $36’000.000 y están diseñados para entregarse durante dos años: en el primero, se realizan pagos bimensuales hasta completar $12’000.000 a los beneficiarios por su trabajo en la sustitución de cultivos bajo la figura de ingreso laboral, además de $1’800.000 para asegurar la alimentación inmediata, $9’000.000 para la ejecución de proyectos de ciclo corto y $1’600.000 para asistencia técnica; mientras, en el segundo año, se paga un ingreso laboral de $4’000.000 distribuido en 8 meses, junto con $6’000.000 para los proyectos productivos y $1’600.000 de asistencia técnica.
A pesar del hermetismo con el que se ha manejado todo lo relacionado con el PNIS desde la posesión de Iván Duque y de la incertidumbre por el futuro del programa por la disolución de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, que pasó a ser una dirección dentro de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación que hoy encabeza Emilio José Archila Peñalosa -quien no ha respondido ninguna de las consultas que hemos elevado a la oficina de prensa de su despacho-, hoy el PNIS continúa implementándose en Nariño en medio de las dificultades.
A través de un documento, Unodc, la entidad encargada de administrarestos recursos en Nariño de acuerdo al Memorando de Entendimiento COL W40 firmado entre la organización internacional y el Gobierno Nacional en noviembre de 2017, manifestó que, hasta el 31 de enero, se habían vinculado al PNIS 16.568 familias en la zona de Tumaco, de las cuales 14.753 son cultivadoras, 1.512 habitantes de zonas afectadas por los cultivos ilícitos y 303 recolectoras. Adicionalmente, asegura la organización internacional, de estas familias apenas 1.035 han recibido la totalidad de los aportes económicos del primer año, lo que correspondería a $12.420 millones ejecutados en este componente de los recursos entregados por el Estado colombiano.
Ver PDF de respuesta de Unodc.
Por su parte, y de forma extraoficial, funcionarios de Unodc manifestaron que la organización internacional ha logrado atender con el PNIS apenas a 9.000 familias de las 17.000 que se tienen proyectadas en la zona de Tumaco, lo que representaría recursos por $324.000 millones cuando se completen los pagos. Esta significativa diferencia está relacionada con la grave situación que se vive en la vereda el Tandil del corregimiento de Mataje, donde se ha dificultado la entrega a las familias cocaleras de estos aportes.
No obstante, agregan los funcionarios consultados, se han presentado dificultades tanto por los ataques violentos y las extorsiones a las personas vinculadas al PNIS [Insertar enlace a nota sobre extorsiones] como por demoras en la entrega de la asistencia técnica y los insumos causadas por problemas con los operadores contratados, que no han cumplido a tiempo con los rigurosos requisitos de la entidad.
Estas demoras han generado graves tensiones con las autoridades en esta zona del país, como la protesta cocalera que el pasado 5 de octubre cerró la carretera que lleva de Pasto a Tumaco para rechazar los incumplimientos, encontrando como única respuesta la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, que dejó varios heridos.
Adicionalmente, la situación de seguridad para las comunidades se ha venido agudizando con la militarización de la región y los resguardos indígenas ordenada por el Gobierno, lo cual ha generado nuevos hechos violentos, como el que vivió recientemente un equipo de erradicadores de la Policía que cayó en un campo minado el pasado 27 de febrero.
Al respecto, el consejero Henry Marín expresó que:
Entran con su maquinaria de erradicación forzosa a desminar porque tienen su equipo especial para eso. En la desminada […] empiezan a activar los demás explosivos alrededor para activar solo esa que buscan. Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque pone en riesgo a los indígenas […] que nunca han escuchado este tipo de explosiones de seguido: 10 o 20 detonaciones por día. Entonces, eso hace que la comunidad se desplace. En este momento tenemos 2 o 3 familias que están fuera.
Ante este panorama, los awá hoy le exigen al Gobierno Nacional un programa especial que tenga en cuenta la situación de sus resguardos, su cultura y, sobre todo, no se plantee la militarización como método sino que respete a sus autoridades tradicionales y la guardia indígena como elemento de protección de sus territorios, ya que el programa de erradicación debió coordinarse inicialmente a partir de la consulta previa a la que tienen derecho como pueblo originario.
Este reportaje es el resultado del proyecto periodístico colaborativo ‘Los números del posconflicto’, que pretende abrir los datos y sumar a la construcción de una agenda de seguimiento sobre los dineros para la paz en Colombia. Iniciativa de Consejo de Redacción y VerdadAbierta.com en alianza con seis medios colombianos. Visita el medio aliado El Turbión.