Parecía que el único desaparecido que tenía familia en el municipio de Florencia, Caquetá, era Cristian Camilo Josa Agudelo. Nadie reclamaba, nadie lloraba, nadie buscaba; solo se veía a una mujer corriendo desesperada de un lado a otro y temblando de miedo por lo inesperado.
Ella era Nohemí Agudelo, quien hace 14 años temía que lo peor les estaba ocurriendo a su muchacho y a otros hijos del pueblo. No era un sueño, era una pesadilla de la que aún no despierta y con la que afronta una lucha interminable por conocer la verdad.
Cada vez que hay un plantón o manifestación para saber qué pasó con las víctimas del conflicto armado, Nohemí Agudelo está ahí con la imagen de Cristian Camilo. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en su informe ‘Caquetá: una autopsia sobre la desaparición forzada’, reporta 3004 víctimas de este fenómeno al 23 de abril de 2018. Muchas son buscadas, otras ni siquiera mencionadas. No obstante, según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), hay 350 solicitudes. Quienes se dedican a seguir el rastro de sus seres queridos lo hacen bajo anonimato, temen correr la misma suerte. Sus perpetradores aún están en el territorio y ocultan la verdad; escudriñarla los expone a intimidaciones, persecuciones, amenazas y desplazamientos. Nohemí las ha soportado todas, pero insiste en su propósito de encontrar a Cristian. Ha dado a conocer su lucha en los medios de comunicación; quiere que el mundo se entere de que lo sigue buscando hasta debajo de las piedras.
La vida de Nohemí ha estado atravesada por el dolor; también por la valentía y la persistencia. Ella está como el Caquetá: obligada a vivir complejas experiencias de abandono estatal. Este departamento, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), registra que el 47 % de la población es víctima de la guerra; el 59 % tiene sus necesidades básicas insatisfechas en salud, educación, acueducto y vivienda; en promedio, cada familia cuenta con cuatro víctimas de la confrontación armada, y el número de hogares violentados en el marco del conflicto supera los 55 000. Así lo constató la Comisión de la Verdad en julio de 2019 durante la inauguración de la ‘Casa de la verdad de Florencia: territorio seguro para el diálogo’.
Desde el momento en que dejó de ser intendencia para convertirse en departamento, el 15 de diciembre de 1981, Caquetá ha sido una de las zonas más afectadas por la lucha armada en Colombia. Sus pobladores han vivido las horrorosas prácticas del secuestro, las masacres, la extorsión, el ‘boleteo’, las muertes en cautiverio, el reclutamiento ilegal de menores y adultos, el desplazamiento y la desaparición forzada. Estos flagelos destruyen vidas, el tejido familiar y comunitario.
Ser buscadora de desaparecidos en Caquetá, específicamente en Florencia, es una dolorosa misión para Nohemí, que provoca una lenta e inevitable angustia de tanto pensar si sus familiares viven aún, dónde están, si fueron torturados o cuánto sufrimiento soportaron en manos de sus captores. En efecto, los allegados de los desaparecidos enfrentan múltiples penas desde la última vez que los vieron, o cuando denunciaron sus desapariciones y no los atendieron de inmediato; en el momento en que empezó la búsqueda o el día en que se apagó la esperanza de encontrarlos vivos. Pero hay otros dolores que les restan aliento, que surgen cuando dejan de escuchar sus nombres, la indagación no avanza, no les suministran información en los despachos judiciales, la ciudadanía no los acompaña a exigir justicia o reciben amenazas por reclamar verdad.
Con tal de saber qué pasó con su hijo menor, Nohemí ha afrontado todos los vaivenes del dolor. Cuenta que vio a Cristian Camilo por última vez el 28 de agosto de 2006, a las cinco de la tarde, minutos antes de iniciar la labor diaria de venta callejera de arepas, con la que ayudaba al sustento familiar. “A la edad de 17 años desapareció del barrio Ciudadela Habitacional Siglo XXI, en Florencia. Ese día en la mañana un amigo vino a buscarlo, pero como no estaba porque se había ido con su papá a trabajar, le dejó dicho que le ayudara a llevar un portón a la segunda etapa del barrio. A su regreso le di la razón y él salió a cumplir con lo encomendado. Cristian era el encargado de prender el carbón y probar si las arepas estaban bien de sal, pero como se estaba tardando, me tocó hacerlo a mí”.
Nohemí Agudelo es la cara más visible de los desaparecidos en Caquetá, pese a que ha sido amenazada y le tocó irse de Florencia. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.
Tras la firma de los acuerdos de paz negociados entre la extinta guerrilla de las Farc-EP y el Gobierno nacional, en noviembre de 2016, se pensaba que lo peor iba a quedar atrás, que vendrían tiempos mejores para cerrar las heridas y seguir adelante, pero no fue así. De acuerdo con fuentes que pidieron mantener sus nombres reservados por razones de seguridad, en 2020, en pleno año de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID–19, hubo siete denuncias de desaparición de personas, que se suman a las 56 existentes, presentadas desde el momento de implementación de dichos acuerdos hasta diciembre de 2019.
A pocos metros de distancia de donde estaba vendiendo arepas, Nohemí alcanzó a ver que un vehículo tipo taxi, con sus ocupantes, hizo un giro inesperado en la esquina de la calle, sin percatarse de que su hijo era uno de los pasajeros. Sin embargo, algunos testigos aseguraron después que el joven no subió obligado, por lo que no despertó sospechas de que algo malo estuviera ocurriendo. Luego apareció la persona que lo había buscado para trasladar el portón. Nohemí le interrogó por Cristian, y le respondió que no tardaba; pero nunca regresó. “Al otro día fui a preguntar por mi hijo. Los vecinos me contaron lo del taxi, cogí su foto y me fui a hablar con el comandante de la Policía de ese entonces, el coronel José Ángel Mendoza Guzmán, para que me ayudara, porque allá tenían a los muchachos de la Ciudadela como lo peor de la ciudad, con fama de drogadictos y atracadores. Él no era así; yo sé qué clase de hijo tenía”.
El oficial, hoy mayor general retirado de la institución, la citó cuatro días después para comunicarle que no había información sobre el paradero de su familiar. Durante 15 días, la desaparición de Cristian fue tema en varios medios de comunicación nacionales, incluyendo la emisora de la Policía en Bogotá. “Allí dije que algo estaba pasando con los muchachos de Caquetá, porque se los estaban llevando, y no sabíamos quiénes eran los autores de este hecho. Yo no puedo decir que fueron las Farc, las Autodefensas Unidas de Colombia o que se trató de un falso positivo, aunque el caso esté ahora en la Jurisdicción Especial para la Paz”, señala Nohemí, quien rompe en llanto al recordar que, tras 14 años de acudir a la institucionalidad encargada del asunto, no sabe nada de ese adolescente de un metro con 75 centímetros de estatura, carácter fuerte y noble a la vez, dedicado a su familia, voluntarioso para hacer los favores que le encomendaban y apegado a ella, a quien siempre le contaba qué iba a hacer o para dónde se dirigía.
“Hablar de él es muy duro; algo le pasó. No estaba enseñado a irse de rumba y durar tres o cuatro días por fuera de la casa, porque nunca lo hacía. Cada cierto tiempo se iba unos 20 días para donde sus abuelos, que vivían en la vereda Aguascalientes, en el municipio de Morelia, a 20 minutos de Florencia. Los acompañaba y volvía”, afirma mientras seca sus mejillas.
Desde hace varios años, Nohemí forma parte de la Asociación Nacional de Secuestrados y Desaparecidos: Los Que Faltan, que congrega a cerca de 300 familias víctimas de este flagelo en la región. “Mis amigas dicen que sus hijos fueron secuestrados por el frente tal y el comandante tal, pero yo no puedo decir lo mismo porque no sé quién se lo llevó. Yo hablo de un desaparecido, y necesito saber si fue un crimen de Estado, si fueron las AUC o las Farc-EP”, reclama Nohemí.
Un día, en medio de la búsqueda y vía WhatsApp, le llegó una foto en la que comparaban la imagen de Cristian con la de un combatiente de la extinta guerrilla. Aunque físicamente es parecido, su corazón de madre le dice que no es su muchacho. No obstante, necesitaba saber con certeza si su hijo perteneció a este grupo armado. Por ello, el 12 de mayo de 2017, Nohemí viajó hasta el municipio de Mesetas, Meta, en donde se reunió con un excomandante y varios exmiembros de esa estructura. “Les dije que si su organización es tan grande y poderosa como aseguran, que contaran dónde está la gente que fue reclutada. Ellos se incomodaron, me dijeron que no reclutaban. Les alegué que necesitaba saber si estaba vivo o muerto para ir a recogerlo”.
Nohemí regresó a casa sin nuevas pistas, pero retomó la búsqueda mediante redes sociales, aprovechando la firma del acuerdo de paz. Ella cuenta que, por medio de Facebook, les envió solicitud de amistad a varios excombatientes, entre ellos Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko, antiguo comandante del estado mayor de las Farc-EP. “Finalmente, me aceptó la invitación. Le envié la foto del pendón de mi niño con su historia y me contestó ‘tomaré atenta nota’. No respondió nada más. Los guerrilleros me escribían lo mismo: que me iban a ayudar, que iban a investigar, pero nada pasó”.
Pendón con la imagen de Cristian Camilo, la misma que fue enviada por Nohemí a excombatientes de las Farc-EP para que le ayudaran en su búsqueda. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.
Cuando los exguerrilleros empezaron a recorrer el país haciendo campaña política para llegar al Senado de la República y a la Cámara de Representantes en 2018, Nohemí acudió, junto con un grupo de víctimas, a una manifestación que se daría una vez arribaran los candidatos de la Farc a la ciudad.
Ese 4 de febrero, Iván Márquez llegó a la capital de Caquetá. “Aproveché que el líder guerrillero iba a estar en el polideportivo de la Ciudadela para preguntarle si sabía algo de mi hijo. Además, otras víctimas me habían dicho que hiciéramos un plantón para exigir verdad y justicia. Allí, gritando arengas, estaba un profesor que fue secuestrado por esa guerrilla. Cuando la policía lo iba a detener, yo me metí en medio de ellos, les pedí que miraran la foto plasmada en mi camiseta y el pendón que cargaba, porque esos elementos estaban llenos de verdad y, sobre todo, de dolor. Los uniformados dieron dos pasos atrás y dejaron continuar la manifestación que las víctimas estaban realizando. La comunidad empezó a aglutinarse en los andenes con la idea de reclamarles que, por culpa de los excombatientes, habían perdido sus tierras, familiares y, en muchos casos, habían tenido que salir desplazados a pasar penurias lejos de sus hogares”, relata Nohemí.
En esa ocasión ella expuso nuevamente su caso ante los medios de comunicación locales. De regreso a casa se enteró de que habían atacado el polideportivo con piedras y quemado las banderas políticas del partido Farc. “Mes y medio después, una persona que no se identificó me llamó y preguntó, en tono altanero, qué buscaba, que si quería que me ‘levantaran’. Yo les dije que no estaba diciendo mentiras, sino buscando a mi hijo. La sentencia que recibí fue que abandonara Florencia. Tendría que estar muerta para no buscar a mi hijo, porque callada no me quedaré”, desafía Nohemí.
La madre de Cristian se vio obligada entonces a abandonar el departamento y se fue a vivir a Cali, donde estuvo cuatro meses, tiempo en el que no supo nada de él. En uno de sus sueños, desde una nube, Cristian le pidió que no sufriera más, y cuando emocionalmente se preparaba para atender el llamado divino, el destino le volvió a propinar otro golpe: su hijo Wilmer Josa Agudelo, soldado del Ejército Nacional, fue asesinado en un asalto que las tropas realizaron a un campamento de las disidencias de las Farc en la vereda Candilejas, municipio de San Vicente del Caguán, el 15 de diciembre de 2018. Dejó una esposa, unos hijos y una familia destrozada. Al año siguiente, el 11 de julio, fue inaugurada la oficina territorial de la Comisión de la Verdad en Florencia.
Wilmer Josa Agudelo en una de las dedicatorias que le hizo a su mamá durante su carrera militar. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.
Una de las placas que la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, unidad donde estaba Wilmer, entregó a sus familiares tras su fallecimiento. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.
Nohemí, con su otro dolor a cuestas, retornó a Caquetá para buscar la verdad, esa que la Comisión de la Verdad trata de construir investigando por qué la desaparición forzada se enquistó en la región. Esta oficina ha sido artífice de varias reuniones en las que los asistentes contribuyen a estas indagaciones de manera abierta y voluntaria. “Hemos generado encuentros de verdad, no solo para el esclarecimiento, sino para propiciar espacios de diálogo social. No hay limitaciones de público; han participado aproximadamente unas 500 personas interesadas en ayudar a esclarecer los sucesos que trajo el conflicto armado”, explica Fernando Cruz Artunduaga, asesor experto de la oficina territorial en Florencia.
Fernando Cruz Artunduaga, asesor experto de la oficina territorial de la Comisión de la Verdad en Florencia. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.
Un mes antes de que se desatara la pandemia generada por el COVID-19, y ante la falta de información sobre el paradero de su hijo, Nohemí cuenta que se desesperó tanto que interpuso una acción de tutela contra la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), porque no le respondió un derecho de petición en el que preguntó si el caso de la desaparición forzada de Cristian fue asumido por la justicia transicional o, en caso negativo, se le indicara el procedimiento específico para que se llevara a cabo su pretensión.
El Tribunal para la Paz declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, ya que al momento del fallo logró satisfacer la pretensión de Nohemí en la demanda. En el dictamen le informó también que “la Sala de Reconocimiento investiga los delitos de reclutamiento y utilización de niñas y niños cometidos por integrantes de las Farc-EP y de la fuerza pública, entre el primero de enero de 1971 y el primero de diciembre de 2016, así como los hechos victimizantes relacionados con el reclutamiento y otros de violencia, como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición y homicidio”.
Nohemí espera ahora que la JEP asuma y certifique el caso de su hijo. Ella sabe que no es la única de su departamento que carga una cruz por la desaparición de un ser querido. El equipo territorial en Florencia de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) lleva cerca de 20 meses realizando su trabajo en el ámbito local, y hoy tiene radicadas alrededor de 350 solicitudes de búsqueda solo en Caquetá, pues también hace presencia en 18 municipios del sur del Huila, poblaciones desde donde se efectúan 230 más.
Su coordinador, Carlos Enrique Zapata Bohórquez, quien a su vez indaga por el paradero de su padre desaparecido, explica que vienen haciendo pedagogía con las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, actores interesados en la búsqueda, y aportantes de información para dar respuesta a las familias que acuden a su oficina. “Hemos hecho dos entregas. En 2018 hicimos la primera, que incluso fue la primera a nivel nacional; mientras que la segunda la hicimos el año pasado con el acompañamiento de la Fiscalía. Estamos trabajando en la búsqueda de información con las entidades del Estado, en fuentes abiertas o con convenios interinstitucionales para determinar qué se ha investigado, dónde puede estar la persona desaparecida y qué acciones han emprendido sus familiares para encontrarla”.
Zapata Bohórquez ha conocido de casos en los que tanto hombres como mujeres que se dedican a buscar a sus desaparecidos son objeto de amenazas, torturas y violaciones. “Ciertamente empezaron la búsqueda, la cual los va llevando por ciertos caminos y, a veces, en su afán por encontrar a su ser amado, van hasta donde sea necesario, sin importar las consecuencias. Llegaban a lugares y allí se encontraban con actores armados que los amenazaban y los torturaban. Tanto a mujeres como a hombres los violaban para darles a entender que no buscaran más porque, si lo seguían haciendo, los mataban o les hacían esos vejámenes de nuevo”, señaló el funcionario.
Explicó que quienes acuden a la UBPD contarán con las garantías necesarias para conocer el paradero de sus allegados. Además, tendrán la certeza de que el caso no será archivado, pues la corporación asume el proceso con carácter humanitario y extraoficial, con el compromiso de continuar en el tiempo hasta lograr encontrar a la víctima, ya sea con vida para hacer el respectivo reencuentro o sin vida para hacer entrega de sus restos mortales.
Luego del cese de hostilidades decretado entre el Gobierno nacional y las Farc, se han presentado ante la Fiscalía 63 denuncias de desaparición forzada en 14 de los 16 municipios del departamento. Así lo aseguraron fuentes oficiales que insistieron en mantener sus nombres bajo reserva. Afirmaron también que han abierto siete investigaciones para dar con el paradero de estas personas. En su mayoría, los casos son atribuidos a integrantes de grupos armados ilegales que no brindan datos detallados, mientras que en otros, las víctimas salen de sus casas sin dar información a sus familiares y no regresan. Se han esclarecido tres historias, se han encontrado doce personas vivas y seis cuerpos.
Sin desconocer los esfuerzos institucionales, Nohemí continúa la búsqueda por su cuenta, aunque su corazón le diga de muchas formas que Cristian ya no está vivo. “Cuando recibí la noticia del asesinato de Wilmer, mi otro hijo, sentí el mismo dolor. Ahora, ante la angustia de no saber qué ocurrió con Cristian, y ante el paso del tiempo, algo me dice que está muerto. De todas maneras, seguiré buscándolo, porque uno no se desaparece de la faz de la tierra, algún rastro debe haber”.
