Tan solo 20 de las 580 hectáreas de la finca El Aceituno, en el Carmen de Bolívar, están ocupadas. En esta tierra fértil hoy solo crece el monte. Pero eso no fue siempre así. En su época de esplendor esta tierra parió yuca, ñame, batata, maíz, ajonjolí, fríjol y, especialmente, tabaco. También sirvió para la cría de ganado cebú, cerdos, carneros y aves de corral. Los campesinos que vivieron en esta finca pasaron tiempos de gloria, vivían de lo que la tierra les daba, todo lo bueno que alcanzaron fue gracias a El Aceituno.
Tuvieron una vida apacible hasta que se desató la guerra entre los paramilitares, la guerrilla y la fuerza pública en su terruño; durante años, resistieron lo más duro del conflicto en los Montes de María. Vieron caer asesinados a sus seres queridos, soportaron el asedio de los grupos armados y los rigores de la guerra, pero la resistencia tiene un límite y para ellos llegó en forma de éxodo. Presionados por el apremio de su situación, en medio de la zozobra, el desarraigo, el miedo y las deudas, vendieron sus parcelas por valores irrisorios a intermediarios, quienes a su vez las vendieron a empresas afiliadas a una compañía agroindustrial y minera.
Gracias a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, estos campesinos iniciaron procesos de reclamación de sus parcelas. En 2015, 2016 y 2018 la justicia ordenó la restitución de los predios a una parte de los campesinos reclamantes, sin embargo, a más de tres años de la primera decisión judicial, las tierras aún no han sido entregadas en su totalidad. Los campesinos de los tres grandes predios en los que se dividió la hacienda El Aceituno desde su tormentoso desplazamiento, hace 20 años, no han podido volver a su tierra. Esta es su historia.
Por ti soñé: la historia de los campesinos y el predio
El Aceituno I
A finales de la década de 1950, la hacienda El Aceituno le pertenecía a Hernando Ricardo, un hombre de campo, propietario de tierras, ganadero y comerciante tabacalero carmero. Con el paso de los años, Ricardo vendió partes de las 580 hectáreas de la finca y así se conformaron tres predios con el mismo nombre. Alrededor de 1963 le vendió la primera porción de la propiedad, unas 220 hectáreas, a Antonio Romero, quien en lugar de quedarse a trabajar la tierra contrató a Pedro Fernández González para que administrara la finca.
A la llegada de Fernández y su familia, El Aceituno I estaba hecho monte. Tuvo que limpiar la maleza, levantar la cerca, hacer los pozos de agua y poner a producir la finca, como se lo había encomendado su patrón. Para Fernández esta era como su tierra prometida, allí prosperó con su familia, vivió años felices. “Yo nací en esa finca, me crié ahí. El recuerdo más bonito que tengo de El Aceituno es que el primer hijo mío nació allá”, recuerda nostálgico Tomás Fernández Yepes, hijo menor de Pedro. Este suelo proveía más de lo que Pedro Fernández jamás pensó tener para vivir bien, pero la tierra no era suya.
Tomás Fernández Yepes y su hijo nacido en El Aceituno. Tomás es reclamante de un predio a través de un poder cedido por su hermano, Fernando Fernández Yepes.
Por años, Pedro Fernández le informó a Romero sus actividades y buscó compensación por su trabajo como administrador, pero este siempre le insistió que trabajara la tierra y viviera de ella. En 1990, cuando Fernández fue a buscar a Romero para darle parte de sus tierras no lo encontró: los hijos le dijeron que Antonio Romero había muerto, que el predio nunca entró en el juicio de sucesión y que se quedara con la finca para pagarse por las décadas de cuidado, trabajo y administración, según contó Ramiro, uno de los hijos de Pedro.
Pedro Fernández González pasó meses indagando sobre cómo formalizar la propiedad de la finca en la que trabajó con tanto esmero por cerca de 30 años. Hasta que encontró una salida: la “Prescripción adquisitiva”, una figura legal mediante la cual se adquiere un bien demostrando haber tenido posesión ininterrumpida del mismo durante un tiempo determinado. Era el único requisito necesario, también era la única carta que tenía para jugar.
El 18 de septiembre de 1991, el Juzgado Segundo Civil de Restitución de Tierras de El Carmen profirió sentencia a su favor. El Aceituno I por fin era suyo. Ese día Pedro sonrió por su pequeño gran triunfo, pero ya no podría volver a dormir tranquilo: ese mismo año arreció el conflicto en los Montes de María.
Durante los siete años siguientes, Pedro Fernández González, su familia, vecinos y amigos de toda una vida resistieron los embates de un conflicto infame que se cobró la vida de muchos de sus seres queridos. Otros huyeron, como lo explica Tomás Fernández: “Salí de allá por la violencia y por miedo. Ya no se podía trabajar, por eso me vine a El Carmen. Uno recuerda a los amigos, los que murieron, y a los familiares. A mí me mataron tres familiares: dos tíos, Ovidio Fernández y José Yepes, y a un primo, Armando Yepes”.
Debido a la violencia armada, ya cansado, viejo y enfermo, Pedro Fernández González se desplazó; iba y venía entre Barranquilla, Atlántico y El Carmen de Bolívar, hasta que ya no aguantó más y en 1998 entregó sus tierras al entonces Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora). Entre la venta, el desarraigo y la confusión, la plata se esfumó. Mediante subsidios, el Incora le adjudicó las parcelas de El Aceituno I a algunos hijos y allegados suyos.
Las familias de esos adjudicatarios se constituyeron como Unidades Agrícolas Familiares (UAF) mediante escritura pública N.º 285 del 18 de agosto de 1998. El 18 de diciembre del mismo año, por el asedio de la guerra, se desplazaron todos los campesinos que quedaban en El Aceituno, algunos no alcanzaron a tomar posesión de la tierra que les acababan de adjudicar. “Si no hubiera sido por la guerra esa, nosotros estuviéramos en El Aceituno, es que esa tierra nos dio todo”, dice Ramiro Fernández Yepes, otro de los hijos de Pedro, quien también creció allí. Había empezado una diáspora que aún no termina.
El Aceituno II
A comienzo de la década de 1960, cuando la finca le pertenecía a Hernando Ricardo, Medardo José Tovar Salgado llegó con su familia a la finca El Aceituno en calidad de aparcero, es decir, con un contrato de arrendamiento a cambio de trabajar la tierra y compartir el usufructo. Como lo había hecho por un siglo la mayoría de los campesinos de la región de los Montes de María, allí trabajó y vivió de la tierra y el comercio de tabaco. Estaba ahorrando para comprar un pedazo de esa tierra y no tener el dinero suficiente no lo desanimaba. Desde joven acostumbraba comprar billetes de lotería, pues pensaba que en cualquier momento podía llegar su suerte. Y llegó. En 1972, Medardo se ganó la lotería. Así que juntó toda la plata que pudo, sumó el premio a sus ahorros y recogió algún dinero que tenía desperdigado en deudas hasta que tuvo para hacerse a un pedazo de la finca donde trabajó. Mediante escritura pública 197 del 14 de junio de 1972 le compró 72 hectáreas a Hernando Ricardo, fue el segundo predio derivado de El Aceituno. Con ilusión rebautizó su finca como La Esperanza, su esperanza, aunque para los demás seguiría llamándose El Aceituno II.
En 1972, Medardo José Tovar Salgado compró 72 hectáreas de El Aceituno gracias a un billete de lotería que ganó. Hoy tiene 96 años, está casi sordo y no se quiere morir sin que le devuelvan la tierra que le pertenece.
En esta tierra su familia floreció y logró todo lo que un campesino puede soñar; la finca le daba para vivir y salir adelante con los suyos. Pero la violencia acechaba y ensombrecería la vida de Tovar y los suyos. Tuvieron que ver muchas muertes, sufrir en medio de los combates y vivir el apremio de una situación desesperada, hasta que ya no pudieron resistir más. Ante la inminencia de las amenazas, el 18 de diciembre de 1998 abandonaron el predio. La esperanza estaba perdida. El éxodo de Medardo Tovar continúa, nunca ha podido regresar a El Aceituno.
El Aceituno III
Desde la década de 1970 era común que campesinos relacionados con organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) se tomaran predios para forzar al Estado a comprarlos y luego adjudicárselos, pero este no fue el caso de El Aceituno. También sucedía que los campesinos con contratos de aparcería, con la complacencia de los propietarios, buscaran la intermediación del Estado para adquirir las tierras en las que trabajaban, ese era un negocio en el que todos ganaban.
En 1983, Hernando Ricardo, nombre recurrente en esta historia y dueño originario del predio, vio la oportunidad de comprar una finca un tanto mayor en extensión y en una zona aledaña al pedazo que le quedaba de El Aceituno, entonces decidió vender. El Incora adquirió el terreno.
Doce campesinos le manifestaron a esa entidad su interés de quedarse con estas tierras, pero por miedo al conflicto creciente en la región varios de ellos se retractaron. Al final, solo Enrique Martelo y sus hijos: José Carlos, Luis Eduardo y Álvaro Rafael Martelo Lora, junto a Jairo Torres Niebles, quedaron como adjudicatarios de las 288 hectáreas de El Aceituno. Cada uno de los cinco recibió del Incora los títulos de propiedad, se repartieron de hecho el predio, cada quien, asentándose en una porción del terreno. Pero como nunca se hizo una división real del lote, en la práctica terminó constituyéndose como propiedad “Común y Proindiviso”, figura legal que significa que es una propiedad colectiva e indivisible.
Así se lo relató Jairo Torres Niebles a los investigadores judiciales, según quedó radicado en una de las sentencias de restitución de tierras del Aceituno: «Yo fui nacido y criado en esa tierra, entonces después me conocí con los hermanos Martelo. Ellos se me vinieron aquí y hablaron con el Incora, entonces me invitaron para hacer un grupo, para que nos entregaran tierras para trabajar, entonces nosotros hicimos el grupo y venimos, hicimos la solicitud acá al Incora, hablaron con el difunto Hernando Ricardo, que era el dueño de eso, entonces procedieron a comprarle la finca. Entonces nos la adjudicaron a nosotros en grupo”.
Empezaron a trabajar los terrenos que ahora les pertenecían, entre todos compartieron la tierra y las pasturas. Con un proyecto acompañado por el Incora obtuvieron un crédito a doce años financiado por el Banco Mundial para desarrollar la ganadería. A los siete años lograron pagar el préstamo de manera anticipada con la venta del ganado que compartían. A partir de ese momento, dependían de ellos mismos.
El sueño de los Martelo duró una década, hasta que el conflicto se intensificó y la violencia se ensañó con los pobladores de los Montes de María. Ellos, que siempre habían sido campesinos, se quedaron sin opciones. “Nosotros nos desplazamos tres veces”, relata vívidamente José Carlos Martelo, uno de los hijos de Enrique, “la primera vez que nos desplazamos fue en 1997, la segunda en 1999, esa fue la última vez que salimos de El Aceituno, después nos fuimos para una finca que alquiló mi papá allá por la vía a El Salado, de allá nos desplazamos cuando la masacre en 2000, nos tuvimos que ir para El Carmen”. Desde aquel momento han errado de finca en finca probando suerte. Los Martelo tampoco volvieron a pisar la tierra de El Aceituno.
Pese a haber sido declarado territorio libre de minas antipersonal, en la zona permanece la alerta por la presencia de artefactos explosivos.
Donde el amor nunca se muere: el conflicto en El Carmen de Bolívar
Registros históricos, como el de la investigadora de la Universidad de los Andes Liliana Duica Amaya en su texto “Geografía de la Violencia en El Carmen de Bolívar 1990-2010”, muestran el fortalecimiento del movimiento campesino en los Montes de María durante los años sesenta. Al tiempo que ese movimiento discutía sobre la propiedad de la tierra a partir de las reformas al agro propuestas por el gobierno nacional en 1961 y 1968 surgieron guerrillas que se arraigaron en la región capitalizando tanto el trabajo social como político que ya venían haciendo sindicatos agrarios y organizaciones campesinas.
Hacia la década de 1970, estas estructuras fueron absorbidas por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Hacia finales de la década, el Ejército Popular de Liberación (Epl) también hizo presencia. Pero es la entrada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en la década siguiente, la que marca el inicio de una nueva era. “A partir de los 80, se empiezan a conformar estructuras armadas jerárquicas con el objeto de controlar militarmente el territorio. Se podría afirmar que este periodo constituye el inicio de la violencia armada en el Carmen de Bolívar”. Y como también señala Duica Amaya en su documento, los campesinos ya experimentados en la reclamación de tierras entraron en choques con las Farc, que buscaban consolidarse como “bloque armado” pidiendo la adhesión de los campesinos e injerencia sobre la tierra. Ese choque sería “una de las causas de los asesinatos a miembros de las asociaciones campesinas por parte de la guerrilla”.
Mientras el país vivía la euforia de la nueva constitución y soplaban vientos de paz, en los Montes de María el conflicto tomó un nuevo aire en los noventa. En 1991 la guerrilla de las Farc estaba fortalecida y se hacía sentir con fuerza en la región. Al final de la década, las Farc, con sus frentes 35 y 37, se consolidó como el principal actor armado en esta zona del Caribe colombiano, seguido por el Eln.
Un informe de la Brigada de Infantería Marina N.1 de 2015, solicitado por la justicia, señala que en El Carmen de Bolívar, para la época, hacían presencia armada el “Frente 37 ‘Bennkos Biohó’ de las Farc, bajo el mando de Gustavo Rueda Díaz, alias ‘Martín Caballero’, así como del Eln, a través de la ‘cuadrilla Jaime Bateman Cayón’, bajo el mando de William Escobar Malina, alias ‘Nelson’”.
El mismo Medardo Tovar cuenta cómo un guerrillero con el alias de ‘Boris’ llegó en octubre de 1996, pistola en mano, para matarlo. “Venimos a darle de baja”, le dijo, lo llevó junto al chiquero, lo obligó a arrodillarse, le puso la pistola en la cabeza y lo increpó: “Usted anda diciendo que nosotros nos robamos la yuca y el ñame”. “Ese día me puse a llorar”, describe Tovar, “yo le insistí en que eso tenía que investigarlo porque yo no había dicho nada. Se le pasó la rabia que tenía y, a los días, volvió para que le prestara unos animales. Cuando viene gente armada donde uno, por miedo, uno les da lo que le pidan”, asegura.
A mediados de los noventa, aparecieron cuadrillas de autodefensa para responder a los ataques guerrilleros a ganaderos y finqueros. Estas estructuras surgieron de grupos de seguridad asociados al narcotráfico y bandas organizadas de delincuencia común que, con el tiempo, lograron el apoyo político de líderes en la región. Estas organizaciones contribuyeron a consolidar la presencia de la Casa Castaño que, en 1997, conformaría las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) con la creación del Bloque Héroes de los Montes de María, grupo que entraría a disputar el control territorial de la guerrilla.
En los expedientes judiciales se cita un informe de riesgo elaborado por la Defensoría del Pueblo en 2012 que dice que “entre 1996-2004 se registraron 29 masacres en El Carmen de Bolívar (19 ocasionadas por las autodefensas, 4 por las Farc y 6 por grupos sin identificar)”.
Fue precisamente en inmediaciones de El Aceituno, el 24 de octubre de 2007, donde cayó abatido ‘Martín Caballero’, jefe del Frente 37 de las Farc, como resultado de un bombardeo seguido de una incursión de tropas, en la fase final de la operación militar conjunta “Alcatraz” que duró siete meses. Junto a ‘Caballero’ murieron otros 18 combatientes, entre ellos cuatro mujeres, y fueron capturados tres guerrilleros más. La región comprendida entre Las Aromeras, hacia donde está ubicado el corregimiento de El Salado y la zona veredal de El Aceituno en El Carmen de Bolívar, era la última fortaleza de ‘Caballero’ y sus hombres del Frente 37, por lo que, como táctica de guerra y medida de protección, sembraron minas antipersonal por todo el lugar. Hoy, algunos árboles partidos son la única cicatriz visible de la confrontación.
Tierra de fe: la reclamación de tierras de El Aceituno
A finales de la década del 2000, las tierras de El Aceituno seguían abandonadas (igual que hoy). En 2005, el Bloque Héroes de Montes de María de las Auc, al mando de ‘Diego Vecino’, se desmovilizó entregando las armas. Dos años más tarde, la operación “Alcatraz” de 2007 desarticuló la estructura político militar del Frente 37 de las Farc. La salida del conflicto de estos dos actores armados plantearon un nuevo escenario y permitieron el inicio del proceso de recuperación de la región.
Solo 20 de las 580 hectáreas de El Aceituno están ocupadas, estos predios llevan más de 20 años abandonados.
Sin embargo, para ese momento el conflicto aún estaba tibio, no había garantías para el retorno, los campesinos tenían deudas con los bancos, pasaban las penurias del desplazamiento, sobrevivían como podían en la diáspora. Aprovechando la situación, y que no había manera de establecer el precio de la tierra, que se presumía estaba devaluada por el conflicto en Montes de María, hacia 2005 aparecen los primeros particulares comprando tierras que estaban abandonadas o estaban en manos de testaferros. En algunos casos se llegó a crear empresas con el único fin de comprar tierras masivamente para luego vendérselas a empresas, como Cementos Argos S.A., con intereses agroindustriales en la región.
Ese hecho no pasó desapercibido, las autoridades advirtieron el incremento inusitado de compraventa de tierras que se venía dando en El Carmen de Bolívar, pero fue solo hasta 2008 que la Gobernación de Bolívar emitió la Resolución 001 el 03 de octubre, declarando “la inminencia de riesgo de nuevos fenómenos de desplazamiento por las tensiones interiores originadas por la venta masiva e indiscriminada de tierras, que pudieran alterar el orden económico en la Zona Baja del Municipio”, donde están ubicados los predios de El Aceituno. Como medida cautelar de protección de los predios abandonados por la violencia, las disposiciones de esta decisión incluían la congelación de compraventas en este municipio bolivarense.
Aun así, la adquisición masiva de tierras por parte de compradores de oportunidad en 2008 fue un hecho notorio. Entre los nombres de empresas y particulares que compraron tierras masivamente en El Carmen de Bolívar aparecen Tierras de Promisión S.A. y su representante legal Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez, quien, según lo documentó La Silla Vacía en 2009, habría sido uno de los primeros compradores de tierras en este periodo (Ver informe). Dentro de las tierras adquiridas por Echeverría y su empresa, con la intermediación de un reconocido comerciante y comisionista carmero, Jairo Carlos Bayuelo Ochoa, estaban todos los predios de El Aceituno. Los procesos de compraventa de esas tierras se hicieron entre 2007 y 2010.
Según el testimonio de los campesinos, entregado a investigadores judiciales y radicado en una de las sentencias de restitución, Bayuelo los buscó para proponerles la compra de las tierras: “Ellos acceden, temerosos de regresar ante los rumores de que los predios estaban minados, asimismo, por las insinuaciones del mismo Bayuelo, que les manifestaba, por una parte, que vendieran porque los demás parceleros ya lo habían hecho y quedarían encerrados, que ‘la única manera de entrar al predio sería en helicóptero’, otra, refería falta de garantías de seguridad recabando en que la situación de orden público no mejoraría” (Ver sentencia).
Los campesinos vendieron por necesidad, acosados por el desplazamiento y las deudas. Las tierras de El Aceituno, adquiridas por Echeverría y Bayuelo, fueron posteriormente transferidas a Fiduciaria Fiducor S.A., una administradora de fideicomisos de propiedad de Cementos Argos S.A.
En diligencias judiciales, Álvaro Martelo Lora les dijo a los investigadores: “Primero que todo la vendimos fue por la necesidad, estábamos aquí recopilados en el pueblo, no teníamos vivienda, no teníamos dónde echar mano para comprar el alimento a los niños; era una situación bien difícil y nos tocó de salir de la tierrita, pero por la necesidad, entonces esa gente se valió de la ocasión con un precio injusto. Yo lo reconozco”. Luego, los investigadores le preguntaron por el precio de la hectárea en el momento en que vendió, a lo que Martelo respondió: “A $300.000”. Todos los reclamantes de El Aceituno están de acuerdo en que el valor de la hectárea, en ese momento, estaba en $1.000.000 de pesos.
A partir de las medidas derivadas de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, los labriegos iniciaron procesos judiciales de reclamación de los predios que habían vendido. Entre 2013 y 2015 el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar admitió sendas demandas en contra de Álvaro Echeverría, Fiduciaria Fiducor S.A., Cementos Argos S.A. y Alianza Fiduciaria S.A. como administradora de un Fideicomiso cedido por Fiducor S.A., a favor de los parceleros que constituyeron la UAF de El Aceituno I, como Óscar Luis Lajud Yepes, Pedro Rafael Fernández Yepes, Fernando Rafael Fernández Yepes y Rodrigo Enrique Torres Niebles; así como de Medardo José Tovar Salgado, propietario de “El Aceituno II”, también conocido como La Esperanza. Más tarde se aceptó la reclamación de una quinta parte de El Aceituno III, por parte de Jairo Torres Niebles.
Años después, la justicia ordenó restituir el derecho de los reclamantes sobre los predios de El Aceituno. Según la Unidad de Restitución de Tierras, en “la jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar se han emitido a la fecha doscientas sesenta (260) sentencias por parte de los Jueces y/o Magistrados Civiles Especializados en Restitución de Tierras”, cuatro de ellas a favor de los reclamantes de El Aceituno (Ver sentencias 1, 2, 3 y 4).
Durante el proceso judicial, Cementos Argos S.A. fue la parte opositora y declaró que no se oponía a que se restituyeran los predios si se comprobaba que los reclamantes eran víctimas del conflicto y sufrieron el despojo de los inmuebles cuando los vendieron.
Argumentó que ni su empresa ni sus filiales les compraron las tierras directamente a los campesinos, sino que lo hicieron de un tercero, Álvaro Echeverría Ramírez, arguyendo además que adquirieron los predios de “buena fe exenta de culpa”. Esto quiere decir que la empresa considera que no era su culpa que en negocios previos se hubiera configurado alguna clase de irregularidad, ventaja o despojo a los campesinos. Pero ese no fue argumento suficiente para los Tribunales de Restitución de Tierras.
Para la justicia, Argos pudo haber comprado lícitamente las tierras, pero era de público conocimiento en el país que en los Montes de María, durante años, sucedió un conflicto de consecuencias graves para los campesinos.
Por su parte, Álvaro Echeverría alegó que los campesinos le vendieron libremente los predios y que él los adquirió de forma legítima. Sin embargo, el Tribunal de Restitución de Tierras no le dio la razón. Primero, por las circunstancias de desventaja para los campesinos en la transacción de los predios, pues se los compró por un valor menor al del mercado. Segundo, por las restricciones impuestas por la Gobernación de Bolívar para la compraventa de “predios declarados en abandono por causa de la violencia” en El Carmen de Bolívar. Y tercero, porque, según la normatividad vigente en ese entonces, las parcelas bajo la figura de Unidad Agrícola Familiar contaban con una veda de venta por diez años, y al momento en que Echeverría las compró no se había cumplido el tiempo.
Al respecto, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena concluyó que no se explicaba cómo Argos y sus filiales, con toda la asesoría jurídica que tienen a disposición, “no se percataron de que dicha propiedad había sido adquirida por parte del señor Álvaro Echeverría trasgrediendo los requisitos legales”.
El Tribunal puso en entredicho el argumento expuesto por Argos de haber comprado los predios cuando el conflicto ya había pasado, pues “ello no descarta su responsabilidad”. Además enfatizó en “el riesgo que asumió como negociante al momento de adquirir predios que otrora fueron de propiedad de personas víctimas de desplazamiento forzado”.
Los derechos de propiedad de las tierras adquiridas por Argos en el Carmen de Bolívar, San Jacinto y Ovejas fueron cedidos para crear la Fundación Crecer en Paz, que según sus estatutos busca constituir “programas de desarrollo rural auto-sostenibles en el marco del posconflicto, como Escenario de Paz para Colombia, particularmente en un área específica de 6.600 hectáreas”, y con un valor de $43.000 millones de pesos, según reportes de prensa de la época. Las casi 600 hectáreas de los predios conocidos como El Aceituno hacen parte de las tierras que hoy administrala Fundación Crecer en Paz.
Aunque la Fundación no pertenece al Grupo Argos, existe gracias a la cesión del derecho de las tierras que el grupo empresarial hizo para su creación. La Fundación depende presupuestalmente, en alguna medida, de donaciones de Argos por compromisos adquiridos en 2014, al momento de su creación, como parte de los $43.000 millones durante los primeros seis años de funcionamiento, es decir, hasta 2020.
No obstante, Crecer en Paz vive de la donación, cooperación y financiación para el desarrollo de sus proyectos, así que las decisiones judiciales de restitución de tierras en contra de los derechos sobre esa propiedad afectan su patrimonio, por lo que no descarta emprender acciones legales de indemnización en contra de los intermediarios que le compraron las tierras a los campesinos, como es el caso de Álvaro Echeverría Ramírez.
Ven, ven y verás: ¿en qué va la restitución?
Después de haberse desplazado de El Aceituno I, en El Carmen de Bolívar, por amenazas de grupos armados, Óscar “El Turco” Lajud regresó 17 años más tarde, ahora con la sentencia del Tribunal de Restitución de Tierras de Cali a su favor en la mano. Ya nada ni nadie lo detendría. A sus 75 años se puso las botas pantaneras, se amarró el machete al cinto, salió de la casa de su hija en el pueblo, tomó una moto que lo condujo 12 kilómetros hasta la trocha por la que debió caminar durante tres horas entre el monte para llegar a su predio. Por semanas, machete en mano, desmontó, limpió, levantó un rancho, organizó la cerca, un semillero y un corral, trabajó arduamente bajo el sol inclemente, pasó largas noches en vela y lo hizo solo.
Óscar Lajud Yepes, de 75 años, es el único retornado a El Aceituno.
Lajud es el único retornado a tierras de El Aceituno. Aunque algunas de las sentencias tienen más de dos años de haberse emitido, están pendientes de la entrega material de los predios. Los reclamantes no han podido retornar a sus parcelas, que llevan al menos 20 años abandonadas.
Una razón es que, pese a no haber registro reciente de accidentes con minas antipersonal, en la zona permanece la alerta de campos minados. En 2017, RCN Radio reportó que la “presencia de minas antipersonales impiden restitución de tierras a víctimas del conflicto en Bolívar” (Sic) y que “el caso más reciente corresponde al predio «El Aceituno», ubicado en el Carmen de Bolívar, donde una de las víctimas de desplazamiento forzado no le fueron entregados sus terrenos por la presencia de artefactos explosivos” (Ver informe).
Otra razón tiene que ver con que hay algunas inconsistencias en la extensión de uno de los predios, por lo que los tribunales determinaron el levantamiento de mediciones topográficas para comprobar la extensión del inmueble. También, por lo que se puede leer en la sentencia de restitución de El Aceituno III, por ser esa una propiedad “Común y Proindiviso”, no se puede restituir solo una quinta parte correspondiente a un solo propietario, sino que se debe restituir el derecho de todos los adjudicatarios del predio. En este último caso el proceso de restitución está en curso y los reclamantes aguardan a que la justicia tome una determinación al respecto.
Pedro Fernández González y Ana Yepes en los años 60.
Medardo José Tovar Salgado tiene 96 años, mantiene en el bolsillo de su camisa una copia ajada de la escritura con la que compró en 1972 su parcela. No se quiere morir sin recuperar las tierras que le pertenecen, lo mantiene la ilusión de la decisión que por fin le devuelva ‘La Esperanza’.
De los otros propietarios iniciales de El Aceituno se sabe que Pedro Fernández murió en 2012 viejo y enfermo de un reumatismo que lo inmovilizó. Le sobreviven su esposa, Ana Yepes, y sus hijos, algunos de ellos en proceso de reclamación. A Enrique Martelo se le acabó la fuerza vital, su cuerpo se fue apagando hasta que en 2011 su corazón dejó de latir. Desde entonces es su esposa, Ana Lora, quien representa sus intereses de reclamación de la propiedad del predio junto a sus hijos. Hernando Ricardo, en cambio, no tuvo una muerte natural en 1996, por rehusarse a pagar una extorsión de la delincuencia común, un sicario llegó hasta su casa en El Carmen y sin mediar palabra segó su vida a tiros.
Rosa Tovar, hija de Medardo, regresó por primera vez a El Aceituno después 21 años de desplazamiento: “Me da mucha alegría poder volver a ver las tierras donde me crié, donde compartí mucho tiempo con mis hermanos y mi esposo… dos de mis hijos nacieron acá, me da alegría y a la vez nostalgia recordar todo el pasado, todo lo que vivimos aquí, más que todo me da tristeza, porque aquí se ve puro monte, antes estaban los vecinos y la tierra cultivada”.