En el año 2000, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz (Sintrapaz) y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de esa localidad (Asojuntas) decidieron comenzar el proceso para constituir una Zona de Reserva Campesina en el páramo más grande del mundo. Según estas organizaciones, hasta el año 2016, el proceso fue truncado por la falta de voluntad política de los gobiernos de turno y la falta de diligencia del entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y ahora Agencia Nacional de Tierras (ANT).
La Zona de Reserva Campesina es una figura legal que nace en la Ley 160 de 1994 con el objetivo de fomentar el acceso a la propiedad de la tierra por parte de los campesinos. Con ella, el Estado también buscaba mejorar la calidad de vida de los trabajadores rurales, a través de servicios públicos básicos, y consolidar la paz y la justicia social en los territorios.
Las promesas se reforzaron con el primer punto del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las Farc. La Reforma Rural Integral admite de nuevo la necesidad de promover una transformación del campo y crear condiciones de bienestar para la población rural. Este punto impulsó la creación de Zonas de Reserva Campesina, al reconocerlas como “iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, a la garantía de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los campesinos y campesinas, al desarrollo con sostenibilidad socio-ambiental y alimentaria y a la reconciliación”.
Sin embargo, luego de 18 años, ni con la Ley 160 ni con el Acuerdo, los campesinos han logrado garantizar sus derechos. En este documental, ‘Tierra de nadie’, las voces de Misael Baquero, Hernando Bejarano, Carlos Morales, Gonzalo Romero y Gerardo Riveros, campesinos de Sumapaz, y los estudiosos que han acompañado el proceso narran la evolución de esta lucha que todavía no tiene respuesta por parte de las autoridades.
El documental quiso incorporar las voces de la ANT y de la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras sobre el proceso de constitución, pero ambas instituciones prefirieron pronunciarse por escrito (Lea respuesta de la ANT y respuesta de la Procuraduría).