Juan Diego Restrepo
La imagen es recurrente: grupos de hombres, mujeres y niños deambulan por las calles y carreteras cargados de maletas y mochilas. Se trata de familias enteras que gritan a voz en cuello que son venezolanos, que huyeron de su país en busca de mejores condiciones de vida y que requieren ayuda para subsistir.
Esa escena representa una de las mayores crisis humanitarias de la historia contemporánea de América Latina y el Caribe. De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 5,4 millones de personas, equivalente al 19,3 por ciento de la población, calculada en 27 millones 951 mil personas, abandonaron la República Bolivariana de Venezuela en los últimos cinco años en busca de mejores condiciones de vida y ahora viven en otros países en condición de refugiadas y migrantes.
Semejante tragedia tiene origen en la compleja situación política del vecino país, marcada por un cuestionado manejo económico, que se refleja en una hiperinflación sin precedentes, calculada para 2020 por la calificadora de riesgos Ecoanalítica en 3.478%. Es por ello que, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, “cada vez es más difícil para el venezolano mantener las mínimas condiciones de vida en aspectos fundamentales como salud, alimentación y vivienda, lo que constituye el motor de las protestas sociales”.
Pero no solo es un asunto de cifras. Esta situación se ve reflejada en repetidos testimonios de migrantes, cada vez que se les pregunta por qué abandonaron su país: “Salimos de Venezuela porque no tenemos condiciones de vida dignas”; “perdimos el empleo y nos gastamos todos los ahorros y ya no hay en qué trabajar”; “falta la comida, los cortes de luz son frecuentes, no hay gas y los niños sufren con tantas carencias”.
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