Los cultivos de hoja de coca para uso ilícito pasaron, entre 2016 y 2017, de 1.031 hectáreas a 1.414, según registros del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de las Naciones Unidas. Detrás de esas cifras están cientos de campesinos que por más de dos décadas han vivido de la plantación de la mata de coca y la recolección de su hoja, y que ahora esperan, ya sin paciencia, a que el Estado cumpla con la solución al problema de las drogas ilícitas, establecido en el punto cuatro del Acuerdo de Paz que firmaron hace dos años en Bogotá el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc.
La primera protesta
Por las calles estrechas de Zabaleta, Inspección de San José del Fragua, bajaron más de 100 campesinos cocaleros dispuestos a bloquear la vía Marginal de la Selva, que conduce a la frontera con Putumayo y la Baja Bota Caucana. Lo lograron. Hombres y mujeres, de distintas edades, se apostaron en la carretera una tarde soleada del 27 de septiembre de este año para protestar por los incumplimientos del Estado a lo pactado en el punto cuatro del Acuerdo de Paz.
Raúl, un recolector de hoja de coca que tomó la vocería de la protesta, dijo indignado que “con lo que se acordó para dar una salida integral al problema de la dependencia de la coca, va a pasar lo mismo que uno ha visto: no nos van a cumplir y nos van a dar madera”.
El ambiente de desconfianza se percibía en el lugar. Los recolectores susurraban que le temen a la fuerza pública y su erradicación. “Acá van a venir a arrasar con lo que nos está dando la comida, y no sólo eso, nos llevan para la cárcel porque ni siquiera estamos protegidos. No han cumplido en lo más mínimo”, expresó el campesino, y agregó que ellos eran los que siempre terminaban pagando todo.
¿Cómo fue el proceso de reportería durante la difícil situación que vivían los campesinos?
Se trató de un proceso con varias dimensiones para el análisis. Esto nos llevó a considerar estrategias para que la coyuntura no nos hiciera olvidar de lo contextual, de la estructura gruesa, de lo que queríamos dar a conocer. Fueron dos meses agitados en los cuales hubo protestas, reuniones y calmas. Al final, lo que se pudo advertir era que estábamos en medio de una implementación del Acuerdo de paz en la que los actores buscaban su narrativa y la región descubría otros escenarios menos hostiles para el planteamiento de los temas históricos en asuntos de la coca. Fue un proceso para conocer esas dinámicas, leer los ambientes y de saber qué debíamos preguntar.
La investigación tiene fotos, videos e infografías dinámicas, a tu parecer ¿cómo estos recursos pueden nutrir mucho más un trabajo periodístico?
Son recursos fundamentales. Yo creo que un reportaje sin esos elementos queda mocho. Para contar esas dimensiones de la realidad es necesario que las fotografías, los videos, los mapas y las infografías ilustren. El escrito marca una pauta, pero los demás recursos nutren el reportaje.
No hay sustitución integral
Uno de los lineamientos del punto cuatro del Acuerdo de Paz plantea que “la sustitución voluntaria es un principio fundamental del Programa, para generar confianza entre las comunidades y crear condiciones que permitan contribuir a la solución del problema de los cultivos de uso ilícito, sin detrimento de la sostenibilidad económica, social y ambiental de las comunidades y de los respectivos territorios”.
Pero, justamente en territorios como San José del Fragua esos propósitos no se han materializado. Los campesinos de la zona, que viven de la hoja de coca, consideran que el PNIS ha tenido muchos inconvenientes en su desarrollo.
“No hay sustitución integral, y está pasando lo mismo de siempre, que se remiten a dar unos pagos, a pagar salarios a funcionarios, pero de soluciones, nada de nada. Pero sí hay erradicación por la fuerza, y cárcel para nosotros es lo que se viene”, expresó Daladier Polanía, quien ha dedicado su vida a los cultivos de uso ilícito; incluso, hizo parte de las marchas campesinas de 1996, en las que cientos de cocaleros exigieron al gobierno nacional dejar de fumigar sus cultivos con glifosato y hacer inversión social en sus comunidades. Pasados 22 años la historia ha cambiado poco.
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), una plataforma de organizaciones locales y regionales creada en enero de 2017 y que tiene su capítulo en Caquetá, han analizado lo que acontece con el PNIS en el departamento, y su conclusión es que el Programa “avanza lentamente”.
Pero la experiencia de la base campesina es más dramática. Ariel, un cocalero de la región, relató: “me sometí a la sustitución voluntaria, pero esta es la hora que la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito) no ha venido a revisarme, y entonces me suspendieron los pagos. Ahí es donde comienza uno a dudar”.
De lo que no duda el Estado es que en San José del Fragua se registra un incremento considerable de hectáreas de cultivos de hoja de coca en los últimos diez años, al pasar de 92 hectáreas en 2008 a 1.414 en 2017, según datos del SIMCI.
Lento papel de la UNODC
Entre febrero y diciembre de 2017, por lo menos 22.810 familias de las 925 veredas de Caquetá suscribieron los acuerdos voluntarios para la sustitución de cultivos de hoja de coca para uso ilícito.
Cartagena del Chairá, Solano, San Vicente del Caguán, La Montañita y San José del Fragua son los cinco municipios que registran el mayor número de familias inscritas en el departamento, así lo documenta una carta que la Coccam y Fedejuntas le dirigieron, el pasado 24 de septiembre, a Claudia Lorena Álvarez Díaz, directora encargada de Sustitución de Cultivos en el país.
En la misiva invitaban a la funcionaria a analizar colectivamente los problemas que padecen en Caquetá por la mala implementación del PNIS. A juicio de los firmantes, en los distintos municipios del departamento se evidencian “debilidades y problemas en la articulación con UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) en cartografía, verificación y asistencia técnica”. Esas inconsistencias han dejado por fuera, según proyecciones realizadas por la Coccam, a 15 mil familias, de las más de 22 mil que se inscribieron.
¿Cómo obtuviste acceso a la carta de la COCCAM y Fedejuntas dirigida a Claudia Lorena Álvarez?
Los dirigentes campesinos que hacen parte de la COCCAM en el Caquetá me la compartieron, como una muestra de su confianza, por la actividad periodística de contexto y profundidad que desarrollamos. Ellos consideraron que se trataba de un documento preciso y que contenía los aspectos fundamentales de lo que queríamos saber. Fue muy valiosa porque además de aportar en la investigación, se constituyó en una forma asertiva de comunicación entre la fuente y el periodista.
Háblanos sobre la experiencia del taller de DDHH en el posconflicto colombiano…
Fue una experiencia poderosa. Yo creo que el taller nos mostró la importancia de que el periodismo local salga de la noticia escueta, de los funcionarios públicos. No es fácil que en las regiones se haga esa transición, pero poco a poco la gente tendrá que darse cuenta de que el periodismo es más que la foto del accidente, o la cadena de whatsapp de la policía.