La contienda por las 16 curules a la Cámara de Representantes, en las circunscripciones de paz, avanza en medio de la desinformación y el miedo. No solo por los grises en las reglas de juego y la poca pedagogía a los electores, sino por dos grandes amenazas que crecen a medida que se acerca la fecha de las elecciones: los grupos armados, que vienen reavivando el conflicto, y los políticos tradicionales, que quieren esas curules en su bolsillo.
En esta carrera electoral estarán 403 candidatos distribuidos en todas las regiones, de los cuales, el “49.9 % fueron postulados por organizaciones sociales, mientras que solamente 18.9 % por organizaciones de víctimas, 11.4 % por consejos comunitarios, 10.4 % por organizaciones campesinas, 6 % por resguardos indígenas y 0.5 % por grupos significativos de ciudadanos”, indica el mapa de riesgo electoral de la MOE.
Todas las regiones, elegidas como epicentro de esta campaña y de donde se suponen saldrán los voceros de las víctimas en el Congreso, tienen un amargo pasado por el conflicto y un difícil presente por los nuevos grupos armados que, por dominar las economías ilegales, siguen infundiendo miedo. Sus habitantes, por años, han sido testigos de masacres, asesinatos selectivos, desapariciones, desplazamientos forzados, despojo de tierras, secuestros y extorsiones.
La Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, en los años noventa fue escenario de disputa entre las guerrillas de las Farc, el Eln, y los frentes Tayrona y Norte de las Auc. Actualmente, hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o Clan del Golfo y ‘Los Pachenca’ o Autodefensas Conquistadores de la Sierra. Otro ejemplo es La Serranía del Perijá, que también ha sido escenario del conflicto armado entre guerrillas y paramilitares, quienes no solo han usado el territorio para cultivos ilícitos sino como corredor estratégico, por estar en límites con Venezuela.
Así, como estas dos zonas, todas están cargadas de complejidades. Por eso, hoy que las circunscripciones de paz son centro de interés por las novedosas elecciones, no es coincidencia que, en algunas regiones, como en Arauca, se haya recrudecido la violencia desde la primera semana de enero de 2022. Especialmente, en los cuatro municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), es decir, en Arauquita, Tame, Fortul y Saravena, situación que afecta directamente el proceso electoral.
Así lo indica el abogado e integrante del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente Colombia, Juan Carlos Torregrosa, quien explica que Arauca en particular, al estar en la segunda frontera más extensa de Colombia en límites con Venezuela y al prevalecer una política extractivista, se exacerban los conflictos sociales y políticos.
“Se ha dado una intervención que hemos llamado de ‘reparamilitarización’. Estamos planteando que hay estructuras como disidencias de las Farc, que vienen actuando en ese sentido y que eso, con el enfrentamiento contra el Eln y la militarización, complican aún más la seguridad de los líderes, organizaciones y medios alternativos”, comenta Torregrosa.
A pesar de que instituciones como la Defensoría del Pueblo, sumada a otras organizaciones de derechos humanos, han hecho públicas las amenazas, los riesgos permanecen y más ahora, que la lucha no es solo por el dominio territorial, sino por poder político. De ahí, que al panorama del riesgo electoral en las regiones, donde se elegirán a los representantes en la Cámara de las víctimas (como se definió en el acuerdo de paz con las Farc), ahora se suman las maquinarias políticas que, más allá de labores altruistas, ven en esto una oportunidad de aumentar su influencia en el Congreso.
Hay casos que han generado dudas en todas las circunscripciones, como se evidencia en Norte de Santander (región de Catatumbo) y de Meta. En la primera, por ejemplo, participa en la contienda como candidato el abogado Diógenes Quintero Amaya, quien fungió hasta marzo de 2021 como asesor del despacho del Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo, y que fue Defensor del Pueblo de Ocaña hasta septiembre de ese mismo año. En la segunda, aspira a la curul de paz, por el municipio de Mapiripán, Jorge Iván Duque Lenis, un exalcalde que fue investigado por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos en 2015, y en 2019 la Procuraduría lo destituyó en primera instancia, pero luego revocó la decisión. En ambos casos se plantearon dudas sobre si cumplían o no los requisitos para ser candidatos a esta curul de paz.
Las dudas surgen tras la lectura del artículo transitorio 5 —parágrafo 2— del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021, que respalda la creación de las circunscripciones, el cual señala que no pueden aspirar quienes “hayan sido candidatos elegidos o no a un cargo público” dentro de los cinco años anteriores a la fecha de su inscripción, es decir, noviembre de 2016. Pero sin dejar claro si se refiere a cargos de elección popular o no”.
Para el caso de la Costa Caribe, como lo advierte el experto Luis Fernando Trejos Rosero, docente e investigador del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, todo parece indicar que las curules de paz quedarán en manos de candidatos muy cercanos a sectores políticos que se opusieron a la negociación entre el Gobierno y las Farc, y posteriormente a la implementación del acuerdo de paz. Ahora, lo que buscan, es aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus estructuras políticas locales o regionales.
Para el exdirector del Centro de Pensamiento UNCaribe de Uninorte, la explicación para lo anterior es que las organizaciones sociales, de víctimas y campesinos no tienen experiencia en temas de logística electoral, movilización de votantes y menos de víctimas, sobre todo de la guerrilla. De ahí que acercarse a los grupos políticos tradicionales les brinda más posibilidades de ganar, ya que tienen estructuras clientelares para las elecciones al Congreso y, de paso, empujar la curul de paz.
Trejos dice que, si bien las personas inscritas deben demostrar su condición de víctimas, esto no garantiza que representen los intereses de las víctimas del conflicto. “En el caso de las víctimas de las Farc o el Eln, que aspiran a las curules de paz y que las apoyan grupos políticos tradicionales, no se sabe qué intereses van a representar de ser elegidos congresistas: los de los habitantes de los territorios golpeados por la violencia armada o los de los grupos políticos a los que son cercanos. Allí es que otra vez habría una especie de orfandad en cuanto a representación del territorio afectado por la violencia en escenarios de toma de decisión nacional”, expresó.
Adicionalmente, otra amenaza, según Trejos, es la presencia de grupos armados ilegales en los territorios de las circunscripciones, lo que hace muy difícil que muchos candidatos puedan hacer campaña. Agrega que la violencia se configura como un dique de contención, configurando territorios vedados para el ejercicio de la política, salvo que los actores armados que dominen el territorio lo permitan.
“Estamos hablando de territorios históricamente excluidos de la oferta institucional y el hecho de que haya actores violentos, hace que los dispositivos electorales se vean limitados para llegar a los territorios. Es decir, no van a poner mesas de votación en veredas y corregimientos donde la situación de orden público esté alterada y eso vuelve a excluir a estas comunidades, limitando la participación política de las víctimas”, asegura el docente e investigador.
Si a esto se le suma el desconocimiento de las víctimas sobre este nuevo mecanismo de representación política y el hecho de que solo pueden votar quienes tienen inscrita la cédula en zona rural de los municipios de las circunscripciones (y no en las cabeceras municipales), como lo señala el parágrafo del artículo 2 del acto legislativo que definió las circunscripciones, el país se encuentra frente a un complejo panorama para las comunidades, que permanecen expectantes a la jornada que se realizará el domingo 13 de marzo.
“La pedagogía ha fallado. La gente no sabe. Muchos candidatos que no tienen maquinarias y que de verdad le están apostando a trabajar por las víctimas, no tienen dinero para movilizarse. A eso súmele que las vías son horribles, trabajan con las uñas y no tienen padrinos políticos”, explica Lisseth Guerrero, representante de la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado en Tibú, que se ha dedicado a ir puerta a puerta, crear grupos de WhatsApp, difundir videos en redes sociales e informar sobre la jornada electoral en las emisoras comunitarias, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de este proceso.
Y es que lo anterior tiene que ver con que las elecciones para las curules de paz “se montaron casi que sobre la marcha”, según explica Diego Alejandro Rubiano Plazas, subcoordinador del Observatorio Político-Electoral de la Democracia, de la Misión de Observación Electoral (MOE). No hubo diálogo con las comunidades, capacitación para los aspirantes, lo que se traduce a un mes y medio de esta jornada en el desconocimiento que los candidatos tienen frente a cómo solicitar los anticipos a la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como el pago de pólizas y la participación en medios de comunicación públicos para dar a conocer las propuestas.
A pesar de todas las dificultades, en el fondo hay algo de esperanza. El abogado e integrante del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente Colombia, Juan Carlos Torregrosa, considera que, a pesar de todo, será valioso el papel que jugarán las curules de paz en el Congreso, en especial para el proceso de reparación. “En Arauca estos procesos los hemos denominado embriones de poder popular”, concluye Torregrosa. Embriones que están creciendo en medio de los riesgos, pero que una vez cumplida esta primera elección, seguro dará pistas de todo lo que habrá que afinar para las próximas elecciones en 2026.
Vea a continuación el panorama de cada una de las regiones.
* Este especial periodístico fue realizado bajo el proyecto de formación y producción ‘CdR/Lab Periodismo de investigación en época electoral’, de Consejo de Redacción, con el apoyo del Grupo Sura, que cree que una ciudadanía más informada es la base para una mejor democracia.
Alexánder Marín Correa. Editor general.
