En buena parte de la región del Pacífico Medio hay una fuerte ilusión desde hace cuatro meses cuando en Guapi, Cauca, se firmó el último Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), un mecanismo de concertación a través del cual se identifican las principales necesidades de las comunidades y que se insertan en en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pactados en el Acuerdo de Paz suscrito con la antigua guerrilla de las Farc.
Este plan pretende ser el insumo inicial para transformar la realidad de cuatro municipios de la costa Pacífica: Buenaventura, en Valle del Cauca; y López de Micay, Timbiquí y Guapi, en Cauca. Sus pobladores esperan que en la próxima década sean invertidos los 3.16 billones de pesos que estableció el Conpes 3932 del 29 de junio de 2018.
Esos recursos pretenden impulsar, según el PATR acordado, 81 iniciativas subregionales concertadas entre 64 consejos comunitarios y 16 resguardos indígenas de ambos departamentos. Algunas de ellas están relacionadas con el acceso y formalización de tierras, con las que se pretende adelantar el procedimiento de ampliación integral de los territorio colectivos de los pueblos negros e indígenas de esta subregión.
También se plantean otras iniciativas, como la de adelantar obras de dragado, señalización y destronque de vías fluviales y marítimas de los cuatro municipios beneficiados con el plan. Se destaca, además, la propuesta de adelantar los estudios de fase III y la construcción de una vía al mar, para el beneficio de la región del Pacífico Medio. Algo que anhela el Cauca desde hace más de 34 años.
Óscar Rodrigo Campo, gobernador del Cauca, afirmó en su momento, desde su cuenta de Twitter, que el PDET Pacífico Medio era un espacio de construcción colectiva con las comunidades: “Esperamos que se cuente con las posibilidades financieras desde el gobierno nacional con el fin de dar respuesta a las realidades en los territorios”.
También se expresaron líderes regionales, quienes ven en este pacto una esperanza para sacar adelante su territorio. Beatriz Mosquera, lideresa del consejo comunitario de Anchicayá, del municipio de Buenaventura, expresó su ilusión: “Para nosotros los PDET han significado mucho. Es la esperanza de haber salido de esa guerra que hemos vivido. Creemos que a través de esta mesa de concertación con el gobierno a través de la ART, vamos a mitigar algunas de las necesidades y a resarcir esas huellas que nos dejó el conflicto armado”.
Graciano Caicedo, representante legal del consejo comunitario de la Cuenca del río Yurumanguí, también de Buenaventura, indicó que el significado del espacio construido era una manera de materializar los ideales “que tiene la comunidad en términos de hacer su proceso de trabajo para renovar su territorio”.
Y agregó: “Todos sabemos que el conflicto armado generó que el Estado no pudiera entrar en nuestros territorios, y que se sintiera ese abandono estatal. Para mí esto significa un volver a encontrarse, aprovechando la firma del Acuerdo de Paz”.
El abandono estatal se refleja en las críticas cifras socioeconómicas de esta franja de la costa Pacífica colombiana. Según el informe Economías del Pacífico, editado por el Banco de la República en 2008, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en Cauca, dada su condición rural, es del 167 por ciento con respecto al de la media nacional.
“Pero los peores indicadores se presentaron en la subregión del Pacífico y en las zonas rurales, donde alcanzaban el doble en comparación con las áreas urbanas”, señala la publicación. Además, se asegura que el municipio de Buenaventura es el más pobre de Valle del Cauca, con un índice de NBI del 63 por ciento, tres veces superior al registrado en Cali.
A este problema se le suman los altos niveles de desnutrición en niños entre los 5 y 12 años, según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional desarrollada por Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en 2015; las deficiencias de los municipios para tener una plena cobertura en servicios de salud, según el reporte que realiza el PATR de Pacífico Medio; y el limitado acceso al sistema educativo, de acuerdo con datos del DANE publicados en 2010.
Además de ello, están las cicatrices que dejó el conflicto armado. El caso más complejo se registra en el municipio de Buenaventura, donde, según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por lo menos 259.659 personas salieron desplazadas por la violencia entre 1984 y 2017. Le sigue López de Micay, con 21.122; Timbiquí, 21.195 y Guapi con 18.220 personas.
Para Aracelly Biojó, coordinadora del PDET de Pacífico Medio por parte de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), esta iniciativa representa una verdadera esperanza para la comunidad y la transformación que se necesita: “Cuando a la comunidad se le cumple, la comunidad lo reconoce y lo agradece, y también les ayuda a fortalecer ese tejido de confianza con las instituciones”.
¿Problemas en la construcción del PDET?
Imagen cortesía ART.
iojó, quien lleva trabajando cerca de 11 años en la costa Pacífica desde diferentes instituciones, se encargó de liderar la construcción del PDET durante más de 12 meses. Reconoció que no fue fácil que la tarea de sentarse y mediar entre los diversos actores para desarrollar el proceso de concertación, pues se presentaron algunas diferencias en la aplicación de la metodología y la construcción de la ruta étnica: “Al final lo logramos. La comunidad nos pedía eso, un encuentro interétnico y subregional.
Pero no todas las organizaciones le dieron el visto bueno a este proceso. Orlando Pantoja, Palenquero Mayor de la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca (Cococauca), aseguró que instancias como las que lidera, que congregan y articulan a las comunidades (organizaciones de mujeres y víctimas), no se tuvieron en cuenta.
Para el Palenquero Mayor tiene esa circunstancia tiene una razón de ser: el temor de la Agencia de Renovación del Territorio en tener discusiones mucho más profundas sobre las realidades de la región.
Según este líder, funcionarios de la agencia estatal se reunieron con cada uno de los representantes de los consejos comunitarios para realizar la concertación, pues de esa manera se tenía mayor manejo institucional de un proceso que debía ser más integral.
“Al final, lo que hicieron fue decirle a la gente que tenían que firmar ligero porque si no la plata se perdía. Sobre esa base se construyó el PDET en el caso de la costa caucana. No se permitió construir un enfoque territorial desde una perspectiva que incluye una mirada étnica”, se lamentó.
No obstante, el representante legal del consejo comunitario Renacer Negro, de Timbiquí, Edwar Herrera, expuso una posición distinta. A su juicio, la participación de las comunidades afro e indígenas en el PDET fue activa: “Yo le he manifestado a los hermanos indígenas y afro que tenemos un atraso en el tiempo y que por lo tanto debemos trabajar en equipo cuando sea necesario. Y así fue, trabajamos en conjunto conociendo la problemática social que es la misma para todos”.
Herrera también aseguró que el trabajo de la ART se debe destacar, pues con lo realizado se conoció la voz del pueblo, “del campesino, del pescador, conocer cada una de sus necesidades. Ahora ellos tienen que defender lo que ha manifestado la comunidad”.
Frente a ambas posiciones, Biojó, la coordinadora de este PDET, aseguró que debido al proceso electoral que se avecina, que generará cambios de gobiernos locales y regionales, más que centrarse en la ejecución de los recursos, se debe empoderar a los futuros mandatarios de las iniciativas establecidas por la comunidad en el PATR con el fin de que queden consignados en los nuevos planes de desarrollo, garantizando así la ejecución de varias de ellas en los próximos cuatro años.
Aún no llegan los recursos
Imagen cortesía ART.
El Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) llegó en el 2017 a la costa Pacífica caucana con bombos y platillos como una oportunidad de cambio para las comunidades. Para lograrlo se firmó un gran pacto en el municipio de Guapi y, según Orlando Pantoja, después de eso no pasó nada: “Simplemente hubo una muy buena intención, buena acción. Pero de ahí para allá no se hizo nada más”.
Pantoja es respaldado por Herrera, quien reiteró que sólo se hizo una socialización, pero que, desafortunadamente, se quedó en un evento. Para este líder, el PNIS es un tema que genera temor: “Hablando de erradicación de cultivos de uso ilícito, sabemos que hay una economía, que hay una maquinaria muy grande detrás de todo esto. Pero hasta el momento yo puedo decir que en este sector no se ha hecho nada con PNIS”.
De las obras de Pequeña Infraestructura Comunitaria (PIC), que actualmente se conocen como obras PDET, y de las cuales ya se han ejecutado en otros municipios de Cauca y del país, los líderes coincidieron en decir que tampoco han llegado recursos de este programa. Sin embargo, Biojó destacó que estas obras sí se desarrollarán en los municipios del Pacífico Medio.
De hecho, desde el pasado marzo se abrió la convocatoria pública N° 007 de 2019 para “implementar la estrategia obras PDET a través de la ejecución de actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario y de control social, mediante la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades asentadas en los territorios objeto de intervención.”
Para el caso de los municipios de Buenaventura, Guapi, López de Micay y Timbiquí, se tiene proyectado la ejecución de 43 obras, en las que se invertirían 4.870 millones de pesos. Pero la demora inquieta al vocero del Consejo Comunitario Renacer Negro, quien reiteró que ya pasó un año desde que le hablaron de este tipo de obras y “no se ha hecho nada por aquí. Todavía no se ha realizado una acción concreta”.
Además, aún no es posible determinar cuáles, de las 81 iniciativas subregionales propuestas por las comunidades se desarrollarán, ni cuántos recursos recibirán. Para ello, la ART abrió, desde el pasado marzo, un concurso de méritos para estructurar entre 360 y 400 proyectos de infraestructura y de desarrollo económico, productivo, ambiental y forestal para los 170 municipios PDET seleccionados en todo el país.
Mientras se surten todos esos trámites administrativos, las comunidades del Pacífico Medio están a la expectativa de que el trabajo realizado durante varios meses, que las llevó a concertar iniciativas comunes, se comiencen a hacer realidad en los próximos meses y sus comunidades, tan golpeadas por el abandono estatal y la guerra, puedan ver el futuro con mayor ilusión. Esta vez no quieren ser defraudadas de nuevo.
Este reportaje es el resultado del proyecto periodístico colaborativo ‘Los números del posconflicto’, que pretende abrir los datos y sumar a la construcción de una agenda de seguimiento sobre los dineros para la paz en Colombia. Iniciativa de Consejo de Redacción y VerdadAbierta.com en alianza con Co.Marca digital.