A lo largo de su historia, San Vicente del Caguán ha sido poblado al ritmo de diferentes dinámicas. Buena parte de sus habitantes arribaron atraídos por la bonanza del caucho y la quina, por la creación de un modelo ganadero y una política mal dirigida de colonización. Sin embargo, muchos llegaron por las migraciones forzadas que produjeron La Violencia y décadas de conflicto armado, además de promesas gubernamentales de un lugar para vivir.
Pero todos arribaron con un mismo anhelo: lograr un pedazo de tierra para subsistir. No obstante, la gran mayoría de población campesina de San Vicente del Caguán, ubicado en el norte del departamento de Caquetá, donde convergen la cordillera de Los Andes y la Amazonía, no cuenta con títulos de propiedad de la tierra que llevan ocupando por generaciones.
Con un área de 21.923 kilómetros cuadrados, pareciera que este municipio tiene mucha tierra para distribuir, pero la realidad y el ordenamiento jurídico demuestran lo contrario. De acuerdo con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, un 25 % de su territorio se encuentra bajo una ocupación formalizada y el resto bajo un régimen de tenencia difuso, legitimando la propiedad y el derecho de uso a través de contratos de compraventa y cartas de colonos otorgadas por las Juntas de Acción Comunal. A lo anterior se suma que, debido a la riqueza ambiental de esta región, los espacios para formalizar la posesión se reducen considerablemente porque abundan zonas de reserva forestal y áreas protegidas.
En medio de ese panorama, la Reforma Agraria Integral y el acceso efectivo a la tierra han sido las más anheladas apuestas políticas de las organizaciones campesinas de este municipio amazónico. Y esas esperanzas tomaron mucha más fuerza el 24 de noviembre de 2016, cuando el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, firmaron el denominado Acuerdo Final de Paz, que contemplaba una serie de disposiciones para lograr esas metas.
Entre ellas están la entrega de siete millones de hectáreas a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente; definir una política clara de ordenamiento territorial, que pasa por la construcción de herramientas como un catastro multipropósito, la zonificación ambiental participativa y el inventario de baldíos; además de programas para sustituir cultivos de uso ilícito y poner en marcha planes de desarrollo integral.
Son muchos los campesinos y campesinas de San Vicente del Caguán que ocupan zonas de reserva forestal. De esta historia sabe por experiencia propia habitantes de Guacamayas como Abimael Cortés, líder de este territorio, que ha dedicado su vida a la producción de la tierra y sueña permanente con la titulación de un pedazo de tierra.
“En realidad, lo que nosotros esperábamos con el proceso de paz era tranquilidad en las comunidades, que el gobierno inyectara más recursos en la escuela, en infraestructura, en los terrenos. En realidad, uno queda sin palabras, porque a estas alturas de la vida no tiene título (de propiedad) y la idea era que día tras día se tuviera la oportunidad de mejores ingresos para la familia”, lamenta Abimael.
No es un capricho. Un título de propiedad les permite a los campesinos garantizar la tenencia del lugar donde han habitado por décadas y lograr seguridad alimentaria, proyectos productivos, acceso a salud, educación, infraestructura y a muchos otros derechos.
Pero casi ocho años después de la firma del Acuerdo de Paz, los avances son insuficientes. En buena medida porque la violencia arreció y las disputas entre nuevos actores armados son un gran obstáculo.
Según el quinto informe de seguimiento al Acuerdo de Paz de la Defensoría del Pueblo, no se ha podido avanzar de manera significativa en el proceso efectivo de formalización y adjudicación de tierras por el deterioro en la seguridad social y territorial por los grupos armados al margen de la ley.
Esa entidad del Ministerio Público estableció que “con corte al 30 de junio de 2023 habían ingresado 20.406 predios que corresponden a un total de 2.233.138 hectáreas provenientes de las distintas fuentes que alimentan el Fondo de Tierras. En ese sentido y conforme con la comparación entre lo reportado a esa fecha y el nuevo periodo examinado, es evidente que, a diciembre de 2023, solo ingresaron 220 predios adicionales al Fondo de Tierras”.
Los datos evidencian los pocos resultados alcanzados en materia de formalización de tierras.
Los PDET, al ritmo de gobiernos locales
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son una de las banderas insignia del Acuerdo Final de Paz. Creados por el Decreto Ley 893 de 2017, se seleccionó a 170 de los municipios más golpeados por la guerra para que las comunidades formularan proyectos que se debían desarrollar en clave de darle celeridad a los instrumentos de la Reforma Rural Integral, agrupados en ejes temáticos o pilares, que van desde infraestructura hasta derechos humanos.
Estos programas, creados como un instrumento de planificación y gestión subregional de transformación integral del ámbito rural a 10 años, se desarrollan en los 15 municipios que conforman Caquetá. Según la Agencia de Renovación Territorial, en este departamento se invirtieron 1,72 billones de pesos entre 2017 y 2022 y, de ellos, cerca de 277 mil millones de pesos fueron destinados para San Vicente del Caguán.
En este municipio han sido financiados 114 proyectos, entre los cuales 24 son proyectos de desarrollo rural, 13 de desarrollo vial, uno medioambiental y otro de fortalecimiento de Parques Nacionales Naturales.
La siguiente gráfica da cuenta de la distribución por años y de cómo ha sido la inversión en el municipio de San Vicente del Caguán.
En zonas rurales de San Vicente del Caguán son reconocidos estos esfuerzos de estructuración y desarrollo de proyectos, pero lamentan su poca funcionalidad y sostenibilidad en el tiempo, porque han estado sujetos a los intereses de los gobiernos locales de turno. Por lo anterior, poco se ha avanzado en las transformaciones a las que inicialmente apuntaban y se ha dejado poco espacio de participación de procesos locales.
Para el investigador Visnu Posada Molina, especialista en derecho del medioambiente y ecología política, parte de estas problemáticas radican en el hecho de que no hay una real implementación de los PDET, ya que estos, más allá de ser criterios de regionalización, deben ser programas en donde descansa la visión de un gobierno para implementar el Acuerdo Final de Paz.
“Yo, al día de hoy, no conozco el PDET y creo que no se ha consolidado. Uno no encuentra un documento que diga este es el PDET de estas subregiones, porque son programas. Uno lo que encuentra es un PATR (Plan de Acción para la Transformación Regional), que son dos instrumentos complementarios muy importantes…pero el PDET, que es la política y la forma en que cada gobierno implementa o interpreta el enfoque territorial, no existe”, sustenta Posada.
Entre tanto, la lideresa Eliana Hernández, quien ha acompañado los procesos participativos del PDET en San Vicente del Caguán y Caquetá, advierte que sus problemas de implementación pueden deberse a su instrumentalización por propósitos políticos de administraciones municipales y departamentales. Indica que “se ha visto más la línea PDET como una bolsa para conseguir recursos, no para generar las transformaciones territoriales”.
Además, plantea una desconexión entre los programas o proyectos que fueron formulados por las comunidades y los que se están ejecutando. “La gente se ha sentido desconocida. Hay apuesta de cooperantes que están llegando al territorio para implementar acciones PDET y la gente no se siente ni identificada en esas iniciativas. Eso no fue lo que pedimos”, agrega.
Sin embargo, en zonas donde se ha avanzado gracias a los procesos de unidad y lucha organizativa, como la Zona de Reserva Campesina Cuenca del Río Pato y Valle de Balsillas, se ha materializado la importancia de esta figura de ordenamiento territorial, dejando un claro ejemplo que la territorialización e integralidad de los acuerdos firmados eran el mejor camino para sostener lo allí pactado.
Para los liderazgos de esa Zona de Reserva Campesina, una presencia institucional efectiva y garantista es vital en la proyección de la superación de las problemáticas de representación y ausencia de derechos que aún padecen las comunidades campesinas.
“A finales del 2016 se logró consolidar unos memorandos de acuerdo con la Agencia de Desarrollo Rural, eran proyectos comunitarios que venían precisamente por el tema de la firma del Acuerdo de Paz. Fueron tres proyectos. Uno para cada núcleo: Miravalle, Guayabal y Balsilla. Esos proyectos productivos, cada uno con 40 familias, fueron proyectos asociativos. También, por parte del PDET, se hizo una implementación para el mejoramiento de algunas vías”, recuerda Estefanía Chica, lideresa de la Zona de Reserva Campesina de El Pato Balsillas.
El PNIS, para la foto
Uno de los problemas asociados al conflicto armado está relacionado con el narcotráfico, el cual, aunque no se contempla como una causa de origen, sí ha dinamizado y complejizado el panorama de conflicto en el país. Asimismo, la economía surgida del narcotráfico se ha insertado en la dinámica de las comunidades más apartadas y afectadas por el conflicto.
Tanto así, que en varios territorios se ha considerado como el principal renglón económico. En este sentido, el Acuerdo Final de Paz planteó una alternativa a la guerra contra el narcotráfico, a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Esta política del posconflicto fue reglamentada con el Decreto 896 de 2017 y tiene como objetivo promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito a través del desarrollo de programas y proyectos para la superación de condiciones de pobreza y marginalidad.
El Decreto plantea “que la solución definitiva es posible si es el resultado de una construcción conjunta entre las comunidades -hombres y mujeres- y las autoridades mediante procesos de planeación participativa, que parten del compromiso del gobierno de hacer efectiva la Reforma Rural Integral y los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo y el compromiso de las comunidades de avanzar en los procesos de sustitución voluntaria. Este compromiso de sustitución voluntaria de las comunidades es un factor fundamental para el logro de los objetivos”.
Este programa fue elaborado con cinco prioridades: (i) Las condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito definidas en el Protocolo de Protección para Territorios Rurales. (ii) Los acuerdos de sustitución celebrados con las comunidades. (iii) Priorización de territorios. (iv) Tratamiento Penal Diferencial. (v) Construcción participativa y desarrollo de los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo.
En San Vicente del Caguán, de acuerdo con lo reportado por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), desde el 2017 al 17 de junio de 2024, se atendió a 1.230 personas inscritas en el PNIS. La inversión se desagrega de la siguiente manera:
| Acción | Valor/ejecutado | Valor proyectado | |
| 1 | Asistencia Alimentaria Inmediata | $10.396.000.000 | $10.396.000.000 |
| 2 | programas de Asistencia Técnica Integral (ATI) |
$ 2.447.373,780 |
$10.482.149.113 |
| 3 | Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (ASA) | ||
| 4 | Proyectos Productivos de Ciclo Corto (PPCC) |
Arbey Alvear, coordinador territorial de PNIS en Caquetá, señala que a pesar de los avances que logró esta política, existen dos condiciones que la limitaron. Por un lado está el fenómeno socioambiental, porque la mayoría de las familias que se vincularon a este programa están en zonas de Parques Naturales o en Zona de Reserva Forestal, amparada por la Ley Segunda de 1959.
Por otro lado, la formalización y el uso de la tierra fueron otra gran limitante, porque un número importante de personas que se vincularon al PNIS no tienen tierra y han accedido a ella vía arrendamiento. “Ese también es un cuello de botella porque las familias que tienen un predio en arrendamiento, pues obviamente no van a poder construir una infraestructura cuando saben que (el proyecto PNIS) es por un tiempo determinado”, señala.
Y concluye que las dificultades de la sustitución de cultivos se deben a que la implementación del programa se ha dilatado en el tiempo “y eso hace que las familias pierdan la credibilidad”.
Las voces territoriales dan cuenta de que uno de los mayores retos no es la sustitución de un cultivo, sino la sustitución de una economía que, a pesar de ser ilegal, durante mucho tiempo ha sido el medio de subsistencia territorial; todo ello, mientras se desarrollan los proyectos de vida de las comunidades que se sumaron al PNIS en San Vicente del Caguán.
Una de esas advertencias la realiza Fernando Gómez, líder campesino de la inspección de Troncales, quien firmó acuerdos de sustitución y, sin dejar de ser crítico ante la lentitud de su implementación, no pierde la esperanza de que llegue la anhelada titularidad de la tierra, a pesar de las promesas incumplidas.
“El Acuerdo de Paz aquí en el territorio, a nivel San Vicente, no ha llegado ningún recurso. Es más, aquí se erradicó de manera manual, engañados por el gobierno, que prometió unos subsidios. Hasta la presente…no se ha visto nada”, reclama.
A pesar de los incumplimientos del Ejecutivo, él y otros más de su comunidad se rehúsan a resembrar, “Algunos hemos tomado la conciencia de no volver a sembrar coca. Aquí en Troncales, yo confirmo que no hay coca. Nosotros fuimos engañados, el gobierno nos dijo: ‘Ustedes mismos arrancan’. Ellos nos arrancaron un pedazo, tomaron la foto y se fueron, diciendo que el gobierno nos daría 36 millones”.
Fernando reflexiona en torno a la importancia del título de propiedad, uno de los derroteros del PNIS: “Uno no esperaba que dieran los 36 millones, que nos dieran una tierra, un título para uno seguir trabajando. A lo último solo nos empapelaron, porque si uno vuelve a sembrar y llega el gobierno, me llevan a la cárcel, cuando ellos nunca cumplieron nada”.
Por su parte, la ART reporta que para 2023 en San Vicente del Caguán se realizó una inversión en el proyecto productivo de ciclo largo, dividida en una segunda fase de asistencia inmediata por un monto de $2.272.000.000 y la renegociación de proyectos productivos, buscando agilizar el cumplimiento de compromisos mediante el uso del poder de compra del Estado, y la participación de beneficiarios y organizaciones sociales.
En ese sentido, se inició el diseño de criterios y lineamientos para hacer efectiva la renegociación de los proyectos productivos de ciclo largo mediante pagos por el valor de tres millones de pesos y la ejecución de actividades preparativas con un monto total de $2.292.000.000.
A pesar de los incumplimientos e inconsistencias por parte del PNIS, las comunidades campesinas siguen esperanzadas en el surgimiento de economías que puedan ser sustentables y puedan tener un impacto similar al ejercido por la economía asociada al cultivo de coca; así mismo, de manera personal y colectiva, han buscado alternativas productivas lícitas que permitan el desarrollo de sus proyectos de vida, como es el caso del turismo en veredas como Guacamayas y Troncales.
Así lo indica Fernando Cortés, líder social de la zona: “Manejar el medioambiente, pero con una gran responsabilidad como lo son el turismo responsable, lo que es la conservación y la reforestación”.
Medidas orientadas a la mujer, a paso lento
El acceso a la tierra de las mujeres es una condición fundamental para cerrar las brechas de desigualdad de género en la sociedad. Por eso, el Acuerdo Final de Paz establece medidas especiales para las mujeres en relación con el subsidio integral y créditos de acceso a tierras, la formalización de la propiedad y la participación en la construcción de los PDET. También incluye medidas específicas para superar los obstáculos que afrontan las mujeres rurales para la formalización de la propiedad, el retorno voluntario de mujeres víctimas de desplazamiento y despojo, la reversión de los efectos del conflicto y la restitución de sus derechos sobre la tierra.
El Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz está compuesto por 264 disposiciones para el Punto 1. De ellas, 22 tienen marcación de género, 28 marcación étnica y 69 indicadores se enfocan en la implementación en municipios PDET.
El último informe del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, a quien por disposición del pacto de paz se le encargó hacerle seguimiento a su puesta en marcha, da cuenta que la aplicación de medidas de género es más lenta y que, siete años después, tan solo se ha completado el 5 % de sus disposiciones.
Desde la voz territorial, tres mujeres lideresas, jóvenes y campesinas del municipio de San Vicente del Caguán, hablan sobre inclusión, acceso a tierras y participación en el marco del Acuerdo Final de Paz.
Por otro lado, el Instituto Kroc, en su valoración sobre la implementación del Acuerdo de Paz entre diciembre de 2016 y noviembre de 2023, destaca algunos avances en el Punto 1 en relación con mujeres, gracias al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, que fue reglamentado con la Ley 2294, del 19 de mayo de 2023.
Entre ellas están la creación del Programa Especial de Adjudicación de Tierras para mujeres rurales, la formalización del mecanismo de compras tanto a particulares como entre instituciones públicas, para dinamizar las fuentes que alimentan el Fondo de Tierras, y la inclusión de medidas dirigidas al reconocimiento de la economía del cuidado no remunerado en zonas rurales, que “podrán impactar positivamente el aumento de las oportunidades de financiación de proyectos liderados por mujeres en el marco de la Reforma Rural Integral”.
A pesar de esos brotes verdes, el Instituto Kroc, al igual las comunidades campesinas de San Vicente del Caguán, pide ajustes para dinamizar la implementación del Punto 1: “Si bien estas medidas previstas en el PND pueden disminuir el rezago en la implementación, la mayoría necesita de desarrollos normativos, la apropiación de recursos, avanzar en adecuaciones institucionales, la materialización de los enfoques de género y étnico y, sobre todo, la ejecución rigurosa del presupuesto”.