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Quienes creyeron que la salida más viable y esperanzadora para el problema de la tierra en el Cauca y en el país era la concreción de la Reforma Rural Integral, ratifican ahora que las cosas son aún más difíciles de lo que parecía en un principio. Pese a que la reforma propuesta tiene como finalidad contribuir a reversar los efectos del conflicto armado en el territorio, garantizar la no repetición y establecer una paz estable y duradera, no hay consensos para el avance de las discusiones en diferentes instancias gubernamentales y legislativas.
Óscar Salazar, líder social y campesino del municipio de La Vega, Cauca, y del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc), considera que es muy bajo el cumplimiento de lo pactado: “La política del gobierno nacional de favorecer los agro-negocios, las plantaciones de la industria agraria, no es el alma de los acuerdos y lo que se ve en las zonas de desarrollo rural está en contravía de los acuerdos porque no se tiene una política para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, de la producción propia”.
La Ley 1776 del 29 de enero de 2016 creó las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), señalando, entre otras cosas, que los proyectos que allí se implementen “deben estar adecuados y corresponder a la internacionalización de la economía, sobre bases de alta competitividad, equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”. De igual modo, propone, entre otros aspectos, que “las Zidres promoverán e implementarán la formación de capital humano y social en sus áreas rurales para sustentar una amplia competitividad empresarial”.
Salazar considera que “no hay una política estatal que le haga simetría a estas políticas, pues mientras se trabaja lo de Zidres, no se trabaja de manera adecuada la distribución de los tres millones de hectáreas ni la entrega de tierra al campesinado”.
En tal sentido, el líder del Pupsoc insiste en que la desigualdad “es abrumadoramente alta, es decir que hay monopolio sobre la propiedad de la tierra, cosa increíble porque en el Cauca hay mucha población campesina, indígena y afro”.
Y las cifras le dan la razón. De acuerdo con el DANE, el índice Gini del departamento del Cauca fue de 0,504 para el 2017, mientras que a nivel nacional fue de 0,517. Este índice es un indicador que sirve para calcular la distribución del ingreso y la desigualdad de un territorio o país y su valor oscila entre 0 y 1. Más cerca a 0 indica mayor nivel de igualdad y más cerca a 1 indica un mayor nivel de desigualdad.
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Los sin tierra versus…
El tema volvió a la agenda política desde el pasado 22 de mayo cuando el senador José David Name Cardozo radicó en el Senado de la República el informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 03 de 2018 y que ha generado un nuevo rechazo por parte de la sociedad civil. El proyecto pretende modificar aspectos esenciales de la ley 160 de 1994, que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. La discusión y votación del proyecto en primer debate se cumplirá este lunes 17 de junio en la Comisión Quinta del Senado.
Reformar la estructura social agraria es uno de los objetos consignados en la Ley 160, para lo cual se contempla “dotar de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos mayores de 16 años que no la posean, a los minifundistas, mujeres campesinas jefes de hogar, a las comunidades indígenas y a los beneficiarios de los programas especiales que establezca el Gobierno Nacional”.
En carta dirigida el 28 de mayo pasado al ministro de Agricultura, Andrés Valencia, y a la senadora de la Comisión Quinta del Senado Daira de Jesús Galvis Méndez, más de cien organizaciones solicitaron de nuevo el retiro del proyecto, “dados los graves efectos que tendría adoptar una norma que es altamente regresiva en cuanto a los derechos que el Estado Colombiano debe garantizar a las comunidades rurales para acceder a las tierras en condiciones de dignidad, de acuerdo con los mandatos constitucionales”.
Leer aquí Carta de organizaciones a Ministro y Senadora.
Ya desde agosto de 2018, una vez conocidos los detalles legales de esta iniciativa, una veintena de organizaciones y algunos congresistas solicitaron al recién nombrado Ministro de Agricultura que retirara el Proyecto de Ley 003 de 2018, argumentando que con él se profundiza en la concentración de la tierra y desconoce las propuestas y aspiraciones de las comunidades rurales.
Los reclamantes llamaban la atención porque, en detrimento de la economía campesina, indígena y afrocolombiana, el proyecto defiende “un modelo centrado en la promoción de las grandes inversiones agroindustriales, mineras, de hidrocarburos y de mercantilización de la biodiversidad, y no en una distribución equitativa de las tierras rurales”.
De igual modo, señalan que las medidas propuestas en el proyecto de ley agravan la ya extrema concentración de la propiedad rural de este país, ponen en riesgo el abastecimiento alimentario nacional, y obstaculizan procedimientos que buscan redistribuir la propiedad rural y dotar de tierra a las comunidades campesinas.
Leer aquí Carta de agosto 17 de 2018
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Dar al que tiene
Una de las mayores inconformidades en la versión modificada del proyecto presentada por el senador Name se centra en la inclusión, a través de la figura de “expectativas legítimas”, de personas naturales y jurídicas dentro de los sujetos de adjudicación, quienes desplazarían a quienes deben ser los principales beneficiarios de la Reforma.
De ese modo, dicen las comunidades, se corre el riesgo de que los baldíos disponibles para adjudicación se entreguen a terratenientes y a pequeños y grandes empresarios, agravando el problema de acumulación de la tierra y acrecentando la brecha entre el campo y la ciudad.
Andrea Lopera, integrante de la Unidad Técnica Legislativa del senador indígena Feliciano Valencia, expresa que “sanear la acumulación indebida de baldíos en grandes extensiones a nombre de dueños de personas naturales o jurídicas que no cumplen los criterios de la Ley 160 y no son sujetos de Reforma Agraria, es la idea que ciertos sectores han venido impulsando desde hace años”.
La primera versión del proyecto, que ya generó rechazo, fue la que se radicó el 20 de julio del año pasado al iniciarse una nueva vigencia legislativa. En el informe de ponencia presentado por el senador Name se han hecho otras modificaciones que ahondan dicho malestar.
“Este proyecto de ley lo que busca es decir que estas expectativas constituían un derecho para esas personas y es deber del Estado garantizar este derecho, lo que es falso, porque una mera expectativa no constituye un derecho”, afirma Lopera.
De igual modo, en el análisis de Lopera, “desde la Constitución y la Ley 160 de 1994 se establece que los baldíos sólo pueden salir del dominio del Estado para sujetos de reforma agraria, que son campesinos sin tierra o con tierra insuficiente”.
Alirio Uribe Muñoz, exrepresentante a la Cámara por el Polo Democrático, recalca que “históricamente los campesinos son las personas que por naturaleza necesitan recibir la tierra, pero acá se legisla en contra”. Insiste, además, en que el proyecto “pondría a los campesinos a competir con otros actores, con los mismos empresarios o sectores mineros que utilizan tierras de la nación para grandes megaproyectos”.
Sobre este tema, Lucía Aldana, abogada de la Corporación Jurídica Yira Castro, en declaraciones a la prensa aseguró que “una de las cosas que más preocupa respecto al proyecto es que se busca reconocer una situación que ellos llaman expectativas legítimas, es decir, personas que han ocupado el campo desde hace muchísimo tiempo pero que han estado ocupando predios baldíos y buscan que por medio de sentencias de prescripción adquisitiva de dominio se les reconozca como propietarios de dicho bienes”. Normativamente, el dominio de los baldíos no puede adquirirse en Colombia por esta vía.
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¿Contrarreforma agraria?
En comunicado del 26 de mayo de 2019, el Consejo Regional Indígena del Cauca, el Consejo Regional Indígena de Caldas, el Consejo Regional Indígena del Huila y las organizaciones Sociales y Campesinas, señalan que “las Políticas de Formalización y Acceso a Tierras consignadas en la Ley 160 de 1994, sus reformas y modificaciones, nos corresponde realizarlas a los pueblos indígenas, sectores sociales y populares del país amparados en el derecho fundamental Constitucional a la Consulta Previa y las consultas populares”.
No obstante, afirman en el comunicado, “los dignatarios del Congreso de la República que juraron defender los intereses de los colombianos son quienes pretenden ahora desde sus despachos administrativos establecer un régimen para adjudicar las tierras al mejor postor y bajo el nulo argumento del reconocimiento de los territorios de la Nación (Baldíos) desconociendo plenamente los Derechos Ancestrales que históricamente nos asisten a los Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas, Afrodescendientes y Sectores Sociales”.
Sobre este tema, la abogada Aldana comentó que “la intención principal del proyecto es dejar el campo colombiano como está, en las manos de quien está, sin importar si la persona accedió a estos bienes de manera regular e irregular”.
En tal sentido, considera que por esta vía legislativa se va “directamente en contra de la Reforma Rural porque no se busca restituir la alta tasa de concentración de la tierra que tenemos en Colombia, sino mantener el campo en las mismas manos, formalizarlo, consolidar las situaciones jurídicas que consideramos bastante irregulares de personas que ya tienen acceso a la tierra”.
Salazar señala que “están las rutas expeditas para entregarles las tierras baldías a los que ya las tienen, a los industriales, y no entrégasela a los indígenas, afros y campesinos; esa situación hace más alarmante la problemática: no hay una política de adecuación de tierras, o sea la infraestructura rural es muy débil”.
El desarrollo rural como iniciativa
En el departamento de Cauca, el tema de la tenencia de la tierra es un aspecto muy sensible en la relación del Estado con las comunidades indígenas, afros y campesinas, pero el problema se extiende a todo el territorio nacional. La situación se evidencia de manera permanente en las discusiones sobre adjudicación de baldíos y creación de zonas de reserva campesina o en hechos más contestatarios para exigir el cumplimiento de compromisos previamente adquiridos por el gobierno nacional, como la Minga del Cauca del pasado marzo que, durante casi cuatro semanas, tuvo en vilo a todos los habitantes del suroccidente colombiano.
El tema es importante para los más de 30 mil líderes que participaron en la construcción de los PATR de las distintas regiones porque en la búsqueda de la construcción de una paz estable y duradera, y conforme a lo señalado en el Acuerdo Final entre las antiguas Farc y el gobierno colombiano, se contempló la necesidad de establecer una Reforma Rural Integral (RRI). Se considera que a través de ella se pueden sentar las bases para la transformación estructural del campo y crear condiciones de bienestar para la población rural, tal como lo señala el decreto 893 de 2017, que creó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Al respecto, Juan Diego Mellizo, líder social del municipio de El Tambo, dijo que durante las discusiones sobre ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, enmarcado en el PATR Alto Patía y Norte del Cauca, “la iniciativa que más se trabajó fue la de tierra y territorio porque ahí está todo lo del desarrollo rural”.
Mellizo fue enfático al afirmar que los debates se centraron en proyectos productivos, uso del suelo, formalización de la propiedad, compra de tierras para campesinos, producción y mercadeo, y lamentó que no se hubiera ahondado en el tema ambiental.
De dichas iniciativas sobre ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, solo dos tienen marca de proyecto, mientras las otras siete aparecen como gestión. Mellizo expresó su preocupación al respecto porque no se entiende que haya un compromiso real del Estado, y más si no se constituyeron veedurías ciudadanas para hacer los seguimientos correspondientes, lo que es un gran vacío.
Más que un problema coyuntural
El Manifiesto de las Organizaciones Campesinas y Sociales, firmado en diciembre de 2018 en el Foro Declaración ONU Derechos del Campesinado, exigió que “se reconozcan las territorialidades campesinas, las formas propias de gobierno y sus planes de vida, como formas legítimas de realización de los derechos campesinos”. De igual manera, se exigió también la detención de lo que las comunidades denominan “el acaparamiento y despojo de tierras, agua, semillas y otros bienes comunes por parte de las empresas que ostentan el poder económico”.
El problema no es coyuntural pues ha estado presente en el desarrollo del contexto de las violencias en Colombia. Según el informe “Radiografía de la desigualdad”, presentado por el Oxford Committee for Famine Relief (Oxfam), en 2017, en Colombia, el 80 por ciento de las tierras rurales están concentradas en el uno por ciento de los propietarios.
Este es un estudio donde se analizan resultados del Censo Nacional Agropecuario realizado en el 2014 por el DANE, el cual determina que Colombia es el país con mayor desigualdad en la tenencia de tierras en América Latina. “Los hogares rurales sin tierra no son registrados en los censos agropecuarios. Si fuera posible hacerlo, la desigualdad en la distribución de la tierra se mostraría aún más preocupante”, dice el informe.
Otros resultados relevantes por parte de OXFAM concluyeron que el 42,7 por ciento de los propietarios de los predios más grandes dicen no conocer el origen legal de sus terrenos. Los predios de más de mil hectáreas dedican 87 por ciento del terreno a ganadería y sólo el 13 por ciento a agricultura. Un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar.
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¿Aprobación inminente?
Lopera se muestra pesimista por lo que pueda pasar con el proyecto de ley 03 de 2018 pues considera a la Comisión Quinta del Senado de la República como un escenario adverso que podría aprobarlo antes del 20 de junio. No obstante, dice que “organizaciones campesinas, indígenas, afro y organizaciones sociales que apoyan a las comunidades rurales, han venido haciendo un trabajo muy juicioso, realizado conceptos técnicos sobre la gravedad del proyecto, han hecho pronunciamientos desde el 2017, han hecho presión, lo que ha servido de puente para que esa información llegue a los senadores y senadoras de dicha comisión”.
Aldana resalta que siguen presentándose solicitudes de retiro del Proyecto de Ley, como la que presentó el pasado 30 de mayo la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas a la Comisión Quinta y al senador Name, donde señala que la norma propuesta “lejos de disminuir su devastador impacto sobre los territorios ancestrales que milenariamente han ocupado los Pueblos, termina acentuando y validando la crítica situación de abandono y despojo territorial del que son objeto”.
El exrepresentante Uribe considera que el proyecto es tan contrario al espíritu de lo que sería una Reforma Rural Integral, que por eso se ha solicitado que sea archivado: “Esperamos que este proyecto se hunda y que a futuro se presente un proyecto de Reforma Rural Integral ajustado a las necesidades de los campesinos, que los reconozca como sujetos de derecho en función de lo que ha dicho la declaración de las Naciones Unidas”.
Al final, la impresión que queda es que la realidad y el querer de las comunidades van por un lado y las intenciones de los gobiernos y los legisladores, por otro. Así no sería si quienes tienen en sus manos decisiones trascendentales que impactan a los habitantes del campo colombiano, escucharan las voces de quienes desde sus veredas y sus municipios decidieron participar en la construcción de los Planes de Acción para la Transformación Regional como una forma de mejorar sus condiciones de vida y construir un país mejor.
Nota: Finalmente el Proyecto de Ley fue archivado porque no surtió su primer debate en la Comisión Quinta del Senado antes de que terminara la actual legislatura, la cual concluyó el 20 de junio. No obstante, podrá ser presentado nuevamente a partir del próximo 20 de julio, cuando los congresistas retomen sus funciones legislativas.
Este reportaje es el resultado del proyecto periodístico colaborativo ‘Los números del posconflicto’, que pretende abrir los datos y sumar a la construcción de una agenda de seguimiento sobre los dineros para la paz en Colombia. Iniciativa de Consejo de Redacción y VerdadAbierta.com en alianza con Co.Marca digital.