Pistas para narrar emergencias

Sigue el dinero público en los desastres naturales

Fabiola Torres

Hace apenas un año (2017), países de América Latina y el Caribe enfrentaron los más intensos desastres naturales de las últimas décadas. Una avalancha afectó 36 barrios en la ciudad de Mocoa, al sur de Colombia; los desbordes de ríos por el fenómeno de El Niño dejaron por lo menos 15 mil personas damnificadas y 700 casas inhabitables en la región Piura, en el norte de Perú; dos terremotos provocaron la muerte de unas 400 personas en México y el paso del huracán María destruyó casi todo Puerto Rico, lo que hizo que miles de personas migraran a Estados Unidos en busca de refugio.

Todos estos fenómenos fueron de distinta magnitud, pero expusieron un problema común: el ineficiente manejo del dinero público ensombrecido por prácticas corruptas o ineficientes en las acciones de prevención, en la atención de la emergencia y en el proceso de reconstrucción.

Pocas veces los periodistas prestamos atención a las causas profundas que agravan los efectos de un desastre. Nos ocupamos de los sucesos y no tanto de los procesos que son los que condicionan la marcha de las operaciones antes, durante y después de un fenómeno natural. Sin embargo, estamos obligados a mejorar nuestros enfoques y cobertura, ya que los desastres se han hecho cada vez más frecuentes en la región y sus costos están creciendo. En su reporte N.° 20, de mayo de 2017, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advierten que la ocurrencia de desastres aumentó 3,6 veces en medio siglo. Mientras que en 1960 hubo un promedio de 19 desastres por año, en la primera década de este siglo ese promedio se elevó a 68 fenómenos anuales.

Por eso, en este capítulo, se abordan experiencias que sirven como referentes para mejorar nuestras líneas de investigación periodística sobre el manejo del dinero público destinado a la gestión de desastres naturales; se identifican las prácticas corruptas en la industria de la construcción -cuyos mortales efectos se reflejan en momentos de crisis-; y se desarrollan casos que representan el buen uso de herramientas tecnológicas para elevar el rigor y el alcance de una cobertura en estos contextos.

I. Fondos para la prevención: recortarlos tiene altos costos

En la primera semana de octubre de 2017, un mes después de los dos terremotos que afectaron México y del período de huracanes más destructivo para varias naciones del Caribe, funcionarios de finanzas de los 35 países de América Latina se reunieron en San José de Costa Rica para evaluar el creciente efecto de los fenómenos naturales en sus economías. “Un país no puede decir que es sostenible si la inversión y la infraestructura que sustentan su desarrollo no están protegidas ante las amenazas”, dijo Raúl Salazar, jefe regional para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, durante este encuentro.

El caso de México mostró las amargas consecuencias. En los últimos años el Gobierno de Enrique Peña Nieto recortó el dinero destinado a la atención de desastres naturales hasta en un 50 por ciento, como parte de la política de austeridad del Poder Ejecutivo para compensar el déficit en la caída de los ingresos del petróleo. En 2017 el presupuesto público para proyectos de prevención de desastres se redujo a 331 millones de dólares; es decir, se destinaron 144 millones de dólares menos con respecto a 2016.

La decisión de cortar los recursos para la prevención generó una elevada factura de gastos para la reconstrucción. El Gobierno mexicano elaboró el Plan Marshall que costará unos 1.700 millones de dólares para recuperarse de los terremotos del 7 y 19 de septiembre que dejaron por lo menos 400 muertos, carreteras destruidas y miles de familias arruinadas. “La protección civil requiere millones de dólares en obras, bienes y servicios, pero lo mejor es anticiparse: por cada dólar que se invierte en gestión de riesgo, hay un ahorro de 12 dólares en inversión de reconstrucción”, sostuvo el secretario ejecutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central, Roy Barboza, en la reunión de San José.

Otro desastre natural que evidenció el alto costo que paga un país por el olvido de las acciones de prevención ocurrió en Colombia a comienzos de 2017. Durante la madrugada del sábado 1 de abril, una avalancha afectó 36 barrios de Mocoa, capital del departamento del Putumayo, al suroccidente del país. Las torrenciales lluvias provocaron el desbordamiento de tres ríos: Mocoa, Mulato y Sangoyaco, lo que derivó en una inmensa masa de lodo que destruyó viviendas, puentes y todo tipo de infraestructura de las localidades. El desastre causó 335 personas muertas, 398 heridas y más de 76 desaparecidas, según las cifras oficiales.

El Gobierno colombiano destinó más de 427 millones de dólares en obras de reconstrucción en Mocoa y recibió ayuda internacional por un valor de 13,1 millones de dólares. Según un informe de la Presidencia de la República (Departamento Nacional de Planeación, 2017), el proceso de rehabilitación de viviendas tomará unos tres años en completarse. Si bien no podía predecirse el momento exacto en que ocurriría la avalancha, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonía) (Gobernación de Putumayo en Caracol, 2015, abril 10), advirtieron nueve meses antes de la tragedia que un desastre de esa magnitud sucedería en Mocoa por el uso inadecuado del suelo.

Este informe técnico habría sido una oportunidad para que los medios examinaran el tipo de acciones de prevención que se realizaban en la zona, cuál era el presupuesto de Mocoa para evitar y mitigar desastres naturales y quién administraba esos recursos. Sin embargo, hubo una mínima cobertura sobre este problema. Los medios tampoco consultaron el tantas veces ignorado Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Mocoa, una herramienta que orienta el uso del suelo para un desarrollo sostenible de cada ciudad.

Apenas 19 días después de la avalancha en Mocoa, una tragedia parecida ocurrió en Manizales, una región montañosa al oeste de Colombia, en lo alto de la Cordillera Central. Aunque ambas ciudades tienen suelos con características similares, conformados por ceniza volcánica y grandes concentraciones de agua, la capital del departamento de Caldas sí contaba con un plan de gestión de riesgo. Por eso, los daños que sufrió fueron mucho menores que los de Mocoa. Este evento dejó 16 fallecidos, 23 heridos y 480 personas desalojadas. La reconstrucción de la zona costará también 80 por ciento menos dinero que el destinado a Mocoa.

Aunque los gobiernos de América Latina y el Caribe comienzan a incorporar en sus presupuestos las variables de prevención y la reducción de riesgos de desastres, los esfuerzos todavía son insuficientes. Solo 18 de los 35 países contemplan estos indicadores en la planificación y en la inversión pública, mientras que en los últimos cinco años, 12 países actualizaron sus marcos legales para hacer lo propio.

Otro problema que encontramos está en la oportuna y correcta ejecución de los recursos públicos destinados a la prevención. Entre febrero y marzo de 2017, el fenómeno de El Niño dejó 75 personas fallecidas y más de 100 mil damnificadas en seis regiones de Perú. Piura fue la región más afectada por las intensas lluvias de El Niño. El desbordamiento del río del mismo nombre colapsó el sistema de drenaje de la ciudad y dejó cerca de 19 mil personas afectadas. La falta de mantenimiento de una compuerta de la planta de tratamiento de agua provocó una terrible inundación de la ciudad.

Los 24 gobiernos regionales del país contaban con un presupuesto para la prevención de los efectos de este desastre natural, pero no supieron ejecutarlo. Una investigación del portal Ojo Público reveló que la mayoría de gobernadores no había gastado los montos disponibles. En la semana más trágica del verano de 2017 en Perú, el ministro de defensa de entonces, Jorge Nieto, declaró que en el mejor de los casos los gobernadores y alcaldes habían usado el 25 por ciento de los recursos que se les había asignado para acciones de prevención. Piura, la región más afectada, recibió un presupuesto de 6 millones de dólares, pero solo ejecutó 0,2 millones de dólares.

Los reporteros de Ojo Público utilizaron información pública para analizar el desempeño de los 24 gobernadores en la ejecución del presupuesto destinado para la prevención. El equipo analizó las estadísticas del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) sobre los estragos de El Niño en las regiones y cruzó esa información con los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los resultados de la investigación se mostraron en didácticas fichas en las que se identificó el monto presupuestado y ejecutado para la prevención y atención de emergencias por desastres desde el año 2015. La ficha incluyó la cantidad de personas damnificadas y los daños materiales en cada región. (Ver anexos).

¿Dónde revisamos las partidas públicas para la prevención de desastres?

La mayoría de gobiernos cuenta con presupuestos o partidas destinados a la prevención de desastres que pueden ser descargados de sus páginas web. Algunos países tienen además herramientas interactivas que permiten seguir en línea la ejecución del gasto público. Por ejemplo, en noviembre de 2015, el gobierno uruguayo creó un sistema de consulta basado en un modelo de las Naciones Unidas que brinda datos comprensibles para los ciudadanos sobre el manejo del dinero público en desastres. Se puede revisar en este enlace.

En Colombia:

Fondo Nacional de la Gestión de Riesgos: Registro del estado de giros realizados por Colombia Humanitaria por departamento, número de personas beneficiadas, obras y proyectos en ejecución. Enlace:

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia:> Se pueden consultar los proyectos, contratos, informes presupuestales mensuales y rendición de cuentas del gobierno colombiano sobre la atención de desastres.

Burócratas: Repositorio de datos sobre la administración pública.

Sígale la Pista: Herramienta diseñada para hacer seguimiento al gasto público en Colombia.

Desinventar: Sistema de inventario de los efectos de desastres en Latinoamérica.

En México:

Reconstrucción MX: Página de transparencia y rendición de cuentas de los recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional destinados a la atención de daños de desastres naturales.

Transparencia presupuestaria: Herramienta para conocer el gasto público.

En Perú:

Ejecución Presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas: Página de consulta del gasto del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales.

Sistema Nacional de Información Ambiental del Perú: Se pueden encontrar estadísticas de personas damnificadas por ocurrencia de desastres naturales.

Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres de Perú

II. Fondos para la emergencia: situaciones de riesgo de corrupción

El manejo del dinero para la atención de las necesidades por desastres naturales es un proceso que evidencia altos niveles de corrupción, advierte Transparencia Internacional. Esta institución construyó un mapa que identifica situaciones de riesgos de corrupción durante las operaciones humanitarias. Un problema recurrente está en la declaración del estado de emergencia de una localidad o región para concentrar los esfuerzos del Estado en la atención de los afectados. Esta disposición exonera a las autoridades de seguir los procedimientos regulares de contrataciones y adquisiciones públicas, lo que permite diversas formas de corrupción.

En Colombia, todo cambio al presupuesto debe ser aprobado por el Concejo, en los municipios; la Asamblea, en el caso de los departamentos; y el Congreso en cuanto tenga que ver con el Gobierno nacional. No obstante, cuando se requieren recursos para atender una emergencia, la ley prevé la posibilidad de que el poder ejecutivo haga tales modificaciones al presupuesto de manera autónoma e inconsulta, pues una situación calamitosa no da espera. Para ello, se debe declarar la Urgencia Manifiesta, una decisión que le da potestad a los alcaldes, gobernadores y presidentes de modificar el presupuesto y de hacer contratos sin necesidad de cumplir necesariamente con las formalidades que se exige en trámites normales. Es decir, se puede contratar directamente, lo que en casos normales requeriría de convocatorias o licitaciones públicas, por lo que el riesgo de corrupción se eleva.

Esta es la razón por la que los periodistas deben prestar fundamental atención a las contrataciones que se ejecutan por esta vía, y hacer seguimiento, pues se han encontrado casos en los que se aprovecha la declaratoria de Urgencia Manifiesta para hacer por esta vía contratos que nada tienen que ver con la emergencia o que se firman meses después de superada la calamidad. Pero lo hacen excusados en esa figura solo para saltarse las formalidades y poder favorecer a alguien o esquilmar los recursos públicos.

La Urgencia Manifiesta debe ser declarada mediante acto administrativo motivado que explique las razones por las cuales se toma la decisión. La ley es muy clara en explicar en qué casos se puede dictar esta medida: “toda calamidad pública, todo hecho que pueda calificarse como fuerza mayor o caso fortuito, es decir hechos que no pueden preverse ni evitarse”, plantea el tratadista Ómar Franco Gutiérrez, en su libro La contratación administrativa.

El terremoto del 15 de agosto de 2007 en la ciudad de Pisco, en el sur de Perú, evidenció que la velocidad no fue característica de la gestión pública, pero la corrupción dominó las acciones desde el comienzo en un estado de declaratoria de emergencia. El presidente del gobierno regional de Ica, quien debía encabezar la ayuda a la población, fue denunciado por haber inflado los montos del contrato de maquinaria para retirar los escombros de Pisco. La remoción fue encargada a una empresa recién constituida que no presentó una carta de garantía, pero que cobró 500 mil dólares en exceso por sus servicios, según investigaciones documentadas por la prensa peruana (Salinas, Eduardo, 2012, agosto 15).

El alcalde de Pisco también fue denunciado por almacenar donaciones en los depósitos de la empresa privada Cotton Sur, a la que su hermana le prestaba servicios de alimentación. El escándalo estalló cuando se supo que el Ministerio de Salud compró raciones de comida a un precio sobrevaluado (una bolsa de alimentos que costaba 3 dólares fue comprada por 15 dólares) (La República (2007, septiembre 27). La diferencia se la adjudicaron funcionarios del Poder Ejecutivo que acabaron envueltos en el aprovechamiento particular de la ayuda entregada para atender la emergencia causada por el terremoto.

Una situación similar ocurrió en Colombia durante la ola invernal que se presentó en 2011. El diario El País de Cali (Melo García, Luiyith, en: El País, 2011, junio 13) reveló que el Programa Colombia Humanitaria destinó 2 millones de dólares para atender la emergencia por la ola invernal en el Valle del Cauca, pero que no hizo buen uso del dinero para las obras de refacción de espacios públicos. Dos años después de la emergencia, este programa aseguró que había concluido el 93 por ciento de los trabajos de contención de cuerpos de agua y mejoramiento de vías. Sin embargo, los periodistas visitaron los lugares aparentemente rehabilitados y mostraron una distinta realidad: el nivel de ejecución del dinero era muy inferior al señalado, se hicieron obras en lugares equivocados y que nada tenían que ver con las necesidades.

Los últimos terremotos en México expusieron también las debilidades del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que poseía más de 466 millones de dólares para atender las emergencias. El Gobierno debía destinar 2.500 millones de dólares para la reconstrucción de viviendas, pero el Fonden no funcionó con la agilidad y la eficacia requerida debido a varias trabas burocráticas. En medio de la emergencia, el presidente Peña Nieto y la Asamblea Legislativa eliminaron algunos trámites para acceder más rápido a los recursos.

Sin embargo, el manejo del dinero del Fonden no estuvo libre de las sombras de la corrupción. Este fondo también contempló la entrega de un bono de reconstrucción a las personas damnificadas, pero el dinero no llegó a todas, según una investigación del portal Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (Gómez y Castillo, 2018, enero 15). Los reporteros tuvieron acceso a un informe de la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que advertía un problema de clonación de tarjetas bancarias y el desvío de 3,6 millones de dólares. El equipo identificó que se duplicaron los nombres de algunos damnificados que no habían recibido un bono, quienes fueron entrevistados para el informe periodístico.

El mapa de situaciones de riesgo de corrupción de Transparencia Internacional (2010, enero 31) es una herramienta útil que permite identificar temas que merecen ser investigados durante operaciones humanitarias. A continuación hacemos un resumen de los principales:

Transporte

  • Pago por acceso a recursos de ayuda o a beneficiarios

  • Desvíos durante el transporte de bienes o donaciones

  • Falsificación de documentos del inventario

  • Desvíos durante el almacenamiento de bienes o donaciones

Administración de activos

  • Uso privado de vehículos sin autorización

  • Corrupción en la reparación y mantenimiento de vehículos

  • Desvío de combustible

Recursos humanos

  • Parcialidad en la selección del personal

  • Omisión de los controles de personal durante una emergencia

  • Conflictos de interés

  • Extorsión, intimidación y coerción del personal

Finanzas

  • Operaciones con fondos en efectivo

  • Problemas en la formulación de programas que dependen de fondos en efectivo

  • Fraude financiero y malversación

  • Contabilidad irregular

  • Facturas o recibos falsos o exagerados

  • Manipulación de auditorías

  • Fraude en el pago de salarios y en los reclamos

  • Pagos para conseguir permisos locales o acceso a servicios públicos

¿Dónde buscamos información sobres los fondos de emergencia?

En Colombia:

En Perú:

En México:

III. La corrupción en las edificaciones

El terremoto del 19 de septiembre de 2017 en Ciudad de México ocasionó la muerte de 358 personas, más de 50 edificios colapsados y cerca de cuatro mil inmuebles dañados, según los reportes oficiales. Sus efectos devastadores evidenciaron prácticas corruptas en la construcción de edificaciones en una ciudad que se distinguía por tener una de las más completas normas constructoras en el mundo. Una primera prueba del problema quedó al descubierto con el derrumbe de tres edificios nuevos que en su construcción no cumplieron las disposiciones en la materia, implementadas después del sismo de 1985.

Diversas investigaciones periodísticas de los portales Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción identificaron que la revisión de construcciones en Ciudad de México había quedado en manos de una red de ingenieros o arquitectos contratados y pagados por los desarrolladores inmobiliarios y por las constructoras, lo que generó “conflictos de interés que socavaron hasta los mejores estándares” (Ahmed, Franco y Fountain, 2017, en The New York Times).

Una importante alerta fue pasada por alto. Se trató de un completo estudio elaborado por los ingenieros mexicanos Eduardo Reinoso, Miguel Jaimes y Marco Torres (Reinoso, Eduardo, 2012), quienes advirtieron lo siguiente ocho años antes del terremoto de septiembre: durante la revisión de 150 edificios de la Ciudad de México, todos construidos después de 2004, se identificó que el 90 por ciento no cumplió con los estándares oficiales. En varios casos, los edificios revisados ni siquiera tenían los documentos esenciales de planos para inspeccionarlos por completo.

El estudio de los investigadores Nicholas Ambraseys, del Imperial College of London, y Roger Bilham, de la Universidad de Colorado en Boulder (University of Colorado Boulder, 2011, january 12), ofrece contundentes indicadores a un problema que el periodismo puede y debe cubrir con más profundidad: el 83 por ciento de todas las muertes debidas al colapso de edificios durante un sismo en los últimos 30 años ocurrió en países que sobresalen en las mediciones internacionales con más problemas de corrupción. Los autores realizaron un análisis estadístico para comparar las muertes causadas por sismos, entre 1980 y 2010, con medidas de corrupción y riqueza. Para ello, usaron datos de Transparencia Internacional y del Banco Mundial.

Ambraseys y Bilham muestran que las prácticas deshonestas en la industria de la construcción socavan los esfuerzos para limitar el número de víctimas en grandes terremotos. “Los constructores corruptos pueden sobornar a los inspectores y reemplazar materiales costosos por insumos de baja calidad que dañan la integridad estructural de un edificio”, dicen los autores (University of Colorado Boulder, 2011, january 12). En 2010, Haití fue destruido por un terremoto que mató a cientos de miles de personas. Unos meses más tarde, un sismo de la misma magnitud en la Isla del Sur, en Nueva Zelanda, no causó muertes. Ambos investigadores sostienen que más que la geografía, son las edificaciones que violan los códigos de construcción las responsables de convertir un terremoto moderado en un desastre mayor.

Tópicos para estar alertas:

  • Normas: malas regulaciones; reglas bien diseñadas, pero incumplidas o ausencia de disposiciones.
  • Colusión entre burócratas y empresarios: construcción informal en terrenos de riesgo (a pesar de que está prohibido); formalización posterior de construcciones en terrenos riesgosos y prohibidos; falta de vigilancia pública y privada en todo el proceso de construcción.
  • Supervisión: uso de materiales inadecuados o deficientes; olvido del mantenimiento de las instalaciones.

IV. Experiencias sobre el buen uso de herramientas digitales para mejorar la cobertura de desastres

Fact-checking colectivo

Una iniciativa ciudadana que organizó y corroboró información para facilitar la ayuda a las personas y zonas afectadas por el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en México es un buen referente del uso de la tecnología y las redes sociales en una emergencia humanitaria. Transcurridas las primeras horas del sismo, muchos voluntarios estaban listos para prestar su apoyo a los más afectados, pero la rápida difusión de información no verificada y falsos rumores agravaron el caótico escenario que se vivía en Ciudad de México. Esto generó que, mientras en ciertas áreas había muchos voluntarios, en otras nadie estaba disponible. Por eso, un grupo de periodistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y tecnólogos crearon Verificado19s, una red de verificación de datos colectiva que comenzó en un grupo de WhatsApp.

Primero se organizaron de manera remota: unos conectados desde sus casas, otros reunidos en lugares seguros. Un grupo se enfocó en la creación de un mapa digital que registrara los derrumbes, edificios en riesgo de colapso, refugios y centros de acopio; otro trabajó en la creación de una base de datos con información detallada sobre las necesidades y riesgos en tiempo real de cada ubicación. Se usó información de las redes sociales siempre que estuviera verificada y se le añadió el hashtag #Verificado19s.

El colectivo requirió de mayor apoyo tecnológico debido a la cantidad de información que obtuvo, lo que generó que desarrolladores voluntarios crearan una herramienta más efectiva. Se habilitó un sitio web en el que se recopilaron los datos de los voluntarios presentes en las áreas afectadas y de aquellos que la enviaban al sitio web y a la cuenta de Twitter @verificado19s. Los reportes se publicaban en la plataforma solo si la persona que informaba era testigo presencial de los hechos o si al menos dos testigos podían corroborarlos.

Verificado19s se convirtió en la fuente de información más actualizada y confiable sobre el terremoto en México y consiguió 36.000 seguidores en su cuenta de Twitter. Ahora se enfoca en identificar la mejor forma de contribuir a los esfuerzos de reconstrucción. A través de una declaración pública, el grupo lanzó una serie de propuestas con el objetivo de involucrar al gobierno en la búsqueda de soluciones, abrir un diálogo continuo e insistir en la transparencia en el uso de los fondos públicos para la reconstrucción.

Cinco propuestas para una #ReconstrucciónCiudadana19s

Cinco meses después del sismo del 19 de septiembre, existían fondos para la reconstrucción de Ciudad de México, pero ese dinero no llegaba a la gente que lo necesitaba. Desde la publicación el 1 de diciembre de 2017 de la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México hasta la fecha, hay pocos avances para la reconstrucción. Por eso el movimiento hizo pública la siguiente declaración:

  • Hemos identificado diversas prácticas que hacen confusos los mecanismos del Estado para dar atención adecuada a las personas damnificadas, que ponen en duda el ejercicio efectivo y eficiente de los recursos para la reconstrucción y, por tanto, las capacidades del Estado mexicano para llevar a cabo el proceso de reconstrucción de la ciudad. Identificamos: falta de un censo de personas damnificadas y de edificios dañados.

  • Falta de estudios especializados que ayuden a comprender el subsuelo de la ciudad.

  • Falta de un debido proceso para la atención de personas damnificadas.

  • Inexistencia de criterios de priorización para la dictaminación de edificios.

  • Realización de dictámenes de edificios sin criterios claros ni uniformes por diversas autoridades; así como la realización de demoliciones sin aportar información ni obtener el consentimiento de las personas afectadas.

  • Falta de transparencia y acceso a la información sobre la aprobación, ejercicio y destino de los fondos para la reconstrucción.

  • Nulo acceso a información clara y veraz sobre los avances y acciones realizadas para la reconstrucción de la Ciudad de México.

  • Inicio de planes de reconstrucción de autoridades y empresas sin fundamento.

  • Falta de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre reconstrucción.

  • Por eso, pedimos a nuestras diputadas y diputados que voten por las reformas para la #ReconstrucciónCiudadana19s, y que contemplen lo siguiente:

1) Crear una fiscalización efectiva de los recursos de la reconstrucción, con informes trimestrales públicos y una comisión de fiscalización ciudadana.

2) Reconfigurar la comisión de reconstrucción con un modelo ciudadano que contemple la representación de las personas damnificadas y que asegure la continuidad de los esfuerzos, más allá de los cambios de gobierno y legislaturas.

3) Contar con un censo de personas damnificadas, edificios e infraestructura pública, con datos abiertos.

4) Establecer los derechos de las personas damnificadas y garantizar el derecho al debido proceso para los dictámenes, demoliciones, reforzamientos y reconstrucción.

5) Contemplar la necesidad de realizar estudios sobre el subsuelo de la ciudad y actualización del Atlas de riesgo como primer paso para la reconstrucción.

Cartografía digital abierta

En los últimos años los mapas digitales creados por redes de voluntarios se han convertido en herramientas poderosas para el trabajo relacionado con la ayuda humanitaria tras un desastre natural. Japón es un ejemplo reciente del buen uso de la cartografía abierta luego del terremoto y tsunami que afectó al país en 2011. Los mapas digitales permitieron a los equipos de rescate una visión clara de la situación sobre el terreno y facilitaron el orden de prioridades relacionadas con las necesidades alimentarias, la vivienda y los servicios de saneamiento para los damnificados.

Hay una serie de organizaciones de cartografía en línea de carácter humanitario que pueden ser útiles para cualquier periodista:

Es conocido como el Wikipedia de mapas porque el usuario puede modificar los mapas en tiempo real. Según la web de OpenStreetMap, “un mapamundi libre, creado por gente como tú”. Hay varios casos valiosos en los que se usó esta tecnología, como por ejemplo, se hizo un mapa de las zonas de ayuda humanitaria después del sismo del 12 de enero de 2010 en Haití.

La Red Internacional de Mapas de Crisis (Crisis Mappers Net) es una comunidad internacional de expertos, profesionales, políticos, tecnólogos, investigadores, periodistas, académicos, hackers y voluntarios calificados que trabajan en crisis humanitarias, nuevas tecnologías, crowd-sourcing y mapeo de crisis. La Red Crisis Mappers se lanzó en la primera Conferencia Internacional sobre Mapeo de Crisis en 2009. Hay más de 9.200 miembros en más de 160 países.

Ushahidi (que significa testimonio en Swahili) es un software libre que fue desarrollado inicialmente para cartografiar informes de violencia en Kenia tras las secuelas poselectorales a comienzos de 2008. Su origen está en la colaboración entre ciudadanos periodistas keniatas durante tiempos de crisis. El sitio web fue usado para cartografiar incidentes de violencia y los esfuerzos por la paz a través de informes enviados desde el campo mediante la web y celulares.

El software de Ushahidi ha sido utilizado para varios acontecimientos importantes: terremotos, incendios, vertidos tóxicos, tormentas de nieve, inundaciones, observación de procesos electorales, violaciones de derechos humanos, etc. Durante el terremoto de Haití de enero de 2010, algunos estudiantes de la Universidad de Tufts en Boston instalaron en uno de sus servidores la plataforma Ushahidi para localizar en un mapa en línea los informes que ciudadanos afectados por el desastre enviaban por medio de SMS a un número corto establecido para la emergencia.

Periodismo dron

El uso de drones o aviones no tripulados en la atención de emergencias y en coberturas periodísticas de desastres naturales se ha extendido en diversas partes del mundo en los últimos años. Son dispositivos pequeños y mucho más baratos que los helicópteros. Ofrecen datos e imágenes útiles a voluntarios y rescatistas y tienen también el enorme potencial de ampliar el alcance de la cobertura de un medio de comunicación a zonas a las que difícilmente podría ingresar un periodista.

En América Latina su uso ya no solo se limita a labores militares, policiales y como herramienta de empresas constructoras y petroleras que operan en zonas de difícil geografía, sino también en algunas actividades periodísticas. Medios de comunicación como El Comercio (Perú), El Tiempo y El Colombiano (Colombia) han utilizado de manera extraordinaria drones para la cobertura de espectáculos masivos y desastres naturales. Todavía no hay normas específicas en la mayoría de países de la región que ordenen los alcances y límites de su uso. No obstante, en Colombia, la autoridad de aeronavegación, la Aeronáutica Civil, sí expidió una reglamentación que precisa y restringe en ciertos casos el uso de estos aparatos. Se trata de la Circular 002 de 2015, que se dirige a quienes usen de forma recreativa, deportiva y comercial un dron, para que cumplan las siguientes indicaciones:

- Evitar vuelos sobre áreas congestionadas, edificaciones o directamente sobre público o aglomeraciones.

- No volar cuando se pueda crear un riesgo para las personas o propiedades, cuando hay viento fuerte o cualquier otro factor meteorológico; con desperfectos mecánicos del aparato o del equipo de control o si hay falta de pericia del operador.

- Las aeronaves pilotadas a distancia deben tener un peso máximo de despegue de 25 kilogramos.

- No volar en proximidades de un aeropuerto dentro de un radio de cinco kilómetros a la redonda.

- La altura máxima de vuelo es 152 metros sobre el terreno o sobre el agua.

- El dron no se puede alejar más de 750 metros de distancia del operador o del lugar de despegue.

- Consulte las zonas prohibidas o restringidas del espacio aéreo, publicadas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica.

- No volar a un radio de 1,8 kilómetros a la redonda de cualquier lugar donde se encuentre el presidente de la República, vicepresidente y otras autoridades nacionales y extranjeras.

- Está prohibido volar en instalaciones militares, policiales o centros carcelarios.

- No se puede transportar animales o elementos como armas, materiales peligrosos, de riesgo biológico, sustancias sicoactivas, entre otros.

- No arrojar objetos al volar.

- No operar cerca a aeronaves tripuladas.

- No maniobrar directamente sobre aglomeraciones. Además, no afectar el derecho a la intimidad de las personas, al sobrevolar predios privados o del Estado sin autorización previa de su morador, salvo situaciones de interés público y de carácter humanitario.

- No se pueden acercar a menos de 50 metros vertical u horizontalmente, de cualquier persona, objeto o edificación.

- Deben estar equipados con piloto automático y contar con GPS.

- Su motor no debe generar exceso de ruido ni contaminación, sus hélices no pueden ser metálicas y deben tener una placa de identificación con el nombre del operador para que, en caso de incidente o violación a la norma, pueda ser reconocida.

- Ningún sistema de aeronave pilotada a distancia podrá utilizarse en la navegación aérea internacional, o sobre alta mar. Tampoco podrán operar en cercanías de límites fronterizos con otros Estados a menos de 9,2 kilómetros.

Existen iniciativas de tecnología abierta para usar información captada por drones en situaciones de emergencias, rescate y ayuda en catástrofes como Emertech (http://www.emertech.org/). De igual modo están disponibles drones conectados a Google Glass que reportan desde el aire lo que está ocurriendo en una zona determinada.

Referencias

  • Consejo de Redacción
  • KAS
  • KAS