Dice garantizar recursos por $1,2 billones para la reconstrucción de Mocoa, capital del departamento del Putumayo, tras el desastre natural producido por fuertes lluvias ocurrido entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2017. Aunque fue aprobado el 31 de octubre de 2017, el Día de las Brujas, el Documento Conpes 3904 en realidad parece firmado un 28 de diciembre, Día de los Inocentes.

La cifra parecía acorde con las necesidades de la ciudad y parecía cumplir la promesa del presidente Juan Manuel Santos de que Mocoa quedaría mejor que antes del 31 de marzo de 2017, día en el que una avalancha de piedra y lodo arrasó el 40 por ciento de la ciudad, dejó alrededor de 335 personas muertas y por lo menos 22 mil damnificadas.

El documento de 89 páginas parece un compendio de historias macondianas: obras que benefician a otras regiones y entidades y ministerios a los que les asignaron labores pero no recursos. A algunas entidades inclusive les recortaron el presupuesto y quedaron vigentes proyectos destinados solo a tiquetes y viáticos de funcionarios y obras “urgentes” que dejaron de serlo por falta de dinero.

La mayor de las “inocentadas” para los mocoanos está en la página 56 del documento, en el capítulo de Conectividad e Integración Regional, donde incluyeron el “mantenimiento y operación del corredor Santana-Mocoa-Neiva”, una vía 4G que fue entregada en el año 2015 a la firma CASS Constructores SAS, Carlos Alberto Solarte Solarte, que estaba desfinanciada y que ahora se quedará con $577.447 millones, la mitad del dinero del Conpes para reconstruir a Mocoa.

Esta concesión público privada empezó el 23 de diciembre de 2015 con una inversión superior a los $3 billones y cuyo contrato irá hasta el año 2040, según los documentos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), donde figura como contratista el Concesionario Aliadas para el Progreso, en el que Carlos Alberto Solarte tiene el 62,22 por ciento de las acciones.

Pero no es la única vía que apadrinará la tragedia de Mocoa.

Del Conpes también saldrá el dinero para el mejoramiento y mantenimiento de la vía entre el Puente Internacional San Miguel, en la frontera con Ecuador, y el corregimiento de Santana, en el municipio de Puerto Asís; una región que está a más de 120 kilómetros de la zona de desastre. Esta obra, conocida como el Corredor del Sur, también fue entregada por el Instituto Nacional de Vías (Invías) a Carlos Solarte a través de la empresa CASS Construcciones & CIA CSA por un monto de $118.608 millones.

Por si fuera poco, bajo el título de Realización de obras de emergencia de la red vial nacional se destinaron otros $650 millones para el mantenimiento de la variante San Francisco-Mocoa, que corresponde a recursos reservados en un Conpes de 2009 y contratado en 2010, y que está abandonada en medio de la selva. Sobre esta obra dijo Invías que, tras la avalancha, hay una licitación con su respectiva interventoría aún sin adjudicar.

De los proyectos que sí hacen parte de la reconstrucción de la capital de Putumayo, los Solarte tienen a cargo la reconstrucción del puente vehicular sobre el río San Antonio, que comunica a Mocoa con el centro del país, por un valor de $16.100 millones, aunque no han logrado cierre financiero y la obra no arrancaría este año, por lo que continuará operando el puente provisional que instaló el Ejército Nacional.

Los únicos recursos que recibió Mocoa relacionados con esta obra fueron $1.453 millones, menos del 2 por ciento de los asignados en el Conpes, para 15 contratos con las cooperativas de trabajo asociado que realizan el mantenimiento de la vía.

Solarte tiene también a su cargo la vía perimetral de Mocoa, con un valor de $9.775 millones y algunos puentes urbanos en proceso de construcción. “No quisiera generar un panorama desalentador porque en justicia debo reconocer que el plan de reacción y respuesta tras la avalancha de marzo de 2017 fue supremamente rápido; todo el mundo se volcó y se dispusieron los recursos para sacar la ciudad de cuidados intensivos; ya está en su cama, en mejores condiciones, pero Mocoa no sale del hospital todavía”, indicó José Antonio Castro, alcalde del municipio.

Agregó que la gran desazón con el Conpes 3904 es que no corresponde a las necesidades de la ciudad. “Nos metieron el gol de la vía 4G que vale casi la mitad del Conpes y que no impacta directamente al municipio. Son menos de $500.000 millones de inversión real y debieron destinarse unos $3 billones porque se habla de reubicar el Sena, la terminal de transportes, la cárcel, la plaza de mercado y algunos barrios en zona de riesgo”.

Tiene razón el mandatario en estar preocupado. El Gobierno justifica en el Conpes la necesidad de reubicar la cárcel con un informe de la Dirección de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional, que alerta del aumento en los últimos años de “las tasas de hurto a comercio, residencias, vehículos y personas, las cuales crecieron en promedio un 72 por ciento entre 2010 y 2016. Además, los casos de extorsión pasaron de 4 a 16 en el mismo periodo, superando el promedio departamental y nacional”. No obstante, inscribió la obra en la lista de proyectos esenciales, al final del Conpes, bajo el título: Proyectos prioritarios para los que no se tienen previstos recursos. Peor aún, la directora de Infraestructura de la Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC), Sonia Aycardi Donado, respondió a un derecho de petición que no solo no se va a construir una nueva cárcel, sino que “el INPEC resolvió mediante la Resolución 1007 del 18 de abril del 2018” cerrar la cárcel de Mocoa y trasladar los presos, a lo que se han opuesto las autoridades locales.

Por su parte, el Departamento de Prosperidad Social, que tiene a su cargo la reconstrucción de la plaza de mercado, indicó que los $6.000 millones destinados a esta obra fueron soportados en el Decreto Ley 733 de 2017, y los recursos que fueron asignados en el Conpes y dirigidos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre para que los maneje la Fiduprevisora, provienen del Fondo para la Paz. El lote se le expropió a la Cooperativa de la Gobernación de Putumayo, donde cuatro familias que tenían ahí sus ahorros fueron doblemente damnificadas. El ingeniero Marino Arciniegas indicó que ese es el problema: que todo lo estén planificando desde Bogotá. “La galería la van a construir a la salida para Pasto y se van a quebrar los comerciantes porque por allá no va nadie a mercar porque es complicado hasta el transporte”.

Sin carta de navegación

La reconstrucción de Mocoa comprende seis líneas de acción estratégica: ordenamiento territorial, ambiente y gestión del riesgo; infraestructura social; conectividad e integración regional; desarrollo económico; desarrollo social y desarrollo institucional. Todo por un monto de 1 billón 181.433 millones.

Estos recursos, según dirigentes sociales y veedores en Mocoa, se encuentran en un riesgo tan alto como el que sigue amenazando la ciudad. Es que más de un año después de la tragedia no se tiene aún el estudio que determine cuáles son las zonas de mayor riesgo, y se está invirtiendo en obras que probablemente deban ser reubicadas. Sobre todo las que están más cerca de los ríos Sangoyaco y Mulato y las quebradas Taruca y Taruquita, que formaron parte del corredor por donde entró la avalancha que se desbordó luego por varias zonas residenciales de la ciudad.

“El estudio ambiental, en sana lógica, debió ser lo primero antes de empezar a construir; porque la condición de riesgo en Mocoa permanece. Pero las propuestas ambientales casi todas las negó el Gobierno nacional y en el Conpes los proyectos de Corpoamazonía quedaron como: ‘prioritarios, pero sin recursos’. Y en algunos casos tomaron las propuestas nuestras y decidieron ejecutarlas desde Bogotá”, explicó Sandra Rodríguez, funcionaria de Corpoamazonía.

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) y los estudios de amenaza y riesgo, esenciales para proyectar la reconstrucción de la capital de Putumayo, están a cargo del Departamento Nacional de Planeación y tienen un valor presupuestado de $4.886 millones.

Se considera este documento como la hoja de ruta para orientar la manera en la que se ocupará el territorio tras el desastre de marzo de 2017, pero quince meses después de la tragedia el municipio aún no contaba con el PBOT y muchas obras se han ejecutado en el mismo lugar en el que azotó la avalancha y sin que se hayan realizado las obras necesarias para la mitigación de nuevos riesgos.

Mocoa, según el exgobernador Jesús Fernando Checa Mora, ha sido un desastre en materia de planificación y la gran mayoría de los barrios son producto de invasiones. “Hoy nos dicen que se están invirtiendo $1,2 billones en la reconstrucción de Mocoa, pero ¿dónde se está haciendo? ¿En el mismo sector donde sabemos que hay vulnerabilidad? Es increíble que la ciudad no tenga aún un PBOT y se estén haciendo inversiones con base en un plan de ordenamiento de hace quince años”, indicó el exgobernador. “Lo ideal es que el PBOT se haga en seis o en siete meses, pero es que las condiciones en las que se debe preparar ese estudio en la ciudad de Mocoa son sumamente complicadas”, explicó el coordinador del Sistema de Alerta Temprana de Putumayo, Jorge Cuesvas.

Mediante derecho de petición se solicitó al Departamento Nacional de Planeación información sobre los avances del estudio del PBOT para Mocoa, pero al cierre de esta edición -40 días después de la solicitud- no se tenía aún respuesta.

La angustia de la gente no es solo esa, según el ingeniero Marino Arciniegas. El propio documento Conpes 3904 señala, con datos del Ideam y del Servicio Geológico Colombiano (SGC), que “alrededor del 80 por ciento del municipio está expuesto a condiciones de amenaza alta y muy alta frente al movimiento de masa, flujos torrenciales e inundaciones, lo que refleja la complejidad de las condiciones de riesgo y los retos que existen frente a su gestión”. “Solo han querido invertir en puentes, casas y acueducto, cuando lo urgente son las obras de mitigación; aquí cuando llueve, la gente sale corriendo porque le metieron maquinaria amarilla al lecho de los ríos y ahora cuando llueve baja el agua a toda velocidad sin que nada amortigüe la energía que trae”, denunció Arciniegas.

Al río Mulato, agregó el veedor Manuel Ramos, “lo defendió un muro que protege el barrio Miraflores desde hace como 40 años y eso evidencia la importancia de implementar obras de ingeniería para mitigar el riesgo. Y a la gente, a nosotros los veedores, no nos dan razón de ese tema que es una preocupación de la comunidad”.

Datos que entregó el Gobierno nacional aseguran que “desde 1998 se han registrado más de 80 eventos desastrosos en Mocoa, de los cuales 64 (79 por ciento) se asocian a fenómenos geomorfológicos e hidrológicos. En particular, se evidencia un incremento de los desastres a partir del año 2007, en una tendencia similar a la observada a nivel nacional”.

El coordinador del Sistema de Alerta Temprana respondió que el ministro del medio ambiente realizó a comienzos de 2018 una visita a la parte alta de la quebrada la Taruca y ya se tienen proyectos preliminares de las obras de mitigación que se van a realizar y para las cuales están disponibles $120.000 millones.

¿Una casa en el agua?

La necesidad más sentida en Mocoa luego de la avalancha de marzo de 2017 que arrasó con 17 barrios y afectó 48 más, es la vivienda. En 2005 el censo estimó un déficit de 545 viviendas en la ciudad y posterior a la tragedia el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) calcularon la cifra en 1.717 casas, tres veces más.

Ante este panorama y con la necesidad urgente de ofrecerles un hogar a centenares de familias se le ordenó a la UNGRD contratar la construcción de 1.209 viviendas urbanas por un monto de $71.352 millones, la adquisición de predios para la construcción de esas viviendas en una zona segura por $7.088 millones y designar las respectivas interventorías por un monto de $8.012 millones. Pero el proceso no pudo ser más accidentado.

“En cuatro meses se podrán entregar las primeras casas nuevas para los damnificados y les daremos más subsidios y unas ayudas adicionales para que los arrendatarios también tengan su casa propia”, fue el primer anuncio del presidente Juan Manuel Santos el 18 de abril de 2017, un mes y medio después de la tragedia.

Pero pasó agosto de 2017, se cambió la fecha para noviembre de ese mismo año y tampoco hubo viviendas; se incumplió nuevamente con el plazo que se dio hasta febrero de 2018, y se conmemoró el primer aniversario de la tragedia, el 31de marzo, y aún estaban casi todas las personas damnificadas deambulando a la espera de las primeras trescientas casas en el sector de Sauces.

La entrega se haría el día del primer aniversario de la tragedia con la presencia del presidente de la República, pero su visita se canceló a última hora y solo había 100 viviendas habitables y apenas 14 con escrituras. Otras 16 personas no llegaron a firmar.

El veedor Manuel Ramos calificó de “pantomima” el acto en el que se hizo la entrega protocolaria de las primeras viviendas el día del aniversario de la tragedia. “Imagínese el drama de esta gente, con las necesidades que tienen y les organizan una entrega protocolaria de las viviendas; eso es una falta de respeto”.

Ocurrió entonces lo pronosticado. El dinero de los subsidios de arrendamiento ya no les alcanza a las personas damnificadas y los dueños de las casas se negaron a mantener el bajo costo mensual, por lo que la gente optó por levantar improvisadas viviendas sobre las planicies que formó el lodo seco o acondicionar sus casas en las ruinas de las viviendas que soportaron parcialmente el embate de la avalancha. Las vallas gigantescas que instaló la Unidad de Gestión del Riesgo en las zonas afectadas con un letrero que reza: “No retornes. Primero la Vida”, han sido un canto a la bandera. “La gente no ha tenido otra opción que irse a meter de nuevo en esas casas semidestruidas que dejó la avalancha en zona de riesgo, pese a que no cuentan con servicios públicos, pero es que no tienen tampoco dónde más acomodarse”, indicó el ingeniero Marino Arciniegas.

El primer inconveniente para la construcción de viviendas en Los Sauces fue por el lote, en el cual se iban a ubicar las 1.209 casas para beneficio de las familias damnificadas. “A diferencia de lo que ocurrió en Puerto Salgar (Antioquia), la gente allá entró casi a donar los terrenos para construir las viviendas para los damnificados, pero Mocoa no tiene hacia dónde más extenderse y los poquitos que tenían la tierra dijeron que no vendían o con unos precios altísimos, y tocó entrar a la figura de la expropiación y ese trámite se tomó mucho tiempo”, explicó Cuesvas.

Primero, se adquirieron tres hectáreas para la construcción de las primeras trescientas viviendas por un monto de $1.900 millones, lo que generó un escándalo en el municipio por supuestos sobrecostos, como lo denunciaron algunos medios. “Nosotros en la emisora denunciamos el presunto caso de corrupción puntual con la compra del lote de Sauces que no costaba ni $600 millones y lo adquirieron por $1.900 millones”, aseguró el periodista Nixon Piaguá.

Vino luego la compra de otras 17 hectáreas contiguas al primer lote. “El cuento es que el IGAC certificó ese valor, pero resulta que enseguida expropiaron un área más extensa de terreno y les pagaron a los mismos propietarios a $60 millones la hectárea, y el decir es que las primeras tres hectáreas están en suelo urbano y las otras 17 en zona rural, siendo un solo globo de tierra”, agregó el ingeniero Arciniegas.

Se sumó luego el problema ambiental que, según fuentes de Corpoamazonía, fue ignorado completamente por el Gobierno nacional. “Había un reclamo porque en el lote en el que se iba a construir había nacimientos y espejos de agua, según un estudio de 2011 sobre acuíferos y humedales. Pero lo que hicieron luego fue que mandaron un estudio y la zona era distinta a la que se iba a construir y siguieron con las obras contra viento y marea”.

Para el coordinador de Alertas Tempranas: “no es cierto que se haya encontrado un brote de agua, lo que sí ocurrió es que cuando se estaba haciendo la ludoteca y se buscaba suelo firme, se encontró un ojo de agua, una cosa mínima, lo demás son temas de escorrentías”.

La fuente en Corpoamazonía aseguró que cuando acompañaban a Findeter para la obra era época de una pequeña sequía y era imposible que se tratara de un escurridero como han tratado de decir. “Con la experiencia de Mocoa y siguen yendo en contra de la naturaleza, y entiendo que hay quejas de personas que aseguran que las casas han empezado a asentarse o a hundirse”.

Ya con las primeras casas a medio terminar, la queja fue el modelo de construcción y su tamaño, 65 metros cuadrados en modelo bifamiliar, es decir que dos casas comparten una pared. Para Eduardo Pérez, líder comunal y veedor ciudadano, las viviendas se proyectaron desde Bogotá y a espaldas de los mocoanos y terminaron haciendo un modelo de vivienda apto para quienes habitan en la capital del país. “La gente del pueblo está acostumbrada a vivir en su casa grande y con un patio o un solar donde cría sus animales y aquí los van a meter en unas casitas de 60 metros a lo que no están acostumbrados”, indicó Pérez.

El Gobierno nacional, a través del ministro de vivienda, ha defendido las edificaciones que son, según sus datos, las más grandes de interés social que se han hecho en el país porque el proyecto inicial era de apartamentos de 40 metros cuadrados y la concertación con la comunidad hizo que se decidiera por casas con un pequeño patio y más amplias.

Cada mes se lo lleva el río

Mucho antes de que se expresara el inconformismo de algunos sectores con las viviendas para las personas damnificadas, las dudas de la comunidad se centraban en el proyecto para el acueducto de Mocoa. Édgar Torres, quien lidera la veeduría a las obras de acueducto, indicó que “el proyecto presenta una serie de irregularidades porque cuando sucedió la tragedia ya se estaba pensando en mejorar el sistema y el proyecto costaba cerca de $17.000 millones, pero a raíz de la avalancha la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recibe $40.000 millones para atención inmediata y restablecer los servicios básicos de agua, energía y salud y allí aparece un contrato de acueducto por $28.074 millones”.

El problema hasta la fecha, según han explicado varios veedores, es que han enviado derechos de petición a todos los ministerios y entidades encargadas de las construcciones y no ha sido posible que les entreguen la información. “Las comisiones de moralización son órganos de ley y buscamos apoyo allí y nunca nos respondieron. Pusimos una tutela y un juez en Bogotá falló en favor nuestro y se la pasaron por la faja. Las cuentas no han sido claras, han sido muy espesas y esos dineros no sabemos en qué forma los invirtieron y qué es lo que están escondiendo”, dijo Édgar Torres.

Al ser consultado el procurador regional de Putumayo, Néstor Areiza, reconoció que “las veedurías no han podido obtener información y cuando llegan a la Procuraduría lo que puedo hacer es que requiero al contratista para que la entregue. Incluso los acompañé para que los dejaran entrar a ver las casas nuevas de Sauces, pero el problema es que todo está contratado desde Bogotá”.

El también veedor Manuel Ramos señaló que no se basaron en ningún estudio para realizar las obras del acueducto. “Son 28.000 millones para enterrar tubería y hacer una bocatoma que se la ha llevado desde el 2012 cinco veces el río y van a volverla a hacer en el mismo lugar, eso es un absurdo. La inestabilidad geológica y sísmica es la misma y la turbiedad será la misma, entonces esta obra no garantiza nada porque el río tiene problemas serios”.

El viceministro de Aguas, Jorge Carrillo, aseguró que sí se hicieron estudios y se contrató una firma internacional que los validara. “Nos dijeron que era la mejor alternativa y por eso iniciamos la construcción. Un proyecto no es una servilleta, debe tener análisis, estudios, sondeos de calidad de agua y estudios de suelos”.

La otra gran obra que no reconocen los mocoanos es la segunda fase de la construcción del hospital. La edificación, que ya presenta avances significativos en su primera fase, hace parte de una negociación lograda con el Gobierno nacional a raíz de un paro que se originó en junio de 2013 y que lideró el Comité Prodignidad de Mocoa. Manuel Ramos hizo parte de esa manifestación cinco años atrás y aseguró: “Es una vergüenza lo que están tratando de hacer con el hospital. Lo que negociamos en el 2013 y se comprometió en el 2014 era que se iba a construir el nuevo hospital en dos fases: primero, era la inversión de $20.000 millones del Gobierno nacional para la fase inicial y le pidieron al gobernador de entonces que convocara al OCAD para que con recursos de regalías se destinaran los $34.000 millones restantes. Por eso es un descaro venir hoy a meter un proyecto que estaba financiado al plan para la reconstrucción de Mocoa”.

El alcalde de Mocoa, José Antonio Castro, indicó que simplemente aceleraron el otro giro y lo metieron como parte del plan de reconstrucción. “El decir de algunos funcionarios que están aquí al frente del proceso de reconstrucción es que ya estaba la plata para la primera fase, pero que para la etapa final no había recursos garantizados. Eso es gravísimo que uno formule un proyecto para dejarlo a la mitad y sobre todo un hospital”.

Aunque la Fase II del hospital José María Hernández y la respectiva dotación de equipos médicos figuraba en el Conpes como proyectos “sin recursos”, el Ministerio de Salud aseguró que ya asignó los dineros para garantizar la obra y la prestación del servicio. Sin embargo, para la “Dotación de equipos biomédicos para los servicios de rayos X, quirófano, sala de partos, urgencias y hospitalización” estaban destinados $3.664.309.907, pero la asignación presupuestal fue por $3.000 millones por lo que el municipio solicitó a través de la Secretaría de Salud la aclaración sobre el faltante.

Pese a todo esto, señaló Manuel Ramos: “Aquí quieren que todo el mundo aplauda y que toda la gente esté contenta. Es como la pavimentación, hicieron un convenio entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, un batallón de ingeniería del Ejército y el municipio y con eso han hecho lo que han querido”.

El periodista Nixon Piaguá explicó: “Son más de $5.000 millones para pavimentar lugares que no ayudan en nada a la movilidad de Mocoa. Están pavimentando hasta senderos peatonales. Lo mismo que los puentes, solo se han hecho para peatones y no hay un lugar por donde la gente pueda movilizarse en su vehículo”.

Más anuncios que obras

Dentro del listado que entregó el Gobierno nacional como parte del documento Conpes para la reconstrucción de Mocoa, hay un paquete de obras considerado de gran importancia para honrar el compromiso del presidente Juan Manuel Santos, de que “Mocoa quedará mejor que antes”.

Buena parte de esas obras terminó simplemente engrosando el documento de política económica y social 3904, porque nunca hubo intención de que se llevaran a cabo ni se destinaron los recursos para financiarlas, como lo demuestran las respuestas recibidas en 41 de los 45 derechos de petición que se enviaron para la preparación de esta guía.

Pese a ello, el 2 de abril de 2018 el jefe del Estado aseguró desde la base militar de Catam que todos los recursos están asegurados y que “el Gobierno está ejecutando correctamente cada centavo y cada peso para Mocoa”, a pesar de que muchas entidades que serían encargadas de ejecutar parte de esos $1,2 billones ni siquiera fueron informadas de la tarea que se les encomendó en el plan de reconstrucción.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de acuerdo con el Conpes, es la entidad responsable de seis proyectos fundamentales en Mocoa con una inversión de $3.695 millones, incluida la construcción de una nueva morgue. Sin embargo, al consultar sobre el avance de las obras mediante derecho de petición al director general de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, su respuesta fue: “El instituto no ha recibido ninguna comunicación en la que se anuncie la apropiación de los recursos que usted menciona y que se encuentran plasmados en el Conpes. Tampoco se ha recibido por transferencia ningún recurso con ocasión a las disposiciones del Gobierno nacional”.

Asegura el director de Medicina Legal en el oficio 193-DG-2018 que para atender la emergencia en Mocoa, en cuanto a procedimientos de patología forense e identificación de las víctimas, se destinaron recursos del presupuesto de la entidad, aprobado en diciembre de 2016, tres meses antes de la avalancha. “En la vigencia de 2017 el instituto le solicitó al Departamento Nacional de Planeación la asignación de recursos para construir una sede en Mocoa, sin que se hubiera tenido en cuenta el proyecto por parte del Gobierno para la asignación de recursos”, señala Valdés. Agrega: “Adicionalmente, la institución solicitó, a través de oficio, apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo a fin de adquirir elementos propios de la labor misional, especialmente las actividades relacionadas con la identificación de personas desaparecidas en tragedias como la ocurrida, sin recibir respuesta positiva”.

A otras entidades como el IDEAM el Gobierno nacional le asignó un proyecto para el “fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico, ambiental y climático” con una inversión de $265 millones, pero no le giró ni un centavo. “En relación con el Documento Conpes 3904 (Plan para la Reconstrucción del municipio de Mocoa, 2017-2022), es necesario aclarar que el Ideam no recibió recursos adicionales para su aplicación directa en el mencionado municipio”, asegura la entidad. “Para el año 2017 se instalaron estaciones en el departamento de Putumayo, inversión que se realizó con recursos del Fondo de Adaptación (directamente) y no fueron recursos o contratos del IDEAM. Las acciones propias que desarrolló el IDEAM en el municipio corresponden a labores misionales del instituto, dentro de su programación para dar cumplimiento al Conpes”, según el jefe de la Oficina Jurídica, Gilberto Antonio Ramos.

Tampoco ha suscrito ningún contrato la Presidencia de la República, de los tres compromisos que adquirió por $375 millones, según respuesta de la jefe del Área de Contratos de la Presidencia, Paola Fernanda Castro. “Una vez revisada la base de datos del área de contratos y consultado con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y con la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal – Descontamina Colombia; a la fecha el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República no ha suscrito ningún contrato con base en el documento Conpes para la Reconstrucción de Mocoa.

Capítulo aparte merece la construcción y dotación de la Biblioteca Pública de Mocoa, instalada en la ciudadela Los Sauces, obra de infraestructura que estuvo bajo la coordinación e interventoría del Ministerio de Cultura y con una inversión, según el documento Conpes, de $347 millones. Sin embargo la obra no hace parte del empréstito de $1,2 billones que debe realizar el Gobierno nacional para la reconstrucción de Mocoa porque fue financiada, según el contrato 212 del 9 de noviembre de 2017, por la Embajada de Japón en Colombia.

La donación del gobierno japonés fue de US$100.079 y el Gobierno nacional solo destinó a esa obra $36.750.000 del valor de la auditoría y $29.621.079 por la dotación y los elementos inmobiliarios, toda vez que el material bibliográfico es el que tenía la biblioteca en la antigua sede.

¿No había presupuesto?

Otra inocentada que dejan al descubierto las respuestas de los diferentes organismos a los derechos de petición es que se prometió entregarle a Mocoa, como si se tratara de proyectos nuevos, programas o inversiones que hacen parte de las actividades misionales de institutos o entidades descentralizadas.

Para ello el Departamento Nacional de Planeación realizó un barrido con varias entidades para consultar el monto de las inversiones proyectadas para Mocoa en los próximos cinco años, independientemente de que se hubiera registrado la avalancha, y puso esos valores a sumar como parte del proyecto de reconstrucción. Así se ha ilusionado a los mocoanos con las inversiones que se prometen a través de entidades como el Sena, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre muchos otros, a los que nunca se les asignó un rubro extraordinario para atender los hechos posteriores a la avalancha.

Al consultar al ICBF sobre esa inversión, aseguró: “Es importante hacer claridad en que el ICBF no ha suscrito ningún contrato específico ni expreso que haga parte en lo contenido en el documento Conpes para la reconstrucción de Mocoa, de acuerdo con la información por usted suministrada, toda vez que el cuadro por usted suministrado hace parte de las actividades a desarrollar dentro del objetivo 5 del Conpes”, con el cual se busca, según el ICBF, mejorar el nivel socioeconómico y de calidad de vida de los habitantes del municipio para reducir la pobreza y la desigualdad. “Cabe resaltar que los recursos para este Conpes hacen parte del mismo presupuesto del ICBF distribuidos en la ley de presupuesto vigencia 2017, por lo que no corresponden a ingresos adicionales, y la proyección de dichos recursos (2018-2022) también son parte del mismo presupuesto que es distribuido en el marco de gastos de mediano plazo para ICBF”, respondió la entidad a las preguntas enviadas por CdR.

Lo que sí hizo la oficina central del ICBF con la regional de Putumayo fue modificar algunos contratos de aportes con la ampliación de cupos destinados a atender la emergencia originada por la avenida torrencial del 31 de marzo de 2017 y brindar atención prioritaria a la niñez, los jóvenes y las familias en este municipio.

Otro trabajo que sumaron como aportes a la reconstrucción de Mocoa es el del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). A su nombre figuran tres estudios sobre uso de la tierra, actualización catastral y cartografía básica por $773 millones. “Es importante anotar que el IGAC no ha recibido recurso alguno con destinación específica para el tema de Mocoa y las actividades desarrolladas que serán descritas más adelante se han ejecutado con recursos de la Nación, asignados a los proyectos misionales de la entidad, por lo cual no existe en el instituto contrato alguno que haga referencia específica en su objeto o actividades al tema de Mocoa”, señala la entidad, a través del director general, Juan Antonio Nieto Escalante.

Igualmente, el IGAC realizó y entregó un estudio multitemporal de la zona, el cual fue solicitado por la Fiscalía General de la Nación. Este estudio es reservado, con el argumento de que se encuentra en proceso de investigación por el ente investigador.

En el caso del Sena, se anunciaron $17.786 millones para el desarrollo de acciones de formación profesional integral (formación tecnológica, técnica y complementaria) durante los cinco años en los que se proyectó la recuperación total de la capital de Putumayo en el Conpes que expidió el Gobierno nacional. De tal manera que tampoco son recursos nuevos que se vayan a destinar para la reconstrucción del tejido social en Mocoa, sino que calcularon los costos de las acciones del Sena en el municipio durante los próximos cinco años y los anexaron al Conpes, pero no se contratará nuevo personal ni habrá programas especiales para brindar atención prioritaria a los habitantes. “Para cumplir con este compromiso el Sena no ha ejecutado contratos ni convenios, ya que esta capacitación se realiza con recursos financieros, humanos y técnicos propios de la entidad, en desarrollo de su misión institucional. Es así como en el momento en que se formuló este documento Conpes la entidad tuvo en cuenta la formación que atiende con el Fondo de la Industria de la Construcción (FIC) del Sena, el programa Sena Emprende Rural (SER) y la formación regular”, respondió el director de Planeación y Direccionamiento Corporativo del Sena, Iván Ernesto Rojas.

Más curioso aún es el caso de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). En el documento Conpes la incluyeron con un proyecto por $77 millones para activar un modelo de reintegración comunitaria y acciones de prevención de reclutamiento de personas menores de edad en el municipio de Mocoa, pese a que la entidad solicitó oficialmente que no la fueran a comprometer con alguna actividad relacionada con inversiones en Mocoa. “Mediante oficio OFI18-012891 /JMSC 5202023 de 23 de abril de 2018, dirigido a la coordinadora Grupo CONPES del Departamento Nacional de Planeación, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización solicitó la cancelación del compromiso asignado, con fundamento en que los recursos destinados al Departamento de Putumayo en el marco del modelo de reintegración comunitaria se encontraban priorizados para ejecutar en Puerto Asís para las vigencias 2017 y 2018 y no en Mocoa”.

Agrega la ARN en su respuesta, que esa imposibilidad de destinar recursos a Mocoa “fue debidamente informada desde el inicio de la solicitud de información sobre recursos de inversión con destino a la ciudad de Mocoa, remitidos en el mes de abril de 2017 al director de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP”, y que por esa razón no se asumió el compromiso del que habla el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social.

Tijeretazo a los recursos

En otros casos, como el de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), y retomando el tema de la cárcel, el dinero fue menor de lo asignado y se contrataron unas adecuaciones después de que se anunció su cierre. El documento marco para la reconstrucción de Mocoa destina $2.700 millones a la USPEC para el fortalecimiento de la infraestructura física en los establecimientos de reclusión a cargo del INPEC, pero finalmente al contrato que se firmó con la firma Consorcio del Sur solo se le asignaron $1.979 millones.

Lo más grave no es que le hayan reducido el presupuesto en más de $720 millones, sino que el contrato de interventoría con la firma Consorcio Intercarcelario 2018 se firmó el 26 de abril de 2018, una semana después de que el INPEC expidió la Resolución 1007 del 18 de abril de 2018, mediante la cual “resolvió suprimir el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Mocoa”.

Además, no existe un documento específico para el mejoramiento y fortalecimiento de la cárcel de Mocoa, sino que se englobó dentro del contrato de obra 175 del 22 de diciembre de 2017 que firmó el USPEC por $7.964 millones para mejorar las cárceles de Santafé de Antioquia, La Ceja, Sonsón, Támesis, Andes y Titiribí, todas en Antioquia; así como la cárcel de Quibdó, en Chocó, y las de Túquerres, La Unión e Ipiales, en Nariño, donde irían a parar los recursos para la reconstrucción de Mocoa.

Otra obra que quedó en el aire fue la construcción del nuevo Centro Administrativo de la capital de Putumayo que, según el cronograma trazado en el Plan de Acción Específico para la reconstrucción de Mocoa, debió empezarse a construir en octubre de 2017. El Ministerio del Interior es la entidad encargada de ejecutar esta iniciativa del Gobierno nacional, para la cual se destinaron $12.000 millones. Sin embargo, la respuesta que entregó esta Cartera al consultar sobre el porcentaje de avance de obras es que “una vez consultada la base de datos de la Subdirección de Infraestructura, se evidencia que con el Municipio de Mocoa no se han suscrito contratos o convenios relativos a la construcción del Centro Administrativo Municipal”, firma el subdirector (e) de Infraestructura del Ministerio del Interior, Remberto Martínez Polo.

Quienes también aprendieron con esta tragedia que no hay nada menos garantizado que los “recursos garantizados” del Estado, fue la Defensa Civil Colombiana en Mocoa. En el Conpes 3904 le asignaron $3.450 millones para el fortalecimiento de los servicios, entre los que se incluyen capacitación para mejorar la respuesta en situaciones de emergencia, mejoramiento a la infraestructura física y dotaciones de equipos para atender emergencias.

Este proyecto, tal como lo formuló la Defensa Civil en Mocoa fue aprobado según el código BPIN: 2017 011 000 279. Sin embargo, a esos recursos empezaron a hacerles recortes desde el momento de la aprobación y con la cifra que hay ahora no alcanza ni para hacer los estudios previos.

En respuesta al derecho de petición, la jefe de la Oficina Jurídica de la Defensa Civil Colombiana, Adriana Rocío Molina, señaló que “para la vigencia 2018 solamente se contó con una aprobación de $400 millones; no obstante, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público profirió el Decreto No. 662 del 17 de abril de 2018 “por el cual se aplazan unas apropiaciones presupuestales en el presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal del 2018” y en su Artículo 1 aplaza el presupuesto de gastos para la vigencia de 2018 en la suma de dos billones de pesos, por lo anterior la apropiación del proyecto en mención se redujo a $211 millones”. Ante el tijeretazo, el proyecto de la Defensa Civil en Mocoa queda indefinidamente aplazado. “El valor de la elaboración de los estudios preliminares de obras es de $345 millones, fuera de los costos de interventoría y supervisión”, aseguró la Oficina Jurídica.

El Conpes también referencia la reconstrucción de los cuatro puentes urbanos afectados. El primero, el Mulato, está próximo a ser entregado con seis meses de retraso; pero no pasa igual con el del río Sangoyaco con Avenida Colombia, que tiene una inversión de $6.500 millones y debió ser entregado por los Solarte en marzo pasado y la información detalla que su entrega no está prevista para este año.

Más delicado aún es el caso del puente sobre el río Sangoyaco, en la terminal de transporte. Si bien el puente es transitable, deberá ser reconstruido completamente como puente elevado. Inicialmente, la empresa petrolera Gran Tierra propuso hacerlo a través del mecanismo de “Obras por Impuesto”, pero al final no presentó proyecto argumentando el cambio de diseño. Hoy la obra está desfinanciada y no existe proyecto.

Hubo también proyectos en los que se gastó menos de lo estimado, como ocurrió con las asignaciones al Ministerio de Minas y Energía, que no fueron parte del Conpes, pero hechas en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno nacional. El Decreto 733 destinó $1.792 millones para “el fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Minas y Energía” y estaba dirigido al pago de los servicios de luz y gas para las personas damnificadas que eran beneficiarias de subsidios.

De ese dinero, $270 millones estaban dirigidos al pago de menor tarifa del sector de gas domiciliario para usuarios de estratos 1 y 2, entre mayo y octubre de 2017. Finalmente los beneficiarios fueron 2.754 personas y lo que se le canceló a la empresa Surcolombiana de Gas ESP Surgas fueron $91.802.859. De los restantes $1.522 millones, de la Dirección de Energía Eléctrica del Minminas, solo se utilizaron $461.419.079 y los restantes $1.240 millones regresaron al presupuesto nacional, pero siguen sumando a los dineros iniciales para la atención de la emergencia.

Tiquetes y viáticos

Otra entidad sorprendida con la inclusión en el Conpes para la reconstrucción de Mocoa es el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), comprometida con un proyecto por $23 millones para el desarrollo de las capacidades de las personas que padecen esta discapacidad en la capital de Putumayo. “En ningún momento la entidad se comprometió a destinar recursos para obras u otras acciones que no estuvieran dentro del objeto social de la Entidad; sin embargo, el Departamento Nacional de Planeación nos incluyó dentro del Conpes”, respondió el director general del INCI, Carlos Parra Dussán.

Aclaró el funcionario que los $23 millones no se destinarán a la reconstrucción de infraestructura o bienes muebles o inmuebles de la ciudad, sino a gastos de transporte aéreo o terrestre y viáticos de los funcionarios que viajen no para participar de la reconstrucción de Mocoa, sino para brindar asesoría técnica a entidades públicas para atender a la población con discapacidad visual.

Los $400 millones de un estudio de microzonificación sísmica, necesario para la reconstrucción de Mocoa y con el cual se comprometió al Servicio Geológico Colombiano (SGC), también está representado en tiquetes y viáticos para sus funcionarios, pero que no salen del Conpes, sino de los recursos propios de la entidad, de acuerdo con las respuestas entregadas mediante derecho de petición. “El Servicio Geológico Colombiano se comprometió a aportar un estudio de microzonificación y riesgo sísmico, requeridos para el ordenamiento territorial, la reconstrucción, los planes de gestión del riesgo y la normativa local de diseño sismorresistente. Sin embargo, dicho estudio lo realizó directamente el Servicio Geológico Colombiano, a través de sus equipos técnicos, y con cargo a los presupuestos que ya tenía asignados para la vigencia de 2017, por lo que no se suscribió un contrato para este propósito”, respondió Carolina del Pilar Pineda, asesora jurídica del SGC.

Caso contrario ocurrió con Coldeportes. Según el alcalde de Mocoa, José Antonio Castro, sus inversiones estaban representadas en obras de infraestructura, “pero al final lo único que hicieron los funcionarios de la máxima autoridad colombiana en la administración deportiva fue pasear y viaticar, pero incumplieron con todo”. El compromiso era que Coldeportes se encargaría de ejecutar tres obras por $6.000 millones para construir una villa deportiva, mejorar el coliseo Modesto Ruano y adecuar el coliseo del barrio Pueblo Nuevo, pero no le cumplieron a Mocoa”, según el Mandatario. “No las hicieron, pese a que nos pusieron a preparar los proyectos, vinieron a Mocoa, viaticaron y miraron para ajustarlos, nos hicieron hacer un proyecto de villa deportiva en San Agustín, un barrio que también fue afectado, pero lo revisaron, lo perfeccionaron, nos hicieron gastar tiempo y recursos y al final dijeron que no había plata, pese a que las obras estaban dentro del Plan de Acción Específico y esta es la hora que no hay ningún escenario deportivo arreglado. Todos están como bodega de materiales”, indicó el alcalde.

Agregó que tuvo muchos problemas con Coldeportes porque se comprometió también a hacer los Juegos de la Orinoquía y la Amazonía en la ciudad de Mocoa, pero la directora, Clara Luz Roldán, se desapareció y no cumplió con nada de lo prometido.

Declaraciones que no coinciden con las respuestas entregadas por la Oficina Jurídica de Coldeportes, que precisó que para el Coliseo Modesto Ruano no existe convenio porque esta obra no ha logrado los requisitos mínimos para que la acepte y apruebe la Entidad.

Sobre la adecuación del coliseo Pueblo Nuevo indicaron que “aunque se ha realizado solicitud al municipio, la entrega de la información y los planes para la revisión del mismo, no se ha logrado respuesta ni documentación”.

Finalmente, asegura Coldeportes que de la Villa Deportiva es más desalentadora la respuesta, pues no existe ningún convenio con la Alcaldía de Mocoa porque no han cumplido con los requisitos mínimos para que el proyecto sea aceptado.

Mientras se define la responsabilidad de uno u otro, la comunidad afectada por la avalancha espera que no se pierdan los recursos para obras que, así sea como simple terapia de distracción, serían de gran ayuda para mitigar una situación que aún no superan. Que al final del día alguien los mire, sonría y no les diga: “pásenla por inocentes”.

Referencias

Listado de fuentes (entrevistas)

• *José Antonio Castro, alcalde de Mocoa, entrevistado el 24 de abril de 2018.
• *Marino Arciniegas, ingeniero civil, entrevistado el 25 de abril de 2018.
• *Sandra Rodríguez, geógrafa de Corpoamazonía, entrevistada el 24 de abril de 2018.
• *Jesús Fernando Checa Mora, exgobernador de Putumayo, entrevistado el 27 de abril de 2018.
• *Jorge Cuesvas, coordinador del Sistema de Alerta Temprana de Putumayo, entrevistado el 26 de abril de 2018.
• *Manuel Ramos, veedor de la ciudad de Mocoa, entrevistado el 24 de abril de 2018.
• *Nixon Piaguá, periodista radial en Mocoa, entrevistado el 24 de abril de 2018.
• *Eduardo Pérez, líder comunal y veedor ciudadano de Mocoa, entrevistado el 25 de abril de 2018.
• *Édgar Torres, veedor de las obras del acueducto en Mocoa, entrevistado el 25 de abril de 2018.
• *Néstor Areiza, procurador regional de Putumayo, entrevistado el 26 de abril de 2018.
• *Jorge Carrillo, viceministro de Aguas, entrevistado el 26 de marzo de 2018.

Derechos de petición

• *Sonia Aycardi Donado, directora de Infraestructura de la Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC).
• *Carlos Eduardo Valdés, director general de Medicina Legal.
• *Gilberto Antonio Ramos, jefe de la Oficina Jurídica del IDEAM.
• *Paola Fernanda Castro, jefe del Área de Contratos de la Presidencia de la República.
• *Juan Antonio Nieto Escalante, director general del IGAC.
• *Iván Ernesto Rojas, director de Planeación y Direccionamiento Corporativo del Sena.
• *Remberto Martínez Polo, subdirector (e) de Infraestructura del Ministerio del Interior.
• *Adriana Rocío Molina, jefe de la Oficina Jurídica de la Defensa Civil Colombiana.
• *Carlos Parra Dussán, director general del Instituto Nacional para Ciegos (INCI).
• *Carolina del Pilar Pineda, asesora jurídica del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
• *Coldeportes
• *Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
• *Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)