Pistas para narrar emergencias

Prepararse, asunto de periodistas

Germán García Barrera

De la política se espera, en el mejor de los casos, la posibilidad de conjurar las amenazas que se presentarán sobre el porvenir. Daniel Innerarity

El periodismo que se dedica con rigor a reportear sobre asuntos relacionados con el conocimiento y la gestión del riesgo contribuye a salvar vidas.

Esa es una de las tantas responsabilidades que asumimos quienes elegimos, por pasión y convicción, servir a la sociedad a través de los medios de comunicación.

De acuerdo con conceptos expuestos en varios manuales sobre gestión del riesgo consultados en publicaciones y pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la UNESCO y la FAO sobre las acciones públicas y privadas para reducir el impacto de los fenómenos naturales y de eventos catastróficos que por miles se registran anualmente en el mundo, la información oportuna, así como la educación, tienen una función esencial para preparar a las comunidades, crear sociedades resistentes a los desastres y salvar vidas (FAO, 2009)

Este capítulo estará orientado a contextualizar sobre los desastres, las catástrofes y las emergencias ocasionadas por fenómenos naturales o meteorológicos extremos o por comportamientos inusuales de ríos o laderas que en muchos casos son exacerbados por la intervención humana o por imprevisiones en las políticas de desarrollo de los territorios.

Se revisará la historia de los eventos catastróficos más importantes de la humanidad, incluidos aquellos registrados en América Latina y el Caribe.

Se recordarán las definiciones universalmente reconocidas para denominar las contingencias que por su impacto generan numerosas pérdidas de vidas, severa destrucción de edificaciones e infraestructuras públicas y deterioro significativo de los recursos naturales.

Se concluirá con una referencia a las políticas nacionales en materia de conocimiento y reducción del riesgo y a los actores responsables de ponerlas en marcha. Se hará una mención al nivel de exposición de la población frente a situaciones amenazantes, a la incorporación del componente de cambio climático en la identificación de situaciones azarosas y al papel de los periodistas en el seguimiento a la pertinencia de los planes y esquemas de ordenamiento territorial, de ordenación de cuencas hidrográficas y de gestión del riesgo de desastres.

Siempre listos

El trabajo de campo genera muchos retos y estos a su vez exigen que tanto el periodista como los medios de comunicación se preparen adecuadamente para asumirlos y enfrentarlos con acierto y profesionalismo.

Este alistamiento se hace aún más indispensable cuando se trata de informar sobre “eventos adversos de distinto orden, grado y magnitud de impacto que se manifiestan en un determinado territorio”, tal como los categoriza el Manual de Gestión del Riesgo de Desastres para Comunicadores Sociales, producido por la representación de la Unesco en Perú (2011).

La preparación para comunicar sobre situaciones de amenaza, crisis, emergencia, desastre o catástrofe debe involucrar un plan de contingencia en los medios de comunicación. Ese plan debe prever las capacidades y las posibilidades de cada miembro del equipo, incluidos quienes hacen parte de las áreas administrativas, comerciales, de circulación y transporte.

Los instructivos sobre cómo actuar en momentos de crisis coinciden en que las salas de redacción deben anticiparse en detalle a circunstancias de esta naturaleza y empoderar a sus integrantes para adoptar medidas de autoprotección. Recomiendan, por ejemplo, disponer de las direcciones de residencia y de los datos de contacto de periodistas y trabajadores del medio con el fin de diseñar un mapa de respuesta y de atención a eventualidades.

Sugieren clasificar los eventos adversos y la manera como se debe actuar en cada uno. Deborah Potter y Sherry Ricchiardi, responsables de la guía Cobertura de desastres y crisis, del ICFJ, proponen la asignación de tareas específicas para cada integrante de la sala de redacción, tanto si se trata de una emergencia que impacte sus oficinas como de aquellas que registren daños severos en la infraestructura y los servicios públicos de una ciudad o de una región.

Potter y Ricchiardi enumeran una serie de instrucciones, entre las que se encuentran:

  • Disponer de un directorio de fuentes especializadas para cada situación (inundación, terremoto, deslizamientos, incendios, explosiones, derrame de sustancias químicas peligrosas, etc.).

  • Tener a la mano y actualizado un inventario de riesgos así como de mapas que permitan visualizar las características de un territorio (cadenas montañosas, ríos, zonas de deslizamiento, etc.).

Tanto la Unesco como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia han insistido en la necesidad de que los reporteros se capaciten para informar sobre el antes, el durante y el después de una situación calamitosa. Su recomendación se fundamenta en el deseo de que los ciudadanos estén adecuadamente advertidos sobre las emergencias que los puedan afectar.

En el Manual de Comunicaciones en Emergencia de la UNGRD (2017) se plantea lo siguiente:

En un evento de emergencia o desastre la comunicación y la información ocupan lugares preponderantes dentro de la cadena de acciones a desarrollarse. La información se convierte en uno de los bienes más preciados y deseados por todos, no solo los medios de comunicación, sino las entidades del Estado, la comunidad, en fin, se convierte en la principal herramienta para la toma de decisiones, para ganar o perder visibilidad y credibilidad y sobre todo para poder brindar una respuesta oportuna, rápida y adecuada a las personas afectadas por un desastre o emergencia.

También hay coincidencia en relación con la invocación de los principios éticos que deben orientar la difusión de información de los miembros de la prensa y los errores que se pueden cometer durante el registro de un desastre. De estos últimos, entre los más comunes están

  1. la exageración,

  2. la revictimización de quienes resultaron afectados,

  3. el inapropiado uso de la terminología,

  4. el entorpecer la labor de los organismos de socorro y

  5. el acudir a fuentes con bajo nivel de credibilidad o de escaso conocimiento sobre los detalles del suceso.

El rol de los periodistas y de sus medios es determinante en casos de emergencia, especialmente por la premura de los ciudadanos para acceder a información útil sobre aspectos tales como el incremento del caudal de un río o su represamiento; la disponibilidad de vías de acceso; las alertas de evacuación; las ayudas previstas para las personas damnificadas; y las medidas adoptadas por las autoridades para manejar a un desastre.

Desastres en la historia de la humanidad

El primer desastre mundial del que se tenga noticia ocurrió hace aproximadamente 74.000 años. Cristina Villalibre Calderón describió, en un trabajo académico elaborado en 2013 para la Universidad de Oviedo (España), que este lo provocó la erupción de un volcán en la isla indonesa de Sumatra. Ocasionó una significativa reducción de la población mundial que para entonces se cuantificó en 10.000 personas. La expulsión del material incandescente “habría provocado un invierno volcánico voraz con unas bajadas impresionantes de temperatura durante seis o siete años” (Villalibre, 2013, página 5).

Estudios citados por la autora y atribuidos a Stanley H. Ambrose, de la Universidad de Illinois, reseñan:

La explosión fue tan grande que habría tomado una fuerza tres mil veces mayor que otras erupciones destacadas de la historia, como la fatal erupción del Monte de Santa Helena. Hay estudios que aseguran que con el paso de los años y tras varios proyectos de investigación se han encontrado restos de esta explosión en lugares como el sur de la India, algo que nos hace ver la magnitud del suceso.

Las crónicas trágicas de este tenor son numerosas, así como sus millares de víctimas. En la memoria trágica de la humanidad están consignados cientos de sucesos que, pese al dolor y llanto provocados, han servido para el estudio de los comportamientos de la tierra y del clima. Además, para comprender el peso y las consecuencias que acarrea la compleja relación entre el hombre y la naturaleza, especialmente cuando esta se ha fundamentado en la explotación irracional de los recursos.

De una cronología titulada Las 31 peores catástrofes naturales de la historia reciente, compilada por Andrés Viveros Villarreal y Luis Carlos Padilla (2015) para el portal de DeLaUrbe Digital, de la Universidad de Antioquia, seleccionamos diez:

  • Italia. Erupción del volcán Vesubio, 1631: Entre el 16 y 17 de diciembre de ese año, a nueve kilómetros de Nápoles. El número de víctimas ascendió a 3 mil personas.

  • Portugal. Terremoto de Lisboa, 1755: ocurrió el 1 de noviembre, tuvo una intensidad de 9 grados en la escala Richter y afectó las costas de Portugal, España, Inglaterra y Marruecos. Se calcula que dejó 30 mil fallecidos, el 15 por ciento de la población de la época.

  • Indonesia. Erupción del volcán Krakatau, 1883: el portal español lavanguardia.com reseñó este evento en el reportaje titulado “El volcán que estremeció al mundo” (2017).

Es considerado uno de los más destructivos de la historia. Su estallido desató una de las explosiones más violentas que la humanidad haya visto jamás, con una potencia 10.000 veces superior a la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Con sus explosiones originó tsunamis gigantescos que arrasaron las costas de Java y Sumatra y causaron 34.617 muertos.

  • China. Inundación Río Yangtsé, 1931: también es conocido como el río Amarillo. Aunque ha sido responsable de desbordamientos similares, ese año provocó la muerte de cuatro millones de personas a raíz de ahogamientos y hambrunas.

  • Chile. Terremoto de Valdivia, 1960: se registró el 22 de mayo. Tuvo una duración de 14 minutos y una magnitud de 9.5 grados en la Escala Richter. Se le denominó el megaterremoto. Causó la muerte a 2 mil personas, heridas a 3 mil y dos millones de damnificadas.

  • Ucrania. Desastre nuclear de Chernóbil, 1986. La explosión del reactor número cuatro de la Central Nuclear V.I. Lenin, situado en la ciudad ucraniana de Prípiat, fue atribuida a “errores fatales” cometidos por sus operadores. National Geographic se refiere a él como una de las peores catástrofes que “aún arruina la tierra y muchas vidas”.

Cifras recopiladas por Greenpeace España dan cuenta de 200 mil víctimas mortales por culpa de Chernóbil en las tres repúblicas exsoviéticas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. El día del accidente murieron dos trabajadores producto de la explosión y el fuego, y en las semanas siguientes perecieron 22 operarios y seis bomberos como consecuencia de las altas dosis de radiación que recibieron.

National Geographic dio cuenta en 2016 de un informe elaborado por el Foro Chernóbil, un grupo de expertos creado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la OMS y otras agencias de la ONU, en el que se estima que, de los millones de personas expuestas a la nube radiactiva de Chernóbil, unas 4 mil morirán de leucemia y otros tipos de cáncer inducidos por la radiación.

  • Perú. Terremoto de Ancash, 1970: con una intensidad de 8 grados en la escala Richter, Perú vivió el peor evento sísmico de su historia el 31 de mayo, en momentos en que la atención mundial se centraba en la inauguración del Mundial de Fútbol en México. Causó la muerte de 70 mil personas.

  • México. Terremoto de 1985: el periódico El País de España tituló El terremoto que tumbó al DF. Ocurrió el 19 de septiembre. Su intensidad: 8,1 en la escala Richter. Se calcularon 100 mil muertos.

  • Colombia. Avalancha de Armero, 1985: el 13 de noviembre el país vivió una de sus peores tragedias. Ante la erupción del volcán Nevado del Ruiz y el desprendimiento de nieve, se registra un represamiento de agua que aumenta el caudal de los ríos Lagunilla, Chinchiná, Gualí y Azufrado. Su fuerza arrasa con Armero, próspero municipio de Tolima. Mueren 23 mil personas.

  • Colombia: Tres terremotos de elevada intensidad protagonizan otro capítulo en la historia de los desastres motivados por eventos sísmicos. El 12 de diciembre de 1979 un terremoto y un tsunami golpean la costa pacífica afectando a municipios como Tumaco y El Charco. El terremoto de Popayán de 1983 dejó 267 muertos, 7.500 heridos y cinco mil damnificados y el terremoto de Armenia, en 1999, provocó mil muertes y 200 mil damnificados.

A este incompleto y dramático inventario se añade lo que la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, llamó “Los mayores desastres naturales del siglo XXI” (2017) y dentro de esa lista se refirió a los siguientes:

  • 2017. La sequía en Somalia, África. La peor de los últimos 60 años
  • 2016. Terremoto de Ecuador
  • 2015. Terremoto de Nepal
  • 2013. Tifón Haiyán en Filipinas
  • 2012. Inundaciones en Filipinas
  • 2010. Terremoto de Haití
  • 2008. Ciclón Nargis en Birmania
  • 2008. Terremoto de Sichúan, en China
  • 2005. Huracán Katrina
  • 2005. Terremoto de Cachemira, India
  • 2004. Tsunami en el Sudeste asiático

Esta es apenas una selección de acontecimientos causados por emergencias naturales del planeta o por la acción directa del hombre que han provocado la pérdida de vidas, la destrucción de casas, instalaciones y vías, la afectación de los sistemas de producción y la alteración de ecosistemas.

Este repaso es una provocación para indagar en los archivos de la historia el antes, el durante y el después de los desastres que han golpeado a todas las sociedades, a las más pobres y a las más desarrolladas.

Allí hay relatos, muchos tristes y desgarradores, otros ejemplares y motivadores por lo que representa la resiliencia de hombres y mujeres, comunidades enteras, incluso gobiernos y empresarios, para hacerle frente a la adversidad, resurgir de entre las cenizas, volver a empezar, aprender a conocer los riesgos y a gestionarlos de manera apropiada.

Los conceptos de la gestión del riesgo

La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Colombia incorpora términos para definir aquellas situaciones que pueden llegar a comprometer la vida, la integridad y los bienes de los ciudadanos.

Estos términos tienen un alcance específico al momento de requerir la activación de respuestas básicas o especializadas del orden nacional, regional o municipal para atender a las víctimas, para restablecer la normalidad en la prestación de servicios esenciales, para emprender procesos de reconstrucción, para planificar las inversiones que se requieran y para asegurar el retorno a la normalidad, en lo posible.

En la revisión de los textos históricos y periodísticos que consignan detalles -que refieren vivencias, que evocan dramas- e incluso en las normas sobre las cuales se soporta la legislación de gestión del riesgo, se advierte la evolución que han tenido los conceptos (o sus interpretaciones) utilizados por la sociedad para referirse a las vicisitudes que han padecido. Cataclismo, por ejemplo, que según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua “proviene del latín cataclysmus, y este del griego κατακλυσμός que significa inundación”. Su uso era propio en épocas pretéritas, sin embargo, hoy es poco utilizado en los textos académicos, legislativos o informativos que se refieren a anegaciones o eventos hidrometeorológicos cuando se habla de inundaciones.

La manera como la humanidad ha evolucionado en la comprensión de los riesgos, y ante la necesidad de calificar con precisión los eventos naturales de acuerdo con su magnitud, ha provocado la evolución en el uso de términos, a lo cual ha llegado producto de reflexiones lingüísticas y de estudios sicológicos y sociológicos.

Cristina Villalibre Calderón (2013) realizó una revisión histórica y bibliográfica de los conceptos urgencia, emergencia, catástrofe y desastre. En ese momento advertía sobre el poco consenso de la comunidad científica para definir aquellos que permitieran distinguir un evento de otro, y citó dentro de esta revisión a Tierney (1989) como investigador preocupado por llegar a un acuerdo sobre las palabras precisas para denominar situaciones que comprometieran el bienestar y la estabilidad económica de las sociedades.

Villalibre (2013) se refería así al panorama que encontró:

El hecho de que científicos e investigadores utilicen el mismo término para hacer mención a estas situaciones es debido a que todas ellas podrían ser englobadas dentro de un mismo ámbito conceptual, ya que todos estos términos, aunque en diferentes grados, hacen referencia a acontecimientos estresantes más o menos imprevisibles que ponen en peligro inmediato la integridad física y el equilibrio personal. Además, todas ellas requieren de una intervención inmediata no demorable en el tiempo.

Villalibre se detiene en las apreciaciones de Fouce, Hernández - Coronado, Nevado, Martínez, Losada y Lillo (1998), quienes buscaron explicar las características comunes que comparten los desastres, los accidentes y las emergencias. En su criterio estos eventos:

  • “Precisan de una intervención ante una demanda no demorable en una situación emergente.

  • En función de la magnitud del evento y las repercusiones en el sujeto, encontramos reacciones sicológicas similares en función de las consecuencias.

  • Pueden ser imprevisibles y accidentales y por tanto causar sorpresa, indefensión y desestabilización.

  • Pueden constituir una situación de peligro inmediato para la vida o la integridad física”.

Su trabajo recopila aproximaciones teóricas a definiciones de situaciones vinculadas a la gestión del riesgo.

Concretamente, en mención directa al término desastre, Weisaeth (1992) (citado en Villalibre, 2013) plantea:

Declarar un suceso como desastre va a influir en la cantidad de ayuda a ofrecer. El hecho de que las autoridades competentes declaren un suceso como desastre o catástrofe ya implica de por sí una mayor movilización de recursos humanos y materiales.

El término desastre también tiene pesos emocionales, políticos y económicos que influirán en las propias víctimas y en el público en general.

La pura magnitud del desastre, en contraste con otros sucesos serios y traumáticos, crea unas necesidades que dejan atrás los recursos disponibles. A diferencia de los accidentes y las emergencias, donde los recursos habituales son suficientes para dar respuesta a las demandas, una situación de desastre puede implicar una mayor movilización de recursos tanto para la propia gestión del desastre como para las propias víctimas.

Weisaeth (1992, citado en Villalibre, 2013) expone además que “diferenciar este tipo de acontecimientos es necesario para poder conocer las características diferenciales de cada una de las situaciones con el objetivo de diseñar planes de reintervención y planificación mucho más específicos a las necesidades detectadas en cada una de las situaciones”.

El debate continuaría ahora sobre los parámetros para medir la magnitud de un evento. Autores como Lewis Aptekar (1994) (citado en Villalibre, 2013) lo harían desde criterios cuantitativos y otros como Neil R. Britton (1986), en su libro Developing an Understanding of Disaster, fundamentarían su argumento desde la mirada de las ciencias sociales y valorando los términos desastre, emergencia y accidente como “periodos de crisis social y generadores de estrés colectivo”.

Villalibre, 2013, citando a Britton, 1986, enumera los criterios presentados por este para definir sucesos traumáticos desde las ciencias sociales:

  • “El número y tipo de personas implicadas.

  • El grado de implicación de las personas dentro del área o sistema social afectado.

  • La cantidad de ruptura o destrucción causada en el sistema social por el agente inductor de estrés colectivo”.

Tales consideraciones dan pie para proponer las definiciones que ofrece Villalibre, 2013, en la revisión histórica y bibliográfica ya referida.

  • “Desastre: Amplia y casi completa ruptura de todos los procesos sociales, estructura social e interacciones primarias y secundarias, y una amplia destrucción de la infraestructura funcional (edificios, redes de comunicación y de apoyo social).
  • Emergencia: Ruptura de carácter localizado que interfiere sobre las actividades en curso de determinadas personas implicadas (las víctimas), y además provoca también cierta ruptura sobre otras personas periféricas (Puy y Romero, 1998, citado en Villalibre C., 2013).
  • Accidente: Solo cabría considerar un tipo de ruptura muy localizada sobre un grupo específico de víctimas, pero no sobre los niveles sociales de mayor población” (Puy y Romero, 1998), citado en Villalibre C., 2013).

Finalmente, en el trabajo de Villalibre (2013) se ofrece un esquema para categorizar situaciones como las descritas:

Esquema 1. Tipos de crisis sociales

Fuente: Tomado de Villalibre, 2013.

Las Naciones Unidas y la gestión del riesgo

Las cifras de ocurrencia de desastres en el mundo tienen en alerta a los gobiernos. A pesar de los acuerdos internacionales para reducir sus impactos, como el Marco de Acción de Hyogo de 2005, Naciones Unidas (2005) asegura que entre ese año y 2015 más de 700.000 personas perdieron la vida, 1,4 millones sufrieron heridas y aproximadamente 23 millones quedaron damnificadas producto de los desastres.

El organismo internacional concluyó además que los desastres obstaculizan significativamente el progreso hacia el desarrollo sostenible, que estos han aumentado en frecuencia e intensidad y que en muchos casos se ven exacerbados por el cambio climático. Sumado a ello la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) estableció que las mujeres, los niños y las personas en situación de vulnerabilidad han sido afectadas de manera desproporcionada.

Ante esta realidad, la ONU adoptó el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 - 2030. Este instrumento empezó a diseñarse en 2012 y recoge la experiencia mundial en esta materia, recopila los logros de los acuerdos anteriores y se presenta como un documento conciso, específico, preparado con visión de futuro y orientado a la acción.

En el Marco de Sendai se definieron cuatro prioridades:

  • Comprender el riesgo de desastres
  • Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo
  • Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia
  • Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz en las etapas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción.

La Oficina Regional de la Unesco para América Latina y el Caribe añade que los cambios climáticos han afectado los regímenes de precipitaciones y la frecuencia e intensidad de los huracanes y de fenómenos como El Niño y La Niña, causantes de inundaciones, sequías y otros eventos en los países de la región.

El organismo considera que acuerdos como el de Sendai permitirán mejorar la capacidad de los Estados para asegurar igualdad en el acceso al agua, gestión integral del riesgo de desastres naturales, fortalecer los sistemas de alerta temprana y crear sociedades riesgo – resilientes.

Conceptos sobre gestión del riesgo en Colombia

En la estructura administrativa del Gobierno de Colombia se aprecian estas transformaciones. Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1523 de 2012, a través de la cual se adoptó la actual Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en departamentos y municipios operaban los comités regionales y locales para la prevención y atención de emergencias y desastres.

En la Política Nacional de Gestión del Riesgo se establece el marco oficial de la terminología que se utiliza en el país para unificar criterios entre las instituciones públicas y privadas llamadas a actuar cuando las circunstancias así lo precisen.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), creada a través del Decreto presidencial N.º 4147 del 3 de noviembre de 2011, lo justifica de la siguiente manera:

La necesidad de contar con un acuerdo conceptual y de terminología radica en que para una óptima coordinación entre los miembros del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) (instituciones, comunidad, academia y sector privado) se requiere un enfoque conceptual concertado (acuerdo ya establecido mediante la Ley 1523 de 2012), para la cohesión y coherencia entre las políticas de desarrollo nacional y acuerdos en los términos usados durante el cumplimiento de las acciones misionales de los actores del SNGRD.

Esta instancia del gobierno nacional, a través del Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo, produjo el documento Terminología sobre Gestión del Riesgo de Desastres y Fenómenos Amenazantes (2017). Este define el riesgo como un proceso social construido en el tiempo por la sociedad (Ver algunas definiciones en el Anexo XX).

Normas clave sobre la gestión del riesgo de desastres en Colombia

Ley 1523 de 2012. Adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Decreto 1807 de 2014. Incorporó la gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial.

Ley 1505 de 2012. Creó el Subsistema Nacional de Voluntarios de Primera Respuesta y otorgó estímulos a los voluntarios de la Defensa Civil, los Cuerpos de Bomberos y la Cruz Roja Colombiana.

Ley 1575 de 2012. Estableció la Ley General de Bomberos de Colombia.

Decreto 4147 de 2011. Creó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Decreto 4830 de 2010. Modificó el Decreto 4702 de 2010, relacionado con la administración y transferencia de recursos del Fondo Nacional de Calamidades.

Decreto 4580 de 2010. A través del cual el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública.

Alcances de la Política Nacional de Gestión del Riesgo

Colombia ha avanzado institucionalmente en la planeación de la gestión del riesgo. Cuenta con un Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, instrumento que orienta la gestión del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGRD).

La Ley 1523 de 2012 la integran ocho capítulos, los cuales definen principios, conceptos, estructura, funciones y organización del SNGRD. También describe los instrumentos de planificación para la gestión del riesgo en los niveles nacional, departamental y municipal, los sistemas de información y los mecanismos de financiación, los criterios para la declaratoria de desastre, calamidad pública y normalidad y el régimen especial para enfrentar y atender este tipo de eventos.

Gráfica 1. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Colombia

Fuente: Tomado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (2016)

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres lo integran entidades públicas, privadas y comunitarias, que deben estar articuladas para asegurar la efectiva planificación de los mecanismos de atención y respuesta en aquellas situaciones que lo ameriten en la órbita nacional, departamental y municipal.

Este sistema dispone de instancias de orientación y coordinación que tienen el propósito de hacer efectiva y eficiente la actuación de las instituciones y organismos que la integran.

Las instancias de orientación y coordinación a las que hacemos referencia son:

  • Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo

  • Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

  • Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo

  • Comité Nacional para la Reducción del Riesgo

  • Comité Nacional para el Manejo de Desastres

  • Consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del riesgo.

En los niveles departamental, distrital y municipal son los jefes de Gobierno (gobernadores y alcaldes) los responsables de liderar la gestión del riesgo, y eso incluye conocer y trabajar en su reducción, así como el manejo de los desastres que se puedan suceder en un territorio.

De acuerdo con lo expuesto en el Artículo 28 de la Ley 1523 de 2012, los consejos territoriales (departamentales y municipales) de gestión del riesgo los deben integrar:

  • Gobernador o alcalde o su delegado (siempre lo presidirá).

  • Director de la dependencia o entidad de gestión del riesgo.

  • Delegados de las entidades de servicios públicos o sus delegados.

  • Representante de cada corporación autónoma regional y de desarrollo sostenible dentro de la respectiva jurisdicción territorial.

  • Director de la Defensa Civil Colombiana dentro de la respectiva jurisdicción.

  • Director de la Cruz Roja Colombiana dentro de la respectiva jurisdicción.

  • Delegado departamental de bomberos o comandante del cuerpo de bomberos del municipio.

  • Un secretario de la administración departamental o municipal.

  • El comandante de la Policía Nacional de Colombia o su delegado en la respectiva jurisdicción.

El Artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 señala claramente que “los alcaldes como jefes de la Administración representan al Sistema Nacional en el distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción”.

En el contexto departamental es el gobernador, a través del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), quien cumple esta misión.

El papel de las CAR

En el conocimiento y la reducción del riesgo es fundamental la activa participación de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible (CAR), varias veces en el ojo del huracán en Colombia, que junto a departamentos y municipios deben asegurar la adecuada planificación de los territorios para identificar los factores de riesgo vinculados a fenómenos naturales, como los originados por movimientos en masa, inundaciones, sequías, incendios forestales, etc.

La Ley precisa que las CAR apoyarán a los departamentos y municipios en “todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo”.

También indica que el papel de las CAR es complementario y subsidiario, lo que significa que el mayor nivel de responsabilidad en la planificación de la gestión del riesgo en los departamentos y municipios está en cabeza de gobernadores y alcaldes.

La Política Nacional de Gestión del Riesgo hace énfasis en que el actuar de las CAR se circunscribe a la sostenibilidad ambiental del territorio y a “propender por la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y de la gestión del riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible”.

Metas nacionales del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

  • Meta No. 1. Reducir la mortalidad nacional causada por desastres para 2025 y reducir la tasa de mortalidad nacional causada por desastres a 5,9 personas por cada 100.000 personas en el decenio 2015 - 2025, respecto del período 2005 - 2015.
  • Definición: Se refiere al número de muertes confirmadas o de personas en paradero desconocido o presuntamente muertas en un desastre o tras el impacto de un desastre.
  • Meta No. 2. Reducir el número de personas afectadas en el país para 2025 y reducir la tasa de personas afectadas por desastres a 3.284 personas por cada 100.000 en el decenio 2015-2025, respecto del período 2005-2015.
  • Definición: Se refiere al número de personas afectadas en sus bienes, infraestructura y/o medios de subsistencia en un desastre o tras el impacto de un desastre.
  • Meta No. 3. Reducir el número de viviendas destruidas directamente por fenómenos recurrentes en el decenio 2015-2025 respecto del período 2005-2015.
  • Definición: Se refiere al número de viviendas destruidas en un desastre o tras el impacto de un desastre causado por eventos recurrentes (inundaciones, movimientos en masa, avenidas torrenciales).
  • Meta No. 4. Reducir el número de edificaciones escolares afectadas en desastres en el decenio 2015-2025 respecto del período 2005-2015.
  • Definición: Se refiere al número de edificaciones escolares afectadas en un desastre o tras el impacto de un desastre causado por eventos recurrentes (inundaciones, movimientos en masa, avenidas torrenciales).
  • Meta No. 5. Reducir los daños causados por desastres en los servicios de agua potable en el decenio 2015-2025 respecto del período 2005-2015.
  • Definición: Se refiere al número de acueductos afectados en un desastre o tras el impacto de un desastre causado por eventos recurrentes (inundaciones, movimientos en masa, avenidas torrenciales).

Fuente: Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (2016)

¿Estamos en riesgo?

Un informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP), titulado Índice Municipal de Riesgo de Desastres de Colombia (2018), concluye que la frecuencia de los desastres en el mundo se ha triplicado desde la década de los ochenta y que cerca del noventa por ciento de ellos está asociado a eventos hidrometeorológicos causantes del 74 por ciento del total de las pérdidas económicas.

A ello se suma que la tasa de muertes por desastres en los países de ingresos bajos es mayor que en los países desarrollados. De acuerdo con las cifras aportadas por el DNP, 1,1 millones de muertes por desastres se produjeron en países de bajos ingresos en los últimos 15 años. El índice advierte que “mientras los sismos generan más muertes, las inundaciones y los deslizamientos acumulan mayores pérdidas en infraestructura y población afectada”.

Por ejemplo, entre 1990 y 2014 los eventos hidrometeorológicos mundiales (huracanes, inundaciones, deslizamientos, flujos torrenciales y sequías) causaron el 76 por ciento de las afectaciones a la infraestructura social y productiva de los países en donde se registraron. Su ocurrencia dejó damnificada al 71 por ciento de la población involucrada, impactó al 49 por ciento de las viviendas y fue responsable del 12 por ciento de las muertes.

Los eventos de tipo geológico (sismos, tsunami, erupción volcánica) deterioraron el 24 por ciento de la infraestructura social y productiva, tuvieron que ver con el 29 por ciento de los damnificados, con el 51 por ciento de las viviendas afectadas y con el 88 por ciento de los fallecimientos.

También en el escenario mundial las mayores pérdidas económicas provocadas por desastres se localizan en países en los que el ingreso per cápita es medio. Los datos publicados por el DNP y condensados en el informe The Global Climate Risk Index (2016) indican que entre 1996 y 2015 los daños a la infraestructura económica causados por desastres hidrometeorológicos fueron evidentes en Dominica, Granada, Belice, Honduras y Haití. Sus pérdidas fueron de entre el 2 y el 8 por ciento de su PIB en los últimos 20 años.

De 2007 a 2015 se incrementaron las medidas nacionales para la prevención, aunque solo en los países pudientes. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, citada en el informe del DNP, “la proporción de países con marcos normativos para la gestión del riesgo es mayor en aquellos de ingresos altos. Los países con marcos normativos y de política para la gestión del riesgo van en aumento, pasando de 73 países en 2007 a 193 en 2015”.

En el caso de América Latina y el Caribe, el 62 por ciento de los países ha formalizado su institucionalidad para la gestión del riesgo, mientras que el 45 por ciento incorporó criterios de amenaza y riesgo en sus instrumentos de ordenación y uso del suelo (POT, Pomca, planes de desarrollo, etc.).

El riesgo actual en Colombia

La UNGRD (2017) estableció que el 88 por ciento de los desastres ocurridos en Colombia durante ese periodo fueron de origen meteorológico.

  • El 35 por ciento lo causaron inundaciones;
  • el 15 por ciento, movimientos en masa;
  • el 1 por ciento, flujos torrenciales;
  • y el 37 por ciento, sequías e incendios.

El Niño y La Niña, fenómenos climáticos relacionados con intensos veranos y fuertes inviernos, respectivamente, aportan lo suyo en el inventario de pérdidas por desastres hidrometeorológicos. Los registros oficiales reportan que en Colombia, entre 1998 y 2016, sufrieron destrucción 2.800 viviendas por año, mientras que durante ese mismo periodo murieron al año 160 personas a causa de movimientos en masa, inundaciones y flujos torrenciales.

El DNP concluyó que el 29 por ciento del territorio nacional (32,6 millones de hectáreas) tiene las condiciones más críticas de amenaza ante fenómenos hidrometeorológicos. El porcentaje de amenaza por región está distribuido así: Andina 35,2 por ciento, Orinoquia 23,1 por ciento, Pacífico 18,2 por ciento, Caribe 12 por ciento y Amazonía 11,5 por ciento.

Gráfica 2. Amenaza: Resultados. Hectáreas

Fuente: Tomado de DNP, 2018

Del análisis del comportamiento de las situaciones de amenaza en el territorio nacional se colige que en el 75 por ciento de los departamentos concurren tres tipos de eventos: inundaciones lentas, movimientos en masa y flujos torrenciales.

De allí se desprende que en 513 municipios confluyen estas amenazas hidrometeorológicas en sus condiciones más críticas, como se muestra en la gráfica:

Gráfica 3. Amenaza: Resultados. Municipios

Fuente: Tomado de DNP, 2018

En materia de exposición al riesgo se estima que 18 millones de personas están localizadas en zonas con las condiciones más críticas a amenazas hidrometereológicas, y el 61 por ciento de ellas habitan en aglomeraciones urbanas y específicamente en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali y en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare, Amazonas y Vaupés.

También se estableció que siete departamentos tienen más del 50 por ciento de su población expuesta a amenazas hidrometeorológicas. Ellos son Cundinamarca, Arauca, Cauca, Boyacá, Caldas, Casanare y Tolima. Y 26 municipios tienen a toda su población expuesta a inundaciones, movimientos en masa o flujos torrenciales. El top 10 de esta clasificación la integran:

  • Sasaima, Cundinamarca
  • Muzo, Boyacá
  • Nocaima, Cundinamarca
  • Maripí, Boyacá
  • Bochalema, Norte de Santander
  • Buenavista, Boyacá
  • Pandi, Cundinamarca
  • Pamplonita, Norte de Santander
  • Armenia, Antioquia
  • Durania, Norte de Santander

El informe de Planeación Nacional evaluó igualmente la vulnerabilidad social, un criterio relacionado con las limitaciones de los hogares para acceder y movilizar activos que les permitan gestionar el riesgo. El resultado inquieta: 15 departamentos y 429 municipios tienen más del 50 por ciento de su población en condiciones de vulnerabilidad social.

Planeación y gestión del riesgo, de interés periodístico

El actuar de los periodistas en el contexto de situaciones calamitosas requiere de altos niveles de preparación y de responsabilidad para el desarrollo de una cobertura informativa adecuada.

En los manuales que instruyen a los trabajadores de los medios sobre cómo proceder frente a situaciones que implican riesgos para la vida de las personas, pérdida o afectación de sus bienes y medios de subsistencia, deterioro o destrucción de las infraestructuras de servicios esenciales, se insiste en el entrenamiento previo de las salas de redacción para emprender una cobertura rigurosa.

También se orienta a los periodistas acerca de la mesura con la que se debe proceder para informar a las audiencias sobre las características, evolución y desenlace de eventos amenazantes, con el fin de reducir la ocurrencia de reacciones caóticas que incluso puedan desencadenar en desorden social o desconcierto generalizado.

Algunas guías se ocupan además de exhortar a la sensibilidad de los periodistas, camarógrafos y fotógrafos al momento de abordar a las víctimas de una crisis, de una emergencia, de una catástrofe o de un desastre y de documentar sus dramas para no incurrir en su revictimización.

Aunque cada una de estas instrucciones es muy valiosa al momento de emprender un ejercicio reporteril de tales características, el trabajo del periodista debe anticiparse. Es su tarea poner en la agenda de las audiencias el actuar de los gobernantes en el conocimiento de los riesgos a los cuales esté expuesta una comunidad, las medidas efectivas para su reducción y la preparación para el manejo de los desastres.

Conocer cómo están preparadas las alcaldías, las gobernaciones y las entidades de socorro para responder a eventualidades provocadas por fenómenos naturales o situaciones asociadas, por ejemplo, al inadecuado desarrollo urbanístico o a la construcción de edificaciones en la ronda de ríos, quebradas o pendientes, es un campo informativo hacia el cual los medios de comunicación pueden y deben orientar su mirada.

Algunas preguntas clave que se puede hacer un periodista son:

  • ¿Su municipio tiene formulado un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres?
  • ¿En ese plan está adecuadamente expuesto el conocimiento del riesgo, las acciones para su reducción y para el manejo de los sucesos que se deriven en emergencias, catástrofes o desastres?
  • ¿Su departamento o municipio dispone de la logística apropiada para atender los desastres; tienen activo el Fondo de Gestión del Riesgo; las instituciones están articuladas?

Estas preguntas son apenas orientadoras de la indagación que estamos llamados a emprender en el reto de vigilar la actuación del Estado en gestión del riesgo.

En el documento Guía Municipal para la Gestión del Riesgo (Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 2010) se dan pistas para que ciudadanos, medios y comunidad en general puedan monitorear si sus territorios están listos para afrontar, soportar y sobreponerse a este tipo de eventualidades.

La primera tiene que ver con entender que “las características del proceso de desarrollo municipal definen en su gran mayoría las condiciones de riesgo, el cual induce los desastres, los que a su vez frenan y retrasan el proceso de desarrollo mismo” (Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 2010).

No todas las tragedias suceden a causa de un fenómeno natural en sí mismo, su ocurrencia es producto de la conjunción de múltiples factores. Entre estos se cuentan errores en los procesos de planificación, afectación severa a ecosistemas estratégicos como bosques y ríos e inadecuada intervención de cuencas hidrográficas, solo por mencionar algunos, que conducen a que un proceso de desarrollo mal concebido incida en las condiciones de vulnerabilidad de una comunidad.

Como se plantea en la referida guía, la exposición al riesgo no discrimina. “Es reconocido que independientemente del nivel socioeconómico de la población, cuando esta adelanta los procesos de urbanización y actividades económicas sin tener en cuenta las limitaciones del medio natural se incrementan los niveles de amenaza” (Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 2010).

En el análisis propuesto se admite, sin embargo, que las carencias económicas provocan un incremento en los niveles de exposición al riesgo.

De la misma forma, el desequilibrado desarrollo social y el aumento de la pobreza incrementan los niveles de vulnerabilidad, obligan a la población a ocupar terrenos de mayor exposición frente a los fenómenos amenazantes y a subsistir mediante actividades económicas que igualmente pueden inducir aumento de los niveles de amenaza (Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 2010, Guía Municipal de Gestión del Riesgo).

Reportear sobre el riesgo de desastres significa evaluar desde los medios, y con la participación de expertos y líderes sociales, (a) cómo está planificado el desarrollo de un municipio o un departamento, (b) si hay un adecuado conocimiento del riesgo, (c) si se dispone de una estrategia para su reducción y (d) si los organismos estatales y comunitarios están preparados para atender con diligencia y eficacia cualquier tipo de contingencia.

Los desastres no son naturales

En el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres también se incorpora la justa tendencia de no seguir responsabilizando de manera exclusiva al clima, las lluvias, las montañas y los ríos y quebradas de las emergencias que con cierta regularidad ocasionan estragos en las dinámicas socioeconómicas de las comunidades.

En consecuencia “se reconoce (…) que los desastres no son naturales, y que por el contrario existen factores políticos, sociales y culturales que inciden en el grado de vulnerabilidad de los individuos al momento de enfrentar y recuperarse de la ocurrencia de un evento físico”.

Como complemento a lo anterior, en la Guía Municipal de Gestión del Riesgo (2010), se hace la siguiente declaración:

No siendo los desastres una mera causa de la naturaleza, se reconoce que el riesgo, y por tanto los desastres, son una construcción social que está determinada por la relación entre los ecosistemas naturales y la cultura de la sociedad, que a su vez está claramente definida por el modelo de desarrollo adoptado.

La política colombiana en esta materia se encuentra en la órbita de lo recomendado por la Organización de las Naciones Unidas en lo relativo a la incorporación del enfoque de cambio climático en los lineamientos de la gestión del riesgo de desastres.

Tal directriz se refleja en los planteamientos institucionales y en el maridaje entre la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, vínculo que se trazó como meta la reducción de las amenazas y sus impactos “asociados con pérdidas y daños derivados de la ocurrencia de eventos climáticos e hídricos con posibles aumentos en intensidades y recurrencias de futuros eventos extremos exacerbados por los efectos del calentamiento global”.

Colombia apropia las recomendaciones de las autoridades climáticas y ambientales y el resultado de investigaciones de connotados centros de estudio nacionales e internacionales, y admite, al menos en el papel y en las declaraciones oficiales, que el cambio climático es inminente. La UNGRD (2016) acoge la realidad de esta nueva condición atmosférica y ambiental y lo expresa de la siguiente manera en su carta de navegación:

Aumento de temperatura, deshielo de glaciares, aumento del nivel del mar, alteración de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos (lluvias, sequías, vientos y actividad ciclónica, etc.) que exacerban las intensidades de los fenómenos amenazantes naturales y socio-naturales derivados y asociados con los agentes meteorológicos de tipo atmosférico (huracanes, vendavales, heladas, sequías), hidrológicos (desbordamientos, inundaciones, avenidas torrenciales, lahares) y socio-naturales (inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa, incendios de la cobertura vegetal).

La experiencia que ha significado para habitantes y autoridades de los cinco continentes el tener que lidiar con la devastación ocasionada por fenómenos naturales ha sido aleccionadora.

Su ocurrencia, con diversas expresiones, intensidades y desenlaces, ha motivado, especialmente en Europa y Estados Unidos, el estudio de las causas que las originan. Su frecuencia, su comportamiento, su evolución en el tiempo, las características de las zonas en donde se suceden y las transformaciones que provocan en el territorio, así como la incidencia de los modelos de desarrollo y de las formas como nos relacionamos con el entorno natural, se han documentado desde mediados de los años sesenta.

Las conclusiones a las que han llegado los académicos y sus indagaciones han permitido comprobar, en primer lugar, que la tierra es un planeta vivo que vibra, que se expresa, que se acomoda, que se transforma y que nos obliga a entender la importancia de conocerla, de convivir y de adaptarnos a su particular forma de ser, de moverse, de gruñir y de comunicarse. Sí, es verdad, la tierra nos habla y debemos aprender a entenderla.

Tal reflexión debe llevarnos a una segunda conclusión: las consecuencias de que la tierra se mueva, de que un volcán emane material incandescente y de que se produzcan lluvias torrenciales con sus consiguientes efectos devastadores sobre la población, sus bienes y sus medios de subsistencia, tiene que ver con la forma en que nos hemos relacionado con el suelo, con los bosques, con los ríos y con las montañas.

Las imágenes del desastre de Mocoa, del 31 de marzo de 2017; las que aún conservamos de la erupción del volcán Nevado del Ruiz y de la posterior avalancha que arrasó con Armero el 13 de noviembre de 1985; o las de ríos y quebradas que entre 2010 y 2011 protagonizaron una de las más severas olas invernales de la historia reciente de Colombia, evidencian que muchas tragedias se hubieran podido evitar.

¿Pero, cómo impedir que un desastre natural cause estragos? Esta sigue siendo una pregunta recurrente y la primera respuesta es que los desastres no son naturales. Terremotos, avalanchas, inundaciones, incendios forestales, sequías, heladas, etc. son fenómenos naturales que al sucederse provocan radicales transformaciones en el paisaje e impactos de magnitudes diversas sobre la tierra, las vidas de los individuos y sus familias, sus hábitos y rutinas, las edificaciones, los servicios públicos y la movilidad.

Tales impactos pueden ser de mayor o menor magnitud, y en su defecto, más o menos desastrosos, dependiendo del nivel de exposición de las comunidades a las amenazas, y eso tiene que ver con la manera como se planea el desarrollo de pueblos y ciudades, cómo se ordena el territorio y cómo se explotan los recursos naturales.

Los riesgos de este tipo y sus consecuencias tienen que ver, además, con la manera en la que los percibe la sociedad. Desde la academia se han estudiado las características de la relación entre el ser humano, sus dioses y las emergencias desencadenadas por eventos naturales u otros en los que ríos y montañas presentan comportamientos inusuales producto de fenómenos antrópicos.

Romero y Maskrey (1993), en el documento titulado Los desastres no son naturales, se refieren a percepciones muy cercanas a la fantasía para explicar la ocurrencia de una situación catastrófica y la razón de ser de los daños que golpean a un colectivo.

Algunas personas tienen una "conciencia mágica" de estos acontecimientos (como la llama Paulo Freire), porque transfieren la causa de los acontecimientos reales y cotidianos hacia un nivel suprahumano, el cual es imposible de penetrar racionalmente; puede ser un dios, o algo semejante. En este caso, los hechos se le presentan al hombre como provocados por fuerzas extrañas, incontrolables, que le golpean. Esta visión fatalista inhibe la acción y conduce a la resignación y al conformismo. Concebir como un castigo divino la lluvia, la sequía, el maremoto, el terremoto, etc. es todavía común hoy en día entre la población rural.

Los autores se detienen además en esa visión popular de la naturaleza castigadora, de esos ecosistemas perversos que se salen de control y perjudican per se a quienes residen en sus proximidades.

Pero otro tipo de concepción también errónea y perniciosa está cobrando vigor y consiste en atribuir los desastres que nos ocurren al comportamiento y actuación maléfica de la naturaleza. Con lo cual se ha remplazado a los poderes sobrenaturales (o dioses) por las fuerzas naturales y lo que antes era considerado castigo divino ahora se le llama castigo de la naturaleza. Esta malinterpretación es propalada, muchas veces inconscientemente, por los medios de comunicación y va calando la conciencia, generando también fatalismo e inmovilismo, cuando no reacciones voluntaristas e ineficaces.

Con este contexto llegamos al escenario de la vulnerabilidad. Claramente un fenómeno natural no es necesariamente un desastre y no siempre un hecho de origen natural provoca una tragedia socio-ambiental. La vulnerabilidad es el resultado del nivel de exposición en que nos encontremos.

En la política nacional de gestión de desastres se describe la vulnerabilidad como la “susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos”.

Tal fragilidad está estrechamente ligada a la calidad de las condiciones de vida, a los niveles de desarrollo alcanzados por una comunidad, a la efectividad de las inversiones estatales, a la satisfacción de las necesidades básicas de un conglomerado, al ordenamiento de las cuencas, en general, y de los territorios, en particular.

Romero y Maskrey (1993) listan tres escenarios que propician la vulnerabilidad en el contexto de un deficiente desarrollo urbanístico:

1. Cuando la gente ha ido poblando terrenos que no son buenos para vivienda, por el tipo de suelo, por su ubicación inconveniente con respecto a avalanchas, deslizamientos, inundaciones, etc.

2. Cuando ha construido casas muy precarias, sin buenas bases o cimientos, de material inapropiado para la zona, que no tienen la resistencia adecuada, etc.

3. Cuando no existe condiciones económicas que permitan satisfacer las necesidades humanas (dentro de las cuales debe contemplarse la creación de un hábitat adecuado).

Gráfica 4. Ejemplos de situaciones municipales que contribuyen a la vulnerabilidad en sus diferentes factores

Fuente: Tomada del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, (2010), Guía Municipal para la Gestión del Riesgo.

Los autores citados concluyen que “hay condiciones de vulnerabilidad física detrás de las cuales hay causas socioeconómicas” y clasifican la vulnerabilidad en dos categorías: de origen y progresivas. Las primeras se refieren a la precariedad de cómo fueron concebidas las edificaciones, las infraestructuras de servicios públicos, las vías de acceso, etc. Las segundas apuntan al deterioro provocado por la falta de mantenimiento de casas, edificios, puentes, túneles, embalses y otro tipo de instalaciones.

Los desastres que cobran vidas, que destruyen pueblos y ciudades, que arrasan redes eléctricas, de acueducto y de alcantarillado, que golpean con intensidad sus fuentes de ingresos, son el resultado de la manera como se han planificado los territorios y se ha concebido el acceso a la riqueza que no es necesariamente sinónimo de progreso y bienestar, sino de destrucción y avasallamiento.

La invasión de las rondas de los ríos para construir casas o edificaciones oficiales; el desplazamiento económico o violento, que obliga a comunidades enteras a intervenir los bosques con la consecuente pérdida de la capa vegetal y el deterioro del suelo; y la aparición de tugurios en las zonas de ladera para que familias enteras puedan subsistir en las goteras de las grandes ciudades, conlleva una directa afectación a ecosistemas frágiles y una exposición peligrosa a las amenazas que se ciernen sobre un entorno.

El papa Francisco lo advierte en su encíclica Laudato si` (2015), en la que pide a gobiernos y a ciudadanos actuar para revertir la tendencia del deterioro mundial.

En el capítulo primero, dedicado a la contaminación y el cambio climático, Jorge Bergoglio expone: “el cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y que plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad”.

Francisco relaciona además las variaciones climáticas, la vulnerabilidad y la pobreza como factores que agravan la ocurrencia de desastres.

Los peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo. Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos relacionados con el calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas naturales y de los servicios ecosistémicos… No tienen otras actividades financieras y otros recursos que les permitan adaptarse a los impactos climáticos o a hacer frente a situaciones catastróficas.

Aquí el periodismo tiene una tarea significativa, tanto desde la reportería como desde la educación. En los campos, pueblos y ciudades de Colombia están las historias sobre la manera como se ha planificado el desarrollo, las condiciones de riesgo en que habitan las comunidades, los niveles de intervención humana sobre ecosistemas frágiles y sus posteriores consecuencias en la estabilidad de los suelos.

Caminar los territorios, conversar con quienes están en condición de vulnerabilidad frente a fenómenos naturales y relatar sus esfuerzos para adaptarse al riesgo o su decisión de convivir con él y hacer seguimiento a las acciones oficiales que permitan disminuir el nivel de amenaza, son temas que deben abordar los medios de comunicación.

Este reto implica hurgar en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, en los planes de ordenación de cuencas y de acción de las autoridades ambientales regionales (CAR), con el propósito de verificar la presencia y pertinencia de los componentes de gestión del riesgo y de cambio climático. Hoy es una obligación hacerlo y así lo ordena el Artículo 39 de la Ley 1523 de 2012:

Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles de gobierno, deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y considerar el riesgo de desastres como un condicionante para el uso y ocupación del territorio.

Allí hay mucho por investigar. El periodismo está llamado a indagar sobre lo que está pasando con la planificación de la gestión del riesgo, sobre la destinación y adecuada administración de los recursos para su conocimiento y reducción y sobre aquellos que se dirigen a la atención de las víctimas y a la reparación de los daños.

El reportero debe ampliar su radio de acción para conocer de primera mano, y con el apoyo de comunidades y expertos, el estado de los ecosistemas, de las cuencas hidrográficas, la evolución y el comportamiento histórico de los fenómenos naturales y las dinámicas sociales que inciden en el crecimiento poblacional y sus consecuentes impactos en el entorno.

Y aquí coincidimos con las primeras líneas de este capítulo: el periodismo que se dedica con rigor a reportear sobre asuntos relacionados con el conocimiento y la gestión del riesgo contribuye a salvar vidas.

Datos para no olvidar

  • Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), mientras los sismos generan más muertes, las inundaciones y los deslizamientos acumulan mayores pérdidas en infraestructura y población afectada.
  • En Colombia 18 millones de personas están localizadas en zonas con las condiciones más críticas a amenazas hidrometereológicas como inundaciones, movimientos en masa y flujos torrenciales.
  • El 61 por ciento de las personas expuestas a situaciones de riesgo vive en densas concentraciones urbanas. Comunidades residentes en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali ingresan en esa categoría.
  • Los movimientos en masa inciden en la magnitud de los desastres. Cálculos oficiales indican que en el país 11,7 millones de hectáreas tienen mayor susceptibilidad a este tipo de fenómeno. El 66 por ciento de las muertes ocurridas por catástrofes eventuales está asociada a movimientos en masa. El 14 por ciento de las viviendas afectadas por desastres se asocia a movimientos en masa.
  • Desde 2012 Colombia cuenta con una Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que orienta el accionar de autoridades nacionales, departamentales y municipales en cuanto al conocimiento y reducción del riesgo y la preparación para la atención de desastres.
  • Los alcaldes son los directos responsables de la gestión del riesgo de desastres en sus municipios. Los gobernadores y la Nación están llamados a concurrir cuando una situación gravosa supere la capacidad de respuesta y los recursos disponibles de las entidades locales.
  • La gestión del riesgo y el cambio climático son componentes esenciales en la planificación de los territorios. La Ley 1523 de 2012 ordena a alcaldes, gobernadores y autoridades ambientales incluirlos en la actualización de los planes de ordenamiento territorial y de ordenación de cuencas hidrográficas.

Memoria: selección de reportajes sobre desastres que han golpeado a la humanidad

  1. ¿Cuánto le han costado a Colombia los desastres de origen natural?

  2. Colombia, un país expuesto a desastres como el de Mocoa por vulnerabilidad al cambio climático

  3. El volcán que estremeció al mundo

  4. Los mayores desastres naturales del siglo XXI

  5. Las cinco tragedias naturales más grandes en Colombia

  6. Las consecuencias del desastre nuclear de Chernóbil

  7. Armero, 30 años de una tragedia

  8. Los muertos por Chernóbil superan ya la cifra de 200.000 y se prevén otros 93.000 más por cáncer

Referencias

  • Consejo de Redacción
  • KAS
  • KAS